En la cuerda floja de la democracia brasileña

25 de junho de 2020 Por GEDES

Por Ana Penido* y Hector Saint-Pierre** | Fotos: Roberto Lemos | Ilustraciones: Rebeca Borges Pinheiro

Publicado originalmente em: Revista Ribeiras

Acesso: https://riberas.uner.edu.ar/en-la-cuerda-floja-de-la-democracia-brasilena/

La crisis social y económica, además de los efectos de la pandemia, arremete contra una Brasil bolsonarista militarizado, que con o sin impeachment, dificulta la posibilidad de la ocupación de las calles como salvataje. Descontrol político, desacreditación científica e inestabilidad institucional tienen al país en la cuerda floja.

Antes de que la pandemia de COVID-19 asolara el mundo, Brasil ya experimentaba una profunda crisis económica, política y social. Otra pandemia que sacudió las instituciones de Occidente había llegado a estas playas: un profundo resentimiento hacia la democracia, los políticos, sus partidos y la política, en general, como forma de resolver los antiguos y permanentes problemas de la sociedad. Este malestar se profundiza con la máscara neoliberal y se agudiza por los monopolios de la comunicación en una cruzada híbrida, de la que la sociedad brasileña, de un día para otro, se cansó.

Aunque las políticas redistributivas de los gobiernos petistas hayan mejorado la vida de los más pobres, la falta de una política cultural específica los incluyó como consumidores. Sin una transformación cultural que diera a los ciudadanos/as noción de su capacidad transformadora, perdieron la consciencia de la clase a la que pertenecían sin asumir una nueva. Ese vacío fue llenado por los monopolios de comunicación con los valores de los sectores medios, una clase sin valores de clase. Como sentimiento general, primó la idea de que las promesas hechas por el sistema -una vida buena para todos, con salud, educación y seguridad- no fueron cumplidas, y que los cambios de consumo resultaban del esfuerzo e iniciativa individual y no del trabajo colectivo y de las políticas públicas. Así, contra lo que mostraban todos los índices económicos y sociales, prevaleció la idea de que Brasil había sufrido 13 años de atraso, corrupción y vergüenza internacional, productos de una izquierda en el poder.

Quitando las especificidades del caso brasileño y de los varios gobiernos petistas, ese sentimiento de malestar con la política y de desencanto con el sistema democrático no fue exclusivo de Brasil. Surge internacionalmente en la confluencia de una serie de tendencias políticas globales: 1) crisis económicas recurrentes que estremecieron al sistema financiero internacional y desaceleraron el crecimiento económico de los países, con el consecuente impacto en sus sociedades; 2) la confirmación y aceleración de la decadencia de la potencia que hasta entonces se juzgaba unipolar y omnipotente. Desde comienzos del nuevo siglo, pocos analistas dudaban del peligro que representaba la caída de la otrora magnífica águila que se imponía prepotente al mundo; 3) en los vacíos dejados por su declive, se fue se deslizando silenciosamente el milenario dragón chino, desde el área comercial hasta la alta tecnología e, incentivado por arrobamientos nacionalistas, el oso ruso también se movió para reclamar con fuerza su lugar como potencia regional en sus antiguas esferas de influencia; 4) las capas más profundas del sistema de fuerzas mundial se movieron, con alteraciones importantes en el aspecto estratégico-militar, especialmente en el Mar de la China y en Oriente Medio, con la retirada de Estados Unidos de diferentes escenarios de conflictos internacionales.

Largamente abandonada y entusiasmada por la confluencia ideológica de sus líderes, Sudamérica se aprovechó de la distracción del hegemón para invertir en el multilateralismo y en la cooperación regional, sustituyendo la ausencia de la OEA, distracción también aprovechada por China para acomodar sus piezas estratégicas en el continente. En la última década, Estados Unidos se volcó hacia sus intereses inmediatos y la recuperación del control estratégico de su esfera directa, presionando a Sudamérica contra las inversiones y asociaciones comerciales firmadas con China.

Clausewitzianamente la potencia apuntó su fuerza contra el centro de equilibrio de la fortaleza sudamericana: el multilateralismo. En el momento en que los líderes sudamericanos más trabajaban por la cooperación, inclusive en el área de la defensa, con el Consejo de Defensa Sudamericano, sus históricamente desobedientes fuerzas armadas se alineaban servilmente a los Estados Unidos, como deja claro Jim Stravidis, jefe del Comando Sur en su informe de 2009. Sediento por reforzar su poder y garantizar su dominio sobre los recursos materiales y políticos del continente, Estados Unidos demolió las instituciones multilaterales imponiendo la adopción de políticas neoliberales y reformas que desmantelaron los Estados nacionales, ampliando la criminal desigualdad social y su dependencia político-estratégica.

BOLSONARISMO Y LA MAQUINARIA INFECCIOSA

En este cuerpo enfermo se calentó el huevo de la serpiente. En varias partes del mundo, se reactivaron agrupaciones políticas de extrema derecha, antidemocráticas, xenófobas, racistas, negacionistas, anticientíficas y con connotaciones fascistas capitalizadas por líderes populistas histriónicos destacados por su incultura caricaturesca. Con un cuidadoso uso de los medios de comunicación de masas, especialmente en el ambiente virtual y con abuso de fake news y robots, plantan las semillas del odio y del miedo. Odio al “otro”, figura creada por la desinformación, que puede ser negro, indio, pobre, migrante, más genéricamente el “marxismo cultural”, la ideología de género y lo “políticamente correcto”. Miedo de ser incluido en alguna categoría de “otro”.

En el caso brasileño, en virtud de la transición política inconclusa de la dictadura militar, ese cuerpo enfermo ya albergaba un parásito anfitrión y las condiciones de cultivo. Las condiciones fueron prerrogativas cristalizadas constitucionalmente y la ley de amnistía que garantizó la autonomía de los militares. El parásito escogido fue el diputado por 28 años, Jair Messias Bolsonaro, con bases de apoyo político formadas por policías (parte de ellos involucradas con organizaciones criminales como las milicias) y militares huérfanos de la antigua línea dura de la dictadura militar. La crisis mundial, sumada a las posturas autoritarias de las élites políticas y económicas internas, enfáticamente manifestadas en el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff, creó el ambiente propicio para que la infección se generalizase.

Bolsonaro, un ex capitán del Ejército Brasileño, dado de baja de la corporación acusado de terrorismo, fue electo en 2018 contando con fuerte militancia de la base militar, lo que se constataría en la conformación de un gobierno con más militares, en servicio activo y en la reserva, que en la dictadura.

A sus tendencias autoritarias, claras en sus truculentos antecedentes como militar y parlamentario, se sumó la subordinación estratégica a los Estados Unidos y la adopción de políticas neoliberales extremas. Esas tendencias autoritarias son claras en su manifiesto desprecio por los homosexuales, indígenas y feministas, en el sistemático combate a los demás poderes del Estado: Legislativo y Judicial, en las amenazas constantes a la prensa hegemónica no alineada, incluso hasta a ‘celebridades’ que piensen diferente. Para mantener vivos tantos enfrentamientos simultáneos, el presidente cuenta con dos milicias personales. Una física, armada y militante, formada por miembros del partido del orden –fuerzas de seguridad en servicio activo y en la reserva– y civiles simpatizantes. La otra es una milicia virtual, formada por robots y que opera una gran máquina de fake news a través de diversas aplicaciones y redes sociales.

UNIVERSIDADES E INESTABILIDAD SOCIAL EN LA MIRA

Para alguien que se sustenta en una máquina de mentiras y de odio, es perfectamente comprensible la elección del pensamiento científico y de las universidades como enemigos de primer orden. Inclusive ante una cruel pandemia y los datos, evidencias y pruebas empíricas que resultan de investigaciones de diversas áreas científicas, el presidente se burla de la ciencia, cuyos datos coloca en el mismo nivel que meras opiniones. Una de las consecuencias de esta corriente negacionista es una revisionista, buscando reescribir eventos históricos conforme los militares y su presidente desean, especialmente el régimen militar y el golpe que instauró la dictadura militar en 1964. Así, su milicia virtual puede sentirse a gusto para ofrecer respuestas fáciles y mágicas sobre la comprensión del mundo que atraen seguidores, las respuestas de un ‘salvador’. En un país de analfabetismo sistémico, este comportamiento encuentra suelo fértil en la ignorancia y la pereza de pensar.

A ese ataque ontológico a la ciencia se suma un ataque concreto a las universidades y a las estructuras de fomento de la investigación científica. El país ya ha tenido dos ministros de Educación durante un año y medio de gobierno, ambos vinculados a las bases más ideológicas y anticientíficas del bolsonarismo. Entre las medidas autoritarias adoptadas están que el presidente y no la comunidad académica, nombre rectores de las universidades e institutos federales de educación (ya existen 5 universidades en esa situación provisional); la desestructuración de Capes y de CNPQ (principales organismos públicos que regulan y financian las investigaciones en el país), el cambio de normas para la evaluación de cursos y de revistas científicas, etc. El segundo ministro cayó el 18 de junio, no sin antes revocar la legislación que garantizaba el ingreso de negros, indígenas y personas con discapacidad en posgrados. La situación actual está provocando una tensión institucional muy elevada, entre las arbitrariedades del gobierno y los intentos de limitarlas por parte de otros poderes, particularmente el Judicial, pero también recientemente el Senado Federal, que devolvió al gobierno una medida provisional que permitiría al gobierno nombrar a los rectores de 17 universidades.

Por lo tanto, Bolsonaro no es definitivamente un ‘líder carismático’ en el sentido weberiano, o un príncipe de Maquiavelo sin virtud, pero con fortuna. Es un viejo líder populista, con sus bases neofascistas asentadas en las milicias físicas y virtuales, que encarnó la política de poder de los militares. En virtud de esta caracterización, no es sin razón que las fuerzas políticas brasileñas están preocupadas con la posibilidad de un golpe de Estado. El presidente ya expresó ese deseo y su hijo ya trata la cuestión no en términos de sí, sino de cuándo.

En un cuadro general, Brasil se presenta como un equilibrista borracho en la cuerda floja de la democracia. Puede ser que los militares brasileños no sean estrictamente monolíticos en su pensamiento, pero la mayoría y el grupo hegemónico no solo lo apoya, sino que siente que el gobierno Bolsonaro guía y defiende su proyecto de poder.

El partido militar instrumentaliza ése apoyo prestando al gobierno el prestigio de las FF. AA. y una supuesta racionalidad al régimen. Existe una insatisfacción generalizada de los militares con la Corte Suprema (STF) con relación a la interpretación constitucional de la participación de los militares en la política. La oposición legislativa no pasa de 130 votos. Los dos principales representantes de la derecha política liberal están debilitados: el peso político de Sérgio Moro (ex ministro de Justicia) disminuyó luego de salir del gobierno y João Doria (gobernador de São Paulo) enfrenta un brote de COVID-19 en su estado. Los presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y del Senado, Davi Alcolumbre, no asumirán una iniciativa de impeachment (juicio político) o limitación del poder de Bolsonaro sin una fuerte presión de las calles, y es difícil imaginar grandes movilizaciones organizadas por el peligro de contagio. El Ejecutivo está en conflicto abierto como el Poder Judicial y trata de cooptar sectores clientelares del Legislativo para evitar un proceso de impeachment.

El país ya sobrepasó los 50 mil muertos en la pandemia, un tercio de la población económicamente activa está desempleada y el escenario que se vislumbra es de aumento exponencial del número de muertos y del caos social por la vulnerabilidad de una sociedad desprotegida por el desmantelamiento neoliberal.

En resumen, como propuesta política neofascista, el gobierno Bolsonaro ataca dos frentes simultáneamente: el conocimiento científico y las instituciones republicanas. El primer ataque se despliega sobre la ciencia y sus unidades de producción que son las universidades públicas. Su objetivo es desacreditar el conocimiento científico como si fuera apenas una opinión entre otras, lo que permite imponer la ideología fascista de desconstrucción social y la política neoliberal de desmantelamiento del Estado. El segundo ataque se dirige a anular o paralizar las instituciones representativas de contrapeso de poderes, como el Legislativo y el Judicial, para poder gobernar autoritariamente sin ningún freno. La estrategia central de este ataque es la amenaza de una intervención militar directa en esos poderes, para anular su trabajo o paralizarlo por medio de la intimidación. No obstante, la comunidad académica con apoyo del Legislativo y principalmente del Poder Judicial, facilitado por la pandemia que exige respuestas científicas, están logrando anular el primer ataque. Algunos medios de comunicación y un contraataque del Poder Judicial con diferentes procesos están haciendo imposible la ejecución de un golpe de Estado tradicional. De hecho, Bolsonaro podría intentar un autogolpe para ganar espacio para una administración aún más autoritaria, recordando que este gobierno es un gobierno fuertemente militarizado. La pandemia dificulta la ocupación de las calles por una sociedad que ya no aguanta el descontrol político y la inestabilidad institucional que provocan Bolsonaro y su séquito. Fuera de este vector, se abre una nueva ventana de disputa política y jurídica por el impeachment de presidente y vicepresidente. Y así vá el Brasil y su angustiado pueblo, viendo el presidente, cada vez más borracho, caminando tambaleante sobre una cuerda democrática cada vez más floja.

*Ana Penido es Profesora del Programa San Tiago Dantas. Investigadora del Grupo de Estudios en Defensa y Seguridad Internacional (GEDES – UNESP) y del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Becaria CAPES de posdoctorado en el Instituto de Políticas Públicas y Relações Internacionais (IPPRI – UNESP).

** Hector Saint-Pierre es Profesor del Programa San Tiago Dantas, líder del GEDES y Coordinador Ejecutivo del IPPRI. Investigador FAPESP (Proc. 2017/21557-4) e investigador del CNPq.

A necropolítica brasileira e sua origem na guerra colonizadora

25 de junho de 202020 de junho de 2020 Por GEDES

Entrevista especial com Eduardo Mei

Professor compreende que o país não só deixou de romper mazelas do passado como ainda as reitera como estratégicas na política de dominação

Por: João Vitor Santos | Instituto Humanitas Unisinos

Para o professor Eduardo Mei, a guerra é algo presente no imaginário brasileiro. Mas não é qualquer guerra, é uma disputa desigual que aniquila os mesmos povos que foram subjugados desde a colonização. “O Brasil é o produto cotidiano de uma guerra de conquista, cuja vítima é o povo pobre, indígena, negro, favelado, sem terra e sem teto”, resume, na entrevista concedida por e-mail à IHU On-Line. E, como forma de compreender a conjuntura política atual que mistura guerra e supressão de pessoas, evoca o conceito de necropolítica. “A necropolítica é a própria negação da humanidade”, define.

Mei ainda explica que, no caso brasileiro, “a necropolítica é uma remanescência viva da conquista colonial e da escravidão, como um cadáver vivo constitutivo do nosso cotidiano”. Isso tem origem em um passado quando os negros, depois de escravizados, foram libertados e jogados à própria sorte e os índios foram exterminados ou confinados em reservas. “A acumulação do capital e o neoliberalismo promovem o exacerbamento do caráter necropolítico de um país formado sob o impacto da conquista colonial e da escravidão”, completa.

Porém, ele compreende que, infelizmente, tais perspectivas são atualizadas da pior forma possível na gestão de Jair Bolsonaro. “As políticas sociais adotadas recentemente provocaram a reação da ‘casa grande’. O atual presidente apresenta-se como um representante da casa grande, um soldado da necropolítica contra os povos indígenas, os negros, quilombolas e a população pobre e famélica”, analisa. E, segundo Mei, numa situação de pandemia e desespero encontra o cenário perfeito para se fixar. “A pandemia apresentou-se para o ‘governo’ como uma oportunidade de ouro para pôr em prática o genocídio indígena. Nesse sentido, a pandemia é a oportunidade para reforçar o caráter fascista do bolsonarismo”, reitera.

Eduardo Mei é professor de Sociologia do curso de Relações Internacionais da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista – Unesp. Possui doutorado em História pela Unesp, é pós-graduado em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas – Unicamp e graduado em Ciências Sociais pela Unicamp. Integra o Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional – Gedes da Unesp.

Confira a entrevista:

IHU On-Line – Por que a ideia de guerra é sempre tão presente na sociedade de nosso tempo? O que a ideia da guerra contra o novo coronavírus traz intrinsecamente?

Eduardo Mei – Seria necessário um estudo linguístico para saber se a frequência desse discurso “belicoso” é maior do que em outros períodos históricos e eu desconheço estudos a respeito. De qualquer modo, há ao menos dois motivos para a guerra e o discurso belicoso serem tão presentes no nosso tempo. O primeiro é o fato de que o mundo todo vive efetivamente um período muito belicoso ao menos desde a Revolução Francesa, com maior incidência desde a segunda metade do século XIX e com as deflagrações mundiais no século XX.

O segundo motivo é que essas guerras ganharam projeção por meio da imprensa, do rádio, da TV e do cinema e, mais recentemente, por meio da internet. Além disso, o vocabulário estratégico, originalmente militar – já que o estratego (em grego: στρατηγός) era quem comandava o exército na Grécia antiga –, disseminou-se por todas as atividades humanas, como a economia e a administração de empresas, por exemplo.

Novo coronavírus

Intrinsecamente não há nenhum problema em deflagrarmos uma guerra contra o novo coronavírus, desde que se trate do “bom combate”. De fato, se com uma guerra à disseminação do vírus queremos dizer que a pandemia é um assunto tão sério como a guerra e que exige empenho do poder público para a sua consecução, a “guerra” é bem-vinda. Nesse sentido, a pandemia serviu para questionar e, na maioria dos países, debelar a falácia da autorregulação do mercado. A pandemia é um assunto público e não privado e apenas por meio do Estado (da res publica, a coisa pública) ela pode ser enfrentada. Deploravelmente, não é isso o que ocorre no Brasil.

IHU On-Line – Que nexos podemos estabelecer entre política e guerra na atual conjuntura brasileira?

Eduardo Mei – No Brasil, a compreensão da realidade é, desde Cabral, distorcida pela perspectiva do colonizador. A tendência a utilizar categorias exógenas para interpretar a realidade brasileira é secular e renitente. Tomemos o próprio Brasil como exemplo, pois ele é continente do que podemos considerar. Há uma tendência a tratar o Brasil como uma nação contida em suas fronteiras. A noção de fronteira é originária de uma realidade histórica alheia ao Brasil e que se impõe como um interesse do colonizador em tratados internacionais.

A fronteira é então, por assim dizer, “normalizada”, “naturalizada” e, como tal, passa a ser um fato inquestionável. Aos povos indígenas, as fronteiras são uma imposição fáctica. Não se lhes reconhece a dignidade do status de nação, como ocorreu na República Plurinacional da Bolívia, por exemplo. O caráter genocida do atual “governo” (com o parêntese de que a palavra “governo” tem origem náutica, referindo-se à condução do leme, e que, portanto, não deveria ser utilizada para referir-se àqueles que, deliberadamente ou por incompetência, buscam o naufrágio, os quais, segundo o direito marítimo, são criminosos, cf. Artigo 261 do Código Penal) – caráter genocida reiterado também pelo ministro da Educação na reunião ministerial de 22/04 (quando ele diz “odeio o termo ‘povos indígenas’ […] O ‘povo cigano’. Só tem um povo nesse país.”) – revela algo que geralmente é dissimulado: o Brasil é o produto cotidiano de uma guerra de conquista, cuja vítima é o povo pobre, indígena, negro, favelado, sem terra e sem teto.

O Brasil é um genocídio duradouro de dimensões continentais. No caso brasileiro, excluídas as raras guerras interestatais nas quais o país se envolveu, não se trata de guerra interestatal entre entes soberanos que reconhecem entre si o status de igualdade jurídica (aquilo que Grotius definiu como bellum publicum solemne) nem de guerra entre grupos politicamente organizados (como seria o caso em uma guerra civil, por exemplo), mas de “guerra” em sentido figurado, de uso do aparato militar e repressivo do Estado, ou de atores privados com a omissão do Estado, para a prática da violência genocida cotidiana.

IHU On-Line – Em situações de crise extrema, e mesmo de guerra, emerge a ideia de coesão nacional. Por que parece que o governo federal vai exatamente no sentido contrário diante da pandemia? O que essa ação revela sobre o governo Bolsonaro?

Eduardo Mei – A situação brasileira desde ao menos 2013 é tão instável que é impossível fazer considerações categóricas, mas, ao que parece, a pandemia apenas reforça aspectos fascistas do bolsonarismo. Desde sempre, e manifestamente durante a campanha eleitoral, o discurso belicoso e excludente é reiterado. Por isso a relação entre o bolsonarismo e a milícia é intrínseca. Não por acaso os dedos imitando uma arma são um símbolo do movimento bolsonarista e da campanha eleitoral.

O fanatismo da violência é característico dos regimes fascistas. Note-se que a “unanimidade” nacional do Terceiro Reich foi construída por meio da estigmatização e eliminação de “inimigos”, tais como os ciganos, socialistas, homossexuais, judeus etc. O bolsonarismo sobrevive e rasteja por meio da reiterada estigmatização de “inimigos”. Daí as bizarrices de uma suposta ameaça comunista internacional, ou a sugestão de que todos os que criticam o “governo”, inclusive alguns ex-aliados, são comunistas. Isso revela algo alarmante: para que o “governo” assuma seu caráter francamente fascista, só falta a oportunidade.

IHU On-Line – A narrativa belicosa do governo Bolsonaro pode ser compreendida como uma estratégia de guerra? Por quê? Como o senhor interpreta essa narrativa?

Eduardo Mei – É típico do fascismo e das tendências políticas filofascistas o discurso belicoso, a divisão do mundo em amigos e inimigos, a estigmatização dos desafetos políticos, a retórica da polarização da sociedade em grupos excludentes e, havendo a oportunidade, a eliminação física de desafetos e “inimigos”. Nessas circunstâncias, a pandemia apresentou-se para o “governo” como uma oportunidade de ouro para pôr em prática o genocídio indígena. Nesse sentido, a pandemia é a oportunidade para reforçar o caráter fascista do bolsonarismo.

O negacionismo, a sugestão de que a pandemia é uma gripezinha, a política econômica pró-cíclica e medidas que provocaram aglomeração de pessoas, como o modus operandi da distribuição caótica de auxílio emergencial, são evidências do propósito de disseminar a doença e eliminar fisicamente uma parcela significativa da população. Não por acaso, o presidente foi denunciado no Tribunal Penal Internacional de Haia.

IHU On-Line – Como analisa a presença e atuação de militares no governo Bolsonaro?

Eduardo Mei – Como deplorável sob todos os aspectos. O “governo” Bolsonaro é o produto de um golpe de Estado perpetrado contra a presidenta Dilma Rousseff cuja consolidação envolveu várias outras violações da Constituição de 1988, de direitos individuais e coletivos assegurados por ela e pela legislação ordinária, por violações da legislação eleitoral etc. Em países plenamente democráticos, alguém que defenda uma ditadura militar e a tortura seria punido na forma da lei. O que dizer de uma situação na qual, além de não ser punido, ele mantém as prerrogativas de deputado federal e se candidata à eleição presidencial?

Do mesmo modo que as eleições legislativas institucionalizavam e normalizavam a ditadura militar, as eleições de 2018 institucionalizam e normalizam o golpe de 2016. Ao violar a legislação eleitoral e alçar o bolsonarismo ao poder (não apenas o presidente, mas toda uma bancada de mitômanos e golpistas), o golpe de Estado institucionalizou o crime. E os parceiros do crime são também criminosos. Apenas a frouxidão e leviandade com a qual a coisa pública é tratada no Brasil explica a situação na qual nos encontramos.

IHU On-Line – Por que a adesão a Bolsonaro parece não ser completa entre os militares da ativa? O que os aproxima e o que os distancia dos militares que estão no Executivo?

Eduardo Mei – Aparentemente, a maioria dos militares encara a associação com o bolsonarismo como uma aliança tática. Embora seja difícil afirmá-lo com certeza, pois a sombra dos regimes de exceção ainda vela e oculta o aparato militar – e rigorosamente falando, as Forças Armadas brasileiras não são instituições públicas –, certamente, interesses corporativos pesam nessa escolha. Curiosamente, interesses estritamente corporativos adquirem no jargão militar a denominação de “interesses nacionais”.

Porém, basta uma análise superficial para constatar que nenhum interesse nacional orienta o “governo” Bolsonaro. Ao contrário, trata-se de um governo mercenário, lesa-pátria e lesa-humanidade. De qualquer modo, a crise institucional, que atravessa também o Legislativo, o Judiciário e o próprio Supremo Tribunal Federal – STF, inclusive, é uma boa desculpa para manter uma aliança tática que muitas vezes pode parecer desconfortável.

IHU On-Line – Como o senhor compreende o conceito de necropolítica? De que forma esse conceito pode nos ajudar a compreender a conjuntura brasileira?

Eduardo Mei – Entendo necropolítica tal como ela foi definida por Achille Mbembe, historiador camaronense radicado nos EUA. Mbembe define a necropolítica como a política que consiste em decidir quem pode viver e quem deve morrer. Embora a definição de necropolítica apareça em um texto publicado em 2003, ela remete à conquista colonial, à escravidão, ao direito de tratar como coisas e matar indígenas e escravos, e à introdução dessas práticas coloniais na Europa pelos regimes fascistas.

Em outras palavras, a necropolítica é a própria negação da humanidade. É paradoxal que grupos que se autodenominam cristãos sejam defensores e praticantes da necropolítica, havendo inclusive o que podemos denominar a necro-evangelização dos povos indígenas. De fato, a necropolítica é a antítese do “bom samaritano”.

Caso brasileiro

No caso brasileiro, a necropolítica é uma remanescência viva da conquista colonial e da escravidão, como um cadáver vivo constitutivo do nosso cotidiano. Quando a escravidão foi formalmente abolida, os ex-escravos foram abandonados à própria sorte e sobreviveram ao resistir em uma sociedade racista e excludente. Os povos indígenas, por sua vez, só sobreviveram ao genocídio devido às dimensões continentais do país e ao fato de, ao contrário dos EUA, o Brasil manter até hoje, graças à imensa floresta amazônica, um imenso território relativamente pouco devastado (lembremos que Bolsonaro elogia o genocídio indígena perpetrado pela cavalaria dos EUA).

Ocorre que a acumulação desenfreada do capital levou à expansão da fronteira agrícola, ameaçando os povos indígenas, e a precarização das condições de trabalho afeta, no ambiente urbano, mais os negros do que outros segmentos da população. Por conseguinte, a acumulação do capital e o neoliberalismo promovem o exacerbamento do caráter necropolítico de um país formado sob o impacto da conquista colonial e da escravidão. As políticas sociais adotadas recentemente provocaram a reação da “casa grande”. O atual presidente apresenta-se como um representante da casa grande, um soldado da necropolítica contra os povos indígenas, os negros, quilombolas e a população pobre e famélica.

A pandemia do coronavírus apenas tornou manifesto o caráter mórbido do neoliberalismo filofascista. Disso são evidências as tentativas de extinguir o Bolsa Família e outras políticas de inclusão e o descaso com o qual se trata do problema da fome e do desemprego.

IHU On-Line – Que associações podemos fazer entre a guerra e a necropolítica?

Eduardo Mei – Muitas vezes a guerra foi utilizada como uma forma de necropolítica, antes mesmo que o conceito tivesse sido formulado por Achille Mbembe, pois é claro que a realidade antecede, e muito, o conceito. Se partirmos da definição de bellum publicum solemne, notamos que ela se aplica apenas às guerras que os Estados europeus praticavam entre si a partir da Paz de Westphalia.

Note-se que durante a Guerra de Trinta Anos, cujo fim é acordado nos tratados da Westphalia, a pilhagem e a morte de civis e até o canibalismo foram praticados na Europa. Desde então, inicia-se um processo para moderar e “civilizar” a guerra. Contudo, esse regramento concernia apenas às relações interestatais dos países europeus entre si.

No que tange à sorte dos povos das colônias europeias, não havia esse regramento nem essa moderação. As guerras de extermínio e a disseminação deliberada de doenças fazia parte cotidiana da necropolítica colonial. No mundo tecnológico contemporâneo, muitas vezes a guerra é apenas um subterfúgio para a necropolítica e o genocídio dissimulado.

IHU On-Line – As manifestações pela democracia, contra o racismo e contra o governo são uma resposta social à necropolítica? Por quê?

Eduardo Mei – As atuais manifestações pela democracia são a reação da “senzala” aos retrocessos da “casa grande”. Elas rechaçam o bolsonarismo e tudo o que ele representa, inclusive a política econômica neoliberal do ministro Paulo Guedes. A hesitação em fazer manifestações em um período no qual deveríamos manter o isolamento social e o êxito dessas manifestações são sintomáticos da peculiar situação que estamos enfrentando. Para o que talvez possamos denominar “esquerda tradicional”, as manifestações seriam um risco sanitário e político, na medida em que poderia ser a ocasião para um novo golpe e o endurecimento do regime.

Porém, ao que tudo indica, nas manifestações predominaram os segmentos mais precários da população, para os quais o isolamento social é impossível, pois são trabalhadores que precisam trabalhar porque o auxílio governamental é uma falácia, trabalhadores que dependem diariamente dos meios de transporte precários e superlotados e que, portanto, vivem cotidianamente o risco do contágio.

IHU On-Line – A necropolítica é uma ameaça à democracia brasileira? Por quê?

Eduardo Mei – A necropolítica é absolutamente contraditória com qualquer forma de democracia, mesmo a nossa precária democracia que perdurou até 2016 e da qual temos tantas saudades. A necropolítica é a institucionalização da exclusão social e da violência estatal e paraestatal contra a maioria da população brasileira, pobre, negra, indígena, excluída.

A democratização e a inclusão social dos anos recentes, mesmo que muito limitadas, incomodaram a turma da casa grande ou que se acha da casa grande. A manifestação mais patente disso se apresenta na visibilidade ou invisibilidade de amplos segmentos da população. Enquanto o negro e o pobre são invisíveis nos presídios, ou invisíveis fazendo uniformizados a limpeza de aeroportos e shopping centers, os “cidadãos de bem”, a “sociedade” branca, não se incomodam. Mas quando o negro, o pobre, o indígena chegam à universidade, passam a frequentar os aeroportos e “shoppings” como turistas e consumidores, a casa grande começa a se incomodar. Nesse sentido, no Brasil atual, a necropolítica é o último recurso para confinar o negro e o pobre na senzala e o “índio” na menor reserva indígena possível, de modo a garantir a sua “assimilação” ou extermínio.

Publicado originalmente em: http://www.ihu.unisinos.br/600046-a-necropolitica-brasileira-e-sua-origem-na-guerra-colonizadora-entrevista-especial-com-eduardo-mei

Partido militar controla o Brasil, mas não controla o Bolsonaro

10 de maio de 2020 Por GEDES

Pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional vê risco de quebra da hierarquia, se presidente radicalizar

ANDRÉ BARROCAL – 10 DE MAIO DE 2020 – Carta Capital – Política

As Forças Armadas tornaram-se onipresentes e um ator político no Brasil de Jair Bolsonaro, e não só por lotearem o governo. Toda confusão criada pelo presidente costuma ser comentada na mídia, em geral de forma anônima, por algum militar, do governo ou não. Quando a confusão beira a guerra com outros poderes, como o Supremo Tribunal Federal (STF), Brasília prende a respiração: “E os militares?”

Pode-se dizer que o País está “tutelado” pelas Forças Armadas, um processo que começou no governo Michel Temer, segundo um longo ensaio publicado recentemente por três pesquisadores do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (Gedes), um núcleo da Universidade Estadual Paulista (Unesp). O texto intitula-se “As Forças Armadas no governo Bolsonaro” .

“Uma vez extinto o regime militar, basicamente a tutela política constitui a forma de controle indireto do poder de Estado pelas Forças Armadas. Substitui o exercício direto do poder político pelo controle indireto daqueles que legalmente o exercem, quase numa atitude paternal diante do sujeito tutelado, considerado incapaz de ser responsável pelos seus atos”, escrevem os autores.

O curioso é que os militares tinham o objetivo declarado de tutelar o atual presidente, que é um deles, mas nesse caso não têm tido sucesso. “O partido militar controla o Brasil, mas não controla o Bolsonaro”, afirma uma das autoras do ensaio, Ana Penido, cientista social de formação, mestre em Estudos Estratégicos de Defesa e doutora em Relações Internacionais.

Para Ana, é pouco crível que, com todo seu aparato de inteligência, as Forças Armadas não soubessem das ligações do clã Bolsonaro com milicianos, um dos rolos a machucar a imagem do presidente. Se, ainda assim, aceitaram se vincular a ele desde a campanha, é por nutrirem mais interesses comuns do que divergências.

Na entrevista a seguir, a pesquisadora aborda esse e outros aspectos sobre o papel dos quartéis no Brasil de hoje e a relação deles com Bolsonaro.

CartaCapital: O que é o “partido militar” que vocês mencionam no artigo?

Ana Penido: Não fomos os primeiros a empregar esse conceito, ele já foi usado por outros autores da sociologia militar, inclusive conservadores. É uma expressão bem didática, porque as pessoas sabem o que é um partido. Um partido tem algum grau de unidade, ainda que com disputas internas, externamente vota junto, gostaria que suas opiniões fossem majoritárias na população, disputa isso com outros segmentos… Hoje tudo que acontece as pessoas querem saber a opinião dos militares, a imprensa quer saber, eles passaram a dar opinião sobre tudo. Esse “partido militar” passou a tutelar o País, agora faz parte do jogo político. Essa tutela pressupõe uma certa superioridade intelectual, estratégica. Tem sido assim desde o Temer.

CC: A ideia de tutela do Bolsonaro existe desde o início do governo, os militares a alimentaram. Funcionou? Ou o Bolsonaro é “intutelável”?

AP: A expressão “tutela” também é muito didática, as pessoas sabem o que é conselho tutelar, escutam essa expressão nos bairros, sabem os poderes que o conselho tutelar tem no processo de criação das crianças. Acho que, de fato, em algum momento os militares acreditaram que tutelariam o Bolsonaro, segurariam os arroubos dele, por serem mais qualificados, terem mais habilidades. Eles se venderam como os moderados do governo, mas desde o início vimos que não é bem assim. As declarações da ala olavista (discípulos do guru bolsonarista Olavo de Carvalho, que vocalizou a insurgência contra a tutela) chamavam a atenção, a gente se acostumou a ouvir falar em terra plana, coisas desse tipo. Além disso, o Bolsonaro é que tem os votos, ele é que ganhou a Presidência, não foram os militares. As Forças Armadas emprestaram o prestígio ao Bolsonaro, podem até planejar o governo, mas, no fim das contas, o Bolsonaro continua tendo o poder da caneta.

CC: Talvez isso explique por que ele testa os limites com críticas, por exemplo, ao Supremo, e as Forças Armadas reajam sempre de forma acanhada, talvez até com benevolência.

AP: Um militar da ativa não deveria reagir de maneira nenhuma, nem dar entrevista em off (sem ter no nome revelado pelo órgão de comunicação), não é pra isso que militar da ativa serve, nem que o Bolsonaro falasse qualquer barbaridade. É um absurdo essas entrevistas, é ilegal pelas normas de comportamento que os próprios militares elaboraram para eles e que deveriam seguir (o decreto presidencial 4.346, de 2002, lista como “transgressão” militar a manifestação pública do pessoal da ativa sobre assuntos político-partidários). Os militares da reserva, não, aí é facultado ter opiniões políticas.

CC: Os militares dizem, nessas conversas em off com jornalistas, que não fazem parte do governo, que institucionalmente as Forças Armadas não estão no governo. É verdade essa posição?

AP: Vejo muitas matérias sobre “os militares estão insatisfeitos”, “os militares gostaram”, “os militares não gostaram”, mas o que a gente pode tomar como opinião institucional são as notas do Ministério da Defesa, o resto são fontes não identificadas que não representam a totalidades da categoria. Sobre a sua pergunta, mais interessante é acompanhar o Diário Oficial da União, ali a gente vê o que de fato os militares estão fazendo.

CC: E o que o Diário Oficial mostra?

AP: Já saíram quatro ou cinco portarias, normativos do Ministério da Defesa ou para conter a ida massiva de militares para o governo ou para regulamentá-la segundo os princípios de hierarquia e disciplina que regem o mundo militar (há um decreto específico sobre a ida de militares para o governo, o 10.171, de 11 de dezembro de 2019, assinado pelo ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, e pelo presidente). Quem pode indicar quem vai para o governo? As Forças Armadas querem manter isso pra elas. No início do governo não tinha portaria sobre isso. Saiu mais uma (a portaria 34 do GSI, de 29 de abril de 2020, assinada pelo ministro-general Augusto Heleno) dizendo que só as Forças Armadas são responsáveis por vigiar como outro militar está trabalhando, ainda que subordinado a um civil de outro ministério. No mundo civil não há mesma preocupação com siglas, símbolos, o nome exato de cada coisa, e no último mês saiu da Casa Civil um glossário de nomes de cada uma das repartições (da pasta) e suas siglas correspondentes (a portaria 182, de 14 de abril de 2020, assinada pelo ministro-general Walter Souza Braga Netto). Isso é a cultura militarizada. Então, é difícil falar que as Forças Armadas não estão no governo, porque o olhar militar se coloca em todos os espaços.

CC: E por que você diria então que existe o esforço retórico de desvinculação?

AP: Não é retórico, eles tentam preservar a instituição e a própria família militar. O (vice-presidente e general aposentado Hamilton) Mourão assumiu no ano passado que ia ser inevitável que as pessoas associassem as Forças Armadas ao governo, ao presidente, mas, por outro lado, os militares fazem esse esforço contínuo de tentar separar quem manda onde, quem é subordinado a quem.

CC: Que interesses aproximam as Forças Armadas e o Bolsonaro?

AP: O mais nítido, sem dúvida, é a questão do nacionalismo, do patriotismo. É um nacionalismo muito forte do ponto de vista simbólico, de usar a bandeira do Brasil, de cantar o hino nacional, o próprio lema do Bolsonaro vem das Forças Armadas (Brasil acima de tudo, Deus acima de todos). Mas essa noção de pátria é mais territorial, não é de projeto nacional. É um nacionalismo sem um projeto nacional de país que as próprias Forças Armadas já tiveram na década de 1950. Na esquerda, há uma ideia muito forte, até por causa do (penúltimo general-ditador, no poder de 1974 a 1979, Ernesto) Geisel, de que os militares são desenvolvimentistas economicamente, mas eles passaram a sustentar políticas liberais há muito tempo. O patrimônio nacional tem sido vendido desde a época do (ex-presidente tucano no poder de 1995 a 2002) FHC, e as Forças Armadas não reagem. Não se opuseram à venda da Embraer para a Boeing (iniciada no governo Temer e concluída no atual). A ideia de defesa da família e das tradições também aproxima as Forças Armadas e o Bolsonaro.

CC: A reabilitação do golpe de 1964 e da ditadura que se seguiu até 1985 também, não?

AP: Sim, essa ideia de revisão histórica… Tenho a impressão de que existe um sentimento muito sincero nos militares, não quer dizer que eu concorde, de que eles saíram injustiçados da ditadura. Injustiçados no sentido de “a gente fez o que combinou com um monte de gente, mas no final das contas o que deu errado caiu foi só na nossa conta”. Mas essa questão do que foi o regime, seus prós e contras, é um tema bem controverso para eles (militares).

CC: E o que afasta Bolsonaro e os quartéis, se é que tem algo?

AP: De forma geral, os militares são discretos, educados no trato, principalmente no trato com os civis, com a imprensa, com o público, são sempre preocupados em passar uma boa imagem da corporação. E gostam da ordem. O Bolsonaro é o menos discreto possível, faz declarações polêmicas, sempre atua numa lógica de alimentar uma base muito militante que ele tem, que até caminha para o fascismo, se ainda não chegou lá… Ele infla uma coisa com a qual os militares, na história inteira, sempre disseram que não concordavam, essa ideia de que existem polos em disputa. A ideia de unidade nacional é muito forte para eles, e o Bolsonaro investe contra ela todo o tempo. Há também diferença de forma. O militar planeja, ele não improvisa, e o Bolsonaro improvisa muito.

CC: Ele estimula de alguma forma a quebra da hierarquia, ao se dirigir às vezes diretamente às baixas patentes militares. Vê risco de quebra da hierarquia, se ele radicalizar? Quem controla as bases, o alto comando ou o presidente?

AP: Essa é uma pergunta muito difícil, ninguém tem 100% de certeza da resposta. Isso explica um pouco o comportamento das Forças Armadas. Eu levantei essa hipótese pela primeira vez na época da soltura do Lula. Eu pensava: e se, de repente, um major qualquer lá do Paraná se levantar e disser que “não, daqui o Lula não sai, a Justiça pode falar o que quiser, mas daqui o Lula não sai?”. Hoje um jovem que procura essa carreira não necessariamente tem a mesma mentalidade dos generais quatro estrelas. Virou uma carreira pública muito interessante, igual o Judiciário, existe todo um segmento concurseiro que olhou com carinho para essa carreira. Vai mudando um pouco inclusive a forma de exercer a hierarquia. Mas o tempo todo o alto comando vem trabalhado no sentido de reforçar a sua hierarquia.

CC: A perda do monopólio da força para PMs e de quebra da hierarquia nelas também é uma preocupação das Forças Armadas? O Bolsonaro é popular entre PMs.

AP: Em todos os planejamentos das Forças Armadas, elas contam com a Polícia Militar como reserva, como capacidade de mobilização, de fato tem policial em cada cidade desse País. Repare que o Ministério da Defesa chamou de greve, o que pelas normativas é um motim, aquilo que aconteceu com PMs no Ceará. O que acontece agora, acho, é que mudou a autoridade moral que as Forças Armadas tiveram em outros momentos da história na área de segurança. Muitas pesquisas da sociologia e da antropologia mostram falas de policiais dizendo assim: “Quem vai pra guerra somos nós, eles (os militares das Forças Armadas) ficam só no escritório”.

Reproduzido de: https://www.cartacapital.com.br/politica/partido-militar-controla-o-brasil-mas-nao-controla-o-bolsonaro

Crédito imagem: “BOLSONARO E MILITARES DURANTE A CERIMÔNIA COMEMORATIVA DO DIA DO EXÉRCITO” Foto de Marcos Corrêa/PR

Forças Armadas no governo Bolsonaro – Parte II

4 de maio de 2020 Por GEDES

Ana Penido, Jorge M. Oliveira Rodrigues e Suzeley Kalil Mathias

Este texto é uma atualização do artigo publicado – Forças Armadas no Governo Bolsonaro – pelos autores no Portal do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. Ele será referenciado algumas vezes ao longo do texto.

No dia 19 de abril, dia do Exército brasileiro, o Brasil viveu mais um ato de sua tragédia. Em cidades por todo o país, manifestantes apoiadores do governo Bolsonaro saíram às ruas contra as medidas de isolamento social diante da pandemia adotadas pelo Ministério da Saúde e por prefeitos e governadores. Alegavam se sentir lesados em seu direito de ir e vir. Contraditórios, exigiam em sua luta pela liberdade uma intervenção militar com Bolsonaro a frente e a edição de um novo Ato Institucional n^o 5, nos moldes da norma adotada durante o regime burocrático-autoritário no Brasil. A cereja do bolo foi a presença do próprio presidente na manifestação ocorrida em frente ao Quartel Geral do Exército; e a promoção, via Twitter, de vídeo em que aparece discursando tendo como fundo de tela faixas clamando pela intervenção.

Gerson Camarotti aponta que, entre integrantes da chamada “ala militar” do governo, o sentimento era de mal-estar com a participação do presidente no ato, seja pela emergência sanitária que sugere evitar aglomerações, seja em virtude do local escolhido, uma vez que, como uma zona de segurança nacional, o trânsito nesse local deveria ser restrito. Não houve comentários quanto ao conteúdo antidemocrático da ação. Os maus humores também estariam associados ao local escolhido para a manifestação. Um dos oficiais ouvidos pela reportagem do Estadão dizia: “se a manifestação tivesse sido na Esplanada, na Praça dos Três Poderes ou em qualquer outro lugar seria mais do mesmo […]. Mas em frente ao QG, no dia do Exército, tem uma simbologia dupla muito forte. Não foi bom porque as Forças Armadas estão cuidando apenas das suas missões constitucionais, sem interferir em questões políticas”. O agravante da participação presidencial não passou despercebido. Melindrosos quanto às críticas ao comandante constitucional das Forças Armadas, as palavras utilizadas foram: “provocação”, “desnecessária” e “fora de hora”.

Mas foi o general da reserva e ex-ministro do governo Bolsonaro, Carlos Alberto Santos Cruz, quem deu um rosto a esse discurso. Em comentários sobre os atos, primeiro via Twitter e posteriormente em entrevista ao UOL, Santos Cruz reforçou a ideia de que, enquanto instituição, as Forças Armadas não representam governo algum. Referindo-se à participação de Bolsonaro no ato, Santos Cruz reforçou que os clamores por intervenção militar não tinham representação institucional [das Forças]. Perguntado se a participação das Forças Armadas no governo Bolsonaro não poderia manchar a credibilidade da instituição, Santos Cruz rebateu: “O que eu vejo é que não existe essa, vamos dizer assim, essa marcha junto com o governo. […] Não é um alinhamento de governo. O Exército não é partidário. Não é de governo”.

O esforço em desconectar a imagem dos militares à do governo não é novo. Mesmo antes do início efetivo do governo Bolsonaro, a preocupação com o alto número de militares nos quadros governamentais e as consequências disso para a imagem das forças já era latente entre membros do alto escalão castrense. É o caso, por exemplo, da insistência de Villas Bôas, ainda em novembro de 2018, em ressaltar que, mesmo com elevado número de fardados no governo, não se tratava de um governo de militares.

A cada dia que passa, essa narrativa cai por terra. Ainda em abril de 2019, o vice-presidente Hamilton Mourão reconhecia: “se nosso governo falhar, errar demais, não entregar o que está prometendo, essa conta irá para as Forças Armadas”. Desde então, cresceu muitíssimo em relevância a participação do partido militar[1] no governo, que passou a ser seu principal pilar de sustentação política quantitativa e qualitativamente. Com isso, os apontamentos de Rodrigues feitos em artigo também veiculado pelo Eris se confirmaram, trata-se de um governo militarizado. Isso fez com que o tom de parte da imprensa também se modificasse, como no histórico editorial do Estadão de 21 de abril. “Mas a guerra de Bolsonaro, já está claro, é contra as instituições da República e contra a maioria absoluta dos brasileiros, afrontados por um presidente que só se importa com o poder. Quem estiver na trincheira com Bolsonaro, seja no governo, seja em movimentos golpistas, vai se desmoralizar junto com ele”.

As FFAA parecem entender parcialmente a encalacrada a que foram arrastadas pelo partido militar, e começam algumas discretas manobras de distanciamento no intuito de estabelecer um cordão sanitário entre governo e as Forças. Se de início os fardados pretendiam-se como poder moderador, hoje é certo que se vêm assoberbados com preocupações sobre a própria fiabilidade da instituição. O Exército mantém sua preponderância, embora a participação da Marinha venha crescendo. Enfim, Mourão estava correto.

Em estudo recente publicado pelo instituto Tricontinental discutíamos a névoa que pairou sobre aspirações, ressentimentos e incursões políticas das forças castrenses no Brasil durante os últimos anos. Dizíamos então que o período de relativa equidistância vigente durante os dois mandatos de Lula da Silva ajudou a construir uma falsa imagem de distanciamento dos militares da política.

Em coluna recente na Folha de São Paulo, Janio de Freitas pontuava “historicamente, nenhum outro segmento feriu tanto a disciplina, e com tamanha gravidade, quanto os militares”. Com efeito, não faltam em nossa história exemplos em que o peso da “mão amiga” se fez sentir. Para nos atermos aos mais recentes: a saída de José Viegas do ministério da Defesa após confronto com comandante do Exército; o antagonismo à presidenta Dilma Rousseff no marco da criação da Comissão Nacional da Verdade; a restauração e retorno ao controle militar do Gabinete de Segurança Institucional sob Michel Temer; e com especial menção, a pressão do então comandante do Exército, general Villas Boas, ao Supremo Tribunal Federal no marco do julgamento do habeas corpus de Lula.

Podemos dizer que ao subir no palanque, as Forças Armadas assumiram posição de vidraça, sujeitando-se às pedras. Temos então um cenário em que não é a atuação política dos militares a novidade desta quadratura histórica, mas sim a preocupação que o governo da vez traga à Instituição revezes de credibilidade.

Por outro lado, é incorreta (ao menos quanto a forma) a pergunta que um conjunto de analistas tem se colocado: “até quando as FFAA irão com Bolsonaro? Até quando segurarão a mão dele?” Dizemos incorreta pois é irreal pensar que o principal partido do governo, detentor dos principais cargos, vá sair do governo, nos moldes do visto com Luiz Henrique Mandetta, Osmar Terra ou outros. Em outras palavras, não acreditamos que as FFAA deixarão o governo, muito menos em plena pandemia. Da mesma maneira, pode-se afirmar que o partido militar não deu um golpe, ele entrou como parte do jogo, e se orgulham disso, terem voltado ao centro da política através da democracia. Nesse sentido, se seguirão com Bolsonaro, é uma questão que diz menos respeito as FFAA e sim às ferramentas democráticas de afastamento do presidente, baseadas no legislativo, no judiciário e na pressão popular.

Em entrevista ao Instituto Humanitas Unisinos, Kalil Mathias provoca: “as brigas palacianas são apenas pela forma, não pelo conteúdo”. Assim, mesmo que a preocupação com as manchas à imagem da instituição seja latente, mantêm-se as conveniências de permanecer no poder contando com uma figura “messiânica” e utilizando-se de seu apoio popular. São muitos os pontos de comunhão na agenda política: 1) uma nítida agenda moralizante, calcada numa vocação salvacionista auto-outorgada; 2) congruência na visão econômica e gerencialista, não mais pautada pelo nacional-desenvolvimentismo modernizante de Geisel[2]; 3) uma dimensão de crenças, baseada na negação à esquerda, as pautas consideradas identitárias, e a um patriotismo baseado no culto aos símbolos nacionais.

Vale mencionar um quarto aspecto intrigante da relação entre o partido militar e governo: a condução atabalhoada da política externa brasileira. Por sua função precípua, qual seja, a defesa do país contra ameaças externas, espera-se dos militares uma atenção especial às relações internacionais. Entretanto, apesar de algumas ações para amortecer impulsos olavistas do governo – como a fala conciliatória de Mourão no episódio “Dudu Bananinha”, em que Eduardo Bolsonaro acusou a China de ter sido criminosa quanto ao tratamento do Covid-19 – não temos por parte dos militares um posicionamento explícito em assuntos de política externa. Visto estarem se manifestando tanto, e sobre tantos assuntos, o silêncio da ala militar é ensurdecedor nesse tema.

Temos, portanto, um cenário dúbio, mas complementar. Por um lado, o partido fardado circunda a Presidência, vendendo-se como polo racional e como alternativa aceitável num eventual impeachment de Bolsonaro. Por outro, permanecem no governo pelo cálculo de que Bolsonaro possui os votos que eles não tem para a condução de um projeto com o qual mais concordam que discordam. As cicatrizes e o ônus adquirido com o golpe de 64 fez com agissem sorrateiramente. Hoje, a atuação partidarizada é levada a cabo em paralelo o um esforço discursivo de separação institucional entre governo e FFAA. Nesse processo, revezam-se em carcereiros e prisioneiros.

Por fim, é absurdo que em meio a uma pandemia, com milhares de mortos no mundo inteiro e o crescimento rápido dos índices de óbitos no Brasil, superando o número de brasileiros mortos na Segunda Guerra, essa seja a nossa preocupação. Esperamos, com a esperança dos pessimistas, que o governo Bolsonaro seja findado e que a democracia se imponha antes de chegarmos no fundo do abismo.

Créditos da imagem: Marcos Corrêa/PR. Solenidade de transmissão do cargo de Comandante Militar do Sul. Porto Alegre- RS, 30/04/2020.

As Forças Armadas no governo Bolsonaro

15 de abril de 2020 Por GEDES

Instituto Tricontinental de Pesquisa Social

Observatório da Defesa e Soberania – 14 de abril de 2020

Por Ana Penido*, Jorge M. Rodrigues** e Suzeley Kalil Mathias***

“Quem chega ao principado com a ajuda dos grandes mantém-se com mais dificuldade do que o que se torna príncipe com a ajuda do povo, porque o primeiro se vê cercado de muitos que parecem ser seus iguais, não podendo, por isso, comandá-los nem manejá-los a seu modo.” Maquiavel

Antes de mais nada é preciso dizer que este é um texto escrito no calor dos acontecimentos. Isso significa que, diferente de formulações que podem contar com o distanciamento histórico, ou de escritos que focam no debate teórico, este texto é escrito conforme o desenrolar dos fatos. Se essa característica, por um lado, dificulta a leitura de fundo sobre alguns fenômenos que ainda se desvelam, por outro, permite o exercício mais detalhado do acompanhamento de movimentações das forças militares. Se há dias que valem por anos, as ações políticas de militares que ocorrem desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff ajudam a compreender melhor aspirações e ressentimentos da corporação, que talvez tenham ficado mais de uma década sob névoa, assim como a fragilidade do controle político sobre as Forças Armadas (FFAA).

Comportamento militar nos governos petistas

Após um período de relativa estabilidade durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), as relações civis-militares experimentaram um período de deterioração. Cabe salientar que a estabilidade ocorreu em virtude das ações das FFAA e dos civis na condução política, que mantinham certa equidistância. Em outras palavras, especialmente durante o governo Lula, as FFAA mantiveram-se mais restritas a participar politicamente apenas nas questões que, no entendimento delas, traziam dilemas para a segurança nacional. Apesar das Forças Armadas terem uma doutrina bastante ampla sobre as questões que consideram de segurança nacional, essa amplitude é escalonada ao adotarem comportamentos ativos, reativos ou neutros a depender da situação. Os debates em torno da segurança pública, demarcação de terras indígenas e nas políticas da área de Defesa são alguns exemplos de momentos que contaram com a participação das FFAA. Por outro lado, o petista não adotou medidas que confrontassem a corporação. Em momentos de tensão, a autonomia prevaleceu, como na demissão de José Viegas, primeiro ministro da Defesa de Lula, que não teve apoio do presidente no exercício de sua autoridade frente ao então comandante do Exército, que permaneceu no cargo. O episódio deixa entrever que, diante das inúmeras necessidades de mudanças que exigiam o capital político do presidente, a área de defesa não seria a prioridade, como também não testaria a subordinação das FFAA ao poder civil, talvez por considerar que a própria posse de um operário eleito pelo voto popular já fosse prova suficiente da consolidação da Democracia.

Durante esse período, embora com pouca participação da sociedade civil ou mesmo da comunidade intelectual da área, houve pontos positivos, como a elaboração da Política Nacional de Defesa, da Estratégia Nacional de Defesa e do Livro Branco de Defesa nacional, três documentos capazes de definir e elucidar um pouco melhor o tema no Brasil e as pretensões do país para os seus vizinhos. Nesses documentos, um saldo doutrinário importante foi o conceito de dissuasão, ao esclarecer a tarefa externa a que os militares devem se dedicar e o consequente fortalecimento do poder civil. Como ponto negativo, destaca-se, em conflito com a doutrina, o crescimento expressivo do emprego das Forças Armadas em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), retomando a ideia de inimigo interno e estabelecendo um conceito de dissuasão ‘para dentro’, o que implica na existência, no caso anterior, de dissuasão ‘para fora’.

A deterioração das relações com as FFAA se aprofundou paulatinamente no governo de Dilma Rousseff (2011-2016). Segundo o General Etchegoyen, durante palestra em 2019 no Instituto FHC, os militares entraram em rota de choque com Dilma por questões objetivas e subjetivas. Como questões objetivas, ele cita a Comissão Nacional da Verdade, a troca do ministro Nelson Jobim por Jacques Wagner e o decreto 8515/15, que subordinava a promoção dos generais ao Ministério da Defesa, assinado por Wagner. O rebaixamento do Gabinete de Segurança Institucional (2015) também pode ser destacado enquanto fonte de tensão, uma vez que se trata de um órgão de notório prestígio historicamente ocupado pelas FFAA. Quanto às questões subjetivas, o general foi pouco claro ao dizer que a presidenta afrontava valores da classe média da qual os militares fazem parte. Pode-se inferir que ele se refere a uma visão de mundo expressa na Doutrina de Segurança Nacional, em que políticos de esquerda são considerados populistas, carentes de iniciativa e entusiastas de medidas que provocam polarização ideológica, consideradas por eles disfuncionais ao país. Soma-se a isso o forte machismo, marca indelével dos quartéis brasileiros. Assim, ter uma comandante-em-chefe mulher e ex-guerrilheira, provavelmente foi entendido como uma afronta aos valores castrenses.

Durante o rito processual do golpe, as FFAA mantiveram majoritariamente seu papel institucional. Afirma-se ‘majoritariamente’ e não totalmente, pois a anuência é uma forma de ação perceptível como, por exemplo, a não reação do general Villas Boas aos diversos pronunciamentos críticos à comandante em chefe da nação feitos por militares ainda na ativa, como o atual vice-presidente Hamilton Mourão. Entretanto, o desenrolar das ações dos militares a posteriori, em particular sua postura de fiadores do governo de Michel Temer, deixam dúvida se havia apenas um desejo individual com movimentações golpistas no seio da tropa, ou ainda se ocorreu algum envolvimento extra oficial mais coletivo. Comparado ao processo de impeachment de Fernando Collor de Mello, destituído em 1992, a inação dos comandos militares frente ao processo de Dilma parece mais explicitamente favorável à sua saída do governo.

O governo Temer e o protagonismo sorrateiro

Desde o início do governo Temer (2016-2019), as FFAA colocaram-se como fiadoras da sua legitimidade especialmente em duas dimensões. A primeira, sob demanda delas, Temer recriou o Gabinete de Segurança Institucional e entregou o órgão ao influente Sérgio Etchegoyen, que passou a coordenar o Sistema de Inteligência Nacional, reestruturado por decreto (8793/2016) do presidente. A segunda questão relevante foi o emprego massivo da GLO, seja diante dos protestos sociais que ocorreram fortemente durante todo o período do governo, com pautas e ações variadas, seja utilizando a violência urbana como justificativa, como na intervenção federal no Rio de Janeiro e na crise desencadeada pela greve dos caminhoneiros. Cabe pontuar que Temer aprovou a Lei nº13.491/17, que estabelece que os crimes de morte cometidos por militares contra civis nas operações GLO sejam julgados pelos tribunais militares e não civis.

Não é de se espantar no governo Temer uma postura tutelar das FFAA diante do Estado brasileiro. Uma vez extinto o regime militar, basicamente a tutela política constitui a forma de controle indireto do poder de Estado pelas FFAA. Substitui o exercício direto do poder político pelo controle indireto daqueles que legalmente o exercem, quase numa atitude paternal diante do sujeito tutelado, considerado incapaz de ser responsável pelos seus atos. Há duas interpretações clássicas que derivam desse comportamento. A primeira pressupõe que as FFAA intervenham de maneira cirúrgica e esporádica, porém contundente, diante de situações de crise ampla. Após sanear a situação, as FFAA devolveriam o poder aos civis. A segunda interpretação parte da ideia de que quando as FFAA têm força suficiente para intervir, elas não devolvem o poder que conquistaram, o que culmina na instalação de um governo ditatorial ou autoritário militarizado.

O termo tutela também apresenta outra conotação: os militares se consideram melhores preparados para pensar estrategicamente que os demais grupos, e por isso capazes de tutelar as decisões. Nesse sentido, as Forças Armadas não são um poder moderador, muito menos neutro, para casos de crise. Os militares têm consciência da postura civil de tentar utilizá-los a serviço da facção no poder ou de suas oposições. Ao mesmo tempo, o estrato castrense tem seus interesses corporativos, como formular uma doutrina compatível com a importância que atribuem a si mesmos. Eventualmente os dois interesses convergem, como no fim do governo Dilma.

O governo Temer foi marcado por uma postura intermediária entre as duas posições. O Exército brasileiro, comandado pelo general Villas Boas, não deu um golpe, mas manteve as instituições sob pressão contínua, inclusive inovando ao se utilizar de tuíteres – em especial na véspera do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do Habeas Corpus de Lula. O próprio Alto Comando reconhece esse comportamento tutelar e tenta desconstruí-lo continuamente em declarações públicas. Nesse sentido, embora as FFAA sempre afirmassem que suas ações estavam pautadas pela estabilidade, legalidade e legitimidade, foram elas próprias que definiram os limites desses três conceitos. E o fizeram, isto é, definiram tais limites, ao longo de todo o processo de transição (1979-1990) e dos governos democráticos (1990-atual). Pode-se inclusive dizer que definiram o próprio entendimento de democracia, pois em nenhum momento se intimidaram quando autoridades reagiram ao esgarçamento das regras, como no próprio caso do tuíter mencionado anteriormente.

Devido a esse protagonismo imediato, há de se acreditar que houve sim um grupo de militares que conspirou sorrateiramente pelo golpe, ainda que as três Forças institucionalmente tenham passado quase ao largo disso. Entretanto, isso não significa que o golpe tenha sido fruto de uma conspiração militar, mas um trabalho de, no mínimo, três grupos com objetivos diferentes que se articularam paralelamente, mas em um determinado momento se unificam e derrubam Dilma Rousseff. A primeira e a mais óbvia é a conspiração dos políticos, capitaneada por Aécio Neves, que desde sua derrota eleitoral adotou um comportamento golpista, e a quem se somaram Temer, Romero Jucá, Eduardo Cunha e outros, cujo objetivo era trocar o grupo político que dominava o poder Executivo. A segunda conspiração, que passa a ficar mais clara com o governo Bolsonaro e com a venda massiva de empresas brasileiras aos Estados Unidos, em evidente disputa geopolítica com a China, foi protagonizada pela Lava Jato e setores do Poder Judiciário, sob os auspícios dos EUA. A terceira conspiração, a mais antiga entre elas, foi a de setores militares, com ressentimentos que datam da criação da Nova República, mas que foram ampliados e se tornaram força golpista com a Comissão da Verdade. Esse desejo de protagonismo das FFAA não foi explícito, por isso chamamos esse comportamento de protagonismo sorrateiro26.

O principal sentimento militar transformado em discurso e utilizado para encobrir o desejo de protagonismo foi a suposta formação de bons quadros técnicos pelas FFAA, continuamente mal aproveitado pelos governos, em virtude da permanência de uma mágoa na liderança civil sobre o que ocorreu durante a ditadura militar. Esse é um sentimento real que muitas vezes coloca os militares até mesmo como vítimas de uma revanche civil.

As últimas eleições que elegeram Jair Bolsonaro à presidência da República não foram marcadas pela técnica ou pelo debate entre programas, mas profundamente por diferenças ideológicas, com forte recorte religioso e uso massivo de notícias falsas, e que contaram com um protagonismo ativo das FFAA. O episódio que talvez tenha maior relevo por ser público e institucional foi a sabatina feita por Villas Bôas aos candidatos à presidência. Não há notícias de outros grupos de servidores públicos do Estado que tenham o mesmo comportamento, típico de corporações e organizações privadas.

O governo Bolsonaro e o partido militar

Se é verdade que as FFAA se utilizam da tutela para se posicionar politicamente, ao mesmo tempo essa postura exige certo distanciamento das decisões rotineiras, de maneira a influenciar o jogo, mas apresentando-se moral e intelectualmente superior diante dos demais jogadores. Portanto, são evitadas ações cotidianas que geram desgaste político existentes em todos os governos, e o jogador em função tutelar aparece apenas em momentos decisivos. Pelo seu desejo de protagonismo, pelo grande número de militares no governo, assim como pela convicção da “necessidade conjuntural” desse tipo de intervenção para estabilizar e reorganizar uma hegemonia da qual fazem parte, as FFAA continuam a exercer as ações sorrateiras, mas de maneira cada vez mais protagonista, formando um dos grupos que desde o início sustenta o presidente Bolsonaro. O maior exemplo dessa nova postura é o general Augusto Heleno. Militares em geral são discretos, mas quando Heleno sobe em um palanque de uma manifestação, ainda que lá embaixo estejam misturados vários recrutas com as mesmas opiniões dos manifestantes, e mesmo que ele não esteja mais na ativa, a instituição Exército fica exposta.

Desde o período da transição do governo Temer para o governo Bolsonaro, as FFAA ocuparam 8 ministérios e cargos chave em diversas secretarias, com um número significativo de militares ainda na ativa. Os generais levaram consigo um enorme contingente de coronéis e majores, nomeando mais de 100 pessoas e adotando o princípio de ocupação em massa do Palácio do Planalto. Além do discurso da técnica, também se mostravam como uma força moralizante e capaz de combater a corrupção no Executivo. Nas palavras de Etchegoyen, Bolsonaro decidiu usar o know how militar. Em outros termos, viraram o ‘Posto Ipiranga’ em várias frentes. Porém, diversos generais rapidamente foram percebendo que as coisas não eram bem assim, como o caso de Jesus Correa, afastado do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Tal afastamento não ocorre em virtude de divergências sobre a política de regularização fundiária ou do modelo produtivo do agronegócio, mas pela constatação prática de que a corrupção tem relação com o sistema político. ‘Combatê-la’ não é uma mera questão de vontade – muito menos tendo à frente Jair Bolsonaro.

Um ponto importante para pensar os militares no governo é a hierarquia. Dentro das FFAA, por exemplo, um general quatro estrelas manda nos demais, bem como nas demais forças de segurança, como policiais e bombeiros. Da mesma forma, dentro de cada patente ou posto, o mais antigo (aquele que chegou no posto a mais tempo) e mais graduado (aquele que, sendo da mesma turma, atingiu as melhores notas), é considerado superior diante dos semelhantes. Sob esta lógica, seria ‘antinatural’ que militares de patentes mais altas ficassem sob a coordenação de patentes mais baixas, como algumas vezes acaba ocorrendo ao assumirem cargos políticos ou burocráticos fora das FFAA. Essa relação é conduzida com contrariedades, da mesma forma em que há um desconforto com o fato da base bolsonarista tradicional estar predominantemente nas polícias, sendo que o primeiro escalão governamental é composto pelas FFAA.

Da vidraça às pedras

As FFAA não foram para o governo enquanto instituição. Porém, os militares no governo se mostraram um grupo bastante coeso e representativo dos interesses das Forças. O efeito direto e imediato disso foi a exposição da instituição, que se tornou alvo de diversos acontecimentos, como a apreensão de cocaína no avião presidencial e os 80 tiros disparados pelo Exército em um carro de família durante uma ronda na cidade do Rio de Janeiro. Tornaram-se, assim, vidraça, e, dessa maneira, se expuseram às pedras. Em contrapartida, a Aeronáutica e a Marinha, ainda que também estejam no governo, mantiveram um perfil mais discreto do que o Exército. Um dos efeitos dessa atuação foi o esvaziamento político do Ministério da Defesa, com cada Força levando adiante a sua própria política, mesmo considerando que o Ministério nunca tenha sido civilizanido36.

Vale ressaltar que os desdobramentos do último período provavelmente não eram o que as FFAA almejavam. Pelo seu comportamento no início do governo Bolsonaro, é possível pensar que elas desejavam exercer uma tutela direta sobre o presidente, tomando decisões concretas por meio do general Heleno, chefe do GSI, e do general Hamilton Mourão, vice-presidente da República. É difícil afirmar em que termos ocorreu esse acordo entre o partido militar e Bolsonaro, mas alguns questionamentos podem ser levantados: eles teriam o poder de veto em algum tema? Levariam adiante o que desejassem implementar nas suas pastas e quem deteria o poder de veto seria Bolsonaro? Há uma combinação entre os dois grupos, com ações coordenadas de “morde e assopra” a depender do tema? Apesar das dúvidas, o que é possível apontar é que esse acordo já sofreu reformulações ao longo do primeiro ano de governo.

Também é possível aventar que as FFAA tivessem o desejo de se afastarem das pautas negativas. Porém, considerando os grupos de apoio ao presidente eleito, e a personalidade de Bolsonaro, é algo praticamente impossível. Os militares tentaram se apresentar como os moderados no governo, em contraponto a uma “facção” radical com o núcleo Olavista, como Damares, Weinjtraub e Ernesto Araújo, responsáveis por executar um conjunto de manobras diversionistas enquanto o projeto de destruição nacional é levado adiante. De fato, no início do governo, aparentavam a voz da razão em alguns temas. Continuam buscando esse papel. Mas não foi possível sustentá-lo por muito tempo, e manifestações irritadas do general Heleno soaram com muito mais radicalidade para a população do que os conselhos sexuais da ministra Damares, com forte apoio popular. Nesse sentido, o “Foda-se” de Heleno para o Congresso Nacional, uma manifestação de golpismo aberto, ocorre apenas num segundo momento, depois da linha do poder tutelar já ter sido cruzada há muito tempo, e a atuação do partido militar ter se tornado mais nítida.

Entretanto, o desenrolar do governo deixou claro que as FFAA não conquistaram a hegemonia do governo durante o primeiro ano, embora o tenham ocupado massivamente. O que sustentou o governo são suas medidas econômicas e argumentos extremistas que mantêm viva uma base reacionária, incluindo militares, em especial das baixas patentes, mas certamente não expressa as posições da instituição, algo facilmente verificável na postura das Forças Armadas sobre a Venezuela. Por outro lado, os militares emprestam a credibilidade da instituição ao governo, pois existe a ideia, pelo menos para parte da elite política (até mesmo à esquerda) de que eles têm a possibilidade de colocar limites às “loucuras” do Bolsonaro, tornando-se uma alternativa, caso o presidente seja afastado.

Pontos de comunhão

Para além das contradições entre FFAA e governo Bolsonaro, há diversos pontos de comunhão entre ambos. Um deles é o revisionismo histórico. As FFAA sempre priorizaram a batalha das ideias, e viviam um sentimento de injustiça por terem ficado com a responsabilidade pelo regime autoritário (1964-1984). Em outros termos, consideram errada a forma como passaram para a História após terem ‘salvado a nação do comunismo e levado ordem e progresso ao país”. Essa luta pelas narrativas se expressa em cada vírgula e representa as FFAA em geral. Chega-se ao ponto de inventar tradições históricas, como a Batalha de Guararapes, apenas para se justificar como a instituição mais antiga do país.

Outra confluência entre as FFAA e Bolsonaro é a forte crítica ao identitarismo e outras pautas contemporâneas. Villas Bôas já expressou isso em algumas falas, mas como um todo, entendem que brancos e negros, homens e mulheres, homossexuais e heterossexuais, são divisões que atacam a identidade de povo brasileiro, formulação clássica da Doutrina de Segurança Nacional. Nesse sentido, há uma convergência com formulações dos neopentecostais no conservadorismo de costumes, base do governo Bolsonaro. Isso se expressa num sentimento difuso, de uma nostalgia de tempos passados e na ideia de “guardiões das tradições”. Para alguns, uma das maiores ameaças atuais às Forças Armadas é um hipotético crescimento do homossexualismo nas suas fileiras. Nessa mesma lógica, questões complexas como drogas e violência entre adolescentes recebem respostas maquiadas nas escolas cívico-militares, por exemplo, por meio da qual as FFAA pretendem regular a socialização civil.

Outro elemento comum é o discurso de defesa da pátria. A corporação acredita que tem como ‘destino manifesto’ salvar a nação. Esse ethos salvacionista é muito forte culturalmente, assim como a ideia de que eles representam o que há de mais puro na nação brasileira. Com isso, parte dos militares que vão para o governo não são necessariamente bolsonaristas, mas acreditam fazer uma “revolução” moralizante e modernizadora do país, corrigindo o rumo e ajustando coisas que julgam pertinentes pelos seus próprios parâmetros. Para outros, a intervenção militar de 1964 proporcionou a preservação e reorganização da democracia, na lógica do “golpe preventivo” ao comunismo.

Neste sentido, as FFAA também se encontram com outra base bolsonarista: o partido da Lava Jato e com a classe média alta. A aliança entre as FFAA e essa parcela do Judiciário parece ser mais firme do que com o próprio presidente. Se não existem guerras reais, inventamos as nossas para combater o que são consideras disfuncionalidades do sistema; nesse caso, como em outros momentos da história, o ‘combate à corrupção’ atua como entrave para o avanço de tentativas progressistas no processo político nacional.

Ainda sobre o patriotismo, é preciso pontuar que, no Brasil, essa ideia sempre esteve associada ao um tipo de nacionalismo, próprio do campo simbólico, e é esse que se apresenta no Bolsonaro e nas FFAA. Sob esse entendimento, a cessão do Centro Espacial de Alcântara não é uma medida antinacional. Assim, a noção de território assume contornos cartográficos, e não de espaço onde habita um povo.

Essa compreensão particular sobre patriotismo também é presente no pensamento sobre a região Amazônica. Há pelo menos 30 anos, a Amazônia passou a ser considerada o principal território para se defender no Brasil. Todavia, mais de 70% do efetivo militar segue no Comando Sul e Sudeste. Isso tem relação com uma cultura institucional muito forte, assim como o baixo interesse pela defesa [do país] e com a pouca noção de “missão”, quando se pensa o próprio bem estar (servir no Sul, Sudeste, ser adido militar, missão de paz ou fazer cursos no exterior é melhor do ir para a Amazônia). Esse fato leva a outro questionamento: teria a corporação capturado as FFAA? O deslocamento para a Amazônia não deveria ser mais intenso? Claro que não se trata de uma decisão pautada apenas na estratégia de defesa, mas deve-se levar em conta custos políticos e econômicos, e mesmo conflitos com as identidades das Armas (das FFAA), como a Cavalaria, bastante atrelada ao Sul. Em última instância, a discussão recai sobre a pergunta: para que servem as FFAA brasileiras?

A pauta econômica é outro ponto de confluência entre FFAA e Bolsonaro. Foi-se o tempo dos nacionais-desenvolvimentistas, herdeiros do projeto tenentista. Atualmente, os generais têm a visão econômica da Fundação Getúlio Vargas, que atua como verdadeiro intelectual orgânico [dos entreguistas] defendendo a privatização inclusive de setores estratégicos. Neste sentido, não surpreende que o ministro de Infraestrutura e engenheiro do Exército, Tarcísio Gomes de Freitas, que leva adiante a agenda de privatização, é considerado um dos melhores ministros pelo empresariado, como comprova o prêmio da LIDE. Eventualmente, há alguma dissidência, como as declarações do general Juarez Cunha, contrário à privatização dos Correios. Mas a venda da Embraer foi a medida mais significativa que corrobora essa tese.

As FFAA também sofreram cortes orçamentários, já que algumas unidades não tinham recursos nem para o rancho (refeição dos soldados) no final de 2019. Mas esse cenário foi modificado em 2020. Mesmo com a crise econômica, a pasta da Defesa teve aumento orçamentário, foram inaugurados um novo campus da Escola Superior de Guerra (ESG), em Brasília, e a nova base na Antártica. Na mesma toada, a Engeprom teve um considerável crescimento e foi fechado um importante acordo de fomento industrial com o BNDES. Importa lembrar que a indústria de defesa tem o Estado como maior comprador. No caso de Brumadinho, por exemplo, helicópteros foram reparados 24 horas pelas empresas para continuar voando nas buscas pelos desaparecidos. Uma aparente contradição nesse tema é a postura de Eduardo Bolsonaro, presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que critica o que chama de “monopólio da Taurus” e deseja maior abertura do mercado brasileiro para as empresas estadunidenses de armamentos.

Um ponto que deveria ter gerado contradições entre os dois atores é a política externa, o que não ocorreu. O Brasil vinha se construindo na lógica de uma inserção autônoma no mundo. Do ponto de vista objetivo, as relações atuais entre EUA e Brasil são absolutamente diferentes de 1964. Apesar da China ter se transformado no maior exportador de capitais para a América Latina, o Brasil seguiu dependente em termos de equipamentos e doutrina dos EUA na área militar, mesmo com a diversificação de parceiros. Há também grupos militares que acreditam que a cooperação com os EUA e a OTAN renderá ao país compras vantajosas de equipamentos, mesmo se estes forem obsoletos. Nesse sentido, é importante destacar o novo status do Brasil diante da OTAN e o recente acordo militar assinado entre Brasil e EUA.

Para além das questões objetivas, há vínculos simbólicos, como a reedição de alguns raciocínios da Guerra Fria, quando se aponta a necessidade de se aliar aos EUA diante da guerra comercial com a China. Ou mesmo pensamentos como “nossa bandeira jamais será vermelha”. A partir disso, Bolsonaro tem redefinido o papel do Brasil na guerra de quarta geração: controle interno da ordem por meio da segurança integral (todo o país) e preventiva (inteligência e espionagem). Já que não existe um projeto para desenvolver o Brasil enquanto uma “potência”, as FFAA serviriam para acomodar as forças sociais aos interesses internacionais (repressão interna). De fato, existe um grupo que acredita no marxismo cultural62, que estamos em guerra permanente e o inimigo interno deve ser combatido. Essa ideia do emprego interno das FFAA foi consolidada pelas operações GLO, citadas no início do texto. Cabe pontuar que esse é um inimigo interno de ocasião, podendo ser caracterizado como petista, comunista, crime organizado, corruptos ou terrorista, a depender dos interesses. Algumas medidas legislativas estão sendo tomadas nesse sentido, politicamente alinhado ao Bolsonaro e ao general Heleno, como o PL 1595, do Major Vitor Hugo, que pretende dar poderes excepcionais ao Estado brasileiro para reprimir manifestações populares.

Relações estremecidas

A demissão do general Santos Cruz da Secretaria de Governo é muito significativa. Existem muitas explicações para a demissão. A maioria aponta para uma resistência do Santos Cruz a cumprir ordens que contrariavam princípios éticos e morais que ele alimenta. Outros argumentam que o general não se subordinou ao capitão, ou que havia uma disputa por status político dentro do partido militar, derivada dos diferentes reconhecimentos recebidos pela ONU em virtude da participação na Minustah. Quem saiu em defesa do general demitido não foi nenhum dos militares do governo, mas o fiador do governo Temer, o general Etchegoyen. Outro episódio digno de menção foram as ofensas de Olavo de Carvalho a Villas Boas. Por fim, também existiram farpas que partiram dos filhos do presidente em diversos episódios, como a desconfiança em torno da segurança do GSI estimulada por Carlos Bolsonaro, mas ‘amortecida’ pelo próprio general Heleno. Nunca ocorreu na Nova República uma escalada de ofensas às FFAA e aos militares nessa proporção.

O fato é que a demissão de Santos Cruz fragilizou a ideia de bloco e do projeto militar, e ganhou peso os interesses individuais. Isso não significa que eles tenham começado a concorrer entre si, pois em primeiro lugar, vale a corporação militar. Mas fica clara a busca por status, pois mesmo figuras populares na caserna como o general Heleno e Mourão, eram pouco conhecidas da sociedade civil. O mesmo vale para generais com destaque no exterior, como Santos Cruz e Floriano. Para um militar profissional, a maior vaidade da carreira é conseguir a quarta estrela. Entretanto, generais com 4 estrelas, ainda que desempenhem impecavelmente sua tarefa, são esquecidos. A ocupação de cargos políticos e a projeção pública alimentam a vaidade e passaram a ser almejadas. Contrariando qualquer discussão coerente com a profissionalização, seria possível encontrar generais de 2 ou 3 estrelas fazendo cálculos sobre o que vale mais a pena: as estrelas que lhes faltam ou um Ministério. Outro exemplo possível de buscar se projetar publicamente é a utilização massiva das redes sociais, que permite que generais mantenham contato direto com a população. Com isso, pronunciamentos que deveriam ser orientados profissionalmente passam a ser feitos em busca de popularidade. Se isso tem relação com algum sentimento de falta de reconhecimento proveniente das missões no Haiti, é algo que merece aprofundamento, mas não é objeto desse texto.

No entanto, aparentemente ocorreu um afastamento da Instituição Exército em relação ao governo no final do ano de 2019, seja pelos baixos índices de avaliação ou pela dificuldade de conseguir resultados no campo econômico. Como ficaram com o ônus do golpe de 64 nos anais da história, o partido militar tem se precavido e tenta um duplo movimento, aparentando afastamento institucional do governo, coordenado pelo general Pujol, e a manutenção de uma postura tutelar, por exemplo, diante do Supremo Tribunal Federal.

São muitos os sinais para essa hipótese:
1. A ordem do dia do soldado citando o general Leônidas é um recado claro do alto comando: “Bolsonaro, te expulsamos uma vez, podemos expulsar de novo”;
2. Etchegoyen está com diversas movimentações para ‘conter’ o bolsonarismo nas fileiras, e vem fazendo palestras em todo país sobre liderança militar (hierarquia e disciplina) diretamente para baixa oficialidade, enquanto se articula com o setor industrial nacional, que vem tendo perdas com medidas do governo;
3. Desconfortos sobre a distribuição de medalhas militares a congressistas, numa nítida compra de votos para o projeto de reestruturação da carreira;
4. Os militares queriam Etchegoyen para a embaixada de Washington, mas o presidente desejava alguém de sua famiglia;
5. A negativa da quarta estrela para Rego Barros.
6. A indicação do general Amaro para o Comando Sudeste, mesmo ele tendo trabalhado tantos anos com Dilma;
7. Novas baixas entre militares que ocupavam cargos estratégicos no governo.

O projeto de reestruturação da carreira militar, PL1645, foi um momento bastante tenso. Há quem acredite que essa seria uma oportunidade de diálogo à esquerda com a base das FFAA. De fato, o projeto contém benesses aos altos escalões que não se estendem ao conjunto das FFAA, o que poderia gerar contradições hierárquicas. As Forças Armadas contam com um conjunto de direitos que as demais polícias não possuem, e o projeto reforça ganhos na carreira para as patentes mais altas, o que tem gerado insatisfação entre os praças, que deixaram claro que vão seguir o exemplo de insubordinação de Villas Bôas. Existem segmentos dessas baixas patentes que entendem a não manifestação de Bolsonaro a respeito como uma traição, forçando o presidente a adotar medidas paliativas.

Bolsonaro, entretanto, respeitou a hierarquia e aprovou o projeto, favorecendo os altos escalões e prejudicando sua base eleitoral mais antiga. Para mitigar a situação, outras fontes alternativas de renda vêm sendo construídas para esses setores, como o aumento em diárias e ocupações extras, como nas escolas cívico-militares e no INSS. Embora absurdas, seja do ponto de vista das regras da administração pública ou da defesa, essas medidas são coerentes com o objetivo de atender sua base.

A conivência das FFAA no governo com essas e outras medidas que prejudicam a defesa nacional deixa claro algo já argumentado anteriormente. Não adianta os acenos à direita ou à esquerda. Quando a instituição se compromete nesse nível, ela passa a fazer parte do problema, e não da solução. Enfatize-se: não existe um divórcio das baixas patentes militares com o governo, e as dissidências não são contrárias à política econômica adotada nem favoráveis às forças democráticas e progressistas.

Esse conjunto de medidas não ocorreu por divergências ideológicas do Alto Comando com Bolsonaro, mas porque querem mostrar independência e deixar claro aos que almejam entrar na institucionalidade que não falam em nome das FFAA. A finalidade disso é afirmar a autonomia do Estado-Maior no interior da aliança e reforçar quem comanda o partido militar.

A ida de militares para diversos postos no governo foi tão grande que o Ministério da Defesa tomou medidas institucionais, como rotatividade, passagem à disposição, impactos na carreira, etc. Isso reforça o desejo de se autopreservarem. Por exemplo, à exceção dos ministros, eles se reservam o direito de indicar qual militar ocupará determinado cargo quando for requisitado. Por outro lado, o mesmo decreto 10171/2019 escancara o desejo dos militares de participarem da política de Brasília, se distanciando de suas funções e dos trabalhos considerados penosos, como as fronteiras. Essas atitudes apenas reforçam o que analistas de defesa vinham afirmando desde o período eleitoral: quando a política entra nos quartéis por uma porta, a profissionalização sai pela janela. A portaria também reforça o corporativismo, já que define que mesmo em cargos civis, os crimes cometidos por militares serão julgados pela Justiça Militar.

Levando em consideração a história das outras intervenções militares no Brasil, existe mais um ponto digno de nota. Militar importante está em comando de tropa, no serviço de informações ou nas escolas de formação. Com Ramos promovido a secretário de governo, Bolsonaro tirou o único comandante alinhado com ele dos comandos de tropa, pois este agora passou a ser mais um palaciano.

Ao chegar ao governo, Ramos fez uma promessa, a de “colocar ordem na casa”. Tal promessa aparentemente expressa o ethos militar, que é ter os meios e o desejo de ordem. No entanto, sua função no governo é a de atuar como articulador, fazendo reuniões com os líderes de governo no legislativo, com bancadas de estados, além de desenhar agendas estratégicas com líderes empresariais e com a imprensa. Assim, Ramos desnuda a ação castrense no poder: é atuação partidária, representando o partido militar, e este é fiel ao presidente da República.

A geopolítica interferiu para fortalecer e para enfraquecer a consonância entre o partido militar e o presidente. A conjuntura na América Latina, que terminou o ano de 2019 com explosões sociais em vários países, entre os quais se destacam Chile e Colômbia, fortaleceu a parceria. Havia uma preocupação nas FFAA de que o mesmo se repetisse no Brasil, o que justificaria medidas de repressão às iniciativas de sublevação dos povos. Por outro lado, em virtude do conflito Irã e EUA, essa proximidade se fragilizou. Se não bastasse o alinhamento incondicional brasileiro aos EUA nas suas formulações sobre terrorismo, o governo ofereceu o Brasil para testar uma aliança contra o Irã. Medidas como essa mostram o Brasil como celeiro de Trump, esvaziam os organismos internacionais e expõem o país a ataques estrangeiros. As declarações atrapalhadas do presidente do ponto de vista de defesa nacional mereceram comentários do gen. Etchegoyen , que junto com Santos Cruz, vem formando um polo de crítica ao governo. Tais atitudes apontariam fraqueza do Ministro Fernando, da Defesa, junto ao presidente.

Mas é bom observar com cautela essas diferenças. A mídia hegemônica tenta aumentar a distância entre os dois grupos, seguindo o desejo das FFAA de se apresentarem apenas como moderadores do governo, embora estejam enfronhados nele até os cabelos. Porém, esquecem que o partido militar, enquanto partido político, tem suas tendências internas, importantes inclusive para representar os diversos interesses existentes nos quartéis na construção do consenso. Todavia, não se pode esquecer do elemento básico na construção do partido, que é a espinha dorsal da profissão, a obediência disciplinada à hierarquia. Por isso, ao fim e ao cabo, tomada a decisão, o partido militar agirá como corporação, valendo o princípio dos “3 Ds”: não duvidar, não divergir, não discutir.

2020 e a consolidação do Partido Militar

As FFAA entram no ano de 2020 com um projeto mais elaborado quanto à sua participação no governo, atuando como um verdadeiro partido. Estão bem posicionados para isso, com quase 2.500 pessoas em cargos de assessoria ou chefia, em ministérios ou repartições. Também reivindicaram para sua coordenação assuntos que consideram mais relevantes para defesa e segurança nacional, como a questão da Amazônia, que passou a ser coordenada pelo vice-presidente Mourão, depois das trapalhadas que envolveram as intensas queimadas no ano de 2019. Até recentemente, Bolsonaro era funcional para esse projeto.

O mais importante acontecimento que mostra a mudança de qualidade na atuação do partido militar foi a nomeação do general Braga Netto, ex-interventor federal no Rio de Janeiro, para a Casa Civil. A partir dessa movimentação, o Palácio do Planalto se torna exclusivamente militar. Essa nomeação revela a unidade de ação da reserva e da ativa, ou seja, a unidade do partido, mesmo não sendo homogêneo como qualquer outro partido.

Embora poucos defendessem uma divisão entre militares e Bolsonaro, muitos analistas percebiam um distanciamento ao final do primeiro ano de governo. A nomeação de Braga Netto vem no sentido contrário. Ele está na ativa (antecipou sua ida para a reserva), assim como Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo, e Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia. Até o fim do ano passado, Rego Barros (Comunicação) também estava na ativa. A nomeação também parece apontar uma ação mais ordenada do Alto Comando, contradizendo argumentos surgidos na nomeação do Ramos, que apontavam para a antiga amizade com o presidente ou na coincidência religiosa. Praticamente todos os generais de todas as estrelas da geração do capitão estão empregados no governo (1975-79), e foram formados sob a mesma estrutura de pensamento e atuam sob o princípio de ocupação em massa e em “ordem unida”. Estão organicamente vinculados ao restante, especialmente ao ministro Sergio Moro.

A questão não é apenas pragmática. Óbvio que muitos militares estão no governo motivados por ganhos pessoais ou para a corporação, ainda que travestidos de projetos políticos. Mas importa destacar que esses são bônus advindos da entrada no governo, não seu objetivo principal. Existe um projeto de poder e um objetivo, como passar a limpo acordos feitos na Constituinte, situações em que os militares se consideram prejudicados. As diferenças internas não são significativas no espectro político–ideológico, mas corporativas. São, como aconteceu durante a ditadura, pequenas disputas por vaidades, hegemonia nas armas, regionais, especializações, referências internacionais. Os principais generais são garantidores das privatizações e desnacionalizações (na linha do que é defendido pelos doutores em economia da Fundação Getúlio Vargas), alinhamento automático aos EUA na Política Externa (linha OTAN, embora aqui caibam contradições e não aceitem o chanceler de bom grado), esvaziamento das estruturas de Ciência, Tecnologia e Educação, em especial das Universidades Públicas, e controle de Artes e Cultura. Enfim, da soberania nacional. Fundamentalmente, veem-se a si mesmos como representantes da ‘verdadeira’ nacionalidade, aquela que afirma que o brasileiro é essencialmente cumpridor dos seus deveres, ciente de seu lugar e, portanto, ordeiro, cordial e pró-EUA.

Essa atualização conjuntural acontece em pleno estouro da crise do Coronavírus. Enquanto as forças progressistas pensam em salvar o povo brasileiro, sem dúvida há um conjunto de militares pensando nos efeitos colaterais que a crise traz, assim como na janela de oportunidades que se apresenta. Certamente cálculos sobre a utilidade de manter Bolsonaro na presidência estão sendo feitos pelas FFAA e pelos diversos grupos político-econômicos. Em meio a crise, o presidente convocou uma manifestação, usando imagens dos militares para passar credibilidade e foi criticado por isso. Também conclamou manifestações na porta dos quartéis pedindo intervenção militar no aniversário do golpe de 64, entrando em conflito direto com o STF e Congresso Nacional, além de conflitar com os governos estaduais e seu próprio Ministério da Saúde sobre as medidas sanitárias adequadas. Em um momento que todos os governos devem buscar a unidade nacional, Bolsonaro continua com seu discurso polarizador e de enfrentamento.

Embora este texto não tenha focado em questões de defesa, obviamente estas vêm sendo impactadas pelo governo Bolsonaro e pelo comportamento partidarizado dos seus principais servidores públicos: os militares. Num cenário de crise, é difícil explicar que apenas essa área seja beneficiada com aumento orçamentário. Há denúncias de benefícios individuais a militares, que tiveram o acesso ampliado para si e para a sua família a cursos e viagens internacionais. Essas denúncias são sérias e expressariam a cooptação individual de militares em ascensão, a fim de manter apoio político ao governo, mesmo que em detrimento da defesa nacional. Exemplo claro nesse sentido e que expôs o país a constrangimento internacional e mal estar com seus vizinhos foi o documento vazado com cenários prospectivos para 2040, elaborado pela Escola Superior de Guerra do RJ, que chega a mencionar a hipótese de conflito com a França. Segundo eles, foram feitas 11 reuniões regionais e ouvidas 500 pessoas. Em outros termos, o conteúdo não é um delírio localizado. É um plano de governo, reflexo da subordinação automática e auto-imposta aos EUA, estes preocupados com a geopolítica energética.

Hipóteses de cenários

Entre todas as questões que seriam pertinentes, selecionamos três elementos fundamentais a serem aprofundados. O primeiro diz respeito à perda do monopólio do exercício da força estatal por parte das FFAA. O segundo, relacionado ao primeiro, é sobre a quebra de hierarquia generalizada. O terceiro trata da destruição das instituições estatais e sua reorganização enquanto Estado autoritário.

A primeira hipótese ocorre em virtude da forte ligação entre Bolsonaro e as milícias armadas. É estranho que as FFAA não soubessem dessas ligações antes da eleição, devido ao seu acesso privilegiado às ferramentas de informações, ao seu envolvimento em várias GLOs no Rio de Janeiro, e mesmo na intervenção federal em que se destacou o chefe da Casa Civil, gen. Braga Netto. Ao que se sabe, as milícias se profissionalizaram, passando não somente a controlar territórios, populações e economias locais, mas também a ter arranjos com organizações criminosas internacionais. Se as FFAA sabiam dessas ligações, também é estranho terem endossado um presidente fortemente apoiado por essas forças também armadas, ainda que milicianas, mas que disputam com as próprias FFAA o monopólio de usar a força do Estado. Existiria um medo de que, caso as FFAA não ocupassem seu espaço formal no governo, esse vácuo de poder seria ocupado por forças armadas informais (paramilitares)?

Esse medo faz sentido não apenas diante de forças informais, mas também das formais, como as polícias militares. Por muito tempo, as polícias (ou guarda nacional) tiveram efetivos maiores e até equipamentos melhores que as FFAA. A missão militar francesa, por exemplo, veio antes profissionalizar a força pública de São Paulo, hoje polícia militar, e só depois o Exército brasileiro. Foi uma conquista das FFAA, portanto, a subordinação das polícias, com a criação da Inspetoria Geral de Polícias Militares dentro do Exército. Todos os projetos de mobilização das FFAA em território nacional em caso de grave ameaça contam com a utilização dessa força auxiliar extremamente pulverizada. Mas o que vemos hoje são disputas das FFAA até mesmo com a Polícia Federal, pelo controle do Palácio do Planalto, por exemplo. Nesse processo, a autoridade moral sobre as demais vai sendo contestada.

A maioria dos intelectuais escreve sobre o medo da policialização das FFAA devido ao seu emprego em GLO. Do ponto de vista de um cidadão comum isso é correto, mas do ponto de vista das FFAA, o verdadeiro medo é o aumento da militarização das polícias, de modo a se tornarem mais importantes do que elas. O mesmo vale para as milícias, sobre as quais, cabe lembrar, não houve nenhuma medida por parte do combatente ministro Sérgio Moro. Perder esse monopólio seria o fim das FFAA brasileiras, que diferente de outros países da América Latina, não conviviam com forças paramilitares, mas têm na memória institucional momentos em que essas disputas ocorreram.

Essa preocupação foi recentemente confirmada com o motim da polícia militar do Ceará. As FFAA foram empregadas, a pedido do governo estadual petista e por pressão das mesmas, conformando uma GLO. Bolsonaro resistiu até onde pode, pois se a situação naquele estado saísse do controle, teria como bônus a demonstração da sua força de mobilização nas polícias, criando caldo para a nacionalização das milícias cariocas, além de desestabilizar um governo opositor. O ministro da justiça Moro atuou muito fracamente. Outro militar que também passou panos quentes na indisciplina foi o coronel comandante da Força Nacional de Segurança, Aginaldo de Oliveira, que elogiou a atuação dos PM. Se já havia dúvidas no Alto Comando sobre as relações carnais entre a família do presidente e as forças de segurança, estatais ou não, o episódio ligou a luz vermelha.

Passemos ao segundo cenário: a hipótese de quebra de hierarquia, pilar fundamental das FFAA junto à disciplina. Quando entraram no governo, as FFAA tinham a firme crença de que tutelariam Bolsonaro. Na realidade, Bolsonaro foi mais habilidoso e fez o que sempre fez: sindicalismo militar e política para o baixo clero. Ele fala diretamente com a baixa oficialidade e com os praças. Não perde nenhuma formatura, assim como fazia quando era deputado. A baixa oficialidade pode argumentar que a desobediência à hierarquia é exemplo do próprio comando, e Villas Bôas já deu diversas demonstrações de proteger insubordinações militares contra o poder civil, cometidas pelo próprio Mourão.

Sabendo dessa fragilidade, Bolsonaro disputa os estratos inferiores e força os generais a posicionamentos públicos mais radicais, sob pena de perderam uma base mais ideologicamente bolsonarista nas próprias FFAA. As diferenças também surgirão entre os oficiais. Por exemplo, um coronel no Banco Central receberá um salário condizente ao de outros gestores do mesmo nível, maior que o de generais em final de carreira. Em outras palavras, a hierarquia vai sendo solapada pela distribuição de oficiais em empregos a partir de critérios distintos para a promoção, salário e benefícios. A profissionalização é desestabilizada pela nova divisão de trabalho e suas recompensas.

Num país que não vive em guerra, os oficiais se diferenciavam dos sargentos pela sua formação. Agora a maioria dos soldados tem curso superior, alguns até pós-graduação em Universidades civis. Os comandantes precisam encontrar outras formas para demonstrar sua autoridade, para além das simbólicas, como medalhas e demais identificações. Quando se trata do poder civil, esse fosso é ainda maior. Exemplo recente foi visto na formatura da Polícia Militar de São Paulo. Na ocasião, o chefe da Polícia, o governador João Doria, foi vaiado, enquanto o presidente Bolsonaro foi aclamado.

A fraqueza do comandante que cede à pressões, sejam elas internas ou externas, é uma das variáveis que compõe nossa terceira hipótese, de que o bolsonarismo estaria conseguindo desestabilizar todas as instituições do Brasil, incluindo as mais tradicionais, como as FFAA e o Judiciário. Nesse sentido, o governo vem distribuindo cargos para militares por toda a administração federal. A justificativa é que militares e policiais são técnicos e, por isso, bem preparados para gerir a burocracia sem se corromper.

Regimes nos quais o sistema de controles mútuos entre os poderem funcionam, temem a paralisia decisória que conflitos entre os poderes podem provocar. Tomando o mesmo desenho, a militarização da burocracia pode levar ao seu colapso. Por um lado, agrada sua base, inclusive com ganhos financeiros – quebrando a hierarquia militar. Por outro lado, ao colocar pessoas despreparadas e, ao mesmo tempo, que tem por missão uma determinada ação que contraria sua própria função – por exemplo, um produtor de agrotóxico cuidar do financiamento para agricultura orgânica – em cargos chave, desestrutura o processo de corrente de transmissão de decisões, levando ao colapso da burocracia.

Sem resultados na economia, o governo se sustenta a partir de uma forte retórica ideológica, elegendo pautas que alimentam uma base social militante em torno de 15% a 30% da população, segundo as pesquisas. Bolsonaro organizou e mantém mobilizado esse exército informal militante. Porém, um elemento altamente preocupante é que parte desse exército é armado, como é caso do apoio miliciano e das polícias militares. Essa foi uma das características básicas de sustentação de governos fascistas.

Independentemente da confirmação dos cenários anteriores, com a perda ou não do monopólio da força e a quebra de hierarquia, Bolsonaro tem hoje um forte exército pretoriano, jamais visto por algum outro governante da Nova República.

Nesse cenário, também não é descartável a hipótese de militarização da política, distinta de 1964, mas com uma questão comum. Antes de mais nada, para garantir sua própria existência, as FFAA precisam garantir a existência do Estado. Sem uma estrutura de mediação política (função da República) para os conflitos estruturais que inevitavelmente surgirão num cenário de crise social, triunfa a mediação da violência. O problema moral e político das FFAA é que seu cliente é algo abstrato, como instituições coletivas ou até imaginadas, como a Constituição, maiorias eleitorais, nação, líder, frequentemente em conflito entre si. Elas não são responsáveis por essas tensões, mas recorrentemente conduzem as FFAA a impasses.

Por outro lado, as FFAA não querem ficar mais uma vez com a pecha de golpistas, afinal, Bolsonaro foi eleito. Da mesma maneira, não desejam abrir espaço para um retorno da esquerda ao governo. Nesse sentido, tão importante quanto acompanhar a movimentação das camadas superiores do governo é perceber a militarização que ocorre no seio da sociedade, bem como as alterações que ocorrem na percepção do povo brasileiro sobre as FFAA. Para isso, é preciso levar em conta a cultura violenta e autoritária que estrutura o país e o tipo de transição do regime burocrático autoritário para o governo democrático que aqui se construiu. Mas isso é tema para outro artigo.

Terminamos este texto diante da explosão dos casos de Coronavírus no Brasil. Até agora, as respostas do presidente mantiveram a subordinação ao raciocínio dos EUA no combate a crise, até mesmo negando a gravidade da pandemia. Essa não é uma guerra, mas é sem dúvida o maior teste que as FFAA terão, como reconhecido em recente pronunciamento do comandante do Exército, gen. Edson Pujol. Suas capacidades de comando, mobilização, logística, articulação política, cooperação com outras instituições, apoio humanitário, pronta resposta e muitas outras serão colocadas à prova. Simultaneamente, é uma janela de oportunidade para a militarização da política. Sem dúvida, as FFAA sairão desse processo em outro patamar. Se melhor ou pior, veremos. Assim como em todo o mundo, os próximos meses determinarão o que esse século será para o Brasil. Todavia, uma certeza deve guiar a todos nós: O povo brasileiro não pode entregar seu destino aos generais.

*Ana Penido é pesquisadora em estágio de pós doutoral (bolsista Capes) do Instituto de Políticas Públicas em Relações Internacionais (IPPRI – UNESP), investigadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES).

** Jorge M. Rodrigues é mestre em Relações Internacionais pelo Programa ‘San Tiago Dantas’, investigador do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES).

***Suzeley Kalil Mathias é professora Associada em Relações Internacionais (FCHS-Unesp; Programa ‘San Tiago Dantas’), investigadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES) e do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq-PQ2).

Disponível em: https://www.thetricontinental.org/pt-pt/brasil/as-forcas-armadas-no-governo-bolsonaro/?fbclid=IwAR01Ke6q6qM4ssjvYJhjJ0GY27fq97G4UIjfmCu7BUYl3v0gwSLs0mdqRIE

“Temos Forças Armadas para defender os interesses dos EUA”, aponta pesquisador

28 de outubro de 2019 Por GEDES

Para Héctor Luís Saint-Pierre, é um paradoxo militares apoiarem a desregulação da economia e a entrega de patrimônios

*Entrevista concedida à Ana Penido, pesquisadora do Instituto Tricontinental

Brasil de Fato | São Paulo (SP) 26 de Outubro de 2019 às 10:16

Com a ampla participação de militares no governo de Jair Bolsonaro, há mais interesse em compreender quais ideias carregam essa categoria especial de servidores públicos. “O sentimento de pertença à corporação militar parece superar o sentimento nacional e até o ‘patriótico’, do qual se consideram guardiões”, aponta Héctor Luís Saint-Pierre, coordenador executivo do Instituto de Políticas Públicas e Relações internacionais da Universidade Estadual Paulista (Unesp). Em entrevista ao Brasil de Fato, o pesquisador argentino avalia também a política de Defesa e diplomacia encampada pelo atual governo a partir de uma composição eminentemente militar. Ele relembra que a liderança regional exercida pelo Brasil durante o “governo de Luiz Inácio Lula da Silva foi deliberadamente abandonada”. “Quem imaginava que, pelo comprometimento dos militares com o governo Bolsonaro, prevaleceriam os valores nacionais e a defesa da soberania, pode constatar o abandono desses valores (…). Assim, poder-se-ia concluir paradoxalmente que temos Forças Armadas para defender os interesses norte-americanos, entre os quais, a desregulação da economia nacional e a apropriação das riquezas brasileiras”, avalia. Confira, a seguir, a entrevista:

Brasil de Fato – Seria possível afirmar que, guardado espaço para algumas heterogeneidades, existe um fio condutor do pensamento dos militares brasileiros?

Hector Saint Pierre – A corporação militar não é monolítica, como pareceriam indicar seus uniformes. Apesar de se apresentem para fora sempre unidos e subordinados a uma sólida estrutura hierárquica, internamente existem posicionamentos nem sempre coincidentes, como ficou evidenciado historicamente em movimentos que contestaram algum aspecto das decisões da cúpula militar. Assim ocorreu na Marinha com a Revolta da Chibata em 1910; no Exército, com o movimento tenentista na década de 1920; os expurgos na era Vargas; e, particularmente, na notável repressão interna às três forças durante o golpe de 1964, com prisões, desaparições, tortura e morte de muitos militares, como ficou denunciado pela Comissão da Verdade. Cada período histórico está caracterizado por uma direção da corporação definida por algum grupo hegemônico, oscilando entre o nacionalismo e o liberalismo (por não dizer entreguismo), entre a procura de uma autonomia política que busque a liberdade de ação estratégica de maneira não confrontativa até o alinhamento automático.

Se há algum fio condutor que tem resistido às mudanças de posições dos militares com relação à política são os valores corporativos que se mantém por cima de qualquer outro. O sentimento de pertença à corporação militar parece superar o sentimento nacional e até o “patriótico”, do qual se consideram guardiões. Em geral, o militar confia mais no militar de outro país do que nos civis do seu próprio. Sem resistir à generalização, poderíamos dizer que a maioria adere a valores positivistas, como o pânico da História e da mudança, a ideia contraditória de “ordem e progresso”, valores tradicionais de família e sociedade e um anticomunismo doentio que associam com qualquer crítica ao status quo burguês. Do ponto de vista político institucional, se consideram um quarto poder moderador, aquele poder vigilante capaz de intervir no jogo político sempre que a (nunca definida) “pátria” corra perigo. Consideram-se a reserva moral da nação e dos valores ocidentais o que, para eles, legitimaria intervir no quadro político sempre que considerem oportuno, como manifestou mais de uma vez, ainda na ativa, o general e atual vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão.

Em seu artigo “Racionalidades e Estratégicas”, você elenca categorias para entender o pensamento militar. Destacamos três dimensões: a autonomia das Forças Armadas diante do Estado e sua relação com a democracia; percepções de hegemonia regional; e conceitos como o de inimigo, provenientes de uma determinada forma de se ver as dinâmicas de guerra e paz. O que vem ocorrendo no Brasil hoje, na política de Defesa, confirma o defendido no artigo?

Nesse artigo, meu objetivo é desenhar um modelo de análise diagramado sobre variáveis que permitiriam analisar ou comparar concepções de Grande Estratégia, que se trata de um plano de defesa a partir do mais alto comando da nação. Esse planejamento pode ser definido pelo Executivo, mas deve ser aprovado pelo Legislativo como uma política de Estado que supere a duração de um governo. Ante uma ameaça que indique a aplicação desse planejamento, o Executivo assume a condução e a responsabilidade das ações. Nessa Grande Estratégia, as Forças Armadas são apenas um dos componentes, o essencial, mas não o único nem necessariamente o mais relevante dependendo do caso.

Com a transição de uma ditadura militar para um governo democrático, no qual se espera a estrita subordinação daqueles ao poder político legítimo, deveria ser possível constatar concomitantemente uma mudança na concepção estratégica do Estado.

Nesse artigo, trato como Concepção Estratégica Oficial (CEO) uma concepção cujas variáveis obedeciam ao período da ditadura militar e como Concepção Estratégica Alternativa (CEA) um estado de coisas ideal que eu imaginava que deveria refletir as condições de defesa de um sistema democrático. Se tivesse havido uma transição à democracia no Brasil estaríamos perto da CEA. A partir dessa comparação seria possível corroborar se de fato a mudança política de sistema foi acompanhada por um acomodamento da forma da força, do emprego e missões do monopólio legítimo da violência, isto é, deveria se contatar uma mudança na concepção estratégica do Estado.

Porém, diferentemente de outros países como Argentina, onde a transição foi por colapso, ou Chile e Uruguai, onde foi pactuada, o Brasil teve uma transição lenta, gradual e segura, concedida pelos militares, que mantiveram estrita vigilância para manter vigente a CEO.

Hoje, os militares continuam a exercer uma função tutelar sobre o Brasil, menos pelos militares retirados ou da ativa que povoam a casa de governo, do que pela pressão velada que exercem sobre a sociedade, os políticos e as instituições, seja por “assessorias” injustificadas ou ameaçadores tuítes limítrofes com a ilegalidade. A Defesa nunca deixou de ser uma caixa fechada para a sociedade e se preservou como monopólio das Forças Armadas. É verdade que desde os últimos anos do governo Fernando Henrique Cardoso e mais especialmente durante os governos petistas houve uma tímida intenção de democratizar o tema. Mas essa timidez foi entendida como debilidade pelos militares que endureceram ainda mais sua posição. Não há democracia sem estrita subordinação militar ao controle civil, sem uma efetiva condução política civil da Defesa, sem uma ativa participação da sociedade na discussão sobre a Defesa Nacional, sem mando civil e obediência militar. Definitivamente, as Forças Armadas brasileiras conquistaram uma autonomia e prerrogativas incompatíveis com o sistema democrático.

E em relação à política externa?

Supõe-se que – numa concepção alternativa, isto é, democrática – essa forma de inserção internacional deveria resultar de um debate com a sociedade, buscando a cooperação regional, que garanta a liberdade de ação estratégica e a autonomia da decisão. Poder-se-ia dizer que tanto as Forças Armadas quanto o Itamaraty sempre procuraram uma relativa liberdade de ação estratégica e certa autonomia da decisão, respectivamente, na sua área de interesse, mas sempre de forma não confrontativa com os Estados Unidos. Não obstante isso, desde 2009, pode ser notada nas Forças Armadas a procura de uma aproximação com os Estados Unidos, a qual foi ficando mais clara durante o governo de Michel Temer. De forma inédita, um general brasileiro é promovido ao sub-comando de Cooperação Regional do Exército do Comando Sul dos USA.

Durante a campanha presidencial de 2018, o então candidato Bolsonaro enquadrou-se frente à bandeira dos Estados Unidos num gesto vergonhoso para qualquer pretensão soberana. Já presidente, Bolsonaro ofereceu ao governo dos Estados Unidos uma relação servil para os interesses americanos e uma aliança militar com o governo de Donald Trump que vive antagonizando com quase todo o mundo. Este alinhamento automático à estratégia dos Estados Unidos engessa a política externa brasileira aos interesses da superpotência, transformando a oportunidade apresentada pelo rearranjo de forças mundiais que está mudando a polaridade global em uma desgraça.

No lugar de aproveitar o estremecimento global pelo acomodamento das estaturas estratégicas das três grandes potências [Estados Unidos, China e Rússia] e se manter à margem, o Brasil abraça a superpotência decadente se condenando a realizar apenas os negócios que ela lhe permita. Quem imaginava que, pelo comprometimento dos militares com o governo Bolsonaro, prevaleceriam os valores nacionais e a defesa da soberania, pode constatar o abandono desses valores e a entrega da soberania por questões meramente ideológicas e até místicas. Assim, poder-se-ia concluir paradoxalmente que temos Forças Armadas para defender os interesses norte-americanos, entre os quais, a desregulação da economia nacional e a apropriação das riquezas brasileiras. A liderança regional concedida e reconhecida pelos países de América do Sul ao Brasil durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva foi deliberadamente abandonada e, no seu lugar, os Estados Unidos parecem propor para o Brasil ser seu bastante procurador na região, colocando o sangue do soldado brasileiro como lubrificante dos seus interesses.

Percebemos críticas, na sua obra, sobre a apropriação de conceitos estadunidenses e europeus para pensar a realidade latino-americana. Em outros termos, fica evidente a afirmação de que o pensamento militar brasileiro não é tão brasileiro assim, e que isso é um problema. Por que acha que isso ocorre?

A colonização não é um fenômeno meramente econômico, ele também é político, social, cultural e epistêmico [intelectual]. A colonização epistêmica nos impõe óculos para ver a realidade como o colonizador quer que vejamos, esses óculos são os conceitos e as teorias que muitas vezes se assumem acriticamente. Aqueles acadêmicos do mainstream que definem o digno de ser pensado, publicado e lido são tomados “pelas colônias” como referências de objetividade e cientificidade. Porém, a maioria deles são ou foram ou serão funcionários do Estado (diferentemente do Brasil, noutros países os acadêmicos e não os militares são consultados) e pensam o melhor para seu país, que é um Estado colonizador. O que é condenável é que nossos acadêmicos defendam, na colônia, o que o colonizador defende como bom para a metrópole. As teorias e os conceitos não são neutros, eles são valorativos. Por exemplo, “Guerra de baixa intensidade” é conceito estabelecido pelos

Estados Unidos para se referir a guerras nas quais se aplica parte pouco expressiva da sua capacidade bélica. Mas as guerras são travadas entre dois beligerantes e a definição dela ou compreende os dois ou terá duas definições dependendo de que lado da disputa se encontre. Na Guerra da Nicarágua, definida pelos Estados Unidos como de “baixa intensidade”, para os nicaraguenses foi uma guerra total.

Se esta situação é séria para os acadêmicos, quando consideramos o colonialismo entre os militares, ela é dramática. Há uma tendência à uniformização das Forças Armadas do mundo condicionada pelo que passou a ser chamado de “o arsenal mundial”. O armamento – fundamentalmente condicionado pelos sistemas de armamento, pelo alto nível de complexidade e sofisticação, que exige a existência de uma economia intensiva – é produzido por poucos países. Quando um país não tem condições de aplicar capital intensivo à produção de artefatos bélicos, como são a maioria dos países, particularmente do Sul global, ele deve recorrer às matrizes do arsenal global para adquirir os sistemas de armas. Mas junto com os sistemas de armas também se compra a organização militar adequada a esse sistema, uma doutrina militar, uma doutrina de emprego imposta pelo sistema, treinamento e também o inimigo. Quem define contra quem se pode empregar esses sistemas de armas é o vendedor, logo, é ele quem define o inimigo.

Note-se que a definição do inimigo não significa apenas a indicação daquele contra quem apontarei meu armamento, mas também aquele de quem não poderei comprar, ainda que tenha preços competitivos, assim como a quem não poderei vender minha soja (o caso dos barcos carregados de soja, retidos no porto de Paranaguá, é um exemplo claro de como se pode ir contra os interesses nacionais pela pressão ideológica garantida pela dependência estratégica). O paradoxal disto é que o armamento que deveria garantir a soberania, a autonomia da decisão política, pelo contrário, a compromete. Do mesmo modo, o militar, sujeito ativo da liberdade estratégica, pela dependência instrumental e doutrinária é agente da subordinação estratégica.

Hoje, contamos com um instrumento da força típico da Segunda Guerra com uma ideologia estratégica da Guerra Fria. Os militares, que foram historicamente associados ao desenvolvimento, hoje parecem ser a garantia da dependência. A entrega da Embraer, vanguarda da pesquisa e desenvolvimento nacional, foi entregue sob seu olhar atento. O mesmo poderia ser dito da Petrobras ou da Base de Alcântara. Os militares temem pensar fora da caixa.

Bolsonaro dá grande valor à batalha das ideias e das narrativas sobre a História, daí sua grande investida contra as universidades e a pesquisa brasileira, com importantes cortes orçamentários. Os cortes também ocorreram na área de Defesa, mesmo com a presença dos militares no governo. Quais as principais ameaças que se apresentam para aqueles que produzem ciência nas áreas relacionadas às questões militares e de Defesa?

A comunidade acadêmica dedicada, hoje, aos temas da Paz, da Defesa, da Estratégia, dos Militares e da Guerra foi invadida por militares. A chamada “comunidade epistêmica da Defesa” não é a mesma de 30 anos atrás. Naquele momento, pretendíamos disputar o monopólio da reflexão sobre temas que estava exclusivamente tratada em mãos dos militares. Hoje, constatamos tristemente que não conseguimos quebrar esse monopólio, mas, em contrapartida, os militares conseguiram não apenas quebrar o nosso monopólio da reflexão científica como conseguiram completar sua estratégia de ocupar o Ministério da Educação, a Capes [Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior] e o CNPq [Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico], assim como se apropriar de parte do orçamento destinado à educação e à pesquisa científica.

Ao mesmo tempo em que as universidades públicas estão sendo sucateadas, sem capacidade de renovação geracional por falta de contratação, as academias militares abriram pós-graduações em áreas não específicas para a função militar, como Relações Internacionais, e contaram com verba para abrir numerosos concursos. Qual a lógica dos militares abrirem pós-graduações sendo que há, e muito boas, nas universidades públicas? Será para oferecer títulos para seus oficiais? Não precisariam: o ministro da Educação do governo Temer decretou (sim, assim mesmo) que as ciências militares são uma ciência. Por essa medida, os oficiais que estudam as “ciências militares” (que são ciências dirigidas a melhorar sua performance nas missões precípuas, e não para realizar pesquisa científica) são agraciados com o título de doutor e podem disputar com aqueles que fizeram opção de vida pela ciência. Será que querem reduzir as teorias científicas a “versões”, como fazem com a História?

Os Militares do Presidente

9 de outubro de 20191 de julho de 2019 Por GEDES

Em meio a um festival de incompetências, amadorismos e declarações estapafúrdias que tem se mostrado o governo Bolsonaro, um grupo, em específico, chama atenção por ao menos dois motivos. Em primeiro lugar, porque não devia estar lá. Em segundo lugar, porque tem dado manifestações recorrentes de que é o locus de racionalidade de um governo que mais se assemelha a uma versão mal editada de um reality show. Refiro-me aqui aos militares, notadamente do Exército, que têm ocupado cargos importantes no governo. “Braço Forte e Mão Amiga”, os militares têm sustentado o governo Bolsonaro não apenas executando as missões a eles atribuídas, mas dando ao governo uma dosagem de legitimidade imprescindível.

A face deste fenômeno é, por certo, Hamilton Mourão. Atual vice-presidente da República, Mourão, um militar da reserva, tem chamado atenção pelas declarações que, não raramente, colocam-se em contraposição aos demais membros da equipe de governo, quando não, ao próprio presidente. Sua atuação na Vice-Presidência tem se destacado de tal forma que até mesmo o jornalista Ricardo Noblat, em sua conta no Twitter, realizou uma enquete avaliando o desempenho do general.

Num âmbito geral, Mourão tornou-se a figura governista favorita da mídia brasileira, por um motivo muito simples: o tratamento dispensado ao jornalismo é o que, naturalmente, espera-se de um representante político. Ao contrário do secto bolsonarista, adepto à moda trumpista de deslegitimar a atividade jornalística, Mourão monstra tamanha polidez que lhe rendeu a alcunha de “queridinho da imprensa”. Sua atual aparente sensatez choca-se com as declarações polêmicasemitidas durante a campanha. Em que medida isso representa um recém-adquirido senso de responsabilidade, resta ser avaliado.

De todo modo, uma vez empossado, o agora vice-presidente tem se esforçado, por motivos ainda desconhecidos, para superar o clima de campanha e se colocar a altura do cargo que ocupa – contrastando, assim, com o papel de youtuber do entourage da Presidência. E foi dessa forma que foi percebida, por exemplo, sua declaração quanto ao exílio de Jean Wyllys – sobre as ameaças sofridas pelo parlamentar, Mourão declarava que se tratava de um ataque à democracia.

Mas é no campo das decisões em política externa que se torna mais visível o abismo entre um certo senso de responsabilidade dos militares no governo e os voluntarismos irresponsáveis dos demais membros do gabinete, principalmente do próprio presidente. Fala-se mesmo em um “cordão sanitário” formado pelos militares do governo em torno do chanceler Ernesto Araújo. Nesse campo, ganham destaque as falas do general Augusto Heleno, atual chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), além das afirmações de Hamilton Mourão. Comecemos, pois, pelo vice-presidente:

Mourão foi pivô de assertivas que questionavam diretamente as diretrizes da política externa do governo Bolsonaro, bem como a capacidade de Ernesto Araújo em conduzi-la. Em entrevista concedida à revista Época para a formulação de um perfil do chanceler, Mourão sugeria como chamada: “terá Ernesto condições de tocar e dizer o que é a política externa do Brasil?”. Somado a isso, o vice-presidente tem mantido uma agenda nutrida de reuniões com diversas representações internacionais. Em muitos desses encontros não houve a presença de Araújo e, nas reuniões em que o chanceler participou, cumpriu apenas o papel de pajem. Sua participação no Grupo de Lima, por exemplo, no qual o chancele teve apenas papel secundário ou ainda também na reunião mantida por Mourão com Juan Guaidó, autoproclamado presidente venezuelano, no marco de sua visita ao Brasil. Em suma, seu entendimento sobre a política externa bolsonarista expressa-se na seguinte frase: “está faltando prudência. Não podemos falar qualquer coisa e depois desfalar (sic). Agora é tempo de analisar. Não é tempo de sacar soluções da cartola. A palavra é prudência”.

Não bastasse, tem sido também divergente a abordagem dos militares e do governo em relação à crise na Venezuela. Tanto Mourão, quanto Heleno têm sido enfáticos na negação de que uma intervenção militar no país vizinho faz parte dos planos do governo brasileiro. Durante o período de transição, Heleno ressaltava o trabalho humanitário feito pelas Forças Armadas com os refugiados venezuelanos e pontuava os impedimentos constitucionais a uma incursão militar brasileira na Venezuela. Quando ainda era cotado para ocupar o Ministério da Defesa, na tentativa de pôr fim aos rumores de intervenção, Heleno afirmava que o Brasil não aderiria à defesa estadunidense de uma intervenção militar. Considerando os custos de uma eventual intervenção, declarava: “é constitucional que o Brasil não aceita ingerência de países estrangeiros nos assuntos internos e também não fará ingerência nos assuntos internos de outros países. Então, é isso aí”.

O comportamento dos militares do presidente denota uma elevada familiaridade com o fazer político. Pedimos licença aqui para não nos atermos especificamente à legitimidade de sua atuação política. Dado o processo de formação na caserna, é difícil sustentar que uma vez na reserva os militares deixam de ser militares e passam a configurar como corpo civil. Na verdade, a própria noção de reserva vem acompanhada de um “senso de servir” – os militares da reserva estariam sempre em prontidão para voltar à ativa caso convocados. Seja como for, fato é que a atuação dos militares no governo tem funcionado como um sustentáculo de racionalidade num mar de despautérios. E a pergunta que fica é: mas a que custo?

No dia 13 de novembro de 2018, no marco da nomeação de Azevedo e Silva ao Ministério da Defesa, o então comandante do Exército, Eduardo Villas Bôas, voltou a pontuar que apesar de aprovar a nomeação do militar para o cargo, não haveria de se confundir o número de militares no governo com um governo de militares. Em suas palavras, “embora muitos militares estejam sendo chamados a participar do Governo, isso não significa que o Exército, como instituição, esteja fazendo isso. O Exército continua no seu papel de instituição de Estado, apolítica e apartidária”.

Apesar do paradoxo de suas declarações, quando confrontadas com o fato de que o próprio Villas Bôas hoje faz parte do governo, a preocupação manifestada pelo então comandante dialoga exatamente com nosso argumento. Ao transferirem para o governo a legitimidade institucional de que gozam perante a sociedade, os militares arriscam serem confundidos, em si, com o governo no qual ocupam cargos. Como consequência, expõem-se ao risco de terem não apenas a imagem manchada face à sociedade brasileira, mas principalmente de desprofissionalização de seus quadros.

No bojo da crescente participação militar nos quadros governamentais – fato cujo fenômeno mais recente é o anúncio de quatro programas televisivos para as Forças na TV pública –, as manifestações sobre o Golpe de 1964 chamam especial atenção pelo caráter esdrúxulo e desrespeitoso às vítimas do regime opressor e assassino que se instaurou no Brasil. Após o comunicado de Bolsonaro que incentivava comemorações ao golpe, a cúpula militar manifestou-se – por receio ou prudência – alegando que os eventos deveriam ser conduzidos “de maneira discreta” e “sem manifestações públicas”. Ciosos pelo esquecimento deste período da história brasileira, os militares deparavam-se ali com o que há de mais atroz no governo: a releitura deturpada da história.

Quando Dilma Rousseff instituiu a Comissão da Verdade, a relação entre seu governo e os militares, já deteriorada, rumou à debacle – o que é corroborado por Sérgio Etchegoyen, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, em evento no Instituto Fernando Henrique Cardoso. Tomando sua ação como um ataque direto à instituição, os militares, ao menos tacitamente, passaram a antagonizar a presidenta. O resto da história é conhecido. Agora, aos militares que apostaram na figura de Bolsonaro como ferramenta de retomada do poder via voto, resta a tomada de consciência de que, além deles, o governo é composto por unidades não tão organizadas. Dão-se conta dos desmandos de um Abraham Weintraub na Educação e dos absurdos proferidos por uma Damares Alves, ministra da pasta Mulher, Família e Direitos Humanos. Deparam-se com a influência de um suposto filósofo a quem Alberto Santos Cruz, general e então responsável pela Secretaria de Governo, qualificava como desequilibrado.

Ao fim, do ponto de vista das Forças, a pergunta mais importante é: conseguirão as forças armadas brasileiras terminar o período do governo Bolsonaro sem ter sua imagem maculada? Em se confiando nos dados disponíveis, o cenário não é positivo. É exatamente isso que indica a recente exoneração do próprio Santos Cruz da Secretaria de Governo da Presidência da República. Fruto justamente da disputa entre ala olavista e os militares, a queda de Santos Cruz acaba por confirmar o inevitável: sua presença no governo os coloca na linha de frente das disputas políticas nacionais, fazendo-os sujeitos, inclusive, às mesmas táticas de difamação que elegeram o atual presidente.

Por outro lado, se é certo que a desprofissionalização das Forças é anterior ao seu retorno ao poder, sendo a imagem mais evidente deste processo a crescente participação militar em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), é certo também que sua atuação política é disfuncional em si mesma, demandando atenção redobrada. Num contexto no qual grassa a insensatez, não se pode estar desatento ao simbolismo de uma estrutura de governo cuja equivalência em termos de militarização só se encontra no período ditatorial. Em outras palavras, não podemos cair no canto da sereia.

Em texto escrito para a Revista Piauí, a jornalista Malu Gaspar iniciava com a seguinte chamada: “atacado pelos radicais bolsonaristas, o vice-presidente se coloca como garantia contra solavancos do governo”. A chamada – assim como o título no qual lê-se “Mourão, o avalista” – é representativa da situação que se instaurou no Brasil, quando comparamos as alas mais radicais do governo aos militares. Há uma espécie de excitação geral quanto a participação dos militares na política que se expressa em duas linhas básicas.

Por um lado, tal visão advém do respeito de que gozam as forças armadas perante a sociedade, o que faria com que sua atuação política fosse vista como compromissada com o país e livre de desvios morais. Por outro, tem sido cada vez mais recorrente o argumento de que os militares serviriam como moderadores, impondo limites ao governo. Esta última acepção é particularmente interessante – e preocupante – e se expressa de forma singular na declaração de Gaudêncio Torquato: “eles [os militares] se consolidam como poder moderador e escudo protetor do governo em caso de crise. A simples presença deles inibirá sugestões de alternativas fora da Constituição”.

O que se apresenta problemático não é necessariamente que se tenha uma visão positiva acerca dos militares. Ora, no âmbito da subjetividade somos livres em nossas percepções – ao menos em tese. A questão torna-se mais complexa, entretanto, quando observamos jornalistas e acadêmicos transpondo essa percepção ao exercício de suas funções, numa espécie de agitação esperançosa inapropriada. Lembremos: comparativamente, até mesmo o mandato relâmpago de Fernando Collor pode ser considerado positivo. Tudo é questão de parâmetros.

Em que pese seu recente Media Training, não esqueçamos que foi Mourão quem, caneta em punho, feriu de morte a Lei de Acesso à Informação. Foi também esse mesmo Mourão, ainda na ativa, que insinuou, por diversas vezes, a necessidade de um novo golpe militar no país. Assim, se aceitamos a tese de Marcos Nobre de que a eleição de Bolsonaro representa “a revolta das baixas patentes”, sendo os militares o fator de legitimação e, até certo ponto, organização desse governo, é certo que não podemos admitir, a priori, a normalidade de suas ações ou sequer que tais ações advenham de um senso de responsabilidade imaculado para com o país. Com isso, não intento atacar a instituição, senão que reconheço a singularidade do momento em que vivemos: preparados para a guerra, aos militares não cabe a posição de avalista. Instituições burocráticas do Estado, não lhes cabe assumir o papel de Quarto Poder.

Não obstante as tentativas de militares – dentro e fora do governo – de se afastarem do passado ditatorial, o assunto ainda é muito recente e muito mal resolvido para que não nos atentemos às excepcionalidades. Na ânsia de encontrarmos algum grau de normalidade num governo marcado pelo caos, temos de ter cuidado para não incorrer na normalização da crescente participação e ingerência militar na política – em todo o país, são cerca de 7 mil os postos ocupados por militares. É preciso estar atento e forte.

Autor: Jorge M. Oliveira Rodrigues é mestre em Relações Internacionais pelo PPGRI San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP) e bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Sergipe. Pesquisador do Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional (GEDES) e do Grupo de Estudos Críticos sobre Política de Defesa, Cooperação, Segurança e Paz (COOP&PAZ).

Imagem: Roque de Sá/ Agência Senado CC