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Tecnologia

Quien dependa de Elon Musk perderá su autonomía

Por

*Eduardo J. Vior

Publicado originalmente em Mirada Gremial

Mediante su tecnología satelital el multimillonario dueño de Starlink limita la libertad de mercado y la soberanía de los países donde ha invertido, empezando por EE.UU.

En su mensaje de presentación del cuestionado mega DNU el pasado miércoles 20, el presidente Javier Milei reconoció que la desregulación de la provisión de Internet se hace para favorecer el ingreso a ese mercado de empresas como Starlink, la que mencionó explícitamente. El jefe de Estado, empero, no explicó qué recaudos se tomarán, para proteger la libertad de información y la soberanía del pueblo argentino ante las denuncias de funcionarios y ciudadanos norteamericanos por las limitaciones que estos principios sufren por efecto del control territorial que ejerce la empresa de comunicación digital por satélite.

“Desregulación de los servicios de Internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink”, dijo Milei al referirse al punto 28 de las 30 desregulaciones que mencionó en su discurso del miércoles 20.

Starlink es una empresa de provisión de servicios de Internet por los satélites de su matriz SpaceX, que ya colocó casi 4 mil naves en órbita terrestre baja (LEO, por su nombre en inglés) que dan acceso de alta velocidad a la red a más de un millón de clientes privados, institucionales y estatales en 70 países. En América Latina opera en Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y México. En Argentina, en tanto, la empresa ya estaba habilitada desde 2021, pero todavía no tiene asignadas bandas de frecuencia ni ha completado la coordinación de su red trasmisora con la empresa estatal ARSAT que ofrece este mismo acceso.

A diferencia de un servicio de fibra óptica, Starlink alcanza velocidades de descarga entre 25 y 220 megabites por segundo (mbs), aunque puede superar los 100mbs, mientras que, según la propia empresa, la latencia varía entre 25 y 60mbs en tierra y más de 100mbs en ubicaciones remotas. En los países donde está presente el costo mensual del servicio Starlink Standard es de U$S90. A eso se suma una tarifa de 599 dólares por el equipamiento de antena y receptor.

SpaceX, la empresa propietaria de Starlink, comenzó a lanzar satélites Starlink en 2019 y para mediados de la década de 2020 calcula tener en órbita cerca de 12.000 satélites. La empresa también planea vender satélites para uso militar, científico y de exploración. Recientemente su propietario, Elon Musk, ha anunciado el próximo lanzamiento de Starlink 2.0 con satélites de 7,5 kg. Sin embargo, éstos requieren cohetes más grandes que los actuales y, por consiguiente, la adecuación de las plataformas de lanzamiento. Como parte de este vertiginoso desarrollo, a principios de la semana pasada la firma instaló su primera antena en Paraguay, en el Chaco Boreal. La conexión satelital permite a la compañía de Elon Musk ganar mercados en las áreas aisladas o menos urbanizadas. De ese modo adquiere una enorme ventaja sobre sus competidores y sobre los propios estados, que mayormente dependen de la conexión por fibra óptica.

Space Exploration Technologies Corp., conocida como SpaceX, es una empresa estadounidense de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial con sede en Hawthorne (California). Fue fundada en 2002 por Elon Musk con el objetivo de reducir los costos de viajar al espacio para facilitar la colonización de Marte. La compañía ha desarrollado varios vehículos de lanzamiento, la constelación Starlink, la nave de carga Dragon y ha llevado en la Dragon a dos astronautas hasta la Estación Espacial Internacional. Sus logros tecnológicos son impresionantes.

El dueño de ambas firmas tecnológicas, Elon Reeve Musk (1971), conocido como Elon Musk, es un empresario, inversor y magnate sudafricano que también posee las nacionalidades canadiense y estadounidense. Es el fundador y directivo de SpaceX; Tesla, Inc., The Boring Company; cofundador de Neuralink y OpenAI (aunque ya no tiene más participación en esta última), además de ser el director de tecnología de X Corp. Con un patrimonio neto estimado en junio de 2023 en unos 207 mil millones de dólares, Musk es la persona más rica del mundo.

Este empresario nació en Pretoria (Sudáfrica) de madre canadiense y padre sudafricano blanco. Estudió brevemente en la Universidad de Pretoria antes de trasladarse a Canadá a los 17 años para luego estudiar en la Universidad de Pennsilvania donde se graduó en Economía y Física. En 1995 se trasladó a California, cofundando la empresa de software web Zip2 con su hermano Kimbal. En 1999 la empresa fue adquirida por Compaq por 307 millones de dólares. Ese mismo año Musk creó el banco online X.com que se fusionó con Confinity en 2000 para formar PayPal. La empresa fue pronto comprada por eBay por 1.500 millones de dólares.

En 2002 Musk fundó SpaceX, fabricante aeroespacial y empresa de servicios de transporte espacial, y en 2003 se unió a la fábrica de vehículos eléctricos Tesla Motors Inc. (ahora Tesla Inc.) como presidente y arquitecto de productos, convirtiéndose en su consejero delegado en 2008. Siguieron importantes fundaciones de empresas que constituyen hitos de su imperio tecnológico. En 2022, finalmente, compró por 44.000 millones de dólares la red social Twitter, la que rebautizó como X.

En el contexto de la política estadounidense Musk ha manifestado su apoyo a Barack Obama en 2008 y 2012, a Hillary Clinton en 2016 y a Joe Biden en 2020. Sin embargo, en 2022 giró hacia el Partido Republicano, aunque sus posiciones ideológicas son contradictorias: está al mismo tiempo a favor de la renta básica universal, del derecho a la libre portación de armas, de la libertad de expresión y de un impuesto sobre las emisiones de carbono y se opone a las subvenciones gubernamentales.

Sus opiniones sobre las relaciones internacionales, incluidos los conflictos entre China y Taiwán y entre Rusia y Ucrania, han recibido reacciones encontradas. También apoyó el golpe de estado en Bolivia en noviembre de 2019 (declaradamente, para quedarse con el litio de ese país). Por el contrario, ha elogiado a China y mantiene una estrecha relación con el gobierno chino, lo que permite el acceso de Tesla al mercado de la potencia asiática.

A principios de abril de 2022, ante la destrucción de los servicios convencionales de Internet en Ucrania, SpaceX donó 3667 de un total de 5000 terminales Starlink que USAID proveyó a Ucrania. Starlink donó además las cuotas por servicio o abonos que normalmente Kiev debió haber costeado. Según Elon Musk, hasta el octubre siguiente su empresa había donado a Ucrania U$S80 millones y a fines de 2022 estimó que el costo de proveer acceso a Internet satelital a Ucrania alcanzaba los U$S20 millones mensuales.

Así, las terminales de satélite de SpaceX se hicieron cruciales para las operaciones militares ucranianas. Sin embargo, durante el verano boreal de 2023, la contraofensiva ucraniana en la sureña provincia de Zaporiyia se frenó, cuando su vanguardia descubrió que, traspasada una cierta línea, la conexión a Internet dejaba de funcionar. Interpelado por los medios, Elon Musk eludió una respuesta directa, pero declaró que había rechazado una solicitud ucraniana para extender la conexión satelital hasta Sebastopol, porque no quería involucrar a SpaceX en la guerra. Algunas fuentes citaron en ese contexto sus buenas relaciones con Vladímir Putín.

En octubre de 2022 Musk propuso en Twitter que Ucrania cediera Crimea a Rusia de forma permanente y abandonara su intento de ingresar en la OTAN. Ese mismo mes el magnate sugirió que Taiwán se convirtiera en “una zona administrativa especial” de China con un “acuerdo más indulgente que Hong Kong”. Todavía tan recientemente como el 10 de noviembre de 2023 Musk criticó las acciones de Israel en la Franja de Gaza. Sin embargo, una semana después cambió su política en la plataforma X, declarando que serán suspendidos los usuarios que utilicen expresiones que, según él, impliquen el genocidio de los israelíes.

A lo largo de su carrera en EE.UU. Elon Musk se ha involucrado en interminables polémicas. Sus puntos de vista libertarios, conspirativistas, extremadamente individualistas, machistas, antiinmigrantes, negacionistas del cambio climático y del Covid19, entre otros muchos, provocan regularmente la reacción de los medios de comunicación masivos y de la opinión pública posmodernista.

Pero la influencia de Musk es más descarada y expansiva. Hay pocos precedentes de que un civil se convierta en árbitro de una guerra entre naciones de forma tan granular o del grado de dependencia que Estados Unidos tiene ahora de Musk en diversos campos, desde el futuro de la energía y el transporte hasta la exploración del espacio. SpaceX es actualmente el único medio por el que la NASA transporta tripulación desde suelo estadounidense al espacio, una situación que persistirá al menos un año más. El plan del gobierno para que la industria automovilística se oriente hacia los coches eléctricos requiere aumentar el acceso a estaciones de carga a lo largo de las carreteras de Estados Unidos, pero esto depende de las acciones de otra empresa de Musk, Tesla. El fabricante de automóviles ha sembrado gran parte del país con sus propias estaciones de carga, hasta el punto de que el gobierno de Biden relajó su impulso inicial de una norma de carga universal que no gustaba a Musk. Todavía, empero, sus estaciones pueden recibir miles de millones de dólares en subvenciones, siempre que Tesla las haga compatibles con el otro estándar de recarga.

En los últimos veinte años, en un contexto de desmoronamiento de las infraestructuras y pérdida de confianza en las instituciones de Estados Unidos, Musk ha buscado oportunidades de negocio en áreas cruciales en las que el Estado ha retrocedido tras décadas de privatizaciones. El gobierno depende ahora de él, pero se esfuerza por reaccionar ante el gusto del empresario por tomar riesgos, su temeridad y su capricho. Funcionarios y ex funcionarios de la NASA, el Departamento de Defensa, el Departamento de Transporte, la Administración Federal de Aviación y la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo reconocen que la influencia de Musk se había hecho ineludible en su trabajo y varios de ellos afirmaron que ahora lo tratan como una especie de funcionario no electo.

Si la primera potencia de Occidente reconoce los riesgos que trajo la creciente influencia del pulpo tecnológico de Elon Musk y el poder que le ha dado remplazar al Estado ausente en territorios y áreas de políticas públicas esenciales, pueden imaginarse los peligros que amenazan a nuestro país, con un Estado que en el último medio siglo fue varias veces atacado, se retiró de grandes áreas de nuestro territorio y descuidó funciones esenciales que hacen al mantenimiento de la soberanía y la libertad de los argentinos. No es para mencionar tan a la ligera a una empresa, como si fuera el sponsor oficial del gobierno.

*Eduardo J. Vior é sociólogo veterano e jornalista independente, especialista em política internacional, professor do Departamento de Filosofia da Universidad de Buenos Aires (UBA).

Imagem: Starlink Mission. Por: Wikimedia Commons.

Boletim PAET&D 01.2023 – Rede de Pesquisa em Autonomia Estratégica, Tecnologia e Defesa

Por

Patrícia Matos, José Augusto Zague, Ana Penido,

David Succi Junior e Samuel Soares*

Acesse a versão original em pdf.

 

A Rede de Pesquisa em Autonomia Estratégica, Tecnologia e Defesa – Rede PAET&D – constitui-se em torno da pesquisa “Incorporação de tecnologia aeroespacial para a Defesa: impactos organizacionais, doutrinários e na autonomia estratégica”, um projeto PROCAD-DEFESA, financiado pela CAPES. Compõem a Rede pesquisadores do ensino médio a docentes vinculados a três Programas de Pós- Graduação: em Relações Internacionais, San Tiago Dantas – UNESP-UNICAMP-PUC-SP; em Ciências Aeroespaciais, Universidade da Força Aérea – UNIFA –; e em Desenvolvimento Econômico, da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP.

A abordagem geral reside nas vinculações entre desenvolvimento tecnológico, doutrina de emprego, organização militar, impacto social e as políticas públicas de Defesa e de Segurança Internacional, à luz de um quadro mais geral de mudanças substantivas no cenário internacional, com o recrudescimento de antagonismos entre grandes potências e a multiplicação de conflitos de caraterísticas que dificultam seu enquadre taxonômico. Neste cenário, o posicionamento de países mais distantes do centro de poder mundial torna-se mais complexo diante da turbulência de influxos que buscam atrair países periféricos e semiperiféricos para os polos em disputa. O resultado deste reordenamento polar é a drástica redução da liberdade de ação dos países do Sul Global com impactos na autonomia estratégica destes países.

A Rede analisa os impactos da dependência epistêmica em relação aos países do centro nas definições do emprego dos meios de força, no quadro de dependência tecnológica e nos desdobramentos para o futuro.

Diferentes questões marcam os primeiros meses de 2023, e tomamos duas delas como estruturantes. Internacionalmente, segue se estendendo a guerra na Ucrânia, ampliando os impactos na indústria de defesa em específico e na economia global em geral. No plano doméstico, a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva promete mudanças para a indústria de defesa doméstica e maiores investimentos para o desenvolvimento de ciência e tecnologia nacional.

Buscando contribuir para a redução das dependências e descolonização das práticas, a Rede PAET&D consolidará periodicamente as principais notícias que merecem uma análise crítica sobre o tema em quatro grandes eixos: o que adquirir ou produzir; de quem adquirir ou com quem produzir; processos de aquisição e produção; e quanto gastar. Os links para as notícias utilizadas como matéria prima estão inseridos no próprio corpo do texto. Boa leitura!

O QUE ADQUIRIR OU PRODUZIR

A decisão sobre o que produzir (ou mesmo adquirir) na área de defesa precisa partir das definições estratégicas nacionais. No caso brasileiro, os documentos oficiais (Livro Branco da Defesa Nacional e a Estratégia Nacional de Defesa), não apresentam uma articulação clara entre a produção endógena de armamentos e as ameaças que justifiquem os gastos para produzi-los. Por sua vez, definições estratégicas se subordinam à política externa e doméstica em geral. A discussão sobre autonomia costuma se relacionar com um terceiro grupo de questões sobre como produzir. Na prática, o Brasil tem poucas empresas com capacidade para participar das cadeias produtivas globais do setor, pela baixa incorporação de tecnologia dos bens e serviços produzidos internamente, notadamente na produção de componentes e partes utilizadas na montagem dos armamentos.

A Avibras, uma das principais empresas estratégicas de defesa do Brasil, após anunciar problemas financeiros, poderá ser adquirida por grupo alemão. Outro grupo estrangeiro interessado em adquirir a Avibras é o Edge Group, dos Emirados Árabes. A venda da empresa é prejudicial à autonomia nacional no campo de mísseis e foguetes. Grupos estrangeiros adquiriram importantes empresas estratégicas que antes eram controladas por capital nacional, com destaque para a AEL (antiga Aeroeletrônica), controlada pela israelense ELBIT, que também produz componentes para o GRIPEN-NG; e para a subsidiária brasileira da empresa italiana Iveco (que produz o blindado Guarani).

A venda do blindado Guarani para as Filipinas foi vetada pelo governo alemão, algo possível pois o veículo blindado possui entre seus componentes a transmissão automática, que é produzida pela empresa alemã ZF. Segundo a Alemanha, o veto ocorreu porque as Filipinas são um país que desrespeita os direitos humanos. Entretanto, analistas apontam o veto como uma retaliação pela recusa brasileira em fornecer munições para a Ucrânia. O ocorrido pode impulsionar o Brasil a contornar o problema encontrando fabricantes nacionais para as peças alemãs. De maneira geral, o veto alemão é uma demonstração da grande dependência da indústria de defesa brasileira dos fornecedores externos, e da ausência de fornecedores nacionais para produção de componentes e sistemas de maior sofisticação tecnológica.

DE QUEM ADQUIRIR OU COM QUEM PRODUZIR

Acordos nessa área precisam levar em conta as disputas geopolíticas globais, identificando, se possível, parcerias que possam também cooperar no nível estratégico e político, além de se tornarem compradores de outros produtos brasileiros, e não competidores no mercado internacional.

Após a Boeing desistir de comprar a Embraer, a empresa estadunidense tem contratado engenheiros da empresa brasileira que podem deter segredos industriais, prática que vem sendo contestada na justiça como uma forma indireta de absorção da capacitação da engenharia aeronáutica nacional. A iniciativa pode indicar uma mudança na estratégia da Boeing, na busca por enfraquecer a Embraer e preparar o ambiente para uma nova tentativa de aquisição.

Outro projeto estratégico brasileiro, o submarino nuclear, também apresenta motivos para preocupação. A empresa estadunidense Flowserve adquiriu a empresa estratégica francesa Velan, detentora da Segault, que equipa os submarinos nucleares franceses, e é também fornecedora da Naval Group (que tem parceria com o Brasil no projeto do submarino nuclear). A França desenvolveu durante a presidência de Charles De Gaulle, na década de 1960, uma política de autonomia estratégica na produção de armamentos. No modelo de difusão da tecnologia militar globalizada, a produção de armamentos é concentrada em grandes conglomerados. Os projetos autônomos de alta tecnologia na área militar têm enfrentado dificuldades com a escala produtiva (quantidade reduzida) e menor possibilidade de ganhos em aprendizagem, que poderiam contribuir para a redução dos custos. O avanço de empresas estrangeiras na produção de partes e componentes também dentro do Brasil, amplia a dependência externa da indústria de defesa nacional.

PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E PRODUÇÃO

A UOL produziu matéria descritiva sobre as capacidades da Força Aérea Brasileira. Quando comparada a outras forças aéreas da região, o Brasil tem a segunda maior frota das Américas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos da América. A reportagem, entretanto, discute apenas o quantitativo de equipamentos, sem colocar em pauta as diferentes estratégias e os consequentes instrumentos de força necessários para atendê-las pelos países comparados.

A Embraer anunciou que iniciará a montagem final de quinze caças Gripen como parte da transferência de tecnologia contratada com a SAAB para o fornecimento de 36 caças para a FAB, dentro do Programa F-X2. A empresa brasileira absorverá tecnologias na área da engenharia de sistemas, hardware, software e integração de sistemas, o que permitirá a produção de aeronaves de combate de 4ªgeração. A produção da aeronave exigiu a regionalização da montagem, com a consequente construção de uma fábrica da SAAB em São Bernardo (SP). A estrutura financeira da fábrica é composta por um sócio majoritário, a Saab (90%) e um parceiro minoritário, a brasileira Akaer (10%), empresa de engenharia especializada no desenvolvimento de aeroestruturas, parceira da Saab desde 2009, quando foi contratada para desenvolver o projeto de segmentos da fuselagem do Gripen. Não há previsão de que outras empresas brasileiras forneçam componentes (recheio) de tecnologia avançada para a aeronave.

Por fim, cumpre lembrar que os processos de aquisição de armas leves por particulares estiveram aquecidos nos últimos anos. Entre 2018 e 2021, enquanto o mercado mundial que comercializa armamentos retraiu-se (tendência que se modifica com a erupção da guerra na Ucrânia), aumentou a importação de armas no Brasil, notadamente devido à política de facilitação para a aquisição de armas por grupos de Colecionadores, Atiradores e Caçadores adotada por Jair Bolsonaro. A empresa Taurus, importante fabricante, importadora e exportadora de armas leves para o mercado mundial, tem sede no Brasil.

QUANTO GASTAR

Quando se trata de gastos para a indústria de defesa bélica no âmbito global, o céu não tem limites. A Guerra entre a Rússia e a OTAN na Ucrânia tem impulsionado o complexo industrial militar dos EUA. As projeções do Pentágono para investimento no desenvolvimento de caças de sexta geração alcançam a marca de 34 bilhões de dólares. A tecnologia hipersônica para aeronaves pode ser disruptiva, e seu desenvolvimento, inclusive para uso militar, tem sido levado a cabo pelos EUA e China.

No Brasil, a demanda pela ampliação dos gastos em defesa é recorrente, e consta na atual minuta da Estratégia Nacional de Defesa em análise no Congresso Nacional, com a proposta de destinar 2% do PIB nacional para gastos da pasta (parâmetro de gasto inspirado nas recomendações da OTAN). São frequentes também as análises críticas do orçamento de defesa nacional, que direciona a maioria dos recursos para o pagamento de despesas correntes e de pessoal, em detrimento dos gastos com aquisições e investimentos.

Por fim, para além da discussão sobre quanto gastar, é pertinente refletir sobre a origem dos recursos. Uma empresa sul-coreana lançou foguete utilizando a Base de Alcântara, ainda sem finalidade comercial. De toda maneira, os recursos com o aluguel do Centro de Lançamentos não podem ser utilizados para o desenvolvimento de lançadores pelo programa espacial brasileiro, devido ao acordo de salvaguardas assinado com os EUA. Recorda-se que o acordo não prevê nenhuma transferência de tecnologia.

 

PARA SE APROFUNDAR: ARTIGOS ACADÊMICOS SOBRE O TEMA PUBLICADOS RECENTEMENTE

“The technopolitics of security: Agency, temporality, sovereignty”. Artigo de Frank Müller and Matthew Aaron Richmond na revista Security Dialogue, 2023 (v.54:1, pg. 3-20). Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.117 7/09670106221141373.

“Developments in Military Expenditure and the Effects of the War in Ukraine”. Artigo de Nan Tian, Diego Lopes, da Silva, Lucie Béraud- Sudreau, Xiao Liang, Lorenzo Scarazzato e Ana Assis na revista Defence and Peace Economics, 2023. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/ 10242694.2023.2221877.

 

* Patrícia Matos é professora do Programa de Pós-graduação em Ciências Aeroespaciais da Universidade da Força Aérea (UNIFA), Doutora em Ciências Aeroespaciais pela UNIFA e Doutoranda em Economia Política Internacional pela UFRJ. José Augusto Zague é membro do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES- Unesp), e-mail: j.zague@unesp.br.; Ana Penido é pesquisadora de pós-doutorado do programa de Ciência Política da Unicamp, David Succi Junior é pesquisador de pós-doutorado do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP) e Samuel Soares é professor da UNESP, campus de Franca, e do PPGRI San Tiago Dantas. Todas as autoras e autores participam do Programa de Pesquisa Acadêmica em Defesa Nacional (Procad-Defesa) no Projeto “Incorporação de Tecnologia Aeroespacial para a Defesa” da Rede PAET&D.

Imagem: Logo da Rede PAE&D.

A atuação da Microsoft no Brasil e as relações Brasil – EUA*

Por

Murilo Motta**

O estudo das tecnologias da informação é um campo que merece destaque na pesquisa na área de Relações Internacionais, tanto porque essas tecnologias foram decisivas na estruturação do sistema interestatal pós-2ª Guerra, quanto porque elas continuam a transformar as relações humanas em seus aspectos mais fundamentais, graças à popularização da Internet e das plataformas e redes digitais, através das quais opera o capitalismo de vigilância – um novo modelo de produção, cuja matéria-prima são os dados gerados pelos usuários de tecnologias digitais, que são utilizados na produção de modelos preditivos do comportamento humano, que também permitem sua modificação por antecipação.

De fato, a acumulação e circulação de dados digitais é um elemento central da economia política do século XXI. O que nós entendemos como “tecnologia” nos dias de hoje muitas vezes significa tecnologias que instrumentalizam a informação, isto é, coletam, classificam, gerenciam e processam informações de modo a medir, registrar, controlar e prever o que coisas, pessoas ou outras informações podem ou devem fazer. Essas tecnologias tornaram a informação abundante e barata, dando origem a um novo tipo de economia política, baseada não na escassez das matérias-primas, mas no excesso da informação.

Este artigo objetiva contribuir para a compreensão dos impactos da adoção destas tecnologias digitais de ponta, desenvolvidas em países centrais, por países da periferia e semiperiferia do sistema interestatal. Especificamente, nos concentramos na atuação da Microsoft no Brasil. A Microsoft Corporation é uma empresa transnacional com sede em Redmond, Washington, EUA, que desenvolve e comercializa softwares de computador, produtos eletrônicos e serviços digitais. Entre seus produtos mais conhecidos estão o sistema operacional Windows, a linha de aplicativos para escritório Office, o navegador Internet Explorer e as redes sociais LinkedIn e Skype. Contudo, nos casos analisados a seguir, fica claro que o verdadeiro modelo de negócios da Microsoft é a privatização dos conhecimentos necessários para a inovação em tecnologias da informação.

Por exemplo, em 1985, o contencioso entre o Brasil e os EUA na questão da informática opôs os dois países em torno do acesso ao mercado brasileiro de produtos de informática. A Lei da Informática do Brasil, aprovada em outubro de 1984, previa a reserva do mercado nacional para produtos de informática produzidos por empresas brasileiras. No ano seguinte, o governo Reagan anunciou uma série de retaliações econômicas, destinadas a balancear o prejuízo potencial às empresas estadunidenses.

O contencioso da informática foi marcado pela emergência da Microsoft como um dos atores centrais da disputa, ao lado do governo estadunidense. Essa relação dialética entre Estado e empresas estadunidenses implica que a atuação internacional dos EUA sempre resulta de uma combinação entre os interesses do empresariado nacional e aqueles do governo. Consequentemente, a atuação da diplomacia dos EUA objetivava que o Brasil reconhecesse o regime internacional de propriedade intelectual que assegura os direitos autorais dos softwares e eliminasse a política de reserva de mercado para empresas nacionais. 

A pressão pelo reconhecimento do regime de patentes se tornou um elemento estrutural da política internacional, o que favoreceu a afirmação de grupos alinhados ao neoliberalismo no governo brasileiro. De fato, em janeiro de 1991, um novo projeto de lei sobre o software foi anunciado pelo Congresso brasileiro, desta vez recebendo o apoio do presidente da Microsoft. Uma nova Lei da Informática, de n. 8.248, foi sancionada no mesmo ano e confirmou o fim da reserva de mercado para outubro de 1992. 

A concentração dos conhecimentos necessários para desenvolver e operar tecnologias da informação de ponta entre algumas poucas empresas estadunidenses permitiu ao governo deste país deter as principais empresas desse setor sob sua jurisdição, o que lhes possibilitou acesso a uma gigantesca quantidade e variedade de dados vindos de todo o mundo. Além disso, na esteira dos ataques de 11 de setembro de 2001, o governo dos EUA implementou uma agenda de securitização da sociedade que neutralizou qualquer demanda por privacidade. Por exemplo, o USA PATRIOT Act, que esteve em vigor de 26 de outubro de 2001 até 2015, permitia que os órgãos de segurança e de inteligência dos EUA interceptassem ligações telefônicas e e-mails de organizações e pessoas supostamente envolvidas com o terrorismo nos EUA ou no exterior, sem necessidade de qualquer autorização do Poder Judiciário. Em 2015, o USA FREEDOM Act entrou em vigor em seu lugar, tornando necessária autorização judicial para que o governo estadunidense possa interceptar essas comunicações.

A atuação conjunta de empresas e governo estadunidenses continuou ao longo das décadas seguintes, em detrimento dos interesses do governo brasileiro. Em 2010, Chelsea Manning disponibilizou para a plataforma WikiLeaks uma série de mensagens diplomáticas trocadas no período de 2003 a 2010 entre embaixadas e o governo dos EUA, causando uma crise política e diplomática que ficou conhecida como Cablegate. 

Em uma destas mensagens, de 21 de dezembro de 2007, é relatado um encontro do presidente da Microsoft Brasil, Michel Levy, com o Embaixador dos EUA, Clifford Sobel, em que o presidente da filial brasileira desta gigante do software estadunidense afirma que o governo do Brasil e o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) estariam buscando descreditar o software proprietário da Microsoft (XML) em favor da adoção de softwares livres (ou Open Document Format, ODF), e aponta como fatores dessa posição questões ideológicas e interesses comerciais contrários aos dos EUA.

Em 2013, Edward Snowden disponibilizou uma série de documentos da National Security Agency (NSA) para o WikiLeaks, que ficaram conhecidos como SpyFiles. Dentre eles, há documentos que atestam que o governo dos EUA, através do programa PRISM, teve acesso aos servidores de armazenamento de dados dos usuários das principais empresas de tecnologias da informação do país, começando pela Microsoft, em 11 de setembro de 2007.

Além disso, outros documentos disponibilizados por Snowden para jornalistas do The Guardian atestam que houve cooperação direta entre a Microsoft e o governo dos EUA, uma vez que a Microsoft ajudou a NSA a contornar a criptografia de seu serviço de e-mail, o Outlook.com, e de seu serviço de conversas por áudio e vídeo, o Skype – comprado pela Microsoft em 2011.

As operações de vigilância da NSA realizadas no Brasil incluíram o monitoramento do telefone celular da então presidenta Dilma Rousseff, a coleta de dados da Petrobras e, de forma indiscriminada, de cidadãos brasileiros. Em resposta, Rousseff adiou uma visita oficial aos EUA, inicialmente prevista para outubro de 2013, e dedicou seu discurso na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas daquele ano à questão da vigilância em massa e da rede global de espionagem eletrônica, condenando as práticas da NSA como uma violação do Direito Humano à privacidade e como um desrespeito à soberania nacional.

Em 2015, uma nova série de vazamentos tornou públicas práticas de espionagem econômica levadas a cabo pelo governo dos EUA contra parceiros tradicionais, como a Alemanha, a França, a União Europeia e o Brasil. Segundo os documentos, entre 2011 e 2013, 29 “alvos” brasileiros tiveram seus telefones grampeados pela NSA, incluindo a presidenta Dilma Rousseff, seu assistente, sua secretária, o Chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, o Ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, o embaixador brasileiro nos EUA, Luiz Alberto Figueiredo Machado, e a Procuradora-Geral do Ministério da Fazenda, Adriana Queiroz de Carvalho.

Tanto no contencioso da informática entre o Brasil e os EUA na década de 1980, quanto nos casos das denúncias de espionagem internacional ao longo dos anos 2010, a Microsoft e o governo dos EUA atuaram em sinergia de modo a garantir seus interesses, em detrimento dos interesses, da privacidade e da soberania do governo brasileiro. Nestes casos, ficaram claras as vulnerabilidades a que se expõe qualquer país quando adota tecnologias estrangeiras, desenvolvidas por empresas intimamente ligadas a seus respectivos governos. Entretanto, a rejeição a elas não é tão simples. Empresas como as GAFAM concentram os conhecimentos e as capacidades necessárias para o desenvolvimento de novas tecnologias, de modo que a criação de alternativas nacionais não é tarefa fácil. 

De fato, como a Microsoft, tal qual as outras grandes empresas representadas pelas GAFAM, oferece vantagens de custo no armazenamento de dados, seus serviços são contratados por diversos países ao redor de globo. Isso acontece sem que exista uma discussão maior acerca das implicações sociais da adoção de tecnologias estrangeiras por países periféricos e semiperiféricos porque a racionalidade neoliberal hegemônica preza pela competitividade e pela eficiência, em detrimento de objetivos como o ajuste às necessidades locais e a promoção da autonomia. 

O neoliberalismo pode ser entendido como uma visão de mundo, escorada em um conjunto original de aparatos discursivos, práticas sociais e formas de conduta individual que buscam generalizar o princípio da concorrência em todas as dimensões da vida humana. Especificamente nas redes e plataformas digitais, a racionalidade neoliberal opera anulando e dissipando quaisquer ações coletivas que busquem criar outras lógicas que não sejam voltadas à concorrência e à reprodução do capital.

Ao longo do período analisado neste artigo, é possível notar que a concentração dos conhecimentos e capacidades necessárias para o desenvolvimento de tecnologias da informação contribuiu para a manutenção das assimetrias econômicas e políticas entre o Brasil e os EUA. Essa concentração também implicou em violações do princípio da soberania nacional e do Direito Humano à privacidade, reforçando as assimetrias culturais e sociais entre as populações do centro e aquelas da periferia e semiperiferia do sistema interestatal.

*Este ensaio é um resumo do artigo “Tecnologias da informação, concentração de conhecimentos e relações internacionais: a atuação da Microsoft no Brasil” publicado pela Monções: Revista de Relações Internacionais da UFGD, v. 11, n. 22, 2022. A versão completa está disponível no site da revista.

** Murilo Motta é Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (Unesp/Unicamp/Pucsp), bolsista CAPES (PROCAD-DEFESA) e membro da Rede de Pesquisa em Autonomia Estratégica, Tecnologia & Defesa (PAET&D)

Imagem: Ícones relacionados a computador e tecnologia. Por: Freepik.

O uso de drones militares israelenses dentro das fronteiras nacionais pela Força Aérea Brasileira

Por

Murilo Motta*

 

Os drones são dispositivos de vigilância aérea, isto é, câmeras voadoras mobilizadas estrategicamente para coletar dados a partir do alto – que, em alguns casos, podem ser armadas com mísseis. Conforme Fernanda Bruno, a vigilância pode ser definida como “a observação sistemática e focalizada de indivíduos, populações ou informações relativas a eles, tendo em vista produzir conhecimento e intervir sobre os mesmos, de modo a conduzir suas condutas”. A vigilância permanente instaurada pela presença constante desses “olhos no céu” permite a coleta de diversos tipos de dados, que podem ser mobilizados em prol de estratégias de controle à distância sobre as populações que são seus alvos.

Desde 2010, a FAB emprega drones militares fabricados por empresas israelenses. Atualmente, quatro drones do modelo Hermes 450 (designado RQ 450 ao ser incorporado pela FAB) e um do modelo Hermes 900 (RQ 900), ambos fabricados pela Elbit Systems, são operados pelo Primeiro Esquadrão do Décimo Segundo Grupo de Aviação (1º/12º GAV), o Esquadrão Hórus, situado na base aérea de Santa Maria (RS). Além deles, dois Heron I (RQ 1150), fabricados pela Israel Aeroespace Industries (IAI), são operados desde 2020 pelo Esquadrão Orungan (1º/7º GAV), situado na base aérea de Santa Cruz (RJ).

Cabe ponderar as possíveis implicações da incorporação dos drones militares importados de Israel pela FAB, uma vez que podem ser estabelecidas conexões entre a ocupação dos Territórios Palestinos por Israel e a ocupação de favelas cariocas por Unidades de Polícia Pacificadoras (UPP), a partir de 2008, e por Forças de Pacificação, entre 2010 e 2015. Além disso, as Forças Armadas brasileiras têm atuado crescentemente em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), tanto em territórios urbanos, notadamente no Rio de Janeiro, quanto em terras indígenas na região Norte do país, como na Operação Samaúma (2021). 

Entre 2016 e 2020, Israel foi responsável por 3% do comércio global de armas, sendo o 8° maior exportador de armas do planeta. As empresas produtoras dos drones empregados pela FAB se destacam nesse mercado: a Elbit Systems é a maior empresa privada de armamentos de Israel, enquanto a IAI é a maior empresa estatal do setor. 

A indústria de segurança israelense se desenvolveu simultaneamente aos conflitos com seus vizinhos árabes e às tentativas de ocupação dos Territórios Palestinos. Nas últimas décadas, o país se tornou um grande exportador de tecnologias militares, como os drones, notadamente desenvolvidas com base em suas experiências no controle e vigilância constantes sobre populações enquadradas como “ameaças à ordem social” nos Territórios Palestinos. 

A “ocupação aérea” dos Territórios Palestinos por aviões, helicópteros e drones é crucial na ocupação colonial contemporânea da Palestina, já que a maior parte do policiamento é feita a partir do ar, através da mobilização dos sensores a bordo de veículos aéreos não tripulados, por exemplo. Nos Territórios Palestinos, a vigilância constante visa uma “condução de condutas” que objetiva subordinar a população palestina para que Israel possa explorar sua mão de obra e os recursos naturais dos Territórios da forma mais rentável possível. 

No Brasil, os drones militares israelenses foram originalmente incorporados pela Força Aérea Brasileira (FAB) para integrar sua divisão de Aviação de Reconhecimento, que é responsável por fornecer dados para o Sistema de Inteligência das Forças Armadas. As principais justificativas para sua importação foram seus menores custos e sua maior versatilidade em relação a aeronaves tradicionais. Segundo estimativas de 2010, uma hora de voo de um drone custaria apenas um décimo do que custa uma hora de voo de uma aeronave tripulada. À época, representantes das Forças Armadas ressaltaram que os drones poderiam ser empregados tanto para fins militares, em missões de reconhecimento, designação de alvos, busca e resgate, vigilância urbana, costeira e de fronteiras, quanto em operações de segurança pública, de controle do desmatamento e em operações de defesa civil. 

De fato, o emprego de drones pela FAB entre 2010 e 2022 aconteceu tanto em exercícios militares de simulação de conflitos, quanto em operações na faixa de fronteira e em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Nos exercícios de simulação de conflitos, seu emprego objetiva a captação de imagens que auxiliam no planejamento das missões, permitindo um melhor direcionamento das ações militares. Na faixa de fronteira terrestre, esse emprego acontece no contexto das operações Ágata, visando a coleta de informações com o objetivo de combater o narcotráfico e outros ilícitos transfronteiriços. Nas operações de GLO, os drones foram empregados na segurança de grandes eventos, no controle do desmatamento e em operações de ocupação em favelas cariocas, por exemplo. 

É importante que a sociedade civil esteja atenta e seja crítica às formas de emprego desses drones, uma vez que eles foram desenvolvidos para emprego em contextos militares, mas são crescentemente empregados pela FAB dentro das fronteiras nacionais, o que contribui para borrar os limites entre a defesa nacional e a segurança interna, podendo levar ao uso de equipamentos inadequados, à ineficácia de resultados e até mesmo à violação de direitos civis.

 

Imagem: Ilustração do conceito de drone militar. Por Freepik. 

Murilo Motta é Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (Unesp/Unicamp/Pucsp), bolsista CAPES (PROCAD-DEFESA) e membro da Rede de Pesquisa em Autonomia Estratégica, Tecnologia & Defesa (PAET&D)

Este ensaio é um resumo do artigo “Olhos no céu: a incorporação de veículos aéreos não tripulados israelenses pela Força Aérea Brasileira” publicado pela Revista Hoplos, v. 6, n. 11, 2022. A versão completa está disponível no site da revista.

Capitalismo de vigilância, gestão da pandemia e relações internacionais

Por

 

Murilo Motta*

 Este ensaio é um resumo do artigo “Dados, vigilância e o setor privado no desenvolvimento de ferramentas de rastreamento de contatos durante a pandemia de COVID-19” publicado pela Revista Aurora, v. 14, n. 2, 2021. A versão completa está disponível no site da revista.

 

A pandemia de COVID-19 forçou a migração de diversos direitos e serviços para plataformas digitais. Pessoas de todo o globo se tornaram usuários de serviços oferecidos por grandes empresas dos Estados Unidos, como Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, também conhecidas pela sigla GAFAM. Por exemplo, Google (Gmail, Google Classroom, YouTube) e Microsoft (MS Teams) se tornaram nossas novas salas de aula, o Facebook (Instagram, Whatsapp) passou a ser nosso ponto de encontro para atividades culturais, sociais e de lazer, enquanto a Amazon se tornou a referência para nossas compras. Embora ofereçam estes serviços, dentre muitos outros, a principal fonte de faturamento destas empresas provém da extração, gestão e análise de dados de seus usuários.

Em seu renomado livro sobre o capitalismo de vigilância, Shoshana Zuboff vê o uso de grandes quantidades de dados (Big Data) como componente fundamental de uma nova forma de capitalismo de informação, que ela chama de “capitalismo de vigilância”, em que grandes empresas de tecnologia, como as GAFAM, oferecem serviços e plataformas digitais gratuitos deliberadamente desenhados para extrair o máximo possível de dados de seus usuários; então, esses dados são tratados e vendidos para terceiros, como modelos preditivos do comportamento humano, que também permitem sua modificação por antecipação.

Ainda assim, o anúncio de uma parceria entre Apple e Google para o desenvolvimento de uma Interface de Programação de Aplicativos (API) para o rastreamento de contatos de COVID-19, foi bem recebido em todo o globo, após sua comprovada eficácia na proteção à privacidade dos usuários, mas sem que houvessem maiores questionamentos sobre quais os interesses destas duas grandes empresas com essa estratégia.

A partir desta interface, o governo ou a autoridade sanitária competente puderam desenvolver aplicativos de rastreamento de contatos integrados aos sistemas de saúde nacionais. No Brasil, o Ministério da Saúde usou a API Apple-Google para desenvolver o aplicativo de rastreamento de contatos “Coronavirus – SUS”. Segundo o Ministério da Saúde, o “Coronavirus – SUS” reconhece contatos próximos a uma distância de 1,5 a 2 metros e por um tempo mínimo de cinco minutos. Ele funciona entre smartphones que tenham o aplicativo instalado, através do envio criptografado das informações de contágio, por meio do uso do Bluetooth de baixa energia.

O Ministério também destacou que “além de segura, a nova funcionalidade conserva a privacidade, tanto do paciente infectado como da pessoa que recebe a notificação da possível exposição com o caso confirmado para a COVID-19”, já que o aplicativo funciona sem rastrear os movimentos da pessoa testada positiva e sem conhecer sua identidade ou a identidade com quem ela entrou em contato. Além disso, “todos os dados são criptografados e salvos localmente no smartphone” e “os dados só ficam disponíveis na ferramenta durante o período de 14 dias”.

Embora o conhecimento e a capacidade de inovação de Apple e Google possam ter ajudado a mitigar os efeitos da pandemia, é necessário criticar a invasão da esfera pública por atores privados, uma vez que ela pode implicar a perda de autonomia por parte dos Estados e das sociedades na definição dos usos destas tecnologias. Com efeito, a dependência de atores privados para o desenvolvimento de novas tecnologias contribui não só para a subordinação técnica, mas também para a subordinação cultural, econômica, social e política a algumas poucas empresas sediadas principalmente nos EUA.

Neste sentido, o desenvolvimento desta API faz parte de um fenômeno mais amplo, em que as grandes empresas de tecnologia têm penetrado em cada vez mais esferas da vida social. A transgressão de esferas da vida social é uma estratégia destas empresas, que, assim, concentram uma variedade cada vez maior de dados, que são essenciais para o desenvolvimento de novas tecnologias da informação.

Estas empresas aproveitam suas vantagens na esfera da produção de bens digitais para acessar as esferas da saúde e das políticas públicas, o que pode levar à reorganização destas duas esferas de acordo com os valores e interesses de empresas privadas. Esta crítica pretende ressaltar que Apple e Google não só contribuíram com seus conhecimentos técnicos na formulação de uma resposta à pandemia de COVID-19, mas também determinaram qual caminho poderia ser seguido, uma vez que definiram as condições de existência de aplicativos de rastreamento de contatos e como eles puderam ser usados por governos nacionais.

Para regulamentar as práticas invasivas e desenfreadas de acúmulo de dados, será necessário controlar quais tipos de dados as empresas podem coletar, como podem coletá-los e para onde podem enviá-los e armazená-los, bem como limitar a quantidade de dados que uma empresa pode possuir sobre seus usuários. Ademais, precisaremos de novos modelos de propriedade e de governança de dados, que quebrem as práticas monopolistas de empresas como as GAFAM, o que significa gerir alguns setores da economia de dados como parte da infraestrutura pública.

Nesta nova economia baseada em dados, o conhecimento é radicalmente concentrado em algumas poucas empresas estadunidenses, que buscam ativamente maximizar sua legitimidade, relevância e poder nas relações internacionais. Nos países do Sul Global, a defasagem em conhecimentos de ponta se traduz na necessidade de que empresas privadas estrangeiras preencham a lacuna técnica deixada pelos Estados nacionais. No entanto, é importante considerar que a atuação de empresas privadas é sempre condicionada pela busca de lucros, de modo que devemos estar atentos para os usos que são feitos de nossos dados por empresas como as GAFAM.

 

* Murilo Motta é Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (Unesp/Unicamp/Pucsp), bolsista CAPES (PROCAD-DEFESA) e membro da Rede de Pesquisa em Autonomia Estratégica, Tecnologia & Defesa (PAET&D)

Imagem: App para o rastreamento de COVID-19. Por: Pixabay.

A quem interessa a discussão do 5G no Brasil?

Por

Patricia C. Borelli[1]

O final de março foi especialmente conturbado no cenário político brasileiro, começando pela saída de Ernesto Araújo do Ministério das Relações Exteriores (MRE). A saída de Araújo foi entendida como o resultado de desencontros entre os interesses do “centrão” com os do atual governo. Um dos pontos de desencontro reside em uma questão: a tecnologia de rede móvel 5G.

Inclusive, foi esse o ponto que Araújo ressaltou nas suas redes sociais ao comentar o episódio que teria levado à sua saída do ministério. Segundo uma matéria publicada pela Folha de São Paulo, nas redes sociais, Araújo alegou que recebeu a senadora Abreu no MRE no início de março e que, na ocasião, ela o aconselhou a “fazer um gesto” em relação ao 5G, o que o faria “rei do senado”.

A discussão sobre a tecnologia 5G é recente, mas não exatamente nova na pauta política do país. Parte do desencontro de interesses ocorre devido ao fato de que são empresas chinesas que estão despontando como fabricantes dos equipamentos que viabilizam a implementação da nova tecnologia de rede móvel. Como parte da orientação da política externa do atual governo, as relações com a China não estão na lista de prioridades do MRE. Pelo contrário, o Brasil tem assumido uma postura até hostil em relação ao país que abriga os maiores fabricantes desses equipamentos, o que tem levado a um atraso relativo nas negociações para implementação da tecnologia de rede móvel.

Um ponto específico desse episódio da semana passada desperta atenção: por que o interesse da senadora Kátia Abreu pelo 5G? Poderíamos levantar uma lista de motivos como, por exemplo, estreitar as parcerias entre Brasil e China. Entretanto, não deixa de ser curioso o porquê de este tema ser o ponto destacado na conversa de Araújo com a senadora.

Talvez não tenhamos elementos suficientes para responder essa questão. Nossa intenção aqui é levantar alguns fatores que ajudariam a entender o interesse de Kátia Abreu, uma das principais representantes do agronegócio no senado brasileiro, na nova tecnologia de rede móvel.

Primeiro, é importante compreendermos no que consiste a tecnologia 5G. Mais do que uma “internet mais rápida”, a rede 5G deve proporcionar mudanças significativas na infraestrutura dos mais diversos âmbitos: nas cidades, nas fábricas, nas casas, no transporte, nos domicílios e, claro, na agricultura.

É esperado que a nova rede seja, de fato, mais rápida, mas também que possibilite a transmissão de um volume significativamente maior de dados, com baixa latência – o que garante segurança na comunicação entre os dispositivos e a transmissão de dados com menor atraso (delay). Esse conjunto de fatores possibilita a implementação da chamada Internet das Coisas (Internet of Things) em larga escala.

Em outras palavras, objetos e utensílios poderão ser transformados em dispositivos inteligentes (como os nossos celulares foram transformados em smartphones) que, conectados à rede, são capazes de coletar e transmitir dados precisos em tempo real que, por meio de instrumentos e serviços digitais, como Big Data e Inteligência Artificial, permitirão a automatização dos processos nos âmbitos citados anteriormente. Em linhas gerais, essa é a base do que se cunhou chamar de “indústria 4.0” ou “quarta revolução industrial” – por isso a transformação não fica restrita a uma “internet mais rápida”, mas traz um impacto significativo sobre a infraestrutura dos mais diversos setores da economia e da sociedade.

Desse modo, entende-se que um atraso na implementação da nova tecnologia de rede móvel pode deixar o país relativamente em desvantagem. Inclusive, essa foi a base da discussão no Reino Unido quando foi anunciado que o país não utilizaria equipamentos da empresa Huawei na infraestrutura 5G, alegando problemas de segurança em relação aos equipamentos chineses. Não deixa de ser curioso, porém, que a mesma preocupação pouco se estende para fabricantes de outras nacionalidades, como a Coreia do Sul ou a Finlândia.

Em uma perspectiva semelhante à do Reino Unido, o Brasil tem apresentado uma postura resistente em relação a compra de equipamentos da Huawei para a infraestrutura 5G. Entretanto, o atraso brasileiro em acompanhar essa transformação que deriva da nova rede móvel pode ser um dos motivos que despertaria o interesse da senadora Abreu na discussão sobre a tecnologia.

No debate sobre a Internet das Coisas, a possibilidade de viabilização de casas inteligentes ou cidades inteligentes normalmente sobressaem. Entretanto, as transformações no campo merecem atenção equivalente. A ideia de agricultura inteligente, ou agricultura 4.0, é um dos principais resultados esperados a partir da instalação da nova rede 5G e expansão da Internet das Coisas para a agricultura – o que, talvez, corresponda mais diretamente aos interesses da senadora sobre essa tecnologia.

Empresas como Microsoft, Apple e Amazon já estão trabalhando em projetos direcionados à agricultura inteligente. Inclusive, em uma matéria recente, o jornal The Guardian apontou que Bill Gates – criador da Microsoft – é hoje o maior proprietário privado de terras agrícolas nos Estados Unidos. Um artigo da organização Grain traz um levantamento interessante sobre a participação desses grupos na agricultura. O texto aponta que os serviços oferecidos não se restringem a essas empresas, mas acabam envolvendo outros grandes nomes de setores relacionados, como grandes laboratórios.

A Bayer-Monsanto, por exemplo, possui hoje como parte do seu conglomerado, o grupo The Climate Corporation, que começou como uma seguradora para produtores agrícolas contra adversidades climáticas. A seguradora, por sua vez, foi criada por antigos funcionários do Google. Entre os produtos oferecidos pelo grupo Climate Corporation está o aplicativo Fieldview, que trabalha com serviços digitais para o monitoramento e gerenciamento de todo o processo de produção, a partir dos dados inseridos pelos produtores, inclusive para identificar problemas no cultivo que – por sua vez – podem ser resolvidos com os produtos do laboratório. O aplicativo está disponível no Brasil desde 2017. Também não deixa de ser curioso que, nesse aspecto, a questão da segurança – e da nacionalidade – dessas tecnologias quase não entra na pauta da discussão.

De todo modo, a ideia é que, com o 5G, a agricultura inteligente possa ser efetivamente implementada em larga escala no país. Mas, quem tem condições de arcar com essa implementação? A agricultura inteligente envolve o emprego, em maior escala, de maquinários inteligentes, drones, e outros dispositivos acoplados, por exemplo, com sensores, que consigam captar um volume grande de dados e informações precisas sobre o solo, condições climáticas e de cultivo, entre outros fatores que tendem a auxiliar a produção e a produtividade no campo.

Isso, porém, deve ser realizado a partir de parcerias com as grandes empresas de tecnologia – como a Microsoft – que, por sua vez, terão um acesso praticamente irrestrito a essa vasta quantidade de dados, em nome da produtividade. Não obstante, o projeto de agricultura inteligente já vem sendo debatido entre órgãos como a Embrapa e, claro, os representantes do agronegócio brasileiro. Recentemente, foi ainda divulgado que, no país, o desenvolvimento startups voltadas para o campo tem sido liderado por jovens de famílias de grandes produtores rurais.

Com as informações disponíveis, ainda não é possível dizer com precisão quais os interesses da senadora Abreu na conversa com Araújo sobre o 5G. Entretanto, “ligando os pontos” não deixa de ser curioso o fato de esta pauta ter surgido a partir de uma representante no agronegócio brasileiro em um episódio que seria o estopim para a queda do ministro, como apontado por ele mesmo. Cabe acompanhar os desdobramentos sobre a discussão do 5G no Brasil, mas tendo em mente a questão: a quem interessa?

*  Patrícia Borelli é doutoranda no PPGRI San Tiago Dantas e pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES).

Imagem por Pixabay.