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Temas Contemporâneos

La Dinámica Política De Un Mundo Multipolar

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En el conflicto ucraniano, como en toda guerra, hubo una serie de errores de cálculo por parte de los distintos protagonistas. Pero sin dudas, uno de los que se más se destaca es el cálculo de que profundizar al máximo posible la guerra económica contra Rusia —iniciada a partir de 2014— iba a desmoronar su economía. Argumentos no faltaban para tal razonamiento. No sólo debido a que el poder financiero y la primacía del dólar hacen de las sanciones una especie de “arma de destrucción masiva” en poder de EE.UU. y el polo anglo-estadounidense —como pudimos ver en la región en el caso de Venezuela a partir de 2016—, sino por la interdependencia entre Rusia y Europa. Rusia proveyó en 2021 el 41% del gas, el 27% del petróleo y el 47% del carbón que consumió Europa. La dependencia europea —cuya ruptura implicaba enormes costos para Bruselas, que probablemente sí estaban calculados por las corporaciones hidrocarburíferas al otro lado del Atlántico— también significaba una enrome dependencia para Moscú, ¿a quién iría a vender Rusia semejante cantidad de hidrocarburos y, además, quién se iba a animar a comprarlos?

Uno de los posibles compradores sustitutos fue la respuesta casi obvia para los tiempos que corren: China. Digo, para los tiempos que corren porque era completamente improbable pensar que Beijing desafiara de tal manera a Washington hace sólo una década, un suspiro, medido en tiempos históricos. En el transcurso de 2022, China aumentó el 75% las importaciones de petróleo, gas y carbón de Rusia, y se aceleraron los proyectos de interconexión energética entre Moscú y Beijing, como ya había ocurrido a partir de 2014 cuando estalló el conflicto bélico en Ucrania y se inició una nueva fase en la crisis del orden mundial. Pero a los últimos movimientos para profundizar la asociación político-estratégica euroasiática, se le agrega la profundización del intercambio comercial y financiero en las monedas propias en detrimento del dólar —un movimiento que comenzó en 2014-2015, cuando Moscú y Beijing comienzan a desarrollar sistemas de pago alternativos al SWIFT, el SPFS y el CIPS respectivamente—, para romper ese monopolio dominado por el poder financiero del Norte Global.

Lo que estaba menos claro —sobre todo para visiones ancladas en el pasado o que reproducen la narrativa de la guerra fría protagonizada por EE.UU y la URSS para representar el mundo actual, queriéndolo encerrar en esa vieja bipolaridad tan distinta y distante a la realidad actual— era el papel de India. Esta potencia emergente del sur de Asia, que en breve será el país más poblado del mundo superando a China con 1.400 millones de personas (18% de la población mundial), fue en realidad el gran comprador de los hidrocarburos que los rusos dejaron de venderle a Europa. Esto se puede observar claramente en el gráfico de Bloomberg, al igual que el enigmático y creciente destino asiático “desconocido” del petróleo ruso, todo un dato en sí mismo. India, tercer mayor importador de petróleo del mundo, pasó de comprar el 1% del petróleo ruso a casi el 30% y, además, con nada menos que un 30% de descuento en promedio, lo cual le da una gran ventaja competitiva —como también a China, el gran taller industrial de un mundo cada vez más asiático—. Y además, Nueva Delhi compra en monedas distintas al dólar para evitar las sanciones, golpeando así en un aspecto sensible a la primacía del dólar que desde los años setenta del siglo XX se asienta en el petrodólar, es decir, en la comercialización mundial del petróleo en dólares.

India también anunció que le compraría a Rusia el carbón que Europa embargó y que lo haría en yuanes, para sorpresa y disgusto de la gran mayoría de analistas y de Washington que veían en el gigante del Índico un activo completamente alineado en la cruzada antichina. Esto también muestra que la weaponization del dólar por parte de EE.UU. tiene importantes costos al desmoronarse la realidad unipolar, pudiendo transformase en un bumerán y quebrar uno de los principales elementos en el que todavía conserva la primacía el ex hegemón.

A partir de la escalada bélica en territorio ucraniano, expresión regional de un conflicto mundial, también avanzó el desarrollo del Corredor de Transporte Internacional Norte-Sur (conocido como INSTC, por sus siglas en inglés), para unir la ciudad india de Bombay con la ciudad rusa de San Petersburgo. Éste cuenta con otro jugador clave en el tablero euroasiático y uno de los “malos” para el relato occidental: Irán. El Corredor es una gran red de 7.200 kilómetros (4.474 millas) de vías férreas, carreteras y rutas marítimas que conectan Rusia e India a través de Irán, pasando por el Mar Caspio y el Cáucaso. Supone un ahorro de casi dos semanas de tiempo de viaje de la ruta tradicional por el Mar Rojo, el canal de Suez y el Mediterráneo, y es entre 30% y 40% más económica. Pero sobre todo, es más segura para las potencias emergentes ya que, a diferencia de la ruta tradicional, no está controlada por bases militares de EEUU y el Reino Unido, la jefatura de la OTAN. Y como se sabe, un elemento central del análisis estratégico es el control de rutas comerciales, una clave del poder y de la acumulación del capital a nivel mundial.

Parte de la dinámica multipolar que se quiere resaltar es el acuerdo al que han llegado Irán y Arabia Saudita para restablecer los vínculos diplomáticos y reabrir las respectivas embajadas. Esto podría modificar drásticamente la situación geopolítica y geoestratégica en Oriente Próximo, o Asia Sudoccidental, en favor de la pacificación. Algo que resulta clave es que el mediador fue China, con muy buen vínculo político y como principal socio comercial de ambos países, lo que resulta todo un síntoma de los tiempos de posthegemonía anglo-estadounidense. El creciente acercamiento de Arabia Saudita, que era un aliado clave del polo anglo-estadounidense, a China y a los polos de poder emergentes, o los acuerdos con Rusia en la OPEP+, también son expresiones de un cambio de época. En lo que sería un movimiento de alto impacto, tanto Irán como Arabia Saudita ingresarían próximamente al club de los BRICS, como Argentina, y además Riad podría sumarse a la Organización para la Cooperación de Shanghái liderada por China y Rusia.

Es importante destacar que la posición de India tampoco resulta una sorpresa. Posee con Rusia un vínculo histórico que se remonta a los tiempos de la Unión Soviética, luego de la independencia del imperio británico. La asociación estratégica entre ambas potencias euroasiáticas tiene por los menos seis ejes fundamentales y uno de ellos es el de la Defensa. Rusia posee el segundo complejo industrial militar más importante del mundo y ello se refleja en que es el segundo exportador mundial de armas, con 21% del total mundial entre 2015-2019, por detrás de Estados Unidos con el 36%. Los principales destinos de exportación son India y China, en ese orden. Es decir que Rusia vende armas de primer nivel mundial a las dos grandes potencias emergentes de Asia, cada una con casi el 20% de la población mundial.

A su vez, para India es clave el vínculo con Rusia para contrabalancear a China, con quien posee importantes conflictos limítrofes y tensiones estratégicas, más allá de que Beijing sea el principal socio comercial de Nueva Delhi, algo propio de este mundo de profunda interdependencia, de cooperación, a la vez que enfrentamiento. Rusia es el gran punto de equilibrio entre la India y China. Además, las tres potencias comparten un conjunto de espacios institucionales emergentes que defino como un nuevo multilateralismo multipolar que se solapa y a la vez se contrapone con la institucionalidad del viejo orden globalista unipolar: el ya mencionado BRICS, pero también la estratégica Organización para la Cooperación de Shanghái que se inició en 2001 como germen de nuevas tendencias históricas, a la que ahora también se sumó Irán.

India, por otro lado, forma parte de la iniciativa estratégica denominada QUAD, junto a EE.UU., Japón y Australia, para contener a China en lo que los estadounidenses llaman “la región Indo-Pacífico”. Pero Nueva Delhi se resiste a alinearse contra Rusia. Es decir, en las antinomias atlantistas, India es parte del “mundo libre” pero también de las “autocracias” a las que hay que derrotar como misión histórica. Por eso mismo, las fuerzas globalistas apuntan cada vez con más fuerza al gobierno de Narendra Modi, al que antes veían como un ejemplo de “democracia”, y ahora es visto como otro “autócrata”, algo similar a lo que ocurrió con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

En este sentido, más que como concepto para caracterizar un régimen político particular, el concepto de “democracia” —que desde nuestra perspectiva confunde el concepto de república liberal con el de democracia— parecería utilizarse más bien como una vara de alineamiento relativo con las fuerzas dominantes del polo del poder anglo-estadounidense, representado como “Occidente” en términos geopolíticos. El problema es que con la aceleración de la multipolaridad relativa, según esta perspectiva, cada vez quedan menos alineados, digo, menos “demócratas”.

Como reconocen y lamentan Josh Holder, Lauren Leatherby, Anton Troianovski y Weiyi Cai en un artículo publicado en la usina globalista liberal New York Times y reproducido por Clarín (27-02-2023), “Occidente intentó aislar a Rusia, pero no dio resultado”. Un plano en el que se focalizan es el comercial, donde señalan que unos cuantos países han llenado el vacío que dejó “Occidente” al aumentar las exportaciones a Rusia a niveles muy por encima de los anteriores a la guerra. Entre ellos sobresalen los ya mencionados India y China, pero también Turquía, miembro prominente de la OTAN: “A pesar de que Turquía ha vendido armas a Ucrania, el presidente Recep Tayyip Erdogan ha impulsado un mayor flujo de mercancía hacia Rusia, lo que perjudica mucho la serie de sanciones impuestas por Occidente.”. Es decir, un país clave de la OTAN boicotea la guerra económica lanzada por la OTAN para destruir la economía rusa. Esto también resulta clave, porque estos países quebraron otro elemento fundamental de la guerra económica contra Rusia en el marco del conflicto en Ucrania: el bloqueo de insumos, piezas, bienes de capital y bienes intermedios fundamentales para la producción, que hubiera dinamitado la estructura productiva de Rusia.

En América Latina, a pesar de ser el viejo “patio trasero” de EE.UU., la situación también dista de ser de alineamiento con Washington y se impone la situación de multipolaridad —y con ello, la tensión entre conformar un polo propio en el Sur de América y ser otra manifestación del crecientemente insubordinado Sur Global, o aceptar el lugar de periferia subordinada al “hemisferio occidental” en situación de declive relativo. Por un lado, la mayor parte de los países de la región votaron a favor de la resolución de la ONU impulsada por los países de la OTAN que condena la invasión de Rusia a Ucrania, mostrando alineamiento “hemisférico”. El apoyo fue menor cuando se votó la suspensión de Rusia en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, destacándose la posición neutral y por lo tanto no favorable a la resolución por parte de México y Brasil, los dos principales países de la región, aunque sorprendió Argentina en su alineamiento con Washington en esa votación. Pero cuando se quiso involucrar a la región directamente en la guerra, por ejemplo, con la solicitud de envío de armamento a Kiev, claramente hubo un rechazo bastante extendido. Resonaron las respuestas de Brasil y Colombia a favor de la Paz.

Por otro lado, los países de América Latina participan cada vez más de iniciativas del mundo emergente protagonizadas por China junto a otras potencias euroasiáticas como Rusia e India, como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura o el BRICS con la probable ampliación e incorporación de Argentina y, quizás, también de México, etc. Es destacable la realidad material que sustenta esta dinámica geopolítica y que otorga mayores márgenes de maniobra a los países de la región para intentar romper su lugar tradicional de “patio trasero”; no sólo China es el principal socio comercial e inversor (en términos de flujos) de Suramérica, sino que se observa un creciente papel de los países de Asia como socios comerciales: en el año 2000, Asia representaba uno de cada diez dólares del comercio de América Latina, en tanto que en 2018, esa cifra alcanzó uno de cada cuatro; y si quitamos a México, de cuyo comercio el 80% es con EE.UU., dicha cifra aumenta considerablemente.

***

La guerra en Ucrania —expresión de la transición geopolítica contemporánea que tiene como uno de sus elementos centrales el desplazamiento del centro de poder hacia Asia— ha mostrado asociaciones y alineamientos esperables, y otros no tanto. O por lo menos, que rompen los esquemas dualistas de bloques fijos en pugna, construidos por las usinas del Occidente geopolítico conducido por las fuerzas globalistas, intentando encerrar en ciertas antinomias de guerra fría la compleja realidad de un mundo multipolar, con el fin de presionar a través de alineamientos políticos y estratégicos. Obviamente, resulta necesario aclarar que esta multipolaridad no deja de ser relativa, en tanto que asimétrica. Además, tiene rasgos bipolares por el protagonismo de la tensión entre EEUU y China como principal expresión interestatal del conflicto sistémico entre el viejo polo dominante y los nuevos polos emergentes y, por lo tanto, expresión dominante en el tablero geopolítico mundial que adopta la contradicción principal que atraviesa al sistema mundial en crisis y transformación. También es necesario aclarar otra cuestión clave: dicha multipolaridad es una expresión superficial para referirnos a las tendencias estructurales que hacen a una crisis de hegemonía y captar algunas de sus dinámicas fundamentales. De hecho, puede haber una dinámica multipolar dentro de un ciclo de hegemonía (como durante la hegemonía británica), pero la actual multipolaridad es en esencia una expresión de la crisis de hegemonía y desorden mundial.

Sin compartir necesariamente su perspectiva teórica, resulta interesante traer a colación una idea de Robert Gilpin cuando desarrolla la teoría de la guerra hegemónica, recuperando a Tucídides : “Guerras como esta no son meras contiendas entre Estados rivales, sino hitos políticos que marcan las transiciones de una época histórica hacia la siguiente”. El mapa del poder mundial ha cambiado estructuralmente y la guerra es expresión de ello. Como se señaló hace más de una década en América Latina en plena oleada nacional-popular, que también fue y es expresión de la crisis de hegemonía, nos encontramos en un cambio de época. Muchas/os se resisten a aceptarlo.

* Gabriel Merino es sociólogo y doctor en Ciencias Sociales. Investigador Adjunto CONICET – Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, UNLP. Profesor en UNLP y Universidad Nacional de Mar del Plata. Miembro del Instituto de Relaciones Internacionales y Co-coordinador de “China y el mapa del poder mundial”, CLACSO.

Imagem: Mapa mundial verde e azul, por Wallpaperflare.

Primeiro como farsa, depois como tragédia: Crimeia, Ucrânia e as novas regiões anexadas pela Rússia

Por

Danielle Amaral Makio*

Era março de 2014 quando Vladimir Putin, em seu segundo mandato presidencial, assinava o documento que reconhecia a anexação da península da Crimeia à Federação Russa. Oito anos mais tarde, a Ucrânia voltaria a ter parte de seu território integrado ao estado russo por decisão do Kremlin. O documento que reconhece as regiões de Kherson, da Zaporizhia e das Repúblicas Populares do Donbass, Donetsk (DNR) Luhansk (LNR), como parte da Rússia foi assinado em 29 de setembro de 2022, logo após a realização de referendos que sondaram o desejo das populações locais de serem anexadas. Segundo os resultados divulgados, respectivamente 87,05%, 93,11%, 99,23% e 98,42% dos habitantes de cada local apoiam a anexação. Apesar de terem contado com supostos observadores, as consultas populares, bem como a decisão pela violação da integridade territorial ucraniana, não conta com amplo reconhecimento internacional. Até mesmo a China, parceiro importante do governo russo, demonstrou cautela ao tratar do ocorrido, abstendo-se de abertamente condenar ou reconhecer a atitude de Putin. A decisão de Moscou acontece a despeito das afirmações feitas pelo Kremlin em 2014 e 2015, as quais garantem que a anexação da Crimeia não seria seguida por novas tomadas de território ucraniano pela Rússia. Nesse contexto, a nova onda de anexações levanta alguns questionamentos acerca de suas semelhanças em relação ao ocorrido em 2014, de suas motivações e de sua legitimidade.

Regiões anexadas pela Rússia, por SyntaxTerror/Wikimedia Commons.

De início, é preciso salientar que há diferenças e semelhanças fundamentais entre o contexto da Crimeia e das quatro regiões recentemente anexadas. O contexto político da primeira à época de sua anexação era razoavelmente distinto daquele que vemos nas outras. A península crimeia, em virtude de seu processo de formação populacional e política, passou por diversos períodos históricos nos quais seu pertencimento à Rússia ou Ucrânia foi contestado até chegar à situação em que gozava de relativa autonomia administrativa em relação a Kyiv. Tal “independência” era reconhecida pelas autoridades ucranianas e não tinha seu status contestado como o que ocorria em regiões do Donbass, desde 2014, quando coalizões irredentistas tomaram o poder em certas províncias e instalaram regimes próprios. Dessa forma, a península mantinha certo distanciamento, ainda que limitado, das decisões políticas da capital. É por conta destes dispositivos que, entre outros exemplos, a Crimeia foi capaz de criar diretrizes particulares acerca de algumas políticas linguísticas e educacionais.

Outro ponto de afastamento importante entre os locais aqui analisados são as vantagens estratégicas oferecidas por cada um. Ainda que Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk favoreçam Moscou na medida em que lhe oferecem maior presença nos mares de Azov e Negro e conectem a Rússia à Crimeia por terra, esta conta com atrativos únicos. Entre estes, destacamos (i) o acesso privilegiado ao Mar Negro, uma vez que a península se localiza em região muito propícia à navegação, é próxima de jazidas de hidrocarbonetos e tem boa estrutura portuária; e (ii) a presença da base naval de Sevastopol, onde se localiza o principal destacamento da Marinha russa. Para além das vantagens geopolíticas representadas pelo entreposto militar, Sevastopol é também importante para o Kremlin do ponto de vista afetivo e discursivo. Conhecida como a “cidade da glória”, o local é usualmente usado para invocar os avanços tecnológicos e militares que garantiram a grandeza do Império Russo, narrativa muito mobilizada por Vladimir Putin em sua política de grande potência.

Entre as semelhanças observadas entre a anexação das cinco regiões aqui mencionadas, podemos destacar (i) os fortes traços de russofonia e de aproximação a símbolos étnicos e culturais da Rússia; (ii) a queda nos níveis de aprovação popular em relação a Vladimir Putin, que também passava por um período de baixa popularidade às vésperas da incursão sobre a Crimeia; e (iii) a contestação da veracidade dos referendos realizados. Apesar de ter uma estrutura administrativa que permitia maior “alinhamento” à política russa, a Crimeia contou com um processo de consulta popular que, dada a ampla presença de militares russos e a rapidez com que se deu, levantou suspeitas acerca da legitimidade de seu resultado. Da mesma maneira, a ausência de cabines de votação e a intensa participação do Exército russo durante as votações nas regiões de Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk sugerem limites ao livre-arbítrio dos votantes.

Além desse contexto que torna a legitimidade dos referendos questionável, ainda deve-se considerar que, nos locais recentemente anexados, houve uma intensa onda de emigração de cidadãos e cidadãs que, podemos supor, eram em sua maioria opostos à integração à Rússia. Tal inferência é corroborada pelo resultado de pesquisas feitas antes mesmo do início da “incursão militar russa sobre a Ucrânia”, segundo as quais 80% e 90% da população de Kherson e Zaporizhia, respectivamente, era contrária à anexação. Os dados sugerem que, apesar de serem parte de uma região historicamente mais afeita a uma postura pró-Rússia, parte considerável da população local não estava disposta a renunciar à Ucrânia. Nesse contexto, na tentativa de garantir apoio irrestrito à secessão e subsequente união à Federação Russa, esta vem oferecendo uma série de benefícios aos locais, como acesso a passaporte russo, assistência social e médica, entre outros. Estas medidas, quando somadas a outras como adoção do rublo, veiculação de mídias russas e mudanças nas políticas educacionais das regiões, sugerem a estruturação de um projeto de dominação que se debruça sobre o estabelecimento de uma presença moscovita plena nos âmbitos militar, civil, burocrático e afetivo.

Apesar da legitimidade contestável do ocorrido, Vladimir Putin reiterou, à semelhança do ocorrido em 2014, que a Rússia está agindo em prol da defesa do direito de autodeterminação dos povos. A postura oficial do Kremlin se baseia em um entendimento do processo de formação estatal que julga ser a Ucrânia, sobretudo suas porções leste e sudeste – tradicionalmente mais afeitas a características etnolinguísticas tipicamente russas -, parte indissociável do estado russo. Na esteira desta narrativa, notamos também a centralidade do conceito de política externa do país, segundo o qual é dever deste proteger os povos russos e/ou russófonos, entre os quais se enquadram aqueles que habitam as regiões recém anexadas. Estas pessoas, no atual contexto de guerra que se estende desde fevereiro, estariam sob a ameaça de um governo ucraniano que persegue e intimida vida das minorias étnicas russas no país. O teor discursivo desta justificativa tem relação com a própria identidade que vem sendo promovida por Moscou sobretudo desde 2012, momento em que o Kremlin assevera sua busca por lugar de destaque na política internacional e fortalece discursos que legitimam a superioridade russa e seu dever cívico de proteger seu povo e seu Estado.

As motivações russas em relação às províncias de Kherson e Zaporizhia e às Repúblicas de Donetsk e Luhansk, porém, vão além do desejo de proteger a população. Após sofrer importantes reveses em fronts localizados na porção leste e centro-leste da Ucrânia, Moscou se vê encurralada por duas necessidades: de um lado, precisa garantir uma retomada da liderança militar do conflito, aumentando sua superioridade tática sobre a Ucrânia; do outro, precisa aumentar a moral do país perante a própria população russa, que já começa a demonstrar crescentes níveis de desaprovação das ações do governo em relação ao conflito. As anexações, nesse sentido, vêm em resposta a ambas as demandas.

Na medida em que fazem desses territórios parte da Rússia, abrem precedente para que qualquer ataque às províncias seja interpretado como um ataque ao próprio Estado russo, possibilitando, assim, uma declaração de guerra por parte do Kremlin – lembremos que, até o momento, a Rússia está oficialmente em uma “incursão militar especial”, não em guerra de fato, o que limita o número de efetivo militar que pode ser mobilizado pelo país e as armas que podem ser usadas. Uma declaração de guerra oficial, portanto, levaria ao uso total da capacidade militar de Moscou, possibilitando, inclusive, o uso de armamento nuclear. Ademais, como já mencionado, as anexações facilitam o estabelecimento de um corredor terrestre ligando Rússia à Crimeia, o que traz benefícios econômicos e militares à primeira. Do ponto de vista doméstico, a expectativa é que a união das províncias à Federação Russa aumente a aprovação do governo, seguindo os resultados positivos da guerra na Geórgia de 2008 e da anexação da Crimeia em 2014.

Os resultados de médio e longo prazo referentes aos recentes desdobramentos da guerra russo-ucraniana ainda são incertos. À semelhança do ocorrido em 2014, o Kremlin parece agir a partir de um cálculo que envolve interesses estratégicos, necessidade de garantir alta nos níveis de aprovação interna e desejo por tomar para si – ou retomar se considerarmos a visão do governo russo – regiões historicamente pertencentes ao Estado russo. Do complexo universo de razões que explicam os eventos aqui comentados, portanto, forma-se uma amálgama de identidade, afetos, memória, geopolítica e tentativa de sustentação de regime político. Nesse ínterim, ainda que Vladimir Putin tenha se declarado aberto a negociações, as recentes manobras de Moscou parecem afastá-lo de obter alguns de seus objetivos iniciais, como a desmilitarização da Ucrânia e a não adesão desta à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), de forma menos traumática.

 

Danielle Amaral Makio é mestranda em Relações Internacionais pelo Programa de Pós Graduação San Tiago Dantas (UNESP/UNICAMP/PUC-SP) e bolsista Erasmus Mundus no programa de mestrado internacional CEERES (Central and East European, Erausian and Russian Estudies). É também pesquisadora do Gedes e do Observatório de Conflitos.

Imagem em destaque: Putin em fevereiro de 2022, por Kremlin.ru, CC BY 4.0.

Imagem no corpo do texto: Regiões da Ucrânia anexadas pela Rússia. Por SyntaxTerror/Wikimedia Commons.

As razões pelas quais a Rússia já perdeu a guerra da Ucrânia

Por

Guilherme Cuter Rodel*

 

Uma das afirmações mais conhecidas e utilizadas nas Relações Internacionais é a máxima de Clausewitz: “a guerra é a continuação da política por outros meios”. Desta declaração deve-se entender que o conflito armado é um meio utilizado para se alcançar objetivos políticos. 

Com relação à Guerra da Ucrânia, a despeito das declarações de Putin e de membros de seu governo sobre “desnazificar” a Ucrânia ou proteger minorias russas, podem ser depreendidos como objetivos que levaram a Rússia a invadir o país vizinho: alterar o governo ucraniano e fazer com que este Estado deixasse de ser um aliado dos países ocidentais; conquistar alguns novos territórios; desestabilizar e enfraquecer a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN); impedir essa organização – e especialmente os Estados Unidos da América (EUA) – de se aproximar das fronteiras russas, talvez querendo até mesmo forçar a retirada de tropas e equipamentos da OTAN da Europa Oriental; e dissuadir outros países vizinhos – especialmente aqueles que faziam parte da União Soviética – de se aproximarem demais do Ocidente. 

Quando é dito, no título desse texto, que a Rússia já perdeu a guerra, eu quero dizer que, mesmo com o conflito ainda em andamento, os objetivos políticos russos já se encontram fora de alcance. Isto é afirmado, pois o oposto do pretendido pelo país euroasiático aconteceu após a invasão.

A começar pela OTAN, uma organização que estava, nos anos que antecederam 2022, em seu pior momento desde sua criação, em 1949. Após a presidência isolacionista e disruptiva de Donald Trump nos EUA e o Brexit no Reino Unido, as divergências entre os aliados ocidentais chegaram a tal ponto que Emmanuel Macron, presidente francês, declarou que a OTAN se encontrava em estado de “morte cerebral” em 2019. Porém, após a Rússia invadir a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, os países-membros da OTAN apresentaram uma resposta unificada de oposição às ações do governo de Putin. Sanções foram anunciadas e uma grande quantidade de ajuda financeira e militar foi – e continua sendo – enviada para Kiev.

Este último ponto é especialmente importante, pois, antes do início das hostilidades, armamentos ocidentais serem alocados próximo das fronteiras russas era algo extremamente sensível para Moscou e considerado “inaceitável”. Os russos afirmavam que um dos motivos de sua invasão era exatamente se sentirem ameaçados pela maior presença militar estadunidense na Ucrânia e pelo potencial de mísseis, incluindo aqueles com capacidades nucleares, serem instalados no país vizinho. Todavia, como já foi dito, o número de armas ocidentais presentes na Ucrânia aumentou exponencialmente desde que o conflito começou e provavelmente os equipamentos militares permanecerão no país mesmo depois que a guerra acabar.

Além disso, a OTAN foi revitalizada, adquirindo uma importância que havia sido perdida nos debates internos de cada país-membro e nos assuntos internacionais. Junto com isso, o apoio das populações dos membros ao bloco militar aumentou consideravelmente depois do início da guerra. Ademais, a aliança ganhou um motivo claro para sua existência: opor-se à Rússia e quaisquer medidas expansionistas deste país. Como estabelecido pelo novo conceito estratégico da organização, publicado no fim de junho, a Rússia passa a ser considerada a principal ameaça para a segurança da OTAN e de seus Estados-membros.

Com base nisso, os assinantes do Tratado do Atlântico Norte que fazem fronteira com a Rússia receberam ainda mais apoio da organização após o início da guerra. A presença de soldados permanentes do bloco nos países bálticos – Letônia, Lituânia e Estônia – aumentou consideravelmente e países como Romênia e Polônia ganharam novos equipamentos e mais tropas.

Outrossim, demais países e organizações ocidentais – com destaque para Alemanha e União Europeia – estão quebrando precedentes ao enviar armas para a Ucrânia e propor embargos ao petróleo russo e diminuição drástica da compra de gás da nação agressora. Estas medidas sobre cortar importações de fontes de energia da Rússia são relevantes pelo fato de tais produtos, tradicionalmente, servirem de instrumento geopolítico russo para utilizar contra governos europeus. Ou seja, os países ocidentais estão mais unidos e dispostos a confrontar a Rússia, com este Estado perdendo mecanismos de contrabalancear e pressionar as nações europeias.

Outra tendência que vai na direção contrária dos objetivos russos é de países vizinhos à Rússia se aproximarem de instituições ocidentais. Suécia e Finlândia abandonaram suas políticas tradicionais de neutralidade e pediram para aderir à OTAN. A organização, por sua parte, já estendeu oficialmente o convite para os países nórdicos se juntarem à aliança. Logo, ao invés da Rússia fazer com que a OTAN recuasse para mais longe do território russo e estabelecer para seus vizinhos que entrar na organização ocidental estaria fora de questão, o que houve foi uma expansão considerável das fronteiras divididas entre o bloco militar e o país euroasiático, além da perspectiva de a OTAN se fortalecer ainda mais com a entrada de dois membros com significativas capacidades militares.

Seguindo a tendência descrita no último parágrafo, Geórgia e Moldávia fizeram pedidos para entrar na União Europeia após o início da guerra. Ao segundo foi concedido status de candidato oficial a entrar no bloco, enquanto ao primeiro foi requisitado que fizesse algumas reformas internas para poder também ser considerado um candidato. Deve-se dizer que simplesmente receber o status de candidato não é tão impactante, já que o processo de adesão à União Europeia costuma ser bem longo e pode ser revertido com facilidade. 

Entretanto, o que é relevante é o fato de, após o início da guerra na Ucrânia, esses dois países ex-soviéticos buscaram se aproximar do Ocidente. Ambos fazem parte de uma área que Moscou considera sua zona de influência e têm, atualmente, tropas russas ocupando partes de seus territórios, resquícios de intervenções militares. Logo, nessas condições, é notável que Geórgia e Moldávia tenham adotado a decisão de tentar entrar na União Europeia após a Rússia invadir a Ucrânia, assim buscando se aproximar do Ocidente, em contrariedade aos desejos russos.

No que se refere à situação da Ucrânia, na data em que este artigo é escrito parece certo que a Rússia conseguirá conquistar toda a região do Donbas. Com isto, as repúblicas separatistas ucranianas de Donetsk e de Luhansk se expandirão e, possivelmente, serão anexadas à Rússia. Apesar dessa conquista de território, deve ser destacado que os ataques russos contra as principais cidades ucranianas – Kiev e Kharkiv – fracassaram. Desse modo, no atual momento, a conquista total da Ucrânia parece estar fora de alcance, fazendo com que os objetivos russos de derrubar o governo de Volodymyr Zelensky e forçar Kiev a abandonar sua política externa pró-Ocidente não sejam mais realizáveis.

A Ucrânia, então, deve seguir uma política externa ainda mais pró-Ocidente e contra a Rússia do que já vinha fazendo antes de 2022. Além de ter recebido uma gigantesca quantidade de armamentos ocidentais e outros recursos para combater a guerra, o país fez o pedido para aderir a União Europeia – já tendo obtido status de candidato oficial – e esta mesma organização já se propôs a arcar com grande parte do custo para a reconstrução da Ucrânia. Logo, tal nação, mesmo que enfraquecida por todos os danos do conflito e por perdas territoriais, deve se consolidar como uma grande aliada dos países ocidentais.

Dado todo o exposto, conclui-se que a Guerra da Ucrânia já pode ser considerada um fracasso para o país agressor, a despeito da luta ainda não ter acabado. Eu defendo esse ponto de vista, pois, mesmo que seja impossível determinar com precisão tudo que a Rússia visava ganhar ao invadir o país vizinho, está claro que os objetivos políticos mais importantes já estão fora de alcance. Mais do que isso, em alguns aspectos o contrário do pretendido pelo país euroasiático aconteceu, como por exemplo a OTAN adicionar membros e se revitalizar ao invés de ser desestabilizada e enfraquecida. 

No final, a única coisa que a Rússia deve conquistar é um pouco mais de território ucraniano. Isto, apesar de fortalecer tanto a posição russa na Crimeia quanto as repúblicas separatistas ucranianas, ainda está muito aquém do esperado pelo país agressor, ao ponto de poder ser afirmado que tais conquistas não conseguem compensar pelo alto número de perdas russas – seja em termos de vidas, equipamentos, geopolítica ou até econômicas, visto as sanções e embargos ocidentais – e que a guerra, no final das contas, não deve ser considerada um sucesso para o país euroasiático.

* Guilherme Cuter Rodel é graduando do curso de Relações Internacionais na PUC-SP.

Imagem: Fotos de Bucha, na Ucrânia. Por: AP Photo/Felipe Dana/Flickr.

A violência de gênero contra as populações indígenas: a outra face do desenvolvimento neoextrativista

Por

Helena Salim de Castro*

 

Nos últimos dias, ganhou destaque nas redes sociais as denúncias de líderes indígenas Yanomami sobre o abuso e a violência sexual contra meninas e adolescentes cometidos por homens envolvidos na atividade do garimpo ilegal. O presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye’kuana, Júnior Hekurari Yanomami, denunciou em sua conta no Twitter que uma menina, de 12 anos, foi violentada até a morte e outra, de quatro anos, está desaparecida após uma invasão de garimpeiros na comunidade Aracaçá, em Roraima.

A denúncia se soma a tantos outros abusos perpetrados contra a população há anos. No começo do mês de abril, foi divulgado um relatório produzido pela Hutukara Associação Yanomami sobre violações sexuais cometidas por garimpeiros contra adolescentes no ano de 2020. Além da destruição ambiental, eles deixaram um rastro de proliferação de doenças sexualmente transmissíveis. Esse cenário de violência não acomete apenas o povo Yanomami, mas muitas outras populações tradicionais e comunidades rurais pelo país. 

Os conflitos por terra não são uma novidade no Brasil. No entanto, como retrata o projeto Mapa dos Conflitos, da Agência Pública de Jornalismo Investigativo em parceria com a Comissão Pastoral da Terra (CPT), na última década houve uma acentuação das ocorrências de conflitos no campo, particularmente na Amazônia Legal. Eles ocorrem em um contexto em que são perpetradas atividades depredadoras da natureza como queimadas, desmatamentos, mineração, entre outros. Não só naquela área, mas por toda a América Latina, a concentração de terras, herança da colonização, e a adoção de um modelo de desenvolvimento neoextrativista estão por trás de muitos dos conflitos, que são, por sua vez, atravessados por elementos de gênero. 

Segundo Maristella Svampa (2019, o. 33), o neoextrativismo “pode ser caracterizado como um modelo de desenvolvimento baseado na superexploração de bens naturais […], assim como na expansão das fronteiras de exploração para territórios antes considerados improdutivos do ponto de vista do capital”. A diferença com o “extrativismo clássico” estaria no fato de que, naquele, os fundos arrecadados com a atividade extrativista e a exportação dos bens primários seriam “invertidos em políticas sociais redistributivas para combater a pobreza” (MUNOZ C., 2013, p. 120, tradução própria). Para a socióloga argentina, esse modelo foi aplicado na América Latina no início do século XXI. Os países da região, muitos governados por lideranças progressistas, aprofundaram e incentivaram uma política de desenvolvimento sustentada na exportação de bens primários – o que a autora chamou de “Consenso das Commodities” (SVAMPA, 2019). 

Após anos colhendo os lucros econômicos dessa política, a região estaria vivendo, atualmente, a terceira fase do modelo[1], denominada por Svampa (2019) como a da “exacerbação do neoextrativismo”. Essa fase, que teria se iniciado a partir de 2013-2015, é marcada pela queda dos preços das commodities. Para fazer frente a essa instabilidade econômica, os governos latino-americanos têm impulsionado ainda mais os projetos extrativistas e aprofundado a reprimarização das economias nacionais. Somam-se a esse cenário o declínio da hegemonia progressista e uma reconfiguração política na região, com a ascensão de governos conservadores e alinhados à direita. No Brasil, essa mudança política resultou, dentre outras perdas de direitos, no desmantelamento das instituições responsáveis pela fiscalização das áreas ambientais e na diminuição dos recursos e esforços para o enfrentamento da violência no campo. 

Tais processos se refletem no aumento dos conflitos socioterritoriais e no crescimento da violência estatal e paraestatal, a qual é dirigida, muitas vezes, contra os corpos das mulheres e outros sujeitos feminizados. Além de agressões físicas e lesões corporais, as mulheres, nesses contextos de conflitos no campo, são vítimas de assédio moral e violação sexual, principalmente quilombolas e dos povos originários. O histórico de colonização e exploração dos territórios, corpos e subjetividades de indígenas e afrodescendentes estrutura a violência contra as mulheres latino-americanas. Elas são duplamente subjugadas – por preconceitos de gênero e raça/etnia – e, com isso, consideradas menos humanas, inferiores diante da imagem do homem branco e ocidental, apresentado como o ser racional e superior. A violência sobre essas mulheres, principalmente a de cunho sexual, é, portanto, invisibilizada em um contexto de masculinização do território e justificada como prática estruturante de um modelo de desenvolvimento patriarcal e liberal. 

Svampa (2019) chama atenção para a histórica relação entre atividades extrativistas, masculinização dos territórios e reforço do patriarcado. Em um cenário em que há uma concentração da população masculina, atividades como a prostituição e o tráfico de mulheres são concebidas como naturais, invés de inseridas em um contexto de problemas sociais e econômicos. Ademais, há reforço de um ambiente de desigualdade de gênero, marcado pela não valorização do trabalho doméstico, assimetrias salariais e o fortalecimento do que seria considerado a atribuição das mulheres, vistas como cuidadoras do lar (SVAMPA, 2019). 

No intuito de expandir as fronteiras do extrativismo, a violação sobre os corpos das mulheres também adquire uma função instrumental. Além das mortes diretas e a transmissão de doenças, os abusos e as violações podem gerar rupturas no tecido comunitário, com o enfraquecimento do papel ancestral das mulheres, e o abandono das terras. A comunidade Aracaçá, por exemplo, foi queimada após as denúncias do estupro e da morte da menina de 12 anos. De acordo com lideranças indígenas, é uma tradição dessa população abandonar o território após a morte de alguém. No entanto, até o momento não se tem confirmação sobre as causas do incêndio e para onde foram e se estão seguras as mais de 20 pessoas que viviam na comunidade. 

O terror propagado pela presença e as ações dos garimpeiros nesses territórios gera o deslocamento forçado dos povos. O abandono das terras abre espaço, por sua vez, para a exploração realizada pelo capital nacional e transnacional em nome do ideal de desenvolvimento moderno-liberal – no qual o desenvolvimento é concebido como um processo linear em busca do crescimento econômico. A violência sobre os corpos das mulheres adquire, portanto, amplos significados no contexto dos conflitos socioterritoriais. Não é uma mera consequência de um cenário de disputas. Sob uma lógica patriarcal e colonial a respeito dos corpos e das subjetividades de alguns atores, as violações se constituem como práticas estruturantes do modelo de desenvolvimento neoextrativista e de uma ordem social patriarcal. Como resume Hernández Castillo (2017, p. 36, tradução própria), a violação dos territórios dos povos indígenas e campesinos produz “deslocamentos que deixam suas terras ‘livres’ para o capital. Nessa investida de violência e desapropriação, os corpos das mulheres têm se convertido também em territórios para ser invadidos e violados”. 

* Helena Salim de Castro é doutora e mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP). Pesquisadora do IARAS – Núcleo de Estudos de Gênero do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES-UNESP); e do Núcleo de Estudos Transnacional de Segurança (NETS – PUC-SP).

Imagem: Garimpo ilegal no Pará. Por: Ibama.

[1] A primeira fase compreende o período entre 2003 e 2008-2010, denominada como “fase da positividade”. A segunda seria a da “multiplicação dos megraprojetos”, compreendendo o início da segunda década dos anos 2000. Para maior aprofundamento, consultar Svampa (2019).

 

Referências bibliográficas:

HERNÁNDEZ CASTILLO, R. A. Confrontando la Utopía Desarrollista: El Buen Vivir y la Comunalidad en las luchas de las Mujeres Indígenas. In: VAREA, Soledad; ZARAGOCIN, Sofía (Comp.). Feminismo y Buen Vivir: Utopías Decoloniales. PYDLOS Ediciones, Cuenca: Ecuador. 2017, p. 26 – 43. ISBN: 978-9978-14-355-1

MUNOZ C., María José. El conflicto en torno al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure: Un conflicto multidimensional. Cultura representaciones soc, v. 7, n. 14, p. 67-141, 2013. Disponível em: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-81102013000100004&lng=es&nrm=iso. 

SVAMPA, Maristella. As fronteiras do neoextrativismo na América Latina: conflitos socioambientais, giro ecoterritorial e novas dependências. Tradução de Lígia Azevedo. São Paulo: Elefante, 2019. 192 p.  ISBN: 978-85-93115-45-5

Os Estados Unidos, as disputas por hegemonia global e a América Latina

Por

Lívia Peres Milani* 

A invasão russa à Ucrânia insere-se em um contexto já existente e mais amplo de retomada das disputas entre grandes potências, o qual foi acelerado e intensificado pela guerra na Europa. Como pontuado por Héctor Saint-Pierre, há uma disputa por hegemonia, “um movimento nas camadas tectônicas mais profundas da segurança internacional, que é onde se expressam as estruturas estratégicas das grandes potências”. A disputa envolve Estados Unidos, China e Rússia e tem dimensões globais. Assim, ainda que seja mais intensa em áreas consideradas prioritárias por tais potências, como o Indo-Pacífico e a Eurásia, regiões periféricas, como África e América Latina, também são inseridas na mesma lógica de disputa. Este movimento pode ser constatado pela crescente percepção de ameaça russo-chinesa na América Latina por parte de diferentes atores estadunidenses, um movimento anterior à guerra, mas acelerado pela mesma.

Embora os militares estadunidenses já citassem de forma esparsa China e Rússia como desafios à hegemonia dos EUA na América Latina desde o governo Barack Obama, essa percepção se acentuou nos últimos anos. Durante o governo Trump, por exemplo, o Comando Sul – divisão das forças armadas dos Estados Unidos que autoatribui parte da América Latina como sua área de responsabilidade – destacava com preocupação a influência de atores estatais extracontinentais na região, caracterizando-os como atores malignos. Esta narrativa permaneceu na administração Biden, com a nomeação de Laura Richardson para a liderança da divisão militar. Já no contexto da guerra na Ucrânia, em documento entregue ao Congresso dos Estados Unidos para audiência pública em oito de março, Richardson afirmou que “nossa ameaça condicionante número um é a RPC [República Popular da China], nossas ameaças secundárias são a Rússia, TCO [Organizações Criminosas Transnacionais] e Irã”[1]. Essa retórica mais explícita e assertiva, que coloca a disputa entre grandes potências no centro da estratégia para a América Latina mostra uma intensificação do processo.

Importante pontuar que essa percepção de ameaça ocorre apesar de China e Rússia apresentarem mínima capacidade – ou mesmo interesse – em projeção de poder regional. Conforme a base de dados sobre transferência de armamentos mantida pelo Sipri, a transferência de sistemas de armas russos para a região foi relevante nos últimos anos, porém tem sido concentrada na Venezuela. Por outro lado, Brasil, Colômbia e México, por exemplo, seguem comprando armamentos especialmente de fornecedores estadunidenses e europeus. Já a China tem participação incipiente, ainda que crescente, na venda de armas para a região. Contudo, vale ressaltar que o país desponta como fornecedor de intercâmbios para os militares – de acordo com o Comando Sul. Os investimentos chineses em infraestrutura, especialmente na construção de portos e na região do Panamá, têm sido destacados pelos militares estadunidenses como um risco. O saldo que podemos extrair desses dados é que – militarmente – as presenças chinesa e russa na América Latina não se comparam com a influência estadunidense no entorno estratégico daquelas potências.

Não são apenas os militares, no entanto, que têm percebido China e Rússia como ameaças na América Latina. A narrativa é compartilhada por membros da administração e por congressistas estadunidenses. Em evento realizado pelo Inter-American Dialogue, ao ser perguntado sobre os efeitos da guerra e sobre a “interferência” russa na região, Brian Nichols, Secretário Assistente de Estado para o Hemisfério Ocidental, respondeu que a Rússia tem ameaçado aumentar a parceria com os países da região, com a possibilidade de desestabilizá-la ou ameaçar os EUA com armas estratégicas. Nichols também apontou que os desafios regionais refletem os desafios globais.

Em 2 de fevereiro de 2022, os Senadores Marco Rúbio (Republicano – Flórida) e Bob Menendez (Democrata – New Jersey) apresentaram um projeto de lei ao Congresso dos Estados Unidos que, se aprovado, demandará do governo federal a confecção de uma estratégia de segurança própria para a região. O projeto cita a influência “maligna e prejudicial” de China e Rússia como risco aos interesses nacionais dos Estados Unidos e propõe que os EUA devem aumentar as “parcerias” e promover “cooperação em segurança” com os países da região. O projeto também afirma que os EUA devem trabalhar com “agências de segurança e law enforcement [aplicação da lei]” da América Latina para fazer frente ao narcotráfico, ao crime organizado e apoiar o império da lei [rule of law], a democracia e os direitos humanos. Aponta ainda a necessidade de recursos adicionais para aumentar os investimentos e projetos dos EUA no Hemisfério Ocidental.

Alguns aspectos importam nesses movimentos, com consequências importantes para a América Latina. Em primeiro lugar, podemos citar que a tendência de securitização da presença russa e chinesa na região significa que há maiores constrangimentos sistêmicos para os países latino-americanos. Se, durante os anos 2000, no início da mudança sistêmica, a tendência à multipolaridade teve efeitos conjunturais aparentemente positivos e permitiu a diversificação de parcerias, atualmente, os Estados Unidos buscam minimizar esta possibilidade. Neste sentido, manter relações equilibradas e cordiais com as três potências mostra-se mais difícil para os países da região. 

Ademais, em sua estratégia de retomada da hegemonia regional, há dois atores que a potência hegemônica percebe como essenciais: as forças policiais e as forças armadas. Esta escolha pode conter um aumento da militarização da Política Externa dos EUA para a região, sendo que outros atores – como a diplomacia, ou a USAID (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional) ficam em segundo plano. Os projetos com os militares e com policiais latino-americanos podem contribuir para o aumento do peso político interno desses atores, os quais, historicamente, tendem à intromissão na política. De forma semelhante, a conjunção de ameaças estatais e não-estatais apresentada no projeto de lei mostra que continua a não existir uma visão de separação entre as funções dos policiais e das forças armadas – o que significaria um contínuo apoio ao emprego dos militares internamente, mesmo que este seja historicamente associado à letalidade e a violações aos direitos humanos.

Por fim, em texto publicado sobre o tema, Adam Iscason alerta sobre o risco de que os Estados Unidos apoiem governos autoritários que se adequem a suas demandas de alinhamento geopolítico. Em alguma medida, isso já acontece. Cabe ressaltar o apoio concedido ao governo interino de Jeanine Añes, na Bolívia (2019-2020) – apesar da contestada forma como essa chegou ao poder – ou mesmo o convite feito ao governo brasileiro para participar da “Cúpula das Democracias” – apesar das falas nostálgicas e de apreço ao regime burocrático-autoritário emitidas pelo presidente brasileiro.

Em resumo, a guerra na Ucrânia é um desdobramento das crescentes rivalidades entre grandes potências, sendo que a abrangência deste elemento estrutural é global, atingindo todas as regiões, inclusive a América Latina. Na região, do ponto de vista da defesa, a posição de poder dos Estados Unidos ainda é muito superior, sendo que a projeção de seus competidores é mais limitada. Ainda assim, a potência hegemônica tem visto os avanços de seus competidores em outras áreas ou em situações específicas como problemas de segurança. Como consequências para a América Latina, destaca-se a maior dificuldade de colocar em prática uma posição equilibrada e de relacionamento não-excludente entre as potências, o reforço das tendências de militarização a partir de incentivos estadunidenses e um contexto internacional menos propício à manutenção da democracia.

[1] Luciana Wietchikoski e eu analisamos este documento e as formas como o Brasil poderia reagir a esse contexto de mudanças sistêmicas em texto publicado na coluna Diplomacia e Democracia do Uol.

* Lívia Peres Milani é pesquisadora de pós-doutorado em Relações Internacionais pelo Programa “San Tiago Dantas” (Unesp/Unicamp/PUC-SP), bolsista Capes-PrInt. Pesquisadora do Gedes e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos (INCT-Ineu). Twitter @Livia_LPM. E-mail: livia.milani@unesp.br.

Imagem por: US Southern Command.

Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher: origens, avanços e retrocessos na América Latina e no Brasil sob a pandemia (Parte I)

Por

Gabriela Aparecida de Oliveira *

Maria Eduarda Kobayashi Rossi **

 

O Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra a Mulher (25 de novembro) foi instituído em 17 de dezembro de 1999, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, e homenageia as irmãs Pátria, Minerva e Maria Teresa Mirabal. Elas foram assassinadas por seu ativismo contra a ditadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), na República Dominicana. A criação da data pode ser vista como um reflexo dos esforços de movimentos feministas, os quais objetivam operacionalizar transformações sociais pelo fim da violência de gênero ⎼ que atinge não apenas mulheres e meninas, mas também homens, meninos e a população LGBTQIA +.

O contexto de sua criação foi marcado por uma série de avanços sobre as questões de gênero na agenda internacional. Destaca-se, em ordem cronológica: a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (Cedaw, 1979), a Declaração sobre Eliminação da Violência Contra a Mulher (1994), a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (1994), a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim (1995), bem como a elaboração da Resolução 1325/2000. Essa última originou a Agenda Mulheres, Paz e Segurança, ressaltando a necessidade da participação de mulheres nos espaços políticos, nos processos de resolução de conflitos e construção da paz.

Desde sua origem, a data objetiva mobilizar a consciência social crítica, estimulando a efetivação de projetos, políticas públicas e planos de ação nacionais para prevenir as violências contra as mulheres e meninas, bem como proporcionar a igualdade de gênero na política[1]. Incentiva-se, também, a realização de pesquisas e a difusão de dados sobre o tema em questão. Vale mencionar que, no âmbito da ONU, muitos projetos são financiados pelo Fundo internacional para a eliminação da violência contra as mulheres e pelo Fundo para a Igualdade de gênero, os quais foram criados, respectivamente, em 1996 e 2009.

No Brasil, desde 1997, tais órgãos contribuíram para o financiamento de diversos projetos como o “Iyà Àgbá – Rede de Mulheres Negras Contra a Violência”, realizado pela Fundação Criola em 2005, e o projeto “Juventude e Arte para qualquer parte: pelo fim da Violência contra as Mulheres” realizado pela Casa da Mulher Trabalhadora – CAMTRA, em 2017. Além disso, há cada vez mais iniciativas que buscam envolver os homens nas ações transformativas, incentivando a construção de masculinidades positivas. Nesse sentido, uma das instituições brasileiras que mais se destacou foi o Promundo, com os projetos “Engajando Homens para Acabar com a Violência Baseada em Gênero: um Estudo de Intervenção e Avaliação de Impacto em Vários Países” (2008) e “Envolvendo os jovens para acabar com a violência contra mulheres e meninas no Brasil e na República Democrática do Congo” (2016-2017).

No ano de 2021, em homenagem às pautas trazidas pelo dia 25 de novembro, a ONU Mulheres criou a campanha “Una-se pelo Fim da Violência contra as Mulheres”, realizada entre os dias 20 de novembro e 10 de dezembro. As ações buscaram reduzir as violências que se manifestam das formas: direta (agressão física), estrutural, psíquica, sexual (como o estupro, mutilação genital), obstétrica e política. Tais violações cresceram durante o período da pandemia de COVID 19, e merecem atenção nacional e internacional. De acordo com a ONU Mulheres (2021): “A pandemia exacerbou fatores de risco para a violência contra mulheres e meninas, incluindo desemprego e pobreza, e reforçou muitas das causas profundas, como estereótipos de gênero e normas sociais preconceituosas. Estima-se que 11 milhões de meninas podem não retornar à escola por causa da COVID-19, o que aumenta o risco de casamento infantil. Estima-se também que os efeitos econômicos prejudiquem mais de 47 milhões de mulheres e meninas vivendo em situação de pobreza extrema em 2021, revertendo décadas de progresso e perpetuando desigualdades estruturais que reforçam a violência contra as mulheres e meninas”.

Na América Latina, o alto índice de violências de gênero e feminicídios – que coloca a região como o lugar mais perigoso no mundo para as mulheres – também sofreu um acréscimo durante a pandemia (TRICONTINENTAL, 2020). Em um contexto de crise econômica e ascensão de governos de direita e extrema direita na região, as violências contra mulheres e outros grupos marginalizados aumentam em número e crueldade. Observa-se, na América Latina, uma alta instabilidade política e econômica, bem como um acirramento do conservadorismo religioso (principalmente neopentecostal) e do neoliberalismo. Nesse contexto, atores de distintos perfis ideológicos coincidem no desprezo aos direitos humanos e aos tratados internacionais assinados para a garantia de direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Ainda que o período anterior, marcado por governos de esquerda e centro esquerda, não tenha, necessariamente, promovido um avanço desses direitos, hoje vemos o fortalecimento da atuação de grupos conservadores religiosos e seculares. Assim, além da retirada de direitos de mulheres e outros grupos vulnerabilizados, presenciamos, em muitos países, a transformação de movimentos sociais em inimigos políticos. Como consequência, temos a deslegitimação de suas pautas e atos violentos dirigidos a ativistas (BIROLI et. al., 2020).

No Brasil, o projeto “Elas no Congresso” do Instituto AzMina, divulgou um levantamento das ações do governo de Jair Bolsonaro, constatando que os discursos misóginos, machistas, racistas e LGBTQIA+fóbicos do presidente de extrema-direita têm sido, de fato, colocados em prática. Em uma análise profunda de decretos, portarias, medidas provisórias, cartilhas de campanhas governamentais, direcionamento orçamentário, execução orçamentária e propostas legislativas, o AzMina concluiu que o ataque aos direitos das mulheres tem caracterizado as ações do atual governo.

Dentre essas ações, destacamos a perda de status ministerial por parte da antiga Secretaria de Políticas para Mulheres, a criação do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (cujos discursos restringem a concepção de “família” à família patriarcal e heteronormativa, também conhecida como “família triangular”: composta por pai, mãe e filhos, na qual a mulher deve desempenhar papéis de gênero tradicionais como cuidar da casa e dos filhos), e a extinção do programa “Políticas para as Mulheres: Promoção da Igualdade e Enfrentamento a Violência” (que foi substituído pelo programa “Proteção à vida, fortalecimento da família, promoção e defesa dos direitos humanos para todos”). Também se destaca a má gestão dos recursos que seriam destinados às políticas voltadas para a promoção de direitos e oportunidades sociais para mulheres. Dados mostram que o governo deixou de usar um terço dos recursos aprovados entre 2019 e o primeiro semestre de 2021, uma cifra de quase R$ 400 milhões que poderiam ter sido gastos no combate à violência de gênero, incentivo à autonomia e saúde feminina.

Ainda que o panorama das lutas feministas mostrem um avanço de suas conquistas e impactos sobre a sociedade, os dados recentes deixam evidente que muitas ações e políticas públicas devem ser feitas. Nesse sentido, é importante refletir sobre o papel do Estado na promoção da igualdade de gênero. Essa questão é assunto do artigo “Reflexões acerca das raízes da violência contra as mulheres e a questão do Estado” (clique aqui para ler!).

 

* Mestranda em Paz, Defesa e Segurança Internacional pelo Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas (UNESP/UNICAMP/PUC-SP) e pesquisadora do IARAS – Núcleo de Estudos de Gênero do GEDES.

** Graduanda em Relações Internacionais pela UNESP, bolsista FAPESP (processo 2021/04480-3).

Imagem por: UN WOMEN.

 

[1] Sobre este tema, é importante ressaltar  que a ONU Mulheres da América Latina e Caribe publicou, em 2020,  o documento “Rumo à paridade e à participação inclusiva na América Latina e no Caribe”, o qual foi elaborado em preparação para a 65º Comissão da ONU sobre a Situação da Mulher (CSW), trazendo avanços e desafios sobre a participação das mulheres em espaços públicos. Além disso, em 2020, a ONU esquematizou um mapa sobre a participação das mulheres na política, o qual pode ser consultado pelo link: <https://lac.unwomen.org/en/digiteca/publicaciones/2020/03/women-in-politics-map-2020>. Acesso em dezembro de 2021.

 

A relação entre direitos humanos e segurança humana

Por

 

Giovanna Ayres Arantes de Paiva*

Kimberly Alves Digolin **

 

No último dia 10 de dezembro celebramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A data foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1950, em referência à Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada dois anos antes. Mesmo após sete décadas, ainda enfrentamos grandes desafios relacionados à defesa dos direitos humanos em âmbito internacional. Como exemplo, podemos citar o tráfico de pessoas, o trabalho escravo, a desigualdade de gênero, a prisão e perseguição de ativistas, o assassinato e assédio de jornalistas, o desrespeito e perseguição a minorias religiosas.

Por vezes, tais questões são abordadas sob o viés da segurança, sobretudo por meio da chamada segurança humana, cujo objeto referente é o próprio indivíduo e suas necessidades. Entretanto, é importante compreender o arcabouço dos direitos humanos e sua associação com a segurança de modo crítico, questionando sua frequente instrumentalização em prol de interesses individuais por alguns atores internacionais. Para isso, sugerimos uma análise que considere a relação entre direitos humanos e segurança humana, destacando a forma como se complementam, mas também os possíveis desafios e críticas a esses paralelos.

Embora a noção de que os seres humanos possuem direitos inalienáveis já existisse há bastante tempo, o esforço de sistematização e reconhecimento internacional desses direitos ocorreu apenas no século XX, culminando na assinatura de tratados e também na maior incorporação dessa temática nas agendas de política externa dos Estados. A percepção de urgência para se criar um regime internacional sobre os direitos humanos ganhou escala após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quando o Holocausto e o posterior julgamento da Alemanha nazista mobilizaram as potências vencedoras em torno da proteção humana no Ocidente. Soma-se a isso o acentuado número de refugiados e apátridas observado nesse período. De modo geral, esses eventos deixaram latente que a responsabilidade de garantir tais direitos aos indivíduos não poderia ser apenas do Estado, pois eram palpáveis os casos de falha e violação. Era necessário um arcabouço internacional que estabelecesse normas e parâmetros gerais a serem seguidos.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, portanto, é considerada esse pontapé inicial na formalização de um regime internacional sobre a temática, ainda que não tivesse força de lei. A partir dela podemos notar uma sequência de pactos e convenções no âmbito dos direitos humanos, como a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951), a Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher (1979), a Convenção sobre os Direitos da Criança (1989), entre outras.

Outro resultado desse movimento de caracterização do indivíduo como um ator do sistema internacional é uma mudança – ou talvez o mais adequado seja dizer uma ampliação – do foco nos debates sobre política internacional e, mais especificamente, sobre segurança internacional. Diferente das análises centradas apenas na figura do Estado, sobretudo a partir dos anos 1990 ganha força uma linha de pensamento que vai centrar sua análise na figura do indivíduo. Esse movimento foi reflexo de uma ampliação das dimensões da segurança, ocorrida ainda durante a década de 1980. Ou seja, deixa de se limitar ao âmbito militar de sobrevivência do Estado em um ambiente anárquico, e passa a incorporar aspectos de segurança societal e até ambiental (BUZAN; WÆVER; WILDE, 1998).

O conceito de “segurança humana” – que aparece pela primeira vez em um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em 1994 – surge então em um contexto de busca por maior diversidade de atores na segurança e tem o seu nascimento em um programa das Nações Unidas que visava estabelecer um tipo específico de desenvolvimento humano após décadas de Guerra Fria e em meio a instabilidades e conflitos. Dessa forma, mais que um conceito, a segurança humana foi formulada como um guia para ações de segurança, sobretudo, nos países em desenvolvimento.

Em uma abordagem ampla, a noção de segurança humana envolve a garantia de que o indivíduo desfrute de todos os requisitos básicos para a dignidade e o desenvolvimento humano. Quando ele desfruta de segurança econômica, política, pessoal, alimentar, comunitária, ambiental e de saúde é possível afirmar que a segurança humana desse indivíduo está garantida (PAIVA, 2018).

Por um lado, trata-se de um conceito importante para se compreender os direitos humanos, porque nos ajuda a inserir problematizações específicas, principalmente no que se refere à discussão sobre oportunidades e bem-estar em uma perspectiva mais holística, que compreenda as várias faces do desenvolvimento humano. O fato de colocar o foco no indivíduo como objeto da segurança também é relevante, pois centra o ser humano como um ator significativo nas Relações Internacionais.

Por outro lado, a segurança humana é alvo de diversas críticas. Pelo fato de o conceito ser muito amplo e vago, o olhar para as particularidades humanas é prejudicado (PARIS, 2001). Apesar de exaltar o “humano”, não se coloca tanta ênfase em abordagens que seriam essenciais para se chegar a alguma dignidade humana, estabelecer equidade e reparar injustiças históricas – como uma análise mais aprofundada envolvendo questões de raça e gênero. Outra crítica é que, ao tratar questões humanas sob a lente da segurança, abre-se espaço para que intervenções arbitrárias sejam feitas mais em nome de interesses geopolíticos e menos em nome da proteção dos direitos humanos. Além disso, muitas vezes, a garantia desses requisitos básicos para a dignidade humana envolve soluções que deveriam passar mais pelo desenvolvimento de políticas públicas (por exemplo, políticas de saúde e educação) do que pelo caminho securitário (ARMIÑO, 2007; DUFFIELD, 2006).

O século XXI tem nos mostrado que a luta por direitos humanos é incompleta se não for acompanhada da desconstrução de estruturas sociais que perpetuam as desigualdades. A pandemia de Covid-19 explicitou e aprofundou o abismo entre ricos e pobres, principalmente na América Latina. A gestão da pandemia deixa evidente as desigualdades entre os países, em que os mais pobres ainda estão longe de ter uma cobertura vacinal ampla. Além disso, os impactos das mudanças climáticas – outro assunto urgente que requer ação internacional – incidem mais fortemente em comunidades marginalizadas. Tudo isso revela um falso humanismo e a normalização da injustiça social. Apesar de apontar para os diferentes aspectos que afetam a vida humana (como os níveis social, ambiental e econômico), a proposta de segurança humana não parece ter esse potencial de questionar estruturas, tampouco propor a emancipação dos indivíduos como agentes de mudança.

A noção de direitos humanos traz o desafio de pensar a coletividade sem apagar as diferentes necessidades que cada grupo humano possui, isto é, sem diluir as particularidades no “universal” ou no “humano”, ressaltando exclusões e desigualdades históricas que ainda não foram reparadas. Segundo Boaventura de Sousa Santos, “temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. Mas temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades” (2003, p. 56).

Analisar a temática de direitos humanos, portanto, deve envolver uma estratégia de longo prazo para a prevenção do conflito e manutenção da paz, incluindo um olhar mais multidimensional sobre o que significa igualdade. Em suma, ao invés de considerar igualdade como um apagamento das diferenças, esse olhar crítico sobre os direitos humanos e os diversos níveis de segurança nos permite compreender que o problema em si não são as diferenças, mas sim as desigualdades. O problema está na instrumentalização dessas diferenças – de gênero, raciais ou culturais – para legitimar que algumas pessoas tenham menos acesso a determinadas oportunidades e direitos.

Esse olhar mais abrangente sobre o que é igualdade nos permite questionar se o conjunto de normas, convenções e mecanismos internacionais sobre direitos humanos tem alcançado seu papel transformador na política internacional ou se tem se resumido a uma interpretação retórica para legitimar interesses particulares. Ou seja, funciona apenas como uma justificativa retórica para legitimar eventuais ações por parte, especialmente, das grandes potências internacionais. Nesse sentido, existem diversas críticas a respeito desses documentos, apontando que eles compõem apenas um regime de “soft law”. Isto é, que funcionam para guiar e monitorar, mas não para garantir que essas normas sejam cumpridas, ou penalizar de modo efetivo as eventuais violações que possam ocorrer com todos os povos (REIS, 2006).

A partir de um olhar mais crítico sobre esse regime internacional dos direitos humanos, em conjunto com a noção de segurança humana e uma problematização mais profunda sobre igualdade, é possível não apenas uma análise mais abrangente sobre o processo de violência, mas também a elaboração de políticas e práticas mais eficientes no combate a esses diversos tipos de desigualdades que, muitas vezes, não passam necessariamente pelo campo da segurança. Especialmente quando consideramos que as últimas décadas vêm apresentando um movimento de maior complexidade nos conflitos internacionais e também de maior impacto sobre a população civil, esses debates se tornam cada vez mais latentes. É necessário levar em consideração essas reflexões sobre segurança e direitos humanos para que os próximos aniversários da Declaração Universal dos Direitos Humanos não sejam apenas simbólicos, mas sim reflexos de mudanças e avanços.

Giovanna Ayres Arantes de Paiva é doutora em Relações Internacionais pelo PPGRI San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP). Pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES) e da Rede de Pesquisa em Paz, Conflitos e Estudos Críticos de Segurança (PCECS). E-mail: giovanna.aap@gmail.com.

Kimberly Alves Digolin é professora no curso de Relações Internacionais da Universidade Paulista. Mestre em Relações Internacionais pelo PPGRI San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP). Pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES). E-mail: kimberly.alves.digolin@hotmail.com.

Imagem: Humanity wall. Por: Matteo Paganelli/Unsplash.

Referências bibliográficas:

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BUZAN; WÆVER; WILDE. Security: A New Framework for Analysis. Colorado: Lynne Rinner Publishers Inc., 1998.

DUFFIELD, Mark. Human Security: Linking Development and Security in an Age of Terror. In: KLINGEBIEL, S. (Ed.). New Interfaces between Security and Development: Changing Concepts and Approaches. Bonn: German Development Institute, 2006.

PAIVA, Giovanna A. A. Segurança Humana. In. SAINT-PIERRE, Héctor Luis; VITELLI, Marina Gisela (Orgs.). Dicionário de Segurança e Defesa. São Paulo: Editora Unesp, 2018.

PARIS, Roland. Human Security: Paradigm Shift or Hot Air? International Security, v.26, n.2, p.87-102, outono 2001.

REIS, Rossana Rocha. Os direitos humanos e a política internacional. Revista Sociol. Polít., Curitiba, v. 27, 2006.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitanismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

O AUKUS e o pivô do Reino Unido para o Indo-Pacífico

Por

João Vitor Tossini*

Em 15 de setembro de 2021, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou em conjunto com os primeiros-ministros do Reino Unido, Boris Johnson, e da Austrália, Scott Morrison, o estabelecimento de uma parceria de segurança envolvendo os três países. Intitulado de AUKUS (acrônimo do nome dos três membros em inglês), a parceria simboliza a crescente disposição de seus governos em estabelecer iniciativas que permitam o fortalecimento de suas posições estratégicas no Indo-Pacífico (AUSTRALIA, 2021). No caso britânico, o AUKUS pode ser compreendido por meio da política da “Grã-Bretanha Global” (Global Britain), lançada em 2016, que busca consolidar o Reino Unido como a principal potência militar na Europa, fortalecer laços diplomáticos e econômicos com antigos parceiros para além da União Europeia e, desde março de 2021, restabelecer o país como a principal potência europeia no Indo-Pacífico (UNITED KINGDOM, 2021).

Ademais, de forma similar ao que se entende como uma escolha estratégica da Austrália pelos Estados Unidos no lugar de outra posição na competição com a China (MAO, 2021), os termos e as consequências do AUKUS indicaram a preferência da Austrália pela parceria estratégica com o Reino Unido ao invés da União Europeia, mais especificamente, a França. Logo, indica-se que a posição britânica na iniciativa representa o avanço da agenda da Grã-Bretanha Global no Indo-Pacífico, região em que, desde meados dos anos 1990, a França ocupou por meio de seus territórios e departamentos ultramarinos uma posição relativa mais robusta do que Londres no âmbito geoestratégico. Assim, no caso do Reino Unido, o AUKUS está inserido em uma política de retorno do enfoque britânico a regiões fora do eixo euro-atlântico, simbolizando modificações em relação à política estratégica desse país que esteve marcada pela ênfase na Europa durante parte significativa da Guerra Fria.

Grã-Bretanha Global e o AUKUS

A política da Grã-Bretanha Global, lançada pelo Governo Theresa May (2016-2019) após a decisão pela saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit), nomeou uma tendência britânica iniciada no pós-Guerra Fria de crescente engajamento internacional com maior ênfase na projeção de poder militar e político do país fora do cenário europeu (HYDE-PRICE, 2007; UNITED KINGDOM, 1998; 2015; 2021). Nos governos John Major (1990-1997) e, especialmente, Tony Blair (1997-2007), o Reino Unido retomou um posicionamento internacional intervencionista que levou a participação britânica em uma série de conflitos militares nos Balcãs, em Serra Leoa, Afeganistão e Iraque (LUNN; MILLER; SMITH, 2008).

Os sucessores de Blair mantiveram parte das operações iniciadas em seu governo, além de participarem de outras na Líbia e na Síria. Gradativamente, o governo em Londres retomava um enfoque em capacidades expedicionárias e reduziam a prioridade de compromissos militares no continente europeu, alterando a prática vigente na Guerra Fria que era centrada na defesa terrestre convencional da Alemanha Ocidental e outros aliados continentais contra uma ofensiva soviética (HYDE-PRICE, 2007). Em 2020, a conclusão de um plano de 2010 de retirada da maioria das forças militares do Reino Unido da Alemanha apresenta-se como outro evento simbólico dessa reorientação estratégica britânica.

Dessa forma, o voto da maioria dos britânicos pelo Brexit em 2016 ocorreu em meio ao crescente enfoque estratégico de Londres em regiões ultramarinas. No início de 2021, o governo britânico passou a incluir formalmente o Indo-Pacífico como uma de suas áreas prioritárias de atuação (UNITED KINGDOM, 2021), além da tradicional presença e intervenções dos anos anteriores no Oriente Médio e na África. Denominada de “tilt” ou pivô para o Indo-Pacífico, a “nova” prioridade estratégica do Reino Unido pode ser considerada como uma pontuação dos objetivos presentes na política da “Grã-Bretanha Global”. Ademais, a crescente expansão da atuação diplomática e militar do Reino Unido pode ser relacionada à percepção da ascensão da China no Indo-Pacífico e ao crescente peso econômico da região no sistema internacional, especialmente no quesito de busca de novos mercados que substituem parcialmente a União Europeia no comércio britânico (HARPER, 2020). Em suma, o Reino Unido deseja restabelecer sua posição como a principal potência europeia nessa região, que foi eclipsada pela França desde o fim de sua presença militar e controle de Hong Kong em 1997, ao passo que busca equilibrar a oposição ao crescimento chinês e desfrutar do crescimento econômico regional (UNITED KINGDOM, 2021).

O AUKUS envolve três Estados com relativa proximidade no campo de defesa e segurança. Os Estados Unidos, a Austrália e a Nova Zelândia constituem o Tratado ANZUS, aliança de defesa e cooperação militar formada em 1951. Apesar de a Nova Zelândia não aderir totalmente ao ANZUS devido a sua política de proibição de armas nucleares em seu território, o Tratado apresenta-se como uma das bases da cooperação bilateral em defesa dos Estados Unidos com a Austrália (MCCLURE, 2021). Desde 1971, o Reino Unido possui um acordo similar com Austrália, Nova Zelândia, Singapura e Malásia, intitulado “Cinco Acordos de Força de Defesa” (Five Power Defence Arrangements). Além disso, o Reino Unido, a Austrália e os Estados Unidos – em conjunto com o Canadá e a Nova Zelândia –, constituem os “Cinco Olhos” (Five Eyes), um sistema de cooperação em questões de inteligência e comunicações estabelecido entre Londres e Washington durante a Segunda Guerra Mundial.

Com isso torna-se possível compreender a relevância dos termos do AUKUS. A iniciativa possui como aspecto central a criação de uma “parceria trilateral de segurança”, em conjunto com a cooperação no quesito de inteligência e comunicações dos Cinco Olhos, que envolva os três países, possibilitando um novo meio de diálogo estratégico. Adicionalmente, o AUKUS possui como objetivo maximizar a cooperação e a interoperabilidade entre as forças armadas de seus membros, além de incrementar a “integração” de suas capacidades tecnológicas e industriais de defesa. Consequentemente, o AUKUS pode reafirmar a preponderância de artigos da indústria bélica do Reino Unido e, especialmente, dos Estados Unidos na composição das capacidades militares da Austrália, consolidando esse crescente mercado como compradores do complexo industrial norte-americano e britânico (GILL, 2021).

Assim, o primeiro projeto significativo do AUKUS incluiu a venda de artigos militares para os australianos. A parceria estabeleceu um acordo que visa à venda de submarinos de propulsão nuclear aos australianos, sendo a tecnologia de propulsão nuclear fornecida por parte dos Estados Unidos e do Reino Unido (AUSTRALIA, 2021). Além dos questionamentos sobre o aspecto da proliferação nuclear, ainda que a iniciativa não envolva a transferência de armamentos nucleares, o AUKUS resultou no cancelamento da compra australiana de 12 submarinos convencionais franceses, que totalizaria aproximadamente 66 bilhões de dólares (JONES, 2021). Em contraste, além dos submarinos nucleares, em 2018, o Reino Unido assegurou a venda da próxima geração de fragatas da Marinha Real Australiana, vencendo competidores europeus, enquanto que as aquisições australianas de outros artigos militares dos Estados Unidos contribuíram para elevar o país para a segunda posição entre os importadores de produtos militares (GILL, 2021).

Concernente à decisão australiana de cancelar a compra dos submarinos franceses, ainda que os dois países mantenham cooperação em assuntos de defesa e segurança na região do Pacífico, o AUKUS exclui a França dos projetos de aquisição da Marinha Real Australiana para os anos 2020. A decisão posterior da União Europeia em postergar as negociações de um Acordo de Livre-Comércio com a Austrália, apresenta-se como uma resposta conjunta do bloco em apoio ao governo francês. Contudo, o impacto dessa decisão foi previamente amenizado pela Austrália com o avanço das negociações de livre-comércio com o Reino Unido em julho de 2021. Tendo que, em 2019, o comércio total australiano com o Reino Unido (30 bilhões de dólares) representava quase 40% das trocas com a União Europeia (78 bilhões de dólares), o avanço das negociações com os britânicos apresenta-se como significativa, compensando parcialmente os atritos comerciais com o bloco europeu. Nesse sentido, a aproximação estratégica australiana com o Reino Unido possui reverberações adversas para o papel da França e de outros membros da União Europeia em aspectos militares e comerciais no Indo-Pacífico.

Dessa forma, a iniciativa trilateral envolvendo o Reino Unido, os Estados Unidos e a Austrália encontra-se em um contexto de convergência da ampliação da zona de atuação estratégica de Londres (UNITED KINGDOM, 2021) com os anseios da Austrália por capacidades militares robustas (AUSTRALIA, 2020) e com o “pivô para a Ásia” dos Estados Unidos. Em adição, o caso do AUKUS representou uma convergência de interesses estratégicos de Londres na região. A formação dessa parceria contribuiu para o avanço de dois objetivos da Grã-Bretanha Global.

No aspecto econômico, a AUKUS detém o potencial de fornecer um dos acordos mais substanciais ao setor industrial de defesa do Reino Unido em anos, ao passo que, estrategicamente, fornece a um aliado próximo os meios militares para contribuir na contenção da ascensão militar chinesa na região. Além disso, os poucos detalhes da transferência de tecnologia nuclear indicam que Londres e Washington planejam capacitar a Austrália para a manutenção dos reatores nucleares, enquanto o funcionamento da tecnologia e dos sistemas de propulsão nuclear serão retidos pelos dois países. Logo, a Austrália passará a deter uma dependência dos demais membros do AUKUS para a continuidade da operação dessa tecnologia (GILL, 2021), contribuindo para a persistência do alinhamento estratégico australiano com os Estados Unidos e o Reino Unido em detrimento de outras parcerias.

 

* João Vitor Tossini é doutorando em Relações Internacionais pelo PPGRI San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP).

Imagem:UK Carrier. Por: U.S. Indo-Pacific Command.

 

 

Referências Bibliográficas:

AUSTRALIA. Department of Defence. 2020 Defence Strategic Update. 1 July 2020. Disponível em https://www1.defence.gov.au/about/publications/2020-defence-strategic-update Acesso em 03 out. 2021.

AUSTRALIA. Prime Minister Office. Joint Leaders Statement on AUKUS. Media Statement. 16 set 2021. Disponível em https://www.pm.gov.au/media/joint-leaders-statement-aukus Acesso em 01 out. 2021.

GILL, Bates. AUKUS is a Big Deal, but Needs to be Put in Perspective. Royal United Services Institute (RUSI). 20 September 2021. Disponível em: https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/aukus-big-deal-needs-be-put-perspective Acesso em: 03 out. 2021.

HARPER, Stephen J. A Very British Tilt. Towards a new UK strategy in the Indo-Pacific Region. Policy Exchange. Report by Policy Exchange’s Indo-Pacific Commission, London, 2020.

HYDE-PRICE, Adrian. European Security in the Twenty-First Century: The Challenge of Multipolarity. London: Taylor & Francis Group, 2007.

JONES, Dustin. Why A Submarine Deal Has France At Odds With The U.S., U.K. And Australia. NPR News. September 19, 2021. Disponível em: https://www.npr.org/2021/09/19/1038746061/submarine-deal-us-uk-australia-france Acesso em 03 out. 2021.

LUNN, Jon; MILLER, Vaughne; SMITH, Ben. British foreign policy since 1997. Research Paper 08/56. House Commons Library. 23 June 2008.

MAO, Frances. Aukus: Australia’s big gamble on the US over China. Sydney, British Broadcast Corporation. 22 September. Disponível em: https://www.bbc.com/news/world-australia-58635393 Acesso em: 30 set. 2021.

MCCLURE, Tess. Aukus submarines banned from New Zealand as pact exposes divide with western allies. New Zealand, The Guardian, 16 set. 2021. Disponível em https://www.theguardian.com/world/2021/sep/16/aukus-submarines-banned-as-pact-exposes-divide-between-new-zealand-and-western-allies Acesso em 01 out. 2021.

UNITED KINGDOM. Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy. CP 403. Presented to Parliament by the Prime Minister by Command of Her Majesty. 16 March 2021.

 

A Grã-Bretanha Global e o HMS Defender no Mar Negro

Por

João Vitor Tossini*

 

A concepção de sucessivos governos britânicos sobre a posição do Reino Unido como uma grande potência persiste apesar do período de declínio relativo que afetou o país após a Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Guerra Fria, sucessivos governos em Londres buscaram reafirmar o Reino Unido como uma das lideranças do Ocidente e, consequentemente, como uma grande potência. O Governo Tony Blair (1997-2007) foi um dos expoentes desse objetivo de conservação e reafirmação de status, retomando o enfoque britânico na projeção de poder para além da Europa e empregando estas capacidades militares no Afeganistão, Iraque, Serra Leoa, dentre outros países (BROWN, 2010).

Apesar de variações políticas em cada novo governo, incluindo períodos de austeridade como no primeiro Governo David Cameron (2010-2015), todos concebiam o Reino Unido como uma grande potência – ou uma potência de primeira grandeza – e almejavam a conservação desse status. Em 2016, o Governo Theresa May (2016-2019) adota o termo “Grã-Bretanha Global” (Global Britain) como uma nova definição para a política externa britânica após o voto pela saída da União Europeia. O sucessor de Theresa May, Boris Johnson, incluiu a “Grã-Bretanha Global” como o centro de sua primeira Revisão de Defesa, indicando o compromisso do governo em expandir o engajamento britânico para além da União Europeia e do eixo euro-atlântico, além de apoiar aliados contra Estados considerados revisionistas, como a China e a Rússia (UNITED KINGDOM, 2021). Assim, a Grã-Bretanha Global simboliza a disposição do Reino Unido em adotar um novo meio de se reafirmar como uma grande potência e como uma das lideranças ocidentais, ainda que isso possa representar crescente oposição e atritos com China e Rússia, como observado nas recentes incursões navais britânicas no Mar Negro.

O HMS Defender no Mar Negro 

Nesse contexto, em 23 de junho de 2021, um contratorpedeiro (destroyer) da Marinha Real Britânica (Royal Navy), o HMS Defender, adentrou as águas territoriais disputadas da Crimeia, território ucraniano controlado pela Federação Russa desde 2014, visando exercer o princípio do direto de liberdade de navegação e demonstrar o apoio britânico à Ucrânia na questão do território em litígio. Segundo o Governo Britânico, o HMS Defender transitava pela rota mais curta entre a cidade portuária de Odessa, na Ucrânia, para Batumi, na Geórgia, sendo que o navio seguiria uma série de exercícios conjuntos com esses dois Estados. Durante um breve trecho dessa rota, a embarcação adentrou as águas territoriais da Crimeia que, para os britânicos e outras potências ocidentais, pertence aos ucranianos (GARDNER, 2021).

O contratorpedeiro britânico passou a poucos quilômetros da costa e de Sevastópol, local da principal base naval russa no Mar Negro, e foi o foco de avisos por parte de seus navios da guarda costeira e caças de combate, incluindo disparos de advertência. Apesar disso, Londres negou que o HMS Defender tenha sido alvo de disparos de advertência, indicando que a Rússia havia anunciado com antecedência a realização de treinamentos navais nas proximidades (BEALE, 2021; GARDNER, 2021).

No dia seguinte, outro incidente próximo ao mar territorial da Crimeia envolveu uma embarcação militar holandesa, o HNLMS Evertsen, que acompanhava o Defender no Mar Negro. Menos de uma semana após o incidente, em 28 de junho, ocorreu o início do exercício anual da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) no Mar Negro com a participação de todos os países costeiros da região, com exceção da Rússia – além da presença de Reino Unido, França, Itália, Estados Unidos, e outros países convidados (UNITED STATES, 2021).

Destaca-se que, diferentemente de outras incursões prévias da Royal Navy, a bordo do Defender havia um jornalista da principal estatal da mídia britânica, a British Broadcast Corporation (BBC), que foi a primeira fonte de informações sobre a questão no Reino Unido, indicando que Londres possuía interesse em deter o controle inicial da narrativa. Quatro dias após o episódio, documentos sigilosos do Ministério da Defesa britânico foram encontrados em uma estação de ônibus e divulgados pela mídia do país. Por meio desses documentos, torna-se possível indicar que o Governo Britânico realizou considerações prévias sobre as possíveis reações da Rússia ao deslocamento de navios da Royal Navy nas proximidades da Crimeia.

Segundo os documentos, oficiais militares e civis britânicos entendiam que o Reino Unido possuía duas opções no caso da rota do HMS Defender entre Odessa e Batumi: evitar as águas territoriais controladas por Moscou ou adotar o trajeto tradicional utilizado por embarcações militares antes da ocupação russa da Crimeia, o que envolvia um breve período nas águas territoriais contestadas. A primeira opção foi descartada pois a adoção de um “desvio” de rota foi interpretada pelos oficiais britânicos como uma demonstração de fraqueza relativa e de aceitação do controle russo do território ucraniano. Assim, Londres optou pela segunda alternativa apesar das possíveis reações das forças russas (ADAMS, 2021).

O Reino Unido após o Brexit: a periferia europeia e a OTAN

Nota-se que o episódio envolvendo o HMS Defender nas proximidades da Crimeia ocorre em um período em que o Reino Unido busca reforçar seu papel na OTAN após a sua saída da União Europeia (processo que ficou popularmente conhecido como Brexit). A inclusão da Ucrânia nos mecanismos de cooperação da OTAN é apoiada por Londres desde a anexação russa da Crimeia, sendo o Reino Unido, ao lado dos Estados Unidos, um dos membros da Organização mais engajados com a Ucrânia no âmbito da Defesa e Segurança. Desde 2015 o Reino Unido possui operações militares destinadas ao treinamento das forças ucranianas na medida em que adota um posicionamento para o avanço do processo de integração da Ucrânia como membro da OTAN (UNITED KINGDOM, 2020). A Declaração dos Chefes de Estado e de Governo da OTAN do início de junho de 2021 confirmou planos para o avanço desse processo, cabendo ao Governo Ucraniano a decisão final sobre sua relação com a organização quando os requisitos para alcançar o status de membro forem alcançados (NATO, 2021).

Simultaneamente, o incidente no Mar Negro ocorreu poucos meses após a divulgação da Revisão Integrada de Segurança e Defesa, na qual Londres aponta a Rússia como a principal ameaça estatal ao Reino Unido, seguida pela China, e destaca que busca maior engajamento com países do Leste Europeu, incluindo a Ucrânia (UNITED KINGDOM, 2021, p. 60). Os documentos sigilosos divulgados pela mídia britânica aparentam reforçar o entendimento de que o Reino Unido possui uma percepção mais sensível em relação à Rússia do que à China.  Isso ocorre quando oficiais civis e militares britânicos indicam que o governo de Joe Biden ainda apresenta “muita continuidade” em relação ao foco no Indo-Pacífico e na China (ADAMS, 2021).

Em adição, entre maio e julho de 2021 um Grupo de Ataque a partir de Porta-Aviões (Carrier Strike Group) britânico esteve presente no Mar Mediterrâneo como parte do deslocamento inaugural da nova classe de porta-aviões da Royal Navy. Em julho, o Grupo avançou para o Indo-Pacífico, visando realizar exercícios com parceiros do Reino Unido, incluindo a Austrália, a Malásia, o Japão e os Estados Unidos. Destaca-se que o HMS Defender constitui parte da escolta de superfície do porta-aviões britânico, o HMS Queen Elizabeth, que é o centro dessa formação naval de projeção de poder. Enquanto a parte principal do Grupo realizava reabastecimento no Chipre, local de dois enclaves ultramarinos do Reino Unido, o Defender foi enviado ao Mar Negro, visitando a Ucrânia e a Geórgia, e outras embarcações participariam de missões diplomáticas e exercícios militares com Israel, Chipre, Egito e Grécia (MEDITERRANEAN, 2021).

Dentre essas missões, a visita do Defender à Ucrânia resultou em um acordo que expande a cooperação do país no âmbito da Defesa com o Reino Unido. O acordo inclui a construção de duas bases navais por parte de empresas britânicas para uso ucraniano, venda de sistema de mísseis e outros armamentos, treinamento e a compra de duas embarcações anti-minas da Royal Navy, além de oito navios rápidos de lançamento de mísseis (fast missile warships). Por fim, a indústria de Defesa britânica liderará os planos de desenvolvimento das novas fragatas ucranianas, a principal plataforma de superfície operada pela Marinha da Ucrânia. Entende-se que este ponto abre a possibilidade de exportação da nova classe Type 31 de fragatas britânicas, ou de similares projetos baseados nessa classe, elaborada especialmente visando exportações. Os recursos financeiros para a realização do acordo, que ultrapassam 1,25 bilhão de libras, serão fornecidos ao Governo em Kiev pela agência estatal de empréstimos e financiamentos do Reino Unido, a UK Export Finance (UNITED KINGDOM, 2021a), demonstrando a disposição britânica em expandir a sua influência e atuação político-militar na região.

Dentre os tópicos acordados mencionados anteriormente, destaca-se a construção de duas bases navais para a marinha ucraniana. Considerando que uma dessas bases será construída no Mar de Azov – entre a Crimeia, a Rússia e a Ucrânia – é reforçado o entendimento de que o Reino Unido busca contestar a presença russa na Crimeia ao passo que estabelece novos laços com Estados da periferia europeia e reforça seu papel como uma das principais forças de liderança da OTAN na Europa. Esta concepção é sustentada quando considerados os anseios do Governo Britânico para o avanço do seu projeto de uma “Grã-Bretanha Global” no âmbito diplomático-estratégico.

Como mencionado anteriormente, o projeto Grã-Bretanha Global almeja, dentre outras questões, maior engajamento com parceiros para além da União Europeia, a consolidação do país como a principal potência militar europeia da OTAN e o “retorno” de sua atuação estratégica no Indo-Pacífico, acompanhado pela expansão de sua presença e atuação militar ultramarina focada nas suas capacidades aeronavais (UNITED KINGDOM, 2021). Em suma, esse projeto busca encerrar o que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, intitulou de a “era do recuo” (BEALE, 2021a) do pós-Segunda Guerra Mundial, período marcado pelo fim do Império Britânico e a redução da presença global do Reino Unido.

Assim, o caso da Ucrânia apresenta-se como uma das iniciativas bilaterais iniciadas por Londres para fortalecer sua posição internacional pós-Brexit, sendo o acordo firmado a bordo do HMS Defender um complemento ao Acordo de Parceria Comercial anglo-ucraniano firmado em 2020 – que visa expandir o acesso de produtos primários ucranianos ao mercado britânico, reduzindo a dependência do Reino Unido de importações de alimentos da União Europeia (TOMS, 2020). Entretanto, ainda que o Brexit tenha reforçado a posição do Reino Unido sobre a centralidade da OTAN e estimulado maior engajamento com outros Estados, sucessivos governos britânicos tradicionalmente mantiveram posição similar. O Brexit apresenta-se como um fator que reforçou a concepção do Reino Unido sobre a centralidade da OTAN na segurança europeia e como um meio do país manter um papel relevante no continente para seus aliados, incluindo os Estados Unidos.

Nesse contexto, o incidente envolvendo o Defender ocorreu logo após o anúncio por parte do governo russo, no final de março de 2021, sobre a imposição de áreas de exclusão a navios estrangeiros em determinados locais do Mar Negro, incluindo as águas nas proximidades da Crimeia e na entrada ao Mar de Azov, local de uma das futuras bases navais ucranianas construídas pelos britânicos. Logo, a rota adotada pela embarcação da Royal Navy simbolizou a ausência de reconhecimento por parte do Reino Unido e da OTAN sobre as reivindicações russas de soberania sobre a Crimeia e a preponderância de Moscou sobre o Mar Negro. O incidente é parte de uma estratégia empregada por outros membros da OTAN desde a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. Acompanhada pela crescente presença militar, cooperação e treinamentos conjuntos com a Ucrânia e a Geórgia, essa estratégia é caracterizada pelas demonstrações de não-reconhecimento da soberania russa, como a realizada pelo Defender, e pela rotatividade de embarcações das marinhas da Organização no Mar Negro, especialmente dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França, na tentativa de manter uma presença constante na área (EGGERT, 2021).

O crescimento de exercícios militares e da presença naval de membros da OTAN na região contribui para a adoção dos padrões da Organização por parte da Marinha Ucraniana e reduz a possibilidade da repetição de episódios de tensão entre esta força e a Marinha Russa. Neste caso, destaca-se que um episódio de confrontação ocorreu em 2018 e resultou na apreensão de três navios militares ucranianos por parte da frota russa. A diferença das ações russas derivadas das tensões envolvendo as forças navais da Ucrânia em 2018 e as resultantes da incursão britânica em 2021 destaca o peso ligado às capacidades diplomático-militares do Reino Unido e da OTAN. Apesar da aparente tensão enquanto o Defender navegava nas águas territoriais da Crimeia (BEALE, 2021), o comportamento russo em relação aos membros da Organização apresenta-se significativamente mais contido do que em relação à Ucrânia. Apesar da retórica oficial de Moscou após a passagem do HMS Defender incluir ameaças aos futuros deslocamentos navais britânicos nas proximidades da Crimeia, entende-se que as maiores capacidades diplomático-militares do Reino Unido e da OTAN em relação aos ucranianos contribuíram para que as reações russas imediatas fossem mais comedidas.

Dessa forma, o interesse de Kiev na continuidade da aproximação com a OTAN e com o Reino Unido pode ser aprofundado por demonstrações similares às realizadas pela Royal Navy. Como constatado pelos documentos sigilosos do Governo Britânico, a adoção da rota pelo mar territorial da Crimeia seria uma excelente “oportunidade” para demonstrar o interesse do Reino Unido em restaurar a integridade territorial da Ucrânia, ainda que fosse necessário gerar novos atritos com a Rússia (ADAMS, 2021). Considerando o enfoque renovado de Londres na OTAN para a cooperação em Defesa, a inclusão da Ucrânia nesta organização estaria alinhada com os interesses geoestratégicos britânicos que, dentre outras questões, possuem na Rússia a principal percepção de ameaça imediata ao Reino Unido.

A Grã-Bretanha Global no Mar do Sul da China

 Por fim, ainda que o Governo Britânico tenha colocado maior ênfase na Rússia como competidora imediata, a China encontra-se como um dos principais desafios estratégicos identificados pela Revisão Integrada de Segurança e Defesa (UNITED KINGDOM, 2021). Neste ponto, a própria presença temporária do HMS Defender no Mar Negro e o restante do Carrier Strike Group no Mediterrâneo possui como principal objetivo operacional de seu deslocamento inaugural contestar a crescente preponderância chinesa no Mar do Sul da China. Assim, o Defender, em conjunto com os outros nove componentes navais do Strike Group, realizará incursões próximas aos territórios insulares reivindicados pela China na região como demonstração de não reconhecimento das reivindicações chinesas e como exercício de livre-navegação.

Acompanhando esse grupo desde sua partida da costa britânica, há um navio da Marinha dos Estados Unidos, o USS The Sullivans, e o HNLMS Evertsen da Marinha Real Holandesa (Royal Netherlands Navy), sendo que este último esteve com o Defender no Mar Negro em junho de 2021 (ALLISON, 2021). A presença de ao menos uma embarcação dos Estados Unidos e um aliado europeu membro da OTAN no deslocamento naval do Reino Unido contribui para o fortalecimento da posição britânica na contestação da posição chinesa ao demonstrar que Londres atua com o suporte direto de Washington e de outros aliados atlânticos.

Assim, o enfoque do Reino Unido por meio do Strike Group está na demonstração de sua capacidade em projetar poder em escala global e na apresentação aos seus aliados regionais do crescente engajamento britânico no Indo-Pacífico, caracterizado pela oposição às reivindicações regionais da China. Dentre os laços no aspecto da Defesa regional mantidos por Londres destacam-se os Cinco Acordos de Força de Defesa (Five Power Defence Arrangements) em conjunto com Singapura, Malásia, Austrália e Nova Zelândia. Originalmente estabelecidos para a defesa da Malásia e Singapura, esses acordos visam a consulta mútua em caso de uma das partes ser atacada militarmente. Tendo exercícios militares realizados de forma anual por meio dos Cinco Acordos, a presença do Strike Group marca a celebração dos 50 anos da organização em 2021 (ALLISON, 2021). Além disso, a incursão britânica no Mar do Sul da China pode ser vista como uma forma de Londres indicar estar disposta a apoiar atos similares dos Estados Unidos, contribuindo para a conservação da “relação especial” com Washington.

Logo, apesar de inserido dentro da reorientação do Reino Unido para além da União Europeia, o incidente envolvendo o HMS Defender pode ser entendido como um ensaio prévio e em menor escala quando comparado ao deslocamento similar que o Governo Britânico pretende realizar de forma regular a partir de 2021 no Mar do Sul da China. Na percepção de Londres, a Rússia permanece como a principal ameaça estatal ao Reino Unido, contudo, os anseios de uma Grã-Bretanha Global indicam que a expansão da atuação do país em regiões como o Indo-Pacífico colocam o Reino Unido crescentemente em oposição à China. As tensões renovadas com a Rússia e a disposição em testar a China em condições similares indicam que a Grã-Bretanha Global representa uma nova forma do Reino Unido se reafirmar como uma grande potência e como uma das lideranças ocidentais na oposição aos anseios político-territoriais da Rússia e da China.

* João Vitor Tossini é doutorando em Relações Internacionais pelo PPGRI San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP).

Imagem: O HMS Defender da Royal Navy. Por: Royal Navy/Defence Images/Wikimedia Commons.

 

Referências

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Represa da Renascença reacende tensões geopolíticas entre Egito, Sudão e Etiópia

Por

Lucas Oliveira Ramos*

Muitas das tensões geopolíticas no Chifre da África são decorrentes da luta colonial e histórica dessa sub-região que envolveu  França, Itália, Reino Unido e  Etiópia (nação que resistiu à jornada colonial europeia dos séculos passados). Hoje, a herança dessa luta pode ser lida através das disputas territoriais, as indefinições acerca da posse e do uso dos recursos hídricos advindos do Rio Nilo e a crescente onda de migração e refúgio, corolário dos conflitos civis e interestatais que esses países sofreram em seu passado recente.

Recentemente, atritos nas relações de Etiópia, Sudão e Egito voltaram ao centro das atenções devido ao acirramento das negociações da construção da barragem no Rio Nilo, projeto e sonho antigos dos governos etíopes. Dadas as instabilidades internas e rivalidades entre esses três países, a possibilidade da militarização dessa região é iminente e chama a atenção.

 

Uma breve retomada histórica das relações tríplice

No início de março de 2021, Sudão e Egito assinaram um pacto militar que visava a melhoria das relações entre os dois Estados através de um encaixe coeso no que tange às suas principais políticas de segurança nacional. Este acordo surge no contexto de negociações das barragens momentaneamente interrompidas da Represa do Renascimento (Grand Ethiopian Renaissance Dam — GERD) e a consequente disputa fronteiriça com Sudão e Etiópia. Historicamente, os três países disputam a posse e usufruto dos recursos hídricos do Nilo. Importante ressaltar que a Etiópia é um país montante (mais próximo da nascente) em relação ao Nilo e possui cerca de 85% da extensão do rio, ao passo que Sudão e Egito estão à jusante (mais próximos da foz).

Em 2011, Meles Zenawi, à época primeiro-ministro etíope, lançou os fundamentos da GERD. Desde então, reacenderam-se os problemas de cooperação fronteiriça sobre o domínio das águas daquela região, o que contribuiu para o pacto firmado em 2021 pelo Egito e o Sudão. Muito embora ambos os países afirmem que o motivo do pacto tem a ver com as semelhanças em relação aos desafios de segurança nacional e às grandes possibilidades de spillover das suas situações internas, é importante que esse pacto também seja interpretado dentro do contexto geopolítico ampliado.

A assinatura do acordo aconteceu após a visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros sudanês, Mariam Al Mahdi, ao presidente egípcio Abdel Fattah El Sisi. Os chefes de pessoal das forças armadas de ambos os países, General Mohammed Farid Hegazy (Egito) e General Mohamed Othman Al Hussein (Sudão), assinaram o pacto na capital do Sudão, Cartum.

Em declaração, ambas as partes expressaram a sua gratidão pelo aumento das relações de segurança e cooperação entre os dois países. O General Hegazy declarou que “o Egito está pronto para atender o pedido do Sudão em todos os domínios, incluindo armamentos, formação conjunta, apoio técnico e fronteiras conjuntas de segurança”, aludindo à potencial ameaça iminente que paira sobre ambos os países. Esta declaração serve como uma garantia para os sudaneses, mas um aviso aos potenciais inimigos sobre a disponibilidade de recursos e a prontidão para utilizá-los.

À época em que a declaração foi redigida, a Etiópia ainda não havia respondido ao movimento estratégico de Egito e Sudão. Ainda assim, em março de 2021, o Sudão acusou a Etiópia de estar envolvida em disputas relacionadas com a fronteira. A disputa de um século sobre a região al-Fashqa — onde a região de Amhara, na Etiópia, se encontra com o estado sudanês de Gadarif — foi reacendida recentemente. Os tratados anglo-etíopes de 1902 e 1907 atribuíram a terra ao Sudão, mas os agricultores etíopes utilizaram as terras agrícolas ao longo dos anos. Em 2008, o antigo primeiro-ministro da Etiópia, Meles Zenawi, e o governo do Sudão celebraram um acordo bilateral relativo à disputa fronteiriça da al-Fashqa. A Etiópia reconheceria a área como parte do Sudão e, em troca, os agricultores etíopes seriam autorizados a continuar a lavrar as terras agricultáveis. 

Tanto o Sudão como a Etiópia acusaram-se mutuamente de usurpação. No início de 2021, o Sudão recuperou a zona al-Fashqa e acusou a Etiópia de sobrevoar aviões militares, emboscando soldados sudaneses e matando civis, incluindo cinco mulheres e crianças. A Etiópia alegou que os militares sudaneses tiraram proveito  de sua supervisão e  proteção de  fronteiras para invadir e pilhar propriedades, enquanto abordava o conflito do Tigray.

Cartum, por sua vez, alega que Adis Abeba vendeu armas a grupos rebeldes para permitir a desestabilização do país, um ato que os sudaneses entendem como uma tentativa de distração  das verdadeiras questões que afligem ambas as partes e a região, em geral. Estas acusações surgem na sequência da assinatura do pacto militar entre o Egito e o Sudão em março.

Interesses, segurança e a Represa da Renascença

A GERD tem sido um ponto de inflexão à cooperação na região. Na sequência da decisão unilateral da Etiópia de construir uma barragem de 6.450 megawatts no alto do Nilo Azul, o Sudão e o Egito contestaram a decisão invocando direitos “históricos” ou “coloniais” sobre a via navegável, tal como acordado pelo Tratado Anglo-Egípcio de 1929 e 1959.

Na sua busca por desenvolvimento e autonomia, a Etiópia considera a segurança energética como um fator importante e integral. À jusante, Egito e Sudão citaram o risco potencial para a sua segurança hídrica com implicações para a alimentação, o meio ambiente e a segurança humana, mais amplamente, nos seus territórios. Independentemente das suas preocupações, a Etiópia construiu a barragem e a segunda fase de abastecimento  está atualmente em curso. Esta tem sido a fonte do imbróglio entre os três países.

O Egito e o Sudão apelaram a um “acordo global” para assegurar que os seus interesses não sejam ameaçados após a conclusão da barragem. Em resposta, a Etiópia rejeitou o pedido de outro acordo e está prestes a iniciar a segunda fase da construção da barragem. O Egito e o Sudão responderam assinando o pacto militar para reforçar a inteligência e a partilha de recursos entre os dois Estados à jusante.

Ambiente político interno

A dinâmica política interna instável tanto na Etiópia como no Sudão é outro fator que contribui para a recente instabilidade. Após sua ascensão como primeiro-ministro da Etiópia, em 2018, Abiy Ahmed cultivou alianças com o descontente Partido Democrático Amhara (ADP), ao mesmo tempo em que deixou de lado a Frente de Libertação do Povo Tigre (TPLF), da qual Zenawi (o primeiro-ministro que cedeu a al-Fashqa aos sudaneses) era membro.

No Sudão, o governo de transição, um acordo de partilha do poder civil-militar foi recebido com desentendimentos e desconfianças. O Sudão tem de gerir conflitos no Porto do Sudão e na região de Darfur. Os conflitos internos resultam frequentemente em migração populacional para áreas menos conturbadas ou regiões vizinhas e crises de refugiados — complicando ainda mais o desacordo fronteiriço entre a Etiópia e o Sudão.

O papel dos atores externos

A administração Trump, juntamente com o Banco Mundial, liderou o processo de mediação entre os três países, desde novembro de 2019, até meados dos anos 2020. O fracasso dos esforços internacionais ocasionou a passagem do bastão ao então presidente da União Africana (UA), Cyril Ramaphosa. Em 2 de março de 2021, os ministros dos negócios estrangeiros egípcio e sudanês apelaram a uma expansão do quadro de mediação para incluir as Nações Unidas, os EUA, e a União Europeia. A Etiópia rejeitou este pedido, citando que tal gesto mina as “soluções africanas para os problemas africanos”, apresentado por Thabo Mbeki e a agenda pan-africana. Além disso, os esforços estabelecidos por Cyril Ramaphosa antes de ser sucedido por Félix Tshisekedi, da República Democrática do Congo, seriam comprometidos.

Para além das negociações regionais, também é necessário pontuar os alinhamentos internacionais que esses países possuem, uma vez que isso influi diretamente no processo negociador do imbróglio. Embora os EUA tenham uma boa relação com o governo egípcio em termos militares, a Etiópia desenvolveu uma das mais fortes relações econômicas com a China no continente. Embora as relações Egito-EUA sejam sublinhadas por tensões em torno de questões de direitos humanos, os primeiros vêem os EUA como um aliado influente, sobremaneira na ONU.

A Etiópia, antecipando as dinâmicas apresentadas, insiste que a UA seja o principal mediador dos processos de negociação. No esquema mais amplo da Agenda 2063 (programa de desenvolvimento econômico africano, lançado em 2015), a UA tem um papel mais importante a desempenhar na obtenção de um consenso sobre a GERD, no entanto, o ônus recai sobre o Egito para reavaliar a premissa sobre a qual reivindica “direitos adquiridos” aos recursos hídricos da Bacia do Nilo.

Por fim, é importante destacar a crescente presença do estado de Israel no Chifre. À medida em que os laços etíopes e israelenses se reforçam, o Egito tem se preocupado com as implicações dessa relação nas negociações das barragens. Dado o histórico de inimizade entre Egito e Israel, é importante mencionar, entretanto, que essas relações evoluíram positivamente, especialmente através das linhas de segurança nacional. Com ambos os países preocupados com a crescente influência do Irã na região árabe e o aumento da insurgência islâmica na Península do Sinai, no Egito, e no território palestino da Faixa de Gaza, a ameaça comum às suas agendas de segurança nacional resultou na cooperação e na coordenação da estratégia entre ambos. 

Por que essa questão é importante para a União Africana?

Subjacente ao estabelecimento e transição da Organização de Unidade Africana (OUA) para a União Africana esteve a busca de um desenvolvimento orientado para a África que seja anti-colonização, anti-imperialista e anti-imposição externa — uma agenda de desenvolvimento doméstico que vise à plena exploração do potencial da África como ator estratégico e global, englobando a fundação da instituição. Ao traçar a sua trajetória de desenvolvimento, vários tratados e agendas —  tais como o Plano de Ação de Lagos, o Tratado de Abuja, a Nova Parceria para o Desenvolvimento de África (Nepad) e a Agenda 2063 — foram ratificados por todos os países do continente africano.

Embora a vontade política e o empenho sejam fundamentais para a implementação bem-sucedida da agenda do desenvolvimento, a paz, a segurança e a estabilidade são de igual importância. Assim, é necessária uma ação da UA para escapar ao conflito interestatal na região, ao mesmo tempo que exorta diplomática e pacificamente todas as partes no sentido de uma (re)solução duradoura. Contudo, no caso de uma guerra em larga escala, é importante examinar os potenciais resultados.

Mais do que nunca, o presidente da UA precisa demonstrar liderança no Chifre de África. Uma equipe de mediadores africanos (com a participação periférica e apoio de parceiros internacionais estratégicos como os EUA, China, Rússia, e Nações Unidas) é imperativo e urgente para resistir à tempestade iminente na sub-região.

* Lucas Oliveira Ramos é doutorando no PPG RI San Tiago Dantas e pesquisador do Gedes.

Imagem Destacada: Blue Nile Falls. Por Guistino/Wikimedia Commons.

Imagem no corpo do texto: Grand-Ethiopian dam. Por Wikimedia Commons.