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Argentina

Neocolonialismo y geopolítica: estrategias ante la fractura del sistema internacional

Por

Héctor Luis Saint-Pierre*

Publicado originalmente em El Cohete a la Luna

Parece obvio que, dada la fractura del sistema internacional y la posible confrontación entre la hiperpotencia y los nuevos polos de poder, las formas bélicas de resolver las brechas en la política internacional sean inevitables. Ante esta posibilidad, la presión se sentirá en todos los teatros de operaciones que ocuparán por completo el mundo. Pese al dramatismo de la situación que se avecina, puede ser una ventana de oportunidades para los países que aún permanecen en situaciones de neocolonialismo, dominio o influencia inevitable de alguna potencia en la actual correlación de fuerzas internacionales.

Pero la oportunidad, sin la preparación adecuada para su aprovechamiento, es inútil. Por lo tanto, aunque la actual crisis del sistema internacional presagia el nacimiento de un nuevo mundo, la acomodación de los países dependerá, en gran medida, de la capacidad de sus líderes para futurizar su posición y prepararse para luchar por ella. En este caso, la “lucha” puede no limitarse a la esfera diplomática, sino que puede requerir la preparación de la fuerza para combinar con la diplomacia la defensa del derecho al propio futuro.

La mayoría de los países del Sur Global se encuentran en esta situación y pueden verse atraídos para la beligerancia —por la fuerza centrípeta de uno de los polos que se disputan el mundo— o buscar neutralizar las fuerzas gravitacionales para mantener una posición pragmática de no-alineamiento. Entrar en la órbita de uno de los centros centrípetos significa subordinar los intereses nacionales a los de ese centro. Algunos de los países serán seducidos, otros inducidos, convencidos, coaccionados o incluso obligados a caer en la órbita de un centro u otro. Otros percibirán, en la resistencia a esas atracciones, la ventana de oportunidad que se abre para defender sus propios intereses. Pero pocos la abrirán —el aprovechamiento de esa oportunidad no es para países débiles—.

El continente americano es una región del mundo en la que el imperialismo estadounidense se ha hecho sentir. Desde decisiones impuestas hasta el reemplazo de gobiernos, los países del continente han sufrido la centenaria interferencia estadounidense. Esta práctica insidiosa fue expuesta ante el Congreso de los Estados Unidos el 2 de diciembre de 1823 por el Presidente James Monroe, quien dio su nombre a la doctrina colonizadora, resumida en la frase “América para los americanos” (donde América somos nosotros y los “americanos” son solo ellos). Desde entonces, la potencia del norte se ha manifestado en el continente con injerencias políticas, sobornos, chantajes, invasiones, intervenciones militares punitivas, imposición de gobiernos y golpes de Estado para mantener su orden en la región — el que le permite satisfacer sus intereses económicos y políticos—. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha ido apretando las riendas estratégicas con el argumento de salvar a los países del comunismo. Así, democratizando por la fuerza, incluso mediante golpes de Estado, fueron ajustando los regímenes de dependencia empleando élites de sectores nacionales beneficiados por la dependencia, tanto en el ámbito político, económico, militar, cultural y, lamentablemente, académico, que interpretan el mundo con la epistemología de la metrópoli. Habría sido imposible mantener los grilletes de la dependencia sin la aquiescencia de estas élites nacionales nada nacionalistas.

La posibilidad de asumir un no alineamiento pragmático, que defienda los intereses nacionales sin satisfacer las demandas de los centros de poder, sean emergentes o en decadencia, requiere una neutralidad activa frente a las presiones para una postura beligerante en la confrontación sistémica. El posicionamiento internacional de neutralidad activa exige la posibilidad de mantener libertad de acción estratégica. Sin embargo, dado el grado de dependencia estratégica actual, ningún país de la región disfruta individualmente de esta libertad en grado suficiente para defender su neutralidad. Una alternativa para lograr suficiente espacio de libertad de acción estratégica es en un régimen de cooperación estratégica, por parte de al menos un segmento de la región. Esto se intentó, en cierta medida, a principios de la segunda década de este siglo con la Unasur y la creación del Consejo de Defensa Suramericano (CDS). Fue un momento de cierta homogeneidad ideológica en la región y de distracción estratégica por parte del hegemón en lo que llamé “la década del sonambulismo estratégico”, en la que se perdió persiguiendo a terroristas por todo el mundo. Pero cuando los vientos políticos cambiaron en la región, UNASUR y el CDS fueron rápidamente desmantelados, y no fue una casualidad.

La alternativa para aprovechar la ventana de oportunidad sería buscar libertad de acción estratégica que permita una cierta autonomía en la toma de decisiones de forma no confrontativa con los intereses del hegemón o, como diría Thiago Rodrigues, “no es ser totalmente dependiente de la hegemonía global estadounidense y además no es ser una potencia contra-hegemónica. Se trata de incrementar espacios de autonomía dentro de la actual arquitectura hegemónica del planeta”. Esto no será fácil y, considerando la temperatura bélica del planeta, tampoco será pacífico.

La generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur, ha aumentado notablemente la frecuencia de sus visitas a la región para, en sus palabras, “proteger nuestras riquezas” (enfatizado mío) de los “competidores y adversarios” del gobierno estadounidense que están “aprovechándose de esta región a diario”, advirtiendo: “Lo que sucede en esta región en términos de seguridad impacta en nuestra seguridad — nuestra seguridad nacional en la patria—”. Las reservas naturales de litio, petróleo, oro, cobre y agua dulce en América del Sur son consideradas por Estados Unidos como una cuestión de seguridad nacional, con referencia al diferendo geopolítico con China, Rusia e Irán. No por otro motivo, se manifestó “muy emocionada”, porque ha sentido que podemos asociarnos mucho más y “hacer un trabajo en equipo mayor del que estábamos haciendo”, luego de su visita a la Argentina, donde le fue ofrecida una base que controle el paso entre los océanos Atlántico y Pacífico y su proyección a la Antártida, vendió 24 aviones multipropósito F16 de Dinamarca y recibió un pedido de 250 vehículos blindados Stryker. Todas estas regalías hacen que sea mefíticamente inequívoco que el Presidente Milei muestra una sumisión incondicional no solo a Trump, sino al diseño estratégico de Estados Unidos.

Sin embargo, la Argentina no es la única que adhiere dócilmente al diseño estratégico de la potencia hegemónica. La política exterior brasileña también está enyesada y quizás más comprometida con ese alineamiento estratégico al tener un general en la cadena jerárquica del Comando Sur. De hecho, desconozco si esa rigidez, esa sumisión vergonzosa, ha pasado por la necesaria autorización legitimadora por parte del Congreso Nacional. De no existir esta autorización, sería una muestra más de la autonomía militar y de que, pese a ser un instrumento del Estado, se atribuyen el derecho de tomar decisiones que comprometen la política exterior y la soberanía nacional.

En 2024 la región es distinta de aquella de 2012. Hoy los vientos son otros, además de neoliberales, son de extrema derecha, de derecha, de “izquierda de resultado”, que producen meros torbellinos que no consiguen potenciarse cooperativamente para convertirse en un huracán que defienda intereses nacionales o regionales. Con élites económicas nacidas y criadas en la dependencia e inculturizadas en Disney, a las que ni siquiera les importa la soberanía mientras sus intereses egoístas estén satisfechos; con medios de comunicación de masas que modulan las percepciones de la sociedad para ver las “ventajas” de la “buena” dependencia; con académicos resignados a ver la historia desde los balcones de la falsa neutralidad axiológica; con militares estratégicamente comprometidos con uno de los polos que aglutinarán las fuerzas en el doloroso parto del nuevo mundo, solo queda la amarga resignación de ver cerrarse otra ventana de oportunidad para aumentar la autonomía en la toma de decisiones y, al no luchar por la “neutralidad activa”, llorar otra generación de jóvenes, muertos en extraños campos de combate, defendiendo los intereses de quienes decidirán nuestro futuro por nosotros.

*Héctor Luis Saint-Pierre es doctor en Filosofía Política, profesor titular de Seguridad Internacional en el Programa de Postgrado en Relaciones Internacionales de la Universidad Estadual Paulista (UNESP). Fundador y líder del Grupo de Estudios de Defensa y Seguridad Internacional (GEDES).

Imagem: Casa Rosada. Por: Flickr.

La desnacionalización estratégica: las nuevas amenazas para la integridad y el rol de las Fuerzas Armadas

Por

Nilda Garré*

Publicado originalmente em El Cohete a la Luna

Dada la situación del sistema internacional con el debilitamiento relativo de Estados Unidos, el crecimiento de China, la aparición de nuevos polos de poder y de importantes actores globales, los riesgos de belicismo aparecen como posibles. Desde el interés nacional es evidente la importancia de adoptar una neutralidad activa que permita afrontar las presiones que se producirán.

En las dos primeras décadas del siglo XXI, en un momento histórico favorable desde el punto de vista de la homogeneidad ideológica de los gobiernos  sudamericanos, un sector importante de ellos siguió el camino de la cooperación estratégica.

Así se creó en el seno de UNASUR el Consejo de Defensa Sudamericano (CDS) donde se conformó  un ámbito que buscaba la unidad doctrinaria de las FFAA de esos países y los necesarios cambios en la formación y educación de las mismas para erradicar los principios de la seguridad nacional en los que se habían formado por imposición del hegemón que durante la Guerra Fría impulsó el comunismo como enemigo a combatir y, una vez desmembrada la URSS, lo reemplazó por el terrorismo islámico en sus diversos matices , al que agregó paulatinamente otros enemigos como los migrantes, los pobres, los pueblos originarios , a los que categorizó como Nuevas Amenazas.

Desde la doctrina que el Presidente James Monroe expuso en 1823 y que se resumió como “América para los americanos” (en realidad para los norteamericanos), nuestra región fue presionada, agredida y hasta invadida en numerosas ocasiones y en varios países por Estados Unidos. También interferida en sus  intentos de unidad  o cooperación.

Recientemente creció el interés por los recursos estratégicos y por la importancia geopolítica que tiene Sudamérica.  Una circunstancia remarcable es la  reinstalación de la IV Flota  en los mares del continente.

Nuestro país ha sido visitado en forma reiterada últimamente por la jefa del Comando Sur, Generala Laura Richardson, y también por el Director de la CIA, presencias motivadas por el interés en nuestros recursos estratégicos, como el litio, el petróleo, el cobre y la abundancia de agua dulce.

Además de las riquezas naturales, en el caso de la Argentina, es de especial interés su privilegiada ubicación en el Atlántico Sur como país más próximo a la Antártida, al Estrecho que une los océanos Atlántico y Pacifico y la cercanía con las Islas Malvinas, Orcadas y Sándwich, usurpadas por Gran Bretaña, país que es socio estratégico de Estados Unidos en la OTAN .

En el contexto global difícil que estamos atravesando es fundamental analizar las decisiones y actitudes que adopta Milei y que comprometen gravemente la situación de nuestro país.

Asistimos a una guerra convencional en territorio europeo —Ucrania, con apoyo de la OTAN, contra Rusia—  y vemos con mucha inquietud el conflicto de Israel contra el pueblo palestino sometido a un genocidio , al que se ha incorporado Irán y que amenaza con extenderse a la región .

En este marco sensible y delicado, Milei declara su alineamiento incondicional con Ucrania y con Israel que implica obviamente su pertenencia a la órbita gravitacional de Estados Unidos, subordinando a  nuestros intereses nacionales.

En el proyecto de la llamada “ley Ómnibus” cuyo tratamiento fue afortunadamente frustrado en la Cámara de Diputados, hay referencias concretas a la Defensa que permiten inferir el pensamiento y los objetivos libertarios en la materia.

Las materias Defensa y Seguridad están regidas en el país por sendas leyes que se aprobaron recuperada la democracia en 1988 y 1992 respectivamente, por un consenso político-social que no solo fue muy amplio sino que además se ha mantenido en el tiempo.

Milei pretende quebrar ese consenso básico autorizando el empleo de las FFAA en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, que seguramente se extenderán después a las Nuevas Amenazas que Estados Unidos paulatinamente agregó porque son sus problemas actuales: migraciones, pueblos originarios, pobres, etc.

El eventual involucramiento de los militares en tareas policiales que podría convertirlos en lo que Juan G. Tokatlian denomina crime fighters,  no requiere de un aumento del presupuesto, por lo que resultaría compatible con lo que sostienen “aquellos que la ven” y que afirman que “no hay plata” .  Además no sería necesaria la incorporación de material pesado a las FFAA, así como tampoco sería relevante la inversión en ciencia, tecnología y producción para la defensa que Milei pretende detener.

Si bien son varios los países que usan a sus Fuerzas para combatir estos delitos (México y Colombia los más destacados), ninguno ha tenido éxito en el objetivo.

Más aún, dañaron seriamente a sus Fuerzas, las discapacitaron para lo que son sus funciones específicas y las contaminaron con la corrupción que facilitan esos ámbitos por la enorme cantidad de dinero que manejan. Debemos agregar como consecuencias las gravísimas violaciones a los DDHH  que cometieron las Fuerzas.

Esta iniciativa es más que negativa. Los soldados están capacitados para la guerra, para aniquilar al enemigo que amenaza la integridad nacional: territorial, aérea, fluvial y marítima, su población, sus recursos, sus objetivos estratégicos. Las armas que fueron entrenados para manejar son cada vez más sofisticadas, letales y altamente complejas. Nada de esto es útil en la lucha contra el delito que requiere prevención, disuasión y en última instancia represión.

Las capacitaciones que reciben la Fuerzas Armadas y las Policiales son distintas, las armas que usan también y por sobre todo son diferentes los objetivos que deben perseguir.

No es admisible convertir nuestras FFAA en Guardias Nacionales, incapaces de afrontar sus responsabilidades primarias en caso de ser necesario

La ley 24.059 de Seguridad Interior prevé en que situaciones las policías podrán recibir aportes de los militares por sus tareas que serán siempre logísticos pero sin participación operativa.

Si el Congreso cediera a las pretensiones de Milei, estaría contribuyendo a concretar una solicitud siempre presente en las demandas e intereses de Washington .

*Nilda Garré: Diputada Nacional. Ex ministra de Seguridad y de Defensa.

Imagem: El Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa de la República Argentina. Por: Wikipedia Creative Commons.

Desnacionalización Estratégica – Ley ómnibus, defensa nacional y ajuste fiscal

Por

*Luciano Anzelini

** Sergio Eissa

Publicado originalmente em El Cohete a la Luna

El 20 de diciembre del año pasado, el gobierno nacional emitió el Decreto 70/2023, al que denominó “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, en el que declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025”. Asimismo, fija en el decreto la casi total desregulación del andamiaje económico nacional mediante la eliminación o modificación de cientos de leyes. Sin embargo, en la norma no hay prácticamente referencias a la defensa nacional, con excepción de dos menciones genéricas relativas a los códigos Aduanero (en el artículo 144) y Aeronáutico (en el artículo 184).

Una semana más tarde, el Presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación un extenso proyecto de ley al que denominó —parafraseando el título del histórico texto de Juan Bautista Alberdi— “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, pero que inmediatamente se popularizó como “Ley Ómnibus”. El proyecto de ley, que profundiza la línea fijada en el Decreto 70/2023 —desregulando drásticamente el comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y procurando dejar sin efecto todo lo que entiende como restricciones a la oferta de bienes y servicios—, sí tiene referencias concretas a la defensa nacional. En efecto, ya en su artículo 1° anticipa que la norma proyectada contiene “delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia de (…) seguridad y defensa”.

En consecuencia, atento a la trascendencia que tiene semejante decisión —nótese que el artículo 76 de la Constitución nacional establece la prohibición “de la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”—, urge la necesidad de un análisis detallado de lo que la norma propuesta prescribe en materia de defensa nacional.

El consenso permanece, ¿pero está firme?

En la edición del Cohete del pasado domingo 31 de diciembre, su director, Horacio Verbitsky, advertía correctamente que “el gobierno decidió no incluir en el ómnibus ninguna modificación a las leyes de defensa nacional, seguridad interior e inteligencia nacional que permitieran la actuación castrense fuera de su actividad específica. Esas leyes, promulgadas durante los gobiernos de Alfonsín, Menem y De la Rúa, expresan el consenso multipartidario que rigió durante cuatro décadas, al dividir en forma tajante entre defensa nacional y seguridad interior. Modificarlo por decreto no satisface las exigencias de los miembros de las actuales promociones para volver a enterrar sus borceguíes en el fango que ensució los uniformes de quienes los precedieron, y por ley no cuenta con el número suficiente”.

Este saludable reflejo de preservación de los militares —que advierten las consecuencias que acarrearía un involucramiento en seguridad interior— nos remonta a más de dos décadas atrás, cuando el jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, rechazó el pedido del Presidente Fernando de la Rúa (1999-2001), de su secretario de Seguridad, Enrique Mathov, y de su ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, para reprimir las protestas que estaban ocurriendo en diferentes lugares del país. A criterio de Brinzoni, no sólo no estaban dadas las condiciones de excepcionalidad previstas en la Ley de Seguridad Interior N.º 24.059, sino que además consideraba que se trataba de un problema político y socioeconómico que debía resolverse institucionalmente.

Si bien por ahora el “consenso permanece”, cabría preguntarse cuán sólido está. La Vicepresidenta, Victoria Villarruel, afirmó, cuando aún estaba en plena campaña electoral: “No estamos de acuerdo con que las Fuerzas Armadas combatan el delito”. Por su parte y en sentido contrario, la actual ministra de Seguridad y entonces precandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, señaló: “La lucha contra el narcotráfico tiene que ser de frente y sin cuartel; debemos usar todos los medios del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas”. Estas disonancias se extienden hasta el presente: si bien el proyecto de Ley Ómnibus no avanza abiertamente contra el consenso democrático de separación entre defensa y seguridad, fuentes de Casa Rosada dejan trascender que “Milei quiere avanzar cuanto antes en una fuerte batalla contra el crimen organizado y el terrorismo, no sólo con las fuerzas de seguridad, sino también con los militares”.

En este marco, es importante advertir que el artículo 3º del proyecto de Ley Ómnibus declara la emergencia en materia de defensa y seguridad, delegándole al Poder Ejecutivo Nacional facultades legislativas, tal como sostiene el artículo 1º, en clara violación con el artículo 76 de la Constitución nacional, en tanto no existe una situación excepcional y de emergencia que exija esa delegación en materia de defensa.

Ahora bien, la delegación no resulta inocua. En primer lugar, el Presidente podría modificar sin intervención del Congreso de la Nación las leyes de Defensa Nacional N.º 23.554, de Seguridad Interior N.º 24.059 y de Inteligencia Nacional N.º 25.520 y sus modificatorias, quebrando así el denominado “consenso básico” y autorizando el empleo de las Fuerzas Armadas en materia de lucha contra el narcotráfico o el terrorismo, como anhela la ministra Bullrich. Asimismo, podría otorgarle nuevas facultades al Poder Ejecutivo Nacional, como ya lo hizo el ex Presidente Mauricio Macri (2015-2019), cuando a través del artículo 10º del Decreto N.º 228/2016 autorizó el derribo de aeronaves que, como sostuvo oportunamente José Manuel Ugarte, implicaba el establecimiento de la pena de muerte sin juicio previo. Por último, más allá del loable principio establecido en el inciso l) del artículo 4º del proyecto, en lo que respecta a “los altos intereses de la Nación”, en nombre de estos ya se han introducido otras aberraciones en nuestro país como la Doctrina de Guerra Revolucionaria francesa o la Doctrina de Seguridad Nacional.

El eventual involucramiento de los militares en tareas policiales, que podría convertir a las Fuerzas Armadas en lo que Juan G. Tokatlian denomina “crime fighters” o “combatientes del crimen”, no requeriría de un aumento del presupuesto, por lo que resultaría compatible con lo que sostienen “aquellos que la ven” y que afirman que “no hay plata”. Todavía más, no sería necesaria la incorporación de material pesado a las Fuerzas Armadas, así como tampoco resultaría relevante la inversión en ciencia, tecnología y producción para la defensa. Como correlato de estas transformaciones, las Fuerzas Armadas quedarían sobredimensionadas para cumplir con estas tareas, lo que exigiría —en el mejor de los casos— llevar adelante procesos de reconversión del personal para lidiar con el “exceso de efectivos militares”.

Reconversión laboral y ajuste presupuestario

El artículo N.º 603 del Proyecto de Ley Ómnibus reemplaza el artículo 10º de la Ley N.º 25.164 que, en su redacción original, establecía el régimen de “designación y prestación de servicios del personal de gabinete”, creando un Fondo de Reconversión Laboral. Este fondo “tendrá por finalidad capacitar y brindar asistencia técnica para programas de autoempleo y formas asociativas solidarias, a los agentes civiles, militares y de seguridad, cuyos cargos quedaren suprimidos”. El descabezamiento de las cúpulas de las Fuerzas Armadas, con el consiguiente pase a retiro de oficiales superiores, es un adelanto de lo que puede suceder en el resto de las jerarquías, en línea con este artículo del proyecto de Ley Ómnibus que ha despertado creciente malestar en las Fuerzas.

El modelo de “Crime Fighters” o “Small Armed Forces” encuentra también su correlato conceptual en el desmantelamiento del sistema de producción para la defensa. El artículo 8º de la Ley Ómnibus, por ejemplo, declara sujetas a privatización empresas del complejo militar-industrial de la defensa como la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”, Fabricaciones Militares Sociedad del Estado —algunas de cuyas instalaciones, como la ubicada en la localidad de Azul (provincia de Buenos Aires) habían sido cerradas por el expresidente Mauricio Macri y puestas en valor y operatividad nuevamente por el gobierno del Frente de Todos—; la emblemática Talleres Navales Dársena Norte (TANDANOR), y Construcción de Vivienda para la Armada (COVIARA). Asimismo, el postergado lugar de la ciencia, la tecnología y la producción para la defensa —o al menos un desconocimiento importante de su trascendencia— ha quedado de manifiesto en el reciente Decreto N.º 6/2024, que aprueba el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional en lo relativo al Ministerio de Defensa, en el que la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa aparece simultánea —y erróneamente— como parte de la Administración Central y de los Organismos Descentralizados del sector.

El gobierno también ha tomado otras medidas por fuera de este proyecto que suman incertidumbre. Durante el mes de enero de este año se debió haber pagado la cuarta cuota de la recategorización salarial, establecida por la gestión anterior y cuya tercera cuota fue efectivizada el 1º de noviembre de 2023 a través de la Resolución Conjunta N.º 52/2023 suscripta por los entonces ministros Massa y Taiana. Al día de hoy crece el malestar en las Fuerzas Armadas por la falta de novedades sobre este asunto.

Asimismo, el presupuesto del Sistema de Defensa 2023, como el de toda la Administración pública, fue prorrogado para el presente año a través del Decreto N.º 88/2023. La Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) N.º 1/2023 actualizó algunas de las partidas y, en el caso del Ministerio de Defensa, se modificaron las partidas del Instituto de Ayuda Financiera (IAF) para atender los gastos correspondientes a los retiros y pensiones. Al cierre de esta nota, el resto de las partidas de la jurisdicción no habían sido actualizadas y no había certeza sobre lo que podría ocurrir con el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). De no mediar una nueva decisión administrativa de la JGM que actualice los gastos del Ministerio de Defensa, de acuerdo con las proyecciones de inflación para el año 2024, las actividades de adiestramiento, alistamiento y sostenimiento se verían seriamente afectadas.

Finalmente, la Ley Ómnibus crea, a través del artículo N.º 347, una comisión auditora para determinar el estado de alistamiento del sistema de defensa, lo cual refleja un desconocimiento del Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional (CPDN) y del funcionamiento del Estado. El CPDN, que culminó exitosamente con la aprobación del PLANCAMIL 2023, tiene incorporado un análisis del estado de alistamiento, adiestramiento y sostenimiento de las Fuerzas Armadas. Asimismo, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) tiene facultades para efectuar este tipo de auditorías o evaluaciones de manera transparente. Un ejemplo de esto último puede encontrarse en el Informe de dicho organismo (IF-2022-12758871-APN-GCSI#SIGEN), que dictaminó que los aviones Super Etendard Modernisé (SEM) comprados durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019) no estaban en condiciones de volar y tenían componentes británicos.

Alineamiento irrestricto con los Estados Unidos

El proyecto de ley presenta la sorpresa de incorporar un tema adecuadamente regulado por la Ley 25.880, que fija desde el año 2004 el procedimiento conforme al cual el Poder Ejecutivo debe solicitar al Congreso de la Nación la autorización —establecida en el artículo 75, inciso 28, de la Constitución nacional— para permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él. Una lectura rápida y no muy atenta de los artículos 345 y 346 del proyecto de ley ómnibus podría llevarnos a abonar aquello que Carlos Pagni catalogó como la “wikiley” de Milei, es decir, una suerte de “cuerpo normativo elaborado con el sistema de Wikipedia, donde cada usuario puede agregar lo que se le ocurre”.

En este sentido, ¿cuál sería la razón de incorporar a esta altura los ejercicios militares a desarrollarse durante 2024 y 2025, cuando la ley que regula el tema fija que es recién en marzo cuando hay que mandar el programa de ejercitaciones al Parlamento? Todavía más, el artículo 345 anticipa que los ejercicios a realizarse durante dicho bienio no alteran la propuesta diseñada por la gestión del ministro saliente, Jorge Taiana, aunque sí corresponde advertir que se omiten los requerimientos de la Ley 25.880 en cuanto a la información básica para cada autorización de introducción de tropas extranjeras en el territorio de la nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él [1].

Lo verdaderamente relevante del asunto, sin embargo, aparece en el artículo 346 del proyecto de ley, en el que se faculta al Poder Ejecutivo a “autorizar el ingreso al país de contingentes de personal y medios de las Fuerzas Armadas, pertenecientes a otros países, para actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado”. Ello supone delegarle al Poder Ejecutivo Nacional una facultad legislativa en materia de entrada y salida de tropas cuando no existe ninguna situación de emergencia que justifique esa delegación. El resultado de la eventual aprobación del proyecto de ley en los términos propuestos sería el de evitar la intervención del Congreso de la Nación ante la histórica presión de los Estados Unidos por conseguir una inmunidad total para sus soldados y así quedar fuera del alcance de la Corte Penal Internacional, cuya jurisdicción universal el Pentágono rechaza.

Este alineamiento irrestricto con los intereses y demandas de Washington por parte de la administración Milei posiblemente —si aparece la plata que el Presidente dice que “no hay”— se vea reflejado en el plano de las adquisiciones. En efecto, la gestión anterior —tanto a nivel ministerial como de asesoramiento técnico-militar del Estado Mayor Conjunto— no descartaba la incorporación de los cazas chinos JF-17 porque, al ser un avión de última generación y al no tener componentes británicos, cumplía con las aptitudes que exige el Plan de Capacidades Militares (PLANCAMIL 2023). Sin embargo, el actual gobierno habría optado por adquirir los cazas estadounidenses F16 en el marco del alineamiento automático con los Estados Unidos y para no generar preocupación al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Este alineamiento con el Pentágono en el plano defensivo-militar —perfectamente discernible también en la trayectoria de los hombres elegidos para conducir el Estado Mayor Conjunto y las tres fuerzas— no debe sorprender: sigue la lógica de la reciente decisión de desistir del ingreso a los BRICS, en lo que representa una evidente mala lectura de las dinámicas e intereses que imperan en el escenario internacional.

Reflexión final

Todas estas medidas hay que enmarcarlas no solamente en los nuevos lineamientos de la política exterior argentina, sino también en una serie de medidas confluyentes en una “desnacionalización estratégica”. Cabe citar, en este sentido, la eliminación del límite para la posesión de tierras en manos extranjeras; el permiso para que otros países lleven adelante actividades pesqueras en la Zona Económica Exclusiva (ZEE); el avance sobre facultades de las provincias en materia de hidrocarburos, otorgándole más poder a las empresas del sector, y el potencial acuerdo con los Estados Unidos para patrullar conjuntamente las aguas del Atlántico Sur. El modelo económico que se está implementando afecta la soberanía y los recursos estratégicos de la Argentina y, en este esquema, las Fuerzas Armadas se convertirían en una pieza de museo. Por el contrario, si se las reconvirtiera en “Crimen Fighters” o “Small Armed Forces”, resultarían funcionales al modelo liberal-libertario, no sólo para combatir los delitos, sino para garantizar la represión de las protestas sociales. La derecha requiere guardias pretorianas antes que Fuerzas Armadas.

Esto último no es una novedad. La Argentina ya ha pasado por este trance en varias oportunidades, la más trágica durante la última dictadura militar (1976-1983). Si bien el proyecto de ley ómnibus todavía conserva el “consenso básico” —aunque podría quebrarlo vía delegación al Poder Ejecutivo de facultades legislativas—, lo cierto es que sectores importantes del actual gobierno presionan para que los uniformados vuelvan a embarrarse en la seguridad, control y represión internos. De hecho, la administración Milei se deshizo rápidamente de las promesas de campaña efectuadas a los militares —así como a su vicepresidenta Victoria Villarruel— y volvió a repetir las tendencias ya reflejadas en otros gobiernos de derecha de la historia argentina: subordinación incondicional a los Estados Unidos y ajuste fiscal, aunque este último con un carácter inédito por su radicalidad. Como señaló un historiador en las redes sociales: la historia nos enseña a no repetir el pasado, pero ello no garantiza que aprendamos de sus enseñanzas.

[1] Nos referimos a los siguientes aspectos: 1. Tipo de actividad a desarrollar.; 2. Origen del proyecto: (con el detalle de convenios o acuerdos marco y de los respectivos actos aprobatorios, si los hubiera); 3. Fundamentos de los objetivos de la actividad: a) Políticos. b) Estratégicos. c) Operativos. d) De adiestramiento. e) De adiestramiento combinado. f) De interoperatividad. g) Operaciones combinadas. h) Operaciones de imposición de la paz. i) Operaciones de mantenimiento de la paz. j) Operaciones de carácter armado y/o bélico. 4. Configuración de la actividad: a) Lugar de realización. b) Fechas tentativas de ingreso/egreso (según corresponda), tiempo de duración de la actividad. c) Países participantes y observadores: efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento. d) Despliegue de las tropas y medios. e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados para las fuerzas nacionales que egresan. f) Costo aproximado. g) Fuentes de financiamiento. 5. En todos los casos se detallará la situación operacional real o simulada. 6. Información adicional del Ministerio de Defensa.
* Luciano Anzelini es doctor en Ciencias Sociales (UBA). Ex director nacional de Planeamiento y Estrategia (Ministerio de Defensa).
** Sergio Eissa doctor en Ciencia Política (UNSAM). Ex director nacional de Formación (Ministerio de Defensa).

Imagem: Javier Milei en A24. Por: Ilan Berkenwald/Flickr

Quien dependa de Elon Musk perderá su autonomía

Por

*Eduardo J. Vior

Publicado originalmente em Mirada Gremial

Mediante su tecnología satelital el multimillonario dueño de Starlink limita la libertad de mercado y la soberanía de los países donde ha invertido, empezando por EE.UU.

En su mensaje de presentación del cuestionado mega DNU el pasado miércoles 20, el presidente Javier Milei reconoció que la desregulación de la provisión de Internet se hace para favorecer el ingreso a ese mercado de empresas como Starlink, la que mencionó explícitamente. El jefe de Estado, empero, no explicó qué recaudos se tomarán, para proteger la libertad de información y la soberanía del pueblo argentino ante las denuncias de funcionarios y ciudadanos norteamericanos por las limitaciones que estos principios sufren por efecto del control territorial que ejerce la empresa de comunicación digital por satélite.

“Desregulación de los servicios de Internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink”, dijo Milei al referirse al punto 28 de las 30 desregulaciones que mencionó en su discurso del miércoles 20.

Starlink es una empresa de provisión de servicios de Internet por los satélites de su matriz SpaceX, que ya colocó casi 4 mil naves en órbita terrestre baja (LEO, por su nombre en inglés) que dan acceso de alta velocidad a la red a más de un millón de clientes privados, institucionales y estatales en 70 países. En América Latina opera en Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y México. En Argentina, en tanto, la empresa ya estaba habilitada desde 2021, pero todavía no tiene asignadas bandas de frecuencia ni ha completado la coordinación de su red trasmisora con la empresa estatal ARSAT que ofrece este mismo acceso.

A diferencia de un servicio de fibra óptica, Starlink alcanza velocidades de descarga entre 25 y 220 megabites por segundo (mbs), aunque puede superar los 100mbs, mientras que, según la propia empresa, la latencia varía entre 25 y 60mbs en tierra y más de 100mbs en ubicaciones remotas. En los países donde está presente el costo mensual del servicio Starlink Standard es de U$S90. A eso se suma una tarifa de 599 dólares por el equipamiento de antena y receptor.

SpaceX, la empresa propietaria de Starlink, comenzó a lanzar satélites Starlink en 2019 y para mediados de la década de 2020 calcula tener en órbita cerca de 12.000 satélites. La empresa también planea vender satélites para uso militar, científico y de exploración. Recientemente su propietario, Elon Musk, ha anunciado el próximo lanzamiento de Starlink 2.0 con satélites de 7,5 kg. Sin embargo, éstos requieren cohetes más grandes que los actuales y, por consiguiente, la adecuación de las plataformas de lanzamiento. Como parte de este vertiginoso desarrollo, a principios de la semana pasada la firma instaló su primera antena en Paraguay, en el Chaco Boreal. La conexión satelital permite a la compañía de Elon Musk ganar mercados en las áreas aisladas o menos urbanizadas. De ese modo adquiere una enorme ventaja sobre sus competidores y sobre los propios estados, que mayormente dependen de la conexión por fibra óptica.

Space Exploration Technologies Corp., conocida como SpaceX, es una empresa estadounidense de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial con sede en Hawthorne (California). Fue fundada en 2002 por Elon Musk con el objetivo de reducir los costos de viajar al espacio para facilitar la colonización de Marte. La compañía ha desarrollado varios vehículos de lanzamiento, la constelación Starlink, la nave de carga Dragon y ha llevado en la Dragon a dos astronautas hasta la Estación Espacial Internacional. Sus logros tecnológicos son impresionantes.

El dueño de ambas firmas tecnológicas, Elon Reeve Musk (1971), conocido como Elon Musk, es un empresario, inversor y magnate sudafricano que también posee las nacionalidades canadiense y estadounidense. Es el fundador y directivo de SpaceX; Tesla, Inc., The Boring Company; cofundador de Neuralink y OpenAI (aunque ya no tiene más participación en esta última), además de ser el director de tecnología de X Corp. Con un patrimonio neto estimado en junio de 2023 en unos 207 mil millones de dólares, Musk es la persona más rica del mundo.

Este empresario nació en Pretoria (Sudáfrica) de madre canadiense y padre sudafricano blanco. Estudió brevemente en la Universidad de Pretoria antes de trasladarse a Canadá a los 17 años para luego estudiar en la Universidad de Pennsilvania donde se graduó en Economía y Física. En 1995 se trasladó a California, cofundando la empresa de software web Zip2 con su hermano Kimbal. En 1999 la empresa fue adquirida por Compaq por 307 millones de dólares. Ese mismo año Musk creó el banco online X.com que se fusionó con Confinity en 2000 para formar PayPal. La empresa fue pronto comprada por eBay por 1.500 millones de dólares.

En 2002 Musk fundó SpaceX, fabricante aeroespacial y empresa de servicios de transporte espacial, y en 2003 se unió a la fábrica de vehículos eléctricos Tesla Motors Inc. (ahora Tesla Inc.) como presidente y arquitecto de productos, convirtiéndose en su consejero delegado en 2008. Siguieron importantes fundaciones de empresas que constituyen hitos de su imperio tecnológico. En 2022, finalmente, compró por 44.000 millones de dólares la red social Twitter, la que rebautizó como X.

En el contexto de la política estadounidense Musk ha manifestado su apoyo a Barack Obama en 2008 y 2012, a Hillary Clinton en 2016 y a Joe Biden en 2020. Sin embargo, en 2022 giró hacia el Partido Republicano, aunque sus posiciones ideológicas son contradictorias: está al mismo tiempo a favor de la renta básica universal, del derecho a la libre portación de armas, de la libertad de expresión y de un impuesto sobre las emisiones de carbono y se opone a las subvenciones gubernamentales.

Sus opiniones sobre las relaciones internacionales, incluidos los conflictos entre China y Taiwán y entre Rusia y Ucrania, han recibido reacciones encontradas. También apoyó el golpe de estado en Bolivia en noviembre de 2019 (declaradamente, para quedarse con el litio de ese país). Por el contrario, ha elogiado a China y mantiene una estrecha relación con el gobierno chino, lo que permite el acceso de Tesla al mercado de la potencia asiática.

A principios de abril de 2022, ante la destrucción de los servicios convencionales de Internet en Ucrania, SpaceX donó 3667 de un total de 5000 terminales Starlink que USAID proveyó a Ucrania. Starlink donó además las cuotas por servicio o abonos que normalmente Kiev debió haber costeado. Según Elon Musk, hasta el octubre siguiente su empresa había donado a Ucrania U$S80 millones y a fines de 2022 estimó que el costo de proveer acceso a Internet satelital a Ucrania alcanzaba los U$S20 millones mensuales.

Así, las terminales de satélite de SpaceX se hicieron cruciales para las operaciones militares ucranianas. Sin embargo, durante el verano boreal de 2023, la contraofensiva ucraniana en la sureña provincia de Zaporiyia se frenó, cuando su vanguardia descubrió que, traspasada una cierta línea, la conexión a Internet dejaba de funcionar. Interpelado por los medios, Elon Musk eludió una respuesta directa, pero declaró que había rechazado una solicitud ucraniana para extender la conexión satelital hasta Sebastopol, porque no quería involucrar a SpaceX en la guerra. Algunas fuentes citaron en ese contexto sus buenas relaciones con Vladímir Putín.

En octubre de 2022 Musk propuso en Twitter que Ucrania cediera Crimea a Rusia de forma permanente y abandonara su intento de ingresar en la OTAN. Ese mismo mes el magnate sugirió que Taiwán se convirtiera en “una zona administrativa especial” de China con un “acuerdo más indulgente que Hong Kong”. Todavía tan recientemente como el 10 de noviembre de 2023 Musk criticó las acciones de Israel en la Franja de Gaza. Sin embargo, una semana después cambió su política en la plataforma X, declarando que serán suspendidos los usuarios que utilicen expresiones que, según él, impliquen el genocidio de los israelíes.

A lo largo de su carrera en EE.UU. Elon Musk se ha involucrado en interminables polémicas. Sus puntos de vista libertarios, conspirativistas, extremadamente individualistas, machistas, antiinmigrantes, negacionistas del cambio climático y del Covid19, entre otros muchos, provocan regularmente la reacción de los medios de comunicación masivos y de la opinión pública posmodernista.

Pero la influencia de Musk es más descarada y expansiva. Hay pocos precedentes de que un civil se convierta en árbitro de una guerra entre naciones de forma tan granular o del grado de dependencia que Estados Unidos tiene ahora de Musk en diversos campos, desde el futuro de la energía y el transporte hasta la exploración del espacio. SpaceX es actualmente el único medio por el que la NASA transporta tripulación desde suelo estadounidense al espacio, una situación que persistirá al menos un año más. El plan del gobierno para que la industria automovilística se oriente hacia los coches eléctricos requiere aumentar el acceso a estaciones de carga a lo largo de las carreteras de Estados Unidos, pero esto depende de las acciones de otra empresa de Musk, Tesla. El fabricante de automóviles ha sembrado gran parte del país con sus propias estaciones de carga, hasta el punto de que el gobierno de Biden relajó su impulso inicial de una norma de carga universal que no gustaba a Musk. Todavía, empero, sus estaciones pueden recibir miles de millones de dólares en subvenciones, siempre que Tesla las haga compatibles con el otro estándar de recarga.

En los últimos veinte años, en un contexto de desmoronamiento de las infraestructuras y pérdida de confianza en las instituciones de Estados Unidos, Musk ha buscado oportunidades de negocio en áreas cruciales en las que el Estado ha retrocedido tras décadas de privatizaciones. El gobierno depende ahora de él, pero se esfuerza por reaccionar ante el gusto del empresario por tomar riesgos, su temeridad y su capricho. Funcionarios y ex funcionarios de la NASA, el Departamento de Defensa, el Departamento de Transporte, la Administración Federal de Aviación y la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo reconocen que la influencia de Musk se había hecho ineludible en su trabajo y varios de ellos afirmaron que ahora lo tratan como una especie de funcionario no electo.

Si la primera potencia de Occidente reconoce los riesgos que trajo la creciente influencia del pulpo tecnológico de Elon Musk y el poder que le ha dado remplazar al Estado ausente en territorios y áreas de políticas públicas esenciales, pueden imaginarse los peligros que amenazan a nuestro país, con un Estado que en el último medio siglo fue varias veces atacado, se retiró de grandes áreas de nuestro territorio y descuidó funciones esenciales que hacen al mantenimiento de la soberanía y la libertad de los argentinos. No es para mencionar tan a la ligera a una empresa, como si fuera el sponsor oficial del gobierno.

*Eduardo J. Vior é sociólogo veterano e jornalista independente, especialista em política internacional, professor do Departamento de Filosofia da Universidad de Buenos Aires (UBA).

Imagem: Starlink Mission. Por: Wikimedia Commons.

Tropelías: La oposición va por todo, sin reparar en medios, como en 1955 y 1976

Por

Ernesto López*

Publicado originalmente en El Cohete a la Luna el 28 de agosto de 2022.

 

El intervencionismo militar y el intervencionismo judicial han sido reiteradamente practicados a lo largo de nuestra historia política. Ambos remiten a comportamientos tan deletéreos como ilegales. Se trata sencillamente de la intromisión de uniformados y jueces en el campo de la política. Una recurrente tropelía tan perversa como repudiable. Ambos se han atribuido –y aún lo hacen– facultades que no poseen aunque suelen ejercerlas sin que se les mueva un pelo. Estas facultades van desde el golpe de Estado hasta las proscripciones políticas u otras clases de sanciones jurídicas. Paradojalmente, en el ámbito judicial la omisión o el dejar pasar son, también, comportamientos a los que se ha apelado reiteradamente, sobre todo cuando han operado gobiernos de facto.

El intervencionismo castrense, como es archisabido, ha tomado básicamente dos formas: a) la práctica del golpe militar, y b) el desempeño de un papel políticamente tutelar sobre los gobiernos civiles. En tanto que el intervencionismo judicial ha legitimado, por acción u omisión, golpes de Estado que derrocaron gobiernos democráticamente elegidos, o bien ha amparado regímenes y políticas antipopulares. Hoy en día, dicho intervencionismo judicial ha prácticamente desplazado al intervencionismo militar en nuestro país y ha tomado la delantera para amparar el fundamentalismo de mercado y/u hostigar a quienes han intentado –o intentan– transitar por caminos nacional-populares. Pero vayamos por partes.

De togas y botas

En 1930, un golpe de Estado encabezado por el general José Félix Uriburu, un nacionalista de derecha, derrocó nada menos que a Hipólito Yrigoyen, uno de los padres de la democracia argentina. Contó con la pasiva aquiescencia de los militares anti-yrigoyenistas, de los dirigentes liberales y conservadores de entonces, y hasta del segmento radical antipersonalista, que era contrario a Don Hipólito. Uriburu disolvió la totalidad del Congreso (ambas cámaras) y destituyó a 12 de los entonces 14 gobernadores provinciales. Los integrantes de la Corte Suprema –José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Lavalle y Antonio Sagarna – decidieron permanecer en sus cargos y dictaron una acordada que reconocía al nuevo gobierno, que – consideraban los jueces – “se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la Nación y, por consiguiente, para proteger la vida y propiedad de las personas y ha declarado, además… que mantendrá la supremacía de la Constitución y de las leyes fundamentales del país”. Claramente ha habido en este caso un cóctel de intervencionismo militar (predominante) y de intervencionismo judicial (acompañante), que sin miramientos dejó afuera a un gobierno democrático y popular. Vale la pena recordar, por otra parte, que el golpe de Uriburu inició la llamada “Década Infame”.

El 4 de junio de 1943 un golpe militar derrocó al Presidente Ramón Castillo. El general Pedro Pablo Ramírez asumió la presidencia luego del efímero pasaje del general Arturo Rawson por ese cargo. Disolvió el Congreso pero no intervino sobre el Poder Judicial. Su mandato fue corto. Renunció en febrero de 1944 y fue sucedido por el general Edelmiro Farrell, quien en junio de dicho año designó Vicepresidente al entonces coronel Juan Domingo Perón. En octubre de 1945, una asonada militar impulsada por un segmento que había participado en la antedicha revolución de 1943 embistió contra Perón, que fue desalojado del cargo y trasladado a la isla de Martín García, donde quedó arrestado. En este caso se trató de un intervencionismo militar dentro de otro que fue previo. En tanto que el intervencionismo judicial se redujo a una pasiva aceptación del golpe militar y de su desarrollo.

Como es sabido, Perón fue rescatado el 17 de octubre por una pueblada que se concentró en Plaza de Mayo. Pidió el retiro, lanzó su candidatura y ganó la presidencia en las elecciones de febrero de 1946.

En septiembre de1955 se consumó un golpe de Estado que lo derrocó. Tomó el inmerecido nombre de Revolución Libertadora, un verdadero oxímoron si se atiende a su desempeño. Ni lerda ni perezosa clausuró el Congreso, depuso a la Corte Suprema de Justicia, puso en comisión a todo el Poder Judicial y abolió a las autoridades provinciales, entre otras decisiones. Derogó la Constitución vigente y la sustituyó manu militari por la de 1853. Innumerable dirigentes peronistas fueron encarcelados; Perón y el Partido Peronista fueron proscriptos. Una contrarrevolución encabezada por el general Juan José Valle fue derrotada. Aquel fue fusilado, junto con varios oficiales y no pocos civiles que participaron en ella. Este, claro está, fue un caso de intervencionismo militar a full, que contó con un aquiescente comportamiento judicial.

A aquel comienzo –1955– le siguió un largo hilo que, con el peronismo proscripto, ensayó diversas y fallidas intentonas electorales para terminar en el golpe de Estado de 1966, que se mantuvo hasta 1973. Este largo período, que duró casi 28 años, fue un festival de intervencionismo militar y de intervencionismo judicial.

En 1976 las Fuerzas Armadas derrocaron a Isabel Martínez de Perón e instalaron una nueva y feroz dictadura militar avalada por diversos sectores políticos y por algunos segmentos de la sociedad. Esta vez se proscribió a todos los partidos políticos, se manipuló la Corte Suprema y se alcanzó una justicia amansada.

Este período, que duró desde 1976 hasta 1983 en que se produjo el retorno a la democracia, fue más duro que el iniciado en 1955. Impuso un terrorismo de Estado que se regodeó con el secuestro, la tortura, la desaparición de personas, el robo de niños y niñas, el encarcelamiento sin juicio y el robo de dinero y propiedades, entre otros. La mayoría de quienes pasaron por estos tormentos fueron peronistas. Calificarlo de terrible es poco. Y, desde luego, llevó consigo un alto nivel de intervencionismo militar y el acompañamiento del intervencionismo judicial.

La opción judicial hoy

Hoy se asiste nuevamente a un atropello judicial que implica a la Vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, en la causa llamada comúnmente Vialidad, relativa a la construcción de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Recientemente el fiscal Diego Luciani decidió incorporar nuevas pruebas al expediente, decisión ante la cual la Vicepresidenta tenía el derecho de solicitar la ampliación de su indagatoria, para enterarse y defenderse. Pues bien, le fue denegado. Es decir, se le impidió ejercer un derecho elemental: la defensa en juicio.

Así las cosas, la Vicepresidenta hizo un filoso descargo, ante esas novedades, desde su despacho en el edificio del Congreso a través las redes sociales. ¿Increíble? No tanto. Al fin y al cabo hay ya un duro enfrentamiento cada vez más enconado entre la oposición y el oficialismo, cuyo norte son las elecciones generales del año que viene. Y es evidente que la oposición quiere sacarla a Cristina del juego y debilitar al peronismo a cualquier precio.

Si se hace un rápido recuento de lo que se ha examinado más arriba, se comprueba que el intervencionismo militar y el intervencionismo judicial han sido reiteradamente practicados contra los partidos y los movimientos nacional-populares; desde 1955 a la fecha, preferentemente sobre el peronismo. El último caso es el que atañe a la Vicepresidenta, que ha tomado exclusivamente la forma del intervencionismo judicial.

La oposición, hoy como ayer, recurre nuevamente a esas viejas y arteras artes, muy usadas en el sistema político argentino, para tratar de sacar del juego a Cristina. Apela a la opción judicial exclusivamente porque el intervencionismo militar, afortunadamente, ha perdido mucho terreno en virtud de que con esfuerzo, voluntad y paciencia se lo ha neutralizado, pese a las claudicaciones de quienes propusieron puntos finales y obediencias debidas o apelaron sencillamente al indulto. Debe reconocerse, asimismo, que este logro fue propiamente una patriada, en la que descolló un mar de pañuelos blancos que salvaron de la ignominia a la democracia recuperada en 1983.

El intervencionismo judicial es la herramienta con la que mayormente se procura hoy en día desestabilizara los gobiernos y/o acorralar a los partidos y/o movimientos populares latinoamericanos. Lleva también el nombre de lawfare, que alude a la judicialización de la política y/o a la guerra judicial. A ese lawfare está sometida Cristina por la oposición. Y por extensión también el Partido Justicialista y el peronismo como movimiento político, a los que el antiperonismo gorila procura descuajeringar. No solo para ganar las elecciones del año que viene. Van por todo y sin reparar en medios, como en 1955 y 1976.

* Ernesto López es sociólogo y fue embajador argentino en Haití y en Guatemala (2007-2014). Fue también profesor e investigador de FLACSO México, FLACSO Argentina y de la Universidad Nacional de Quilmes. Es autor de diversos libros y artigo acerca de las relaciones civis-militares en Argentina.

Imagem: Edifico Libertador. Por Gobierno de Argentina.

O USS Greeneville e a presença extrarregional anglo-americana no Atlântico Sul

Por

João Vitor Tossini*

Em 10 de fevereiro de 2021, o Vice-Almirante Daryl Caudle da Marinha dos Estados Unidos, Comandante das Forças Submarinas do Atlântico, declarou que um submarino nuclear norte-americano, o USS Greeneville, esteve no Atlântico Sul e usufruiu de suporte aéreo das forças militares britânicas permanentemente baseadas nas Ilhas Malvinas (ou Falklands, para os britânicos), território reivindicado pela Argentina. Por meio de uma declaração oficial do Vice-Almirante, o Comando das Forças Submarinas do Atlântico reconheceu as ilhas como território ultramarino britânico, desviando-se da posição oficial de Washington. Apesar do apoio diplomático e militar dado ao Reino Unido durante a Guerra das Malvinas em 1982, os Estados Unidos declaram-se neutros na disputa territorial que permanece entre Londres e Buenos Aires. Assim, o episódio se insere em um histórico de presença de potências externas no Atlântico Sul que fragilizam iniciativas regionais de cooperação nas áreas de Defesa e Segurança.

Após disputas entre Espanha e Reino Unido no século XVIII, e um posterior período de administração pela Argentina, o controle britânico sobre as ilhas foi estabelecido em 3 de janeiro de 1833, permanecendo de forma ininterrupta até 2 de abril de 1982, quando a Argentina, governada por uma Junta Militar, iniciou a invasão que desencadearia a Guerra das Malvinas/Falklands. O apoio dos Estados Unidos aos britânicos durante o conflito demonstrou que as prioridades estratégias norte-americanas residiam no Reino Unido e na OTAN (MELLO, 1996), fragilizando o acordo de defesa hemisférica com os Estados da região, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR), que postula a assistência recíproca em caso de ataque aos seus membros.

A vitória do Reino Unido no conflito cimentou a presença territorial e iniciou a expansão da infraestrutura e da presença militar britânica no Atlântico Sul. Desde 1982, Londres mantém unidades militares dos três braços das forças armadas, incluindo uma presença naval permanentemente baseada nas Malvinas (UNITED KINGDOM, 2012). Ainda que os números totais tenham passado por uma redução após a abertura da base militar de Mount Pleasant nas ilhas (BEACH, 1986), uma das principais bases ultramarinas do país, as forças e a infraestrutura britânicas mantidas no Atlântico Sul continuaram a ser altamente avançadas, mesmo em períodos de austeridade no Reino Unido. No início dos anos 2010, período de tensões com a Argentina sobre o início da exploração de petróleo na Zona Econômica Exclusiva das Malvinas, o governo britânico realizou um dos maiores investimentos em seus territórios sul-atlânticos desde o conflito de 1982. A construção de um aeroporto de duplo propósito na ilha britânica de Santa Helena (ST HELENA, 2011), passou a fornecer ao Reino Unido o quarto aeródromo sob sua soberania na região ao passo que diminuiu o isolamento geográfico das Malvinas em relação à Londres, além de minimizar a dependência britânica da base militar na Ilha de Ascensão que abriga militares dos Estados Unidos e constitui parte do cinturão de possessões da potência europeia no Atlântico Sul.

A soberania britânica sobre as Malvinas é tradicionalmente apoiada pelos integrantes da Comunidade das Nações, organização que reúne ex-colônias e domínios do Reino Unido (COMMONWEALTH OF NATIONS, 2012). Ademais, o Reino Unido possui laços próximos com a África do Sul e, principalmente, Serra Leoa, ambos membros da iniciativa regional que visa o estabelecimento de uma Zona de Paz e Cooperação no Atlântico Sul, a ZOPACAS. Acordos com a África do Sul permitem que as forças navais britânicas operando no Atlântico Sul, a Marinha Britânica ou Royal Navy e a Frota Real Auxiliar, utilizem a estrategicamente relevante base naval de Simon’s Town para reabastecimentos e trabalhos de reparos (UNITED KINGDOM, 2017). Navios da Royal Navy que patrulham e garantem a soberania do Reino Unido nas Malvinas utilizam dessa base, reduzindo a necessidade de retorno frequente aos portos nas Ilhas Britânicas ou em Gibraltar. No caso de Serra Leoa, o país africano foi alvo de uma intervenção militar britânica no ano 2000, objetivando colocar fim à uma guerra civil. O alcance dos objetivos políticos e militares por meio intervenção marcou o retorno da presença militar do Reino Unido na África Ocidental. Serra Leoa defende a autodeterminação dos habitantes das Malvinas, apoiando assim a continuidade da presença britânica na região (MILLER 2012).

As relações do Reino Unido com Serra Leoa e, em menor medida, com a África do Sul demonstram os limites da ZOPACAS. A organização regional, criada em 1986 por meio de esforços do Brasil e Argentina, tem como um de seus objetivos centrais a redução e eventual eliminação da presença territorial e militar “extrarregional” no Atlântico Sul (UNITED NATIONS ORGANIZATION, 1986). Entretanto, a pluralidade de interesses, ausência de maior institucionalização e coordenação de agendas, além da assimetria de poder relativo dos Estados membros em relação ao Reino Unido e aos Estados Unidos, reduzem expressivamente o peso geopolítico da ZOPACAS. Em 2008, Washington restabeleceu a IV Frota, responsável pela manutenção da presença naval norte-americana nas águas caribenhas e ao redor da América do Sul (DAWOOD; HERZ; LAGE, 2017), fortalecendo a presença do país no Atlântico Sul. Neste ponto, torna-se necessário destacar que os Estados Unidos possuem um contingente terrestre e aéreo permanente na Ilha de Ascensão, operando a base militar local em conjunto com o Reino Unido. Este sistema de disponibilização ou operação conjunta de bases em território britânicos não ocorre somente no Atlântico Sul, a Ilha de Diego Garcia no Oceano Índico é amplamente utilizada pelas forças de Washington desde a década de 1960.

Assim, a presença do submarino nuclear USS Greeneville e as declarações do Comandante das Forças Submarinas do Atlântico ocorreram nesse contexto de tensões em que, apesar da pregada neutralidade em relação aos territórios britânicos, os Estados Unidos se beneficiam da presença ultramarina do Reino Unido. O apoio prestado ao USS Greeneville por componentes aéreos das forças britânicas nas Malvinas reforça a utilidade para Washington da manutenção do status quo na região. Além disso, como notado pela imprensa argentina, a presença desse submarino nuclear ocorreu poucos dias após o governo argentino cancelar atividades navais conjuntas com a Guarda Costeira dos Estados Unidos objetivando evitar desgastes com a China. Os exercícios envolviam treinamento de combate à pesca ilegal, sendo que esta prática possui na China a origem de crescente parcela das embarcações pesqueiras ilegais na costa Argentina e de outros país sul-americanos (ELGUETA, 2021).

Nota-se que o crescimento da influência econômica da China na região a partir da segunda metade dos anos 2000 foi lentamente acompanhado pelo surgimento em 2014 das primeiras incursões navais chinesas na forma de visitas a portos e treinamentos com marinhas locais, ações que rapidamente adquiram papel no aperfeiçoamento das capacidades de projeção de poder e de manutenção de operações militares em águas profundas. Em adição, questões como a pirataria no Golfo da Guiné contribuem para a justificativa da intermitente, mas crescente, presença naval chinesa na região. Dessa forma, ao longo da década de 2010, o contexto geopolítico do Atlântico Sul começou a presenciar um novo ator, ainda que este possua suas prioridades nos Oceanos Índico e Pacífico (MARTINSON, 2019).

A subsequente presença do USS Greeneville em conjunto com o apoio militar britânico a partir das Malvinas, destaca que os Estados Unidos detém um parceiro receptivo, membro da OTAN e permanentemente baseado no Atlântico Sul. O episódio do cancelamento dos treinos programados entre a Marinha Argentina e a Guarda Costeira dos Estados Unidos, possui como consequência direta o fortalecimento relativo da posição sul-atlântica de Londres perante Washington, contribuindo para a deterioração estratégica da ZOPACAS.

Posteriores protestos do governo argentino derivados da incursão do Greeneville foram marcados por dois aspectos. O primeiro deles concernente ao controle e presença militar britânica nas Malvinas, reafirmando o desacordo de Buenos Aires com o status quo. Outro aspecto levantado foi a possível violação que a presença do submarino nuclear USS Greeneville representaria para a ZOPACAS. O governo em Buenos Aires destacou que embarcações capazes de portar ou empregar armas nucleares violam a resolução da Organização das Nações Unidas que deu origem a Zona de Paz e Cooperação no Atlântico Sul (ELGUETA, 2021).

Todavia, o USS Greeneville, assim como seus irmãos da classe Los Angeles, é designado como “submarino de ataque” (attack-submarine), amplamente identificado pela sigla SSN, significando que este é movido por propulsão nuclear e detém como papel a guerra submarina e anti-navios (BETTOLLI, 2021) e indicando que classe Los Angeles não possui capacidade de armazenar ogivas e realizar ataques nucleares. Submarinos nucleares com essa habilidade são identificados pela Marinha dos Estados Unidos pela adição do termo “balísticos” (SSBN) em referências aos mísseis balísticos intercontinentais empregados por essa força. Desde o início dos anos 2000, a classe Ohio representa a capacidade de ataque nuclear dos Estados Unidos a partir de submarinos, sendo a base naval da tríade nuclear do país e significativamente maiores que a classe Los Angeles (CHINWORTH, 2006). Em suma, as dimensões e especificações técnicas do Greeneville impossibilitam o transporte ou a utilização de armas nucleares.

Apesar disso, o anúncio da presença do USS Greeneville e o auxílio militar britânico seguido pela indicação de reconhecimento da soberania de Londres sobre as Malvinas, reforçam o alcance global da superpotência norte-americana e da potência europeia e a continuidade da “relação especial” compartilhada pelos dois países desde os anos 1940. Ademais, considerando que os deslocamentos das forças submarinas dos Estados Unidos são raramente divulgadas, o caso do Greeneville se apresenta como uma demonstração de força em uma região que aparenta receber outras potências extrarregionais. A inserção militar da China no Atlântico Sul, uma área marcada pelo protagonismo exercido pela parceria anglo-americana, possui potencial de expandir a presença militar de Londres e Washington em detrimento das ambições regionais de estabelecimento de uma Zona de Paz e, apesar de protestos regionais, reforçar a posição dos britânicos nas Malvinas. Como demonstrado pelo Reino Unido desde 1982, essa presença não depende da cooperação militar com países lindeiros, ainda que este ator extrarregional cultive relações próximas com Estados africanos banhados pelo Atlântico Sul, estimulando indiretamente a fragmentação das iniciativas regionais de Defesa e Segurança ao alinhar ou aproximar atores, como Serra Leoa, ao posicionamento britânico.

* João Vitor Tossini é mestrando em Relações Internacionais pelo PPGRI San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP).

Imagem: Ilhas Malvinas por Governo Argentino/CONAE.

 

REFERÊNCIAS

ALLISON, George. UK aircraft and US nuclear sub work together near Falklands. UK Defence Journal. 12 fev. 2021. Disponível em: https://ukdefencejournal.org.uk/uk-aircraft-and-us-nuclear-sub-work-together-near-falklands/. Acesso em 19 fev. 2021.

BEACH, General Sir Hugh. British Defence Policy and the South Atlantic. South Atlantic Council Occasional Papers. No.2 May 1986.

BETTOLLI, Carlos Borda. Submarino norteamericano en el Atlántico Sur – Conociendo al SSN 668 /Clase Los Angeles. Zona Militar. 12 fevereiro, 2021. Disponível em: https://www.zona-militar.com/2021/02/12/submarino-norteamericano-en-el-atlantico-sur-conociendo-al-ssn-668-clase-los-angeles/. Acesso em 19 fev. 2021.

CHINWORTH, William C. The Future of the Ohio Class Submarine. (Master of Strategic Studies thesis). Carlisle Barracks, Pennsylvania: U.S. Army War College. 15 March 2006.

COMMONWEALTH OF NATIONS. The Commonwealth Yearbook 2012. Commonwealth Secretariat, 2012.

DAWOOD, Layla; HERZ, Mônica; LAGE, Victor Coutinho. A Nuclear Submarine in the South Atlantic: The Framing of Threats and Deterrence. Contexto int., Rio de Janeiro, v. 39, n. 2, p. 329-350, Aug.  2017.  Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-85292017000200329&lng=en&nrm=iso. Acesso em:  18 fev.  2021.

El buque de la Guardia Costera de EEUU que patrulla el Atlántico Sur finalmente no hará escala en Argentina. Infobae. 29 de janeiro de 2021. Disponível em: https://www.infobae.com/america/eeuu/2021/01/29/el-buque-de-la-guardia-costera-de-eeuu-que-patrulla-el-atlantico-sur-finalmente-no-hara-escala-en-argentina/. Acesso em 19 fev. 2021.

ELGUETA, Mario Estay. EE.UU. le devuelve desaire a Argentina: submarino nuclear operó en el Atlántico Sur con apoyo británico desde las Falklands. Infogate, 12 de fevereiro de 2021. Disponível em: https://www.infogate.cl/2021/02/12/ee-uu-le-devuelve-desaire-a-argentina-submarino-nuclear-opero-en-el-atlantico-sur-con-apoyo-britanico-desde-las-falklands/. Acesso em: 18 fev. 2021.

FREEDMAN, Lawrence. Official History of the Falklands Campaign, Volume I: The Origins of the Falklands War. London: Routledge, 2005.

HASTINGS, Max; JENKINS, Simon. The Battle for the Falklands. London: Pan Books. Third Ed. 2010.

MARTINSON, R. D. China as an Atlantic Naval Power. The RUSI Journal, 164(7), 18–31, 2019.

MELLO, Leonel Itaussu Almeida.  Argentina e Brasil: A balança de poder no Cone Sul. São Paulo: Annablume Editora, 1996.

MILLER, Vaughne. Argentina and the Falklands Islands. Library of the House of Commons, SN/IA/5602. Section IADS. 27 January 2012.

  1. HELENA airport a key Falklands link. Defence News, Stanley: Nov. 7, 2011. Disponível em: https://www.upi.com/Defense-News/2011/11/07/St-Helena-airport-a-key-Falklands-link/78911320686806/?ur3=1 Acesso em: 18 fev. 2021.

UNITED KINGDOM. Ministry of Defence. Overseas Territories: The Ministry of Defence’s contribution. Directorate-General Security Policy. Defence White Paper. 2012.

UNITED KINGDOM. Royal Navy. Clyde’s high and dry as she’s out of the water for the first time in five years. 09th January 2017. Disponível em: https://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-activity/news/2017/january/09/170109-clyde-high-and-dry Acesso em: 19 fev. 2021.