En la cuerda floja de la democracia brasileña

25 de junho de 2020 Por GEDES

Por Ana Penido* y Hector Saint-Pierre** | Fotos: Roberto Lemos | Ilustraciones: Rebeca Borges Pinheiro

Publicado originalmente em: Revista Ribeiras

Acesso: https://riberas.uner.edu.ar/en-la-cuerda-floja-de-la-democracia-brasilena/

La crisis social y económica, además de los efectos de la pandemia, arremete contra una Brasil bolsonarista militarizado, que con o sin impeachment, dificulta la posibilidad de la ocupación de las calles como salvataje. Descontrol político, desacreditación científica e inestabilidad institucional tienen al país en la cuerda floja.

Antes de que la pandemia de COVID-19 asolara el mundo, Brasil ya experimentaba una profunda crisis económica, política y social. Otra pandemia que sacudió las instituciones de Occidente había llegado a estas playas: un profundo resentimiento hacia la democracia, los políticos, sus partidos y la política, en general, como forma de resolver los antiguos y permanentes problemas de la sociedad. Este malestar se profundiza con la máscara neoliberal y se agudiza por los monopolios de la comunicación en una cruzada híbrida, de la que la sociedad brasileña, de un día para otro, se cansó.

Aunque las políticas redistributivas de los gobiernos petistas hayan mejorado la vida de los más pobres, la falta de una política cultural específica los incluyó como consumidores. Sin una transformación cultural que diera a los ciudadanos/as noción de su capacidad transformadora, perdieron la consciencia de la clase a la que pertenecían sin asumir una nueva. Ese vacío fue llenado por los monopolios de comunicación con los valores de los sectores medios, una clase sin valores de clase. Como sentimiento general, primó la idea de que las promesas hechas por el sistema -una vida buena para todos, con salud, educación y seguridad- no fueron cumplidas, y que los cambios de consumo resultaban del esfuerzo e iniciativa individual y no del trabajo colectivo y de las políticas públicas. Así, contra lo que mostraban todos los índices económicos y sociales, prevaleció la idea de que Brasil había sufrido 13 años de atraso, corrupción y vergüenza internacional, productos de una izquierda en el poder.

Quitando las especificidades del caso brasileño y de los varios gobiernos petistas, ese sentimiento de malestar con la política y de desencanto con el sistema democrático no fue exclusivo de Brasil. Surge internacionalmente en la confluencia de una serie de tendencias políticas globales: 1) crisis económicas recurrentes que estremecieron al sistema financiero internacional y desaceleraron el crecimiento económico de los países, con el consecuente impacto en sus sociedades; 2) la confirmación y aceleración de la decadencia de la potencia que hasta entonces se juzgaba unipolar y omnipotente. Desde comienzos del nuevo siglo, pocos analistas dudaban del peligro que representaba la caída de la otrora magnífica águila que se imponía prepotente al mundo; 3) en los vacíos dejados por su declive, se fue se deslizando silenciosamente el milenario dragón chino, desde el área comercial hasta la alta tecnología e, incentivado por arrobamientos nacionalistas, el oso ruso también se movió para reclamar con fuerza su lugar como potencia regional en sus antiguas esferas de influencia; 4) las capas más profundas del sistema de fuerzas mundial se movieron, con alteraciones importantes en el aspecto estratégico-militar, especialmente en el Mar de la China y en Oriente Medio, con la retirada de Estados Unidos de diferentes escenarios de conflictos internacionales.

Largamente abandonada y entusiasmada por la confluencia ideológica de sus líderes, Sudamérica se aprovechó de la distracción del hegemón para invertir en el multilateralismo y en la cooperación regional, sustituyendo la ausencia de la OEA, distracción también aprovechada por China para acomodar sus piezas estratégicas en el continente. En la última década, Estados Unidos se volcó hacia sus intereses inmediatos y la recuperación del control estratégico de su esfera directa, presionando a Sudamérica contra las inversiones y asociaciones comerciales firmadas con China.

Clausewitzianamente la potencia apuntó su fuerza contra el centro de equilibrio de la fortaleza sudamericana: el multilateralismo. En el momento en que los líderes sudamericanos más trabajaban por la cooperación, inclusive en el área de la defensa, con el Consejo de Defensa Sudamericano, sus históricamente desobedientes fuerzas armadas se alineaban servilmente a los Estados Unidos, como deja claro Jim Stravidis, jefe del Comando Sur en su informe de 2009. Sediento por reforzar su poder y garantizar su dominio sobre los recursos materiales y políticos del continente, Estados Unidos demolió las instituciones multilaterales imponiendo la adopción de políticas neoliberales y reformas que desmantelaron los Estados nacionales, ampliando la criminal desigualdad social y su dependencia político-estratégica.

BOLSONARISMO Y LA MAQUINARIA INFECCIOSA

En este cuerpo enfermo se calentó el huevo de la serpiente. En varias partes del mundo, se reactivaron agrupaciones políticas de extrema derecha, antidemocráticas, xenófobas, racistas, negacionistas, anticientíficas y con connotaciones fascistas capitalizadas por líderes populistas histriónicos destacados por su incultura caricaturesca. Con un cuidadoso uso de los medios de comunicación de masas, especialmente en el ambiente virtual y con abuso de fake news y robots, plantan las semillas del odio y del miedo. Odio al “otro”, figura creada por la desinformación, que puede ser negro, indio, pobre, migrante, más genéricamente el “marxismo cultural”, la ideología de género y lo “políticamente correcto”. Miedo de ser incluido en alguna categoría de “otro”.

En el caso brasileño, en virtud de la transición política inconclusa de la dictadura militar, ese cuerpo enfermo ya albergaba un parásito anfitrión y las condiciones de cultivo. Las condiciones fueron prerrogativas cristalizadas constitucionalmente y la ley de amnistía que garantizó la autonomía de los militares. El parásito escogido fue el diputado por 28 años, Jair Messias Bolsonaro, con bases de apoyo político formadas por policías (parte de ellos involucradas con organizaciones criminales como las milicias) y militares huérfanos de la antigua línea dura de la dictadura militar. La crisis mundial, sumada a las posturas autoritarias de las élites políticas y económicas internas, enfáticamente manifestadas en el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff, creó el ambiente propicio para que la infección se generalizase.

Bolsonaro, un ex capitán del Ejército Brasileño, dado de baja de la corporación acusado de terrorismo, fue electo en 2018 contando con fuerte militancia de la base militar, lo que se constataría en la conformación de un gobierno con más militares, en servicio activo y en la reserva, que en la dictadura.

A sus tendencias autoritarias, claras en sus truculentos antecedentes como militar y parlamentario, se sumó la subordinación estratégica a los Estados Unidos y la adopción de políticas neoliberales extremas. Esas tendencias autoritarias son claras en su manifiesto desprecio por los homosexuales, indígenas y feministas, en el sistemático combate a los demás poderes del Estado: Legislativo y Judicial, en las amenazas constantes a la prensa hegemónica no alineada, incluso hasta a ‘celebridades’ que piensen diferente. Para mantener vivos tantos enfrentamientos simultáneos, el presidente cuenta con dos milicias personales. Una física, armada y militante, formada por miembros del partido del orden –fuerzas de seguridad en servicio activo y en la reserva– y civiles simpatizantes. La otra es una milicia virtual, formada por robots y que opera una gran máquina de fake news a través de diversas aplicaciones y redes sociales.

UNIVERSIDADES E INESTABILIDAD SOCIAL EN LA MIRA

Para alguien que se sustenta en una máquina de mentiras y de odio, es perfectamente comprensible la elección del pensamiento científico y de las universidades como enemigos de primer orden. Inclusive ante una cruel pandemia y los datos, evidencias y pruebas empíricas que resultan de investigaciones de diversas áreas científicas, el presidente se burla de la ciencia, cuyos datos coloca en el mismo nivel que meras opiniones. Una de las consecuencias de esta corriente negacionista es una revisionista, buscando reescribir eventos históricos conforme los militares y su presidente desean, especialmente el régimen militar y el golpe que instauró la dictadura militar en 1964. Así, su milicia virtual puede sentirse a gusto para ofrecer respuestas fáciles y mágicas sobre la comprensión del mundo que atraen seguidores, las respuestas de un ‘salvador’. En un país de analfabetismo sistémico, este comportamiento encuentra suelo fértil en la ignorancia y la pereza de pensar.

A ese ataque ontológico a la ciencia se suma un ataque concreto a las universidades y a las estructuras de fomento de la investigación científica. El país ya ha tenido dos ministros de Educación durante un año y medio de gobierno, ambos vinculados a las bases más ideológicas y anticientíficas del bolsonarismo. Entre las medidas autoritarias adoptadas están que el presidente y no la comunidad académica, nombre rectores de las universidades e institutos federales de educación (ya existen 5 universidades en esa situación provisional); la desestructuración de Capes y de CNPQ (principales organismos públicos que regulan y financian las investigaciones en el país), el cambio de normas para la evaluación de cursos y de revistas científicas, etc. El segundo ministro cayó el 18 de junio, no sin antes revocar la legislación que garantizaba el ingreso de negros, indígenas y personas con discapacidad en posgrados. La situación actual está provocando una tensión institucional muy elevada, entre las arbitrariedades del gobierno y los intentos de limitarlas por parte de otros poderes, particularmente el Judicial, pero también recientemente el Senado Federal, que devolvió al gobierno una medida provisional que permitiría al gobierno nombrar a los rectores de 17 universidades.

Por lo tanto, Bolsonaro no es definitivamente un ‘líder carismático’ en el sentido weberiano, o un príncipe de Maquiavelo sin virtud, pero con fortuna. Es un viejo líder populista, con sus bases neofascistas asentadas en las milicias físicas y virtuales, que encarnó la política de poder de los militares. En virtud de esta caracterización, no es sin razón que las fuerzas políticas brasileñas están preocupadas con la posibilidad de un golpe de Estado. El presidente ya expresó ese deseo y su hijo ya trata la cuestión no en términos de sí, sino de cuándo.

En un cuadro general, Brasil se presenta como un equilibrista borracho en la cuerda floja de la democracia. Puede ser que los militares brasileños no sean estrictamente monolíticos en su pensamiento, pero la mayoría y el grupo hegemónico no solo lo apoya, sino que siente que el gobierno Bolsonaro guía y defiende su proyecto de poder.

El partido militar instrumentaliza ése apoyo prestando al gobierno el prestigio de las FF. AA. y una supuesta racionalidad al régimen. Existe una insatisfacción generalizada de los militares con la Corte Suprema (STF) con relación a la interpretación constitucional de la participación de los militares en la política. La oposición legislativa no pasa de 130 votos. Los dos principales representantes de la derecha política liberal están debilitados: el peso político de Sérgio Moro (ex ministro de Justicia) disminuyó luego de salir del gobierno y João Doria (gobernador de São Paulo) enfrenta un brote de COVID-19 en su estado. Los presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y del Senado, Davi Alcolumbre, no asumirán una iniciativa de impeachment (juicio político) o limitación del poder de Bolsonaro sin una fuerte presión de las calles, y es difícil imaginar grandes movilizaciones organizadas por el peligro de contagio. El Ejecutivo está en conflicto abierto como el Poder Judicial y trata de cooptar sectores clientelares del Legislativo para evitar un proceso de impeachment.

El país ya sobrepasó los 50 mil muertos en la pandemia, un tercio de la población económicamente activa está desempleada y el escenario que se vislumbra es de aumento exponencial del número de muertos y del caos social por la vulnerabilidad de una sociedad desprotegida por el desmantelamiento neoliberal.

En resumen, como propuesta política neofascista, el gobierno Bolsonaro ataca dos frentes simultáneamente: el conocimiento científico y las instituciones republicanas. El primer ataque se despliega sobre la ciencia y sus unidades de producción que son las universidades públicas. Su objetivo es desacreditar el conocimiento científico como si fuera apenas una opinión entre otras, lo que permite imponer la ideología fascista de desconstrucción social y la política neoliberal de desmantelamiento del Estado. El segundo ataque se dirige a anular o paralizar las instituciones representativas de contrapeso de poderes, como el Legislativo y el Judicial, para poder gobernar autoritariamente sin ningún freno. La estrategia central de este ataque es la amenaza de una intervención militar directa en esos poderes, para anular su trabajo o paralizarlo por medio de la intimidación. No obstante, la comunidad académica con apoyo del Legislativo y principalmente del Poder Judicial, facilitado por la pandemia que exige respuestas científicas, están logrando anular el primer ataque. Algunos medios de comunicación y un contraataque del Poder Judicial con diferentes procesos están haciendo imposible la ejecución de un golpe de Estado tradicional. De hecho, Bolsonaro podría intentar un autogolpe para ganar espacio para una administración aún más autoritaria, recordando que este gobierno es un gobierno fuertemente militarizado. La pandemia dificulta la ocupación de las calles por una sociedad que ya no aguanta el descontrol político y la inestabilidad institucional que provocan Bolsonaro y su séquito. Fuera de este vector, se abre una nueva ventana de disputa política y jurídica por el impeachment de presidente y vicepresidente. Y así vá el Brasil y su angustiado pueblo, viendo el presidente, cada vez más borracho, caminando tambaleante sobre una cuerda democrática cada vez más floja.

*Ana Penido es Profesora del Programa San Tiago Dantas. Investigadora del Grupo de Estudios en Defensa y Seguridad Internacional (GEDES – UNESP) y del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Becaria CAPES de posdoctorado en el Instituto de Políticas Públicas y Relações Internacionais (IPPRI – UNESP).

** Hector Saint-Pierre es Profesor del Programa San Tiago Dantas, líder del GEDES y Coordinador Ejecutivo del IPPRI. Investigador FAPESP (Proc. 2017/21557-4) e investigador del CNPq.

A necropolítica brasileira e sua origem na guerra colonizadora

25 de junho de 202020 de junho de 2020 Por GEDES

Entrevista especial com Eduardo Mei

Professor compreende que o país não só deixou de romper mazelas do passado como ainda as reitera como estratégicas na política de dominação

Por: João Vitor Santos | Instituto Humanitas Unisinos

Para o professor Eduardo Mei, a guerra é algo presente no imaginário brasileiro. Mas não é qualquer guerra, é uma disputa desigual que aniquila os mesmos povos que foram subjugados desde a colonização. “O Brasil é o produto cotidiano de uma guerra de conquista, cuja vítima é o povo pobre, indígena, negro, favelado, sem terra e sem teto”, resume, na entrevista concedida por e-mail à IHU On-Line. E, como forma de compreender a conjuntura política atual que mistura guerra e supressão de pessoas, evoca o conceito de necropolítica. “A necropolítica é a própria negação da humanidade”, define.

Mei ainda explica que, no caso brasileiro, “a necropolítica é uma remanescência viva da conquista colonial e da escravidão, como um cadáver vivo constitutivo do nosso cotidiano”. Isso tem origem em um passado quando os negros, depois de escravizados, foram libertados e jogados à própria sorte e os índios foram exterminados ou confinados em reservas. “A acumulação do capital e o neoliberalismo promovem o exacerbamento do caráter necropolítico de um país formado sob o impacto da conquista colonial e da escravidão”, completa.

Porém, ele compreende que, infelizmente, tais perspectivas são atualizadas da pior forma possível na gestão de Jair Bolsonaro. “As políticas sociais adotadas recentemente provocaram a reação da ‘casa grande’. O atual presidente apresenta-se como um representante da casa grande, um soldado da necropolítica contra os povos indígenas, os negros, quilombolas e a população pobre e famélica”, analisa. E, segundo Mei, numa situação de pandemia e desespero encontra o cenário perfeito para se fixar. “A pandemia apresentou-se para o ‘governo’ como uma oportunidade de ouro para pôr em prática o genocídio indígena. Nesse sentido, a pandemia é a oportunidade para reforçar o caráter fascista do bolsonarismo”, reitera.

Eduardo Mei é professor de Sociologia do curso de Relações Internacionais da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista – Unesp. Possui doutorado em História pela Unesp, é pós-graduado em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas – Unicamp e graduado em Ciências Sociais pela Unicamp. Integra o Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional – Gedes da Unesp.

Confira a entrevista:

IHU On-Line – Por que a ideia de guerra é sempre tão presente na sociedade de nosso tempo? O que a ideia da guerra contra o novo coronavírus traz intrinsecamente?

Eduardo Mei – Seria necessário um estudo linguístico para saber se a frequência desse discurso “belicoso” é maior do que em outros períodos históricos e eu desconheço estudos a respeito. De qualquer modo, há ao menos dois motivos para a guerra e o discurso belicoso serem tão presentes no nosso tempo. O primeiro é o fato de que o mundo todo vive efetivamente um período muito belicoso ao menos desde a Revolução Francesa, com maior incidência desde a segunda metade do século XIX e com as deflagrações mundiais no século XX.

O segundo motivo é que essas guerras ganharam projeção por meio da imprensa, do rádio, da TV e do cinema e, mais recentemente, por meio da internet. Além disso, o vocabulário estratégico, originalmente militar – já que o estratego (em grego: στρατηγός) era quem comandava o exército na Grécia antiga –, disseminou-se por todas as atividades humanas, como a economia e a administração de empresas, por exemplo.

Novo coronavírus

Intrinsecamente não há nenhum problema em deflagrarmos uma guerra contra o novo coronavírus, desde que se trate do “bom combate”. De fato, se com uma guerra à disseminação do vírus queremos dizer que a pandemia é um assunto tão sério como a guerra e que exige empenho do poder público para a sua consecução, a “guerra” é bem-vinda. Nesse sentido, a pandemia serviu para questionar e, na maioria dos países, debelar a falácia da autorregulação do mercado. A pandemia é um assunto público e não privado e apenas por meio do Estado (da res publica, a coisa pública) ela pode ser enfrentada. Deploravelmente, não é isso o que ocorre no Brasil.

IHU On-Line – Que nexos podemos estabelecer entre política e guerra na atual conjuntura brasileira?

Eduardo Mei – No Brasil, a compreensão da realidade é, desde Cabral, distorcida pela perspectiva do colonizador. A tendência a utilizar categorias exógenas para interpretar a realidade brasileira é secular e renitente. Tomemos o próprio Brasil como exemplo, pois ele é continente do que podemos considerar. Há uma tendência a tratar o Brasil como uma nação contida em suas fronteiras. A noção de fronteira é originária de uma realidade histórica alheia ao Brasil e que se impõe como um interesse do colonizador em tratados internacionais.

A fronteira é então, por assim dizer, “normalizada”, “naturalizada” e, como tal, passa a ser um fato inquestionável. Aos povos indígenas, as fronteiras são uma imposição fáctica. Não se lhes reconhece a dignidade do status de nação, como ocorreu na República Plurinacional da Bolívia, por exemplo. O caráter genocida do atual “governo” (com o parêntese de que a palavra “governo” tem origem náutica, referindo-se à condução do leme, e que, portanto, não deveria ser utilizada para referir-se àqueles que, deliberadamente ou por incompetência, buscam o naufrágio, os quais, segundo o direito marítimo, são criminosos, cf. Artigo 261 do Código Penal) – caráter genocida reiterado também pelo ministro da Educação na reunião ministerial de 22/04 (quando ele diz “odeio o termo ‘povos indígenas’ […] O ‘povo cigano’. Só tem um povo nesse país.”) – revela algo que geralmente é dissimulado: o Brasil é o produto cotidiano de uma guerra de conquista, cuja vítima é o povo pobre, indígena, negro, favelado, sem terra e sem teto.

O Brasil é um genocídio duradouro de dimensões continentais. No caso brasileiro, excluídas as raras guerras interestatais nas quais o país se envolveu, não se trata de guerra interestatal entre entes soberanos que reconhecem entre si o status de igualdade jurídica (aquilo que Grotius definiu como bellum publicum solemne) nem de guerra entre grupos politicamente organizados (como seria o caso em uma guerra civil, por exemplo), mas de “guerra” em sentido figurado, de uso do aparato militar e repressivo do Estado, ou de atores privados com a omissão do Estado, para a prática da violência genocida cotidiana.

IHU On-Line – Em situações de crise extrema, e mesmo de guerra, emerge a ideia de coesão nacional. Por que parece que o governo federal vai exatamente no sentido contrário diante da pandemia? O que essa ação revela sobre o governo Bolsonaro?

Eduardo Mei – A situação brasileira desde ao menos 2013 é tão instável que é impossível fazer considerações categóricas, mas, ao que parece, a pandemia apenas reforça aspectos fascistas do bolsonarismo. Desde sempre, e manifestamente durante a campanha eleitoral, o discurso belicoso e excludente é reiterado. Por isso a relação entre o bolsonarismo e a milícia é intrínseca. Não por acaso os dedos imitando uma arma são um símbolo do movimento bolsonarista e da campanha eleitoral.

O fanatismo da violência é característico dos regimes fascistas. Note-se que a “unanimidade” nacional do Terceiro Reich foi construída por meio da estigmatização e eliminação de “inimigos”, tais como os ciganos, socialistas, homossexuais, judeus etc. O bolsonarismo sobrevive e rasteja por meio da reiterada estigmatização de “inimigos”. Daí as bizarrices de uma suposta ameaça comunista internacional, ou a sugestão de que todos os que criticam o “governo”, inclusive alguns ex-aliados, são comunistas. Isso revela algo alarmante: para que o “governo” assuma seu caráter francamente fascista, só falta a oportunidade.

IHU On-Line – A narrativa belicosa do governo Bolsonaro pode ser compreendida como uma estratégia de guerra? Por quê? Como o senhor interpreta essa narrativa?

Eduardo Mei – É típico do fascismo e das tendências políticas filofascistas o discurso belicoso, a divisão do mundo em amigos e inimigos, a estigmatização dos desafetos políticos, a retórica da polarização da sociedade em grupos excludentes e, havendo a oportunidade, a eliminação física de desafetos e “inimigos”. Nessas circunstâncias, a pandemia apresentou-se para o “governo” como uma oportunidade de ouro para pôr em prática o genocídio indígena. Nesse sentido, a pandemia é a oportunidade para reforçar o caráter fascista do bolsonarismo.

O negacionismo, a sugestão de que a pandemia é uma gripezinha, a política econômica pró-cíclica e medidas que provocaram aglomeração de pessoas, como o modus operandi da distribuição caótica de auxílio emergencial, são evidências do propósito de disseminar a doença e eliminar fisicamente uma parcela significativa da população. Não por acaso, o presidente foi denunciado no Tribunal Penal Internacional de Haia.

IHU On-Line – Como analisa a presença e atuação de militares no governo Bolsonaro?

Eduardo Mei – Como deplorável sob todos os aspectos. O “governo” Bolsonaro é o produto de um golpe de Estado perpetrado contra a presidenta Dilma Rousseff cuja consolidação envolveu várias outras violações da Constituição de 1988, de direitos individuais e coletivos assegurados por ela e pela legislação ordinária, por violações da legislação eleitoral etc. Em países plenamente democráticos, alguém que defenda uma ditadura militar e a tortura seria punido na forma da lei. O que dizer de uma situação na qual, além de não ser punido, ele mantém as prerrogativas de deputado federal e se candidata à eleição presidencial?

Do mesmo modo que as eleições legislativas institucionalizavam e normalizavam a ditadura militar, as eleições de 2018 institucionalizam e normalizam o golpe de 2016. Ao violar a legislação eleitoral e alçar o bolsonarismo ao poder (não apenas o presidente, mas toda uma bancada de mitômanos e golpistas), o golpe de Estado institucionalizou o crime. E os parceiros do crime são também criminosos. Apenas a frouxidão e leviandade com a qual a coisa pública é tratada no Brasil explica a situação na qual nos encontramos.

IHU On-Line – Por que a adesão a Bolsonaro parece não ser completa entre os militares da ativa? O que os aproxima e o que os distancia dos militares que estão no Executivo?

Eduardo Mei – Aparentemente, a maioria dos militares encara a associação com o bolsonarismo como uma aliança tática. Embora seja difícil afirmá-lo com certeza, pois a sombra dos regimes de exceção ainda vela e oculta o aparato militar – e rigorosamente falando, as Forças Armadas brasileiras não são instituições públicas –, certamente, interesses corporativos pesam nessa escolha. Curiosamente, interesses estritamente corporativos adquirem no jargão militar a denominação de “interesses nacionais”.

Porém, basta uma análise superficial para constatar que nenhum interesse nacional orienta o “governo” Bolsonaro. Ao contrário, trata-se de um governo mercenário, lesa-pátria e lesa-humanidade. De qualquer modo, a crise institucional, que atravessa também o Legislativo, o Judiciário e o próprio Supremo Tribunal Federal – STF, inclusive, é uma boa desculpa para manter uma aliança tática que muitas vezes pode parecer desconfortável.

IHU On-Line – Como o senhor compreende o conceito de necropolítica? De que forma esse conceito pode nos ajudar a compreender a conjuntura brasileira?

Eduardo Mei – Entendo necropolítica tal como ela foi definida por Achille Mbembe, historiador camaronense radicado nos EUA. Mbembe define a necropolítica como a política que consiste em decidir quem pode viver e quem deve morrer. Embora a definição de necropolítica apareça em um texto publicado em 2003, ela remete à conquista colonial, à escravidão, ao direito de tratar como coisas e matar indígenas e escravos, e à introdução dessas práticas coloniais na Europa pelos regimes fascistas.

Em outras palavras, a necropolítica é a própria negação da humanidade. É paradoxal que grupos que se autodenominam cristãos sejam defensores e praticantes da necropolítica, havendo inclusive o que podemos denominar a necro-evangelização dos povos indígenas. De fato, a necropolítica é a antítese do “bom samaritano”.

Caso brasileiro

No caso brasileiro, a necropolítica é uma remanescência viva da conquista colonial e da escravidão, como um cadáver vivo constitutivo do nosso cotidiano. Quando a escravidão foi formalmente abolida, os ex-escravos foram abandonados à própria sorte e sobreviveram ao resistir em uma sociedade racista e excludente. Os povos indígenas, por sua vez, só sobreviveram ao genocídio devido às dimensões continentais do país e ao fato de, ao contrário dos EUA, o Brasil manter até hoje, graças à imensa floresta amazônica, um imenso território relativamente pouco devastado (lembremos que Bolsonaro elogia o genocídio indígena perpetrado pela cavalaria dos EUA).

Ocorre que a acumulação desenfreada do capital levou à expansão da fronteira agrícola, ameaçando os povos indígenas, e a precarização das condições de trabalho afeta, no ambiente urbano, mais os negros do que outros segmentos da população. Por conseguinte, a acumulação do capital e o neoliberalismo promovem o exacerbamento do caráter necropolítico de um país formado sob o impacto da conquista colonial e da escravidão. As políticas sociais adotadas recentemente provocaram a reação da “casa grande”. O atual presidente apresenta-se como um representante da casa grande, um soldado da necropolítica contra os povos indígenas, os negros, quilombolas e a população pobre e famélica.

A pandemia do coronavírus apenas tornou manifesto o caráter mórbido do neoliberalismo filofascista. Disso são evidências as tentativas de extinguir o Bolsa Família e outras políticas de inclusão e o descaso com o qual se trata do problema da fome e do desemprego.

IHU On-Line – Que associações podemos fazer entre a guerra e a necropolítica?

Eduardo Mei – Muitas vezes a guerra foi utilizada como uma forma de necropolítica, antes mesmo que o conceito tivesse sido formulado por Achille Mbembe, pois é claro que a realidade antecede, e muito, o conceito. Se partirmos da definição de bellum publicum solemne, notamos que ela se aplica apenas às guerras que os Estados europeus praticavam entre si a partir da Paz de Westphalia.

Note-se que durante a Guerra de Trinta Anos, cujo fim é acordado nos tratados da Westphalia, a pilhagem e a morte de civis e até o canibalismo foram praticados na Europa. Desde então, inicia-se um processo para moderar e “civilizar” a guerra. Contudo, esse regramento concernia apenas às relações interestatais dos países europeus entre si.

No que tange à sorte dos povos das colônias europeias, não havia esse regramento nem essa moderação. As guerras de extermínio e a disseminação deliberada de doenças fazia parte cotidiana da necropolítica colonial. No mundo tecnológico contemporâneo, muitas vezes a guerra é apenas um subterfúgio para a necropolítica e o genocídio dissimulado.

IHU On-Line – As manifestações pela democracia, contra o racismo e contra o governo são uma resposta social à necropolítica? Por quê?

Eduardo Mei – As atuais manifestações pela democracia são a reação da “senzala” aos retrocessos da “casa grande”. Elas rechaçam o bolsonarismo e tudo o que ele representa, inclusive a política econômica neoliberal do ministro Paulo Guedes. A hesitação em fazer manifestações em um período no qual deveríamos manter o isolamento social e o êxito dessas manifestações são sintomáticos da peculiar situação que estamos enfrentando. Para o que talvez possamos denominar “esquerda tradicional”, as manifestações seriam um risco sanitário e político, na medida em que poderia ser a ocasião para um novo golpe e o endurecimento do regime.

Porém, ao que tudo indica, nas manifestações predominaram os segmentos mais precários da população, para os quais o isolamento social é impossível, pois são trabalhadores que precisam trabalhar porque o auxílio governamental é uma falácia, trabalhadores que dependem diariamente dos meios de transporte precários e superlotados e que, portanto, vivem cotidianamente o risco do contágio.

IHU On-Line – A necropolítica é uma ameaça à democracia brasileira? Por quê?

Eduardo Mei – A necropolítica é absolutamente contraditória com qualquer forma de democracia, mesmo a nossa precária democracia que perdurou até 2016 e da qual temos tantas saudades. A necropolítica é a institucionalização da exclusão social e da violência estatal e paraestatal contra a maioria da população brasileira, pobre, negra, indígena, excluída.

A democratização e a inclusão social dos anos recentes, mesmo que muito limitadas, incomodaram a turma da casa grande ou que se acha da casa grande. A manifestação mais patente disso se apresenta na visibilidade ou invisibilidade de amplos segmentos da população. Enquanto o negro e o pobre são invisíveis nos presídios, ou invisíveis fazendo uniformizados a limpeza de aeroportos e shopping centers, os “cidadãos de bem”, a “sociedade” branca, não se incomodam. Mas quando o negro, o pobre, o indígena chegam à universidade, passam a frequentar os aeroportos e “shoppings” como turistas e consumidores, a casa grande começa a se incomodar. Nesse sentido, no Brasil atual, a necropolítica é o último recurso para confinar o negro e o pobre na senzala e o “índio” na menor reserva indígena possível, de modo a garantir a sua “assimilação” ou extermínio.

Publicado originalmente em: http://www.ihu.unisinos.br/600046-a-necropolitica-brasileira-e-sua-origem-na-guerra-colonizadora-entrevista-especial-com-eduardo-mei

As Forças Armadas no governo Bolsonaro

15 de abril de 2020 Por GEDES

Instituto Tricontinental de Pesquisa Social

Observatório da Defesa e Soberania – 14 de abril de 2020

Por Ana Penido*, Jorge M. Rodrigues** e Suzeley Kalil Mathias***

“Quem chega ao principado com a ajuda dos grandes mantém-se com mais dificuldade do que o que se torna príncipe com a ajuda do povo, porque o primeiro se vê cercado de muitos que parecem ser seus iguais, não podendo, por isso, comandá-los nem manejá-los a seu modo.” Maquiavel

Antes de mais nada é preciso dizer que este é um texto escrito no calor dos acontecimentos. Isso significa que, diferente de formulações que podem contar com o distanciamento histórico, ou de escritos que focam no debate teórico, este texto é escrito conforme o desenrolar dos fatos. Se essa característica, por um lado, dificulta a leitura de fundo sobre alguns fenômenos que ainda se desvelam, por outro, permite o exercício mais detalhado do acompanhamento de movimentações das forças militares. Se há dias que valem por anos, as ações políticas de militares que ocorrem desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff ajudam a compreender melhor aspirações e ressentimentos da corporação, que talvez tenham ficado mais de uma década sob névoa, assim como a fragilidade do controle político sobre as Forças Armadas (FFAA).

Comportamento militar nos governos petistas

Após um período de relativa estabilidade durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), as relações civis-militares experimentaram um período de deterioração. Cabe salientar que a estabilidade ocorreu em virtude das ações das FFAA e dos civis na condução política, que mantinham certa equidistância. Em outras palavras, especialmente durante o governo Lula, as FFAA mantiveram-se mais restritas a participar politicamente apenas nas questões que, no entendimento delas, traziam dilemas para a segurança nacional. Apesar das Forças Armadas terem uma doutrina bastante ampla sobre as questões que consideram de segurança nacional, essa amplitude é escalonada ao adotarem comportamentos ativos, reativos ou neutros a depender da situação. Os debates em torno da segurança pública, demarcação de terras indígenas e nas políticas da área de Defesa são alguns exemplos de momentos que contaram com a participação das FFAA. Por outro lado, o petista não adotou medidas que confrontassem a corporação. Em momentos de tensão, a autonomia prevaleceu, como na demissão de José Viegas, primeiro ministro da Defesa de Lula, que não teve apoio do presidente no exercício de sua autoridade frente ao então comandante do Exército, que permaneceu no cargo. O episódio deixa entrever que, diante das inúmeras necessidades de mudanças que exigiam o capital político do presidente, a área de defesa não seria a prioridade, como também não testaria a subordinação das FFAA ao poder civil, talvez por considerar que a própria posse de um operário eleito pelo voto popular já fosse prova suficiente da consolidação da Democracia.

Durante esse período, embora com pouca participação da sociedade civil ou mesmo da comunidade intelectual da área, houve pontos positivos, como a elaboração da Política Nacional de Defesa, da Estratégia Nacional de Defesa e do Livro Branco de Defesa nacional, três documentos capazes de definir e elucidar um pouco melhor o tema no Brasil e as pretensões do país para os seus vizinhos. Nesses documentos, um saldo doutrinário importante foi o conceito de dissuasão, ao esclarecer a tarefa externa a que os militares devem se dedicar e o consequente fortalecimento do poder civil. Como ponto negativo, destaca-se, em conflito com a doutrina, o crescimento expressivo do emprego das Forças Armadas em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), retomando a ideia de inimigo interno e estabelecendo um conceito de dissuasão ‘para dentro’, o que implica na existência, no caso anterior, de dissuasão ‘para fora’.

A deterioração das relações com as FFAA se aprofundou paulatinamente no governo de Dilma Rousseff (2011-2016). Segundo o General Etchegoyen, durante palestra em 2019 no Instituto FHC, os militares entraram em rota de choque com Dilma por questões objetivas e subjetivas. Como questões objetivas, ele cita a Comissão Nacional da Verdade, a troca do ministro Nelson Jobim por Jacques Wagner e o decreto 8515/15, que subordinava a promoção dos generais ao Ministério da Defesa, assinado por Wagner. O rebaixamento do Gabinete de Segurança Institucional (2015) também pode ser destacado enquanto fonte de tensão, uma vez que se trata de um órgão de notório prestígio historicamente ocupado pelas FFAA. Quanto às questões subjetivas, o general foi pouco claro ao dizer que a presidenta afrontava valores da classe média da qual os militares fazem parte. Pode-se inferir que ele se refere a uma visão de mundo expressa na Doutrina de Segurança Nacional, em que políticos de esquerda são considerados populistas, carentes de iniciativa e entusiastas de medidas que provocam polarização ideológica, consideradas por eles disfuncionais ao país. Soma-se a isso o forte machismo, marca indelével dos quartéis brasileiros. Assim, ter uma comandante-em-chefe mulher e ex-guerrilheira, provavelmente foi entendido como uma afronta aos valores castrenses.

Durante o rito processual do golpe, as FFAA mantiveram majoritariamente seu papel institucional. Afirma-se ‘majoritariamente’ e não totalmente, pois a anuência é uma forma de ação perceptível como, por exemplo, a não reação do general Villas Boas aos diversos pronunciamentos críticos à comandante em chefe da nação feitos por militares ainda na ativa, como o atual vice-presidente Hamilton Mourão. Entretanto, o desenrolar das ações dos militares a posteriori, em particular sua postura de fiadores do governo de Michel Temer, deixam dúvida se havia apenas um desejo individual com movimentações golpistas no seio da tropa, ou ainda se ocorreu algum envolvimento extra oficial mais coletivo. Comparado ao processo de impeachment de Fernando Collor de Mello, destituído em 1992, a inação dos comandos militares frente ao processo de Dilma parece mais explicitamente favorável à sua saída do governo.

O governo Temer e o protagonismo sorrateiro

Desde o início do governo Temer (2016-2019), as FFAA colocaram-se como fiadoras da sua legitimidade especialmente em duas dimensões. A primeira, sob demanda delas, Temer recriou o Gabinete de Segurança Institucional e entregou o órgão ao influente Sérgio Etchegoyen, que passou a coordenar o Sistema de Inteligência Nacional, reestruturado por decreto (8793/2016) do presidente. A segunda questão relevante foi o emprego massivo da GLO, seja diante dos protestos sociais que ocorreram fortemente durante todo o período do governo, com pautas e ações variadas, seja utilizando a violência urbana como justificativa, como na intervenção federal no Rio de Janeiro e na crise desencadeada pela greve dos caminhoneiros. Cabe pontuar que Temer aprovou a Lei nº13.491/17, que estabelece que os crimes de morte cometidos por militares contra civis nas operações GLO sejam julgados pelos tribunais militares e não civis.

Não é de se espantar no governo Temer uma postura tutelar das FFAA diante do Estado brasileiro. Uma vez extinto o regime militar, basicamente a tutela política constitui a forma de controle indireto do poder de Estado pelas FFAA. Substitui o exercício direto do poder político pelo controle indireto daqueles que legalmente o exercem, quase numa atitude paternal diante do sujeito tutelado, considerado incapaz de ser responsável pelos seus atos. Há duas interpretações clássicas que derivam desse comportamento. A primeira pressupõe que as FFAA intervenham de maneira cirúrgica e esporádica, porém contundente, diante de situações de crise ampla. Após sanear a situação, as FFAA devolveriam o poder aos civis. A segunda interpretação parte da ideia de que quando as FFAA têm força suficiente para intervir, elas não devolvem o poder que conquistaram, o que culmina na instalação de um governo ditatorial ou autoritário militarizado.

O termo tutela também apresenta outra conotação: os militares se consideram melhores preparados para pensar estrategicamente que os demais grupos, e por isso capazes de tutelar as decisões. Nesse sentido, as Forças Armadas não são um poder moderador, muito menos neutro, para casos de crise. Os militares têm consciência da postura civil de tentar utilizá-los a serviço da facção no poder ou de suas oposições. Ao mesmo tempo, o estrato castrense tem seus interesses corporativos, como formular uma doutrina compatível com a importância que atribuem a si mesmos. Eventualmente os dois interesses convergem, como no fim do governo Dilma.

O governo Temer foi marcado por uma postura intermediária entre as duas posições. O Exército brasileiro, comandado pelo general Villas Boas, não deu um golpe, mas manteve as instituições sob pressão contínua, inclusive inovando ao se utilizar de tuíteres – em especial na véspera do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do Habeas Corpus de Lula. O próprio Alto Comando reconhece esse comportamento tutelar e tenta desconstruí-lo continuamente em declarações públicas. Nesse sentido, embora as FFAA sempre afirmassem que suas ações estavam pautadas pela estabilidade, legalidade e legitimidade, foram elas próprias que definiram os limites desses três conceitos. E o fizeram, isto é, definiram tais limites, ao longo de todo o processo de transição (1979-1990) e dos governos democráticos (1990-atual). Pode-se inclusive dizer que definiram o próprio entendimento de democracia, pois em nenhum momento se intimidaram quando autoridades reagiram ao esgarçamento das regras, como no próprio caso do tuíter mencionado anteriormente.

Devido a esse protagonismo imediato, há de se acreditar que houve sim um grupo de militares que conspirou sorrateiramente pelo golpe, ainda que as três Forças institucionalmente tenham passado quase ao largo disso. Entretanto, isso não significa que o golpe tenha sido fruto de uma conspiração militar, mas um trabalho de, no mínimo, três grupos com objetivos diferentes que se articularam paralelamente, mas em um determinado momento se unificam e derrubam Dilma Rousseff. A primeira e a mais óbvia é a conspiração dos políticos, capitaneada por Aécio Neves, que desde sua derrota eleitoral adotou um comportamento golpista, e a quem se somaram Temer, Romero Jucá, Eduardo Cunha e outros, cujo objetivo era trocar o grupo político que dominava o poder Executivo. A segunda conspiração, que passa a ficar mais clara com o governo Bolsonaro e com a venda massiva de empresas brasileiras aos Estados Unidos, em evidente disputa geopolítica com a China, foi protagonizada pela Lava Jato e setores do Poder Judiciário, sob os auspícios dos EUA. A terceira conspiração, a mais antiga entre elas, foi a de setores militares, com ressentimentos que datam da criação da Nova República, mas que foram ampliados e se tornaram força golpista com a Comissão da Verdade. Esse desejo de protagonismo das FFAA não foi explícito, por isso chamamos esse comportamento de protagonismo sorrateiro26.

O principal sentimento militar transformado em discurso e utilizado para encobrir o desejo de protagonismo foi a suposta formação de bons quadros técnicos pelas FFAA, continuamente mal aproveitado pelos governos, em virtude da permanência de uma mágoa na liderança civil sobre o que ocorreu durante a ditadura militar. Esse é um sentimento real que muitas vezes coloca os militares até mesmo como vítimas de uma revanche civil.

As últimas eleições que elegeram Jair Bolsonaro à presidência da República não foram marcadas pela técnica ou pelo debate entre programas, mas profundamente por diferenças ideológicas, com forte recorte religioso e uso massivo de notícias falsas, e que contaram com um protagonismo ativo das FFAA. O episódio que talvez tenha maior relevo por ser público e institucional foi a sabatina feita por Villas Bôas aos candidatos à presidência. Não há notícias de outros grupos de servidores públicos do Estado que tenham o mesmo comportamento, típico de corporações e organizações privadas.

O governo Bolsonaro e o partido militar

Se é verdade que as FFAA se utilizam da tutela para se posicionar politicamente, ao mesmo tempo essa postura exige certo distanciamento das decisões rotineiras, de maneira a influenciar o jogo, mas apresentando-se moral e intelectualmente superior diante dos demais jogadores. Portanto, são evitadas ações cotidianas que geram desgaste político existentes em todos os governos, e o jogador em função tutelar aparece apenas em momentos decisivos. Pelo seu desejo de protagonismo, pelo grande número de militares no governo, assim como pela convicção da “necessidade conjuntural” desse tipo de intervenção para estabilizar e reorganizar uma hegemonia da qual fazem parte, as FFAA continuam a exercer as ações sorrateiras, mas de maneira cada vez mais protagonista, formando um dos grupos que desde o início sustenta o presidente Bolsonaro. O maior exemplo dessa nova postura é o general Augusto Heleno. Militares em geral são discretos, mas quando Heleno sobe em um palanque de uma manifestação, ainda que lá embaixo estejam misturados vários recrutas com as mesmas opiniões dos manifestantes, e mesmo que ele não esteja mais na ativa, a instituição Exército fica exposta.

Desde o período da transição do governo Temer para o governo Bolsonaro, as FFAA ocuparam 8 ministérios e cargos chave em diversas secretarias, com um número significativo de militares ainda na ativa. Os generais levaram consigo um enorme contingente de coronéis e majores, nomeando mais de 100 pessoas e adotando o princípio de ocupação em massa do Palácio do Planalto. Além do discurso da técnica, também se mostravam como uma força moralizante e capaz de combater a corrupção no Executivo. Nas palavras de Etchegoyen, Bolsonaro decidiu usar o know how militar. Em outros termos, viraram o ‘Posto Ipiranga’ em várias frentes. Porém, diversos generais rapidamente foram percebendo que as coisas não eram bem assim, como o caso de Jesus Correa, afastado do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Tal afastamento não ocorre em virtude de divergências sobre a política de regularização fundiária ou do modelo produtivo do agronegócio, mas pela constatação prática de que a corrupção tem relação com o sistema político. ‘Combatê-la’ não é uma mera questão de vontade – muito menos tendo à frente Jair Bolsonaro.

Um ponto importante para pensar os militares no governo é a hierarquia. Dentro das FFAA, por exemplo, um general quatro estrelas manda nos demais, bem como nas demais forças de segurança, como policiais e bombeiros. Da mesma forma, dentro de cada patente ou posto, o mais antigo (aquele que chegou no posto a mais tempo) e mais graduado (aquele que, sendo da mesma turma, atingiu as melhores notas), é considerado superior diante dos semelhantes. Sob esta lógica, seria ‘antinatural’ que militares de patentes mais altas ficassem sob a coordenação de patentes mais baixas, como algumas vezes acaba ocorrendo ao assumirem cargos políticos ou burocráticos fora das FFAA. Essa relação é conduzida com contrariedades, da mesma forma em que há um desconforto com o fato da base bolsonarista tradicional estar predominantemente nas polícias, sendo que o primeiro escalão governamental é composto pelas FFAA.

Da vidraça às pedras

As FFAA não foram para o governo enquanto instituição. Porém, os militares no governo se mostraram um grupo bastante coeso e representativo dos interesses das Forças. O efeito direto e imediato disso foi a exposição da instituição, que se tornou alvo de diversos acontecimentos, como a apreensão de cocaína no avião presidencial e os 80 tiros disparados pelo Exército em um carro de família durante uma ronda na cidade do Rio de Janeiro. Tornaram-se, assim, vidraça, e, dessa maneira, se expuseram às pedras. Em contrapartida, a Aeronáutica e a Marinha, ainda que também estejam no governo, mantiveram um perfil mais discreto do que o Exército. Um dos efeitos dessa atuação foi o esvaziamento político do Ministério da Defesa, com cada Força levando adiante a sua própria política, mesmo considerando que o Ministério nunca tenha sido civilizanido36.

Vale ressaltar que os desdobramentos do último período provavelmente não eram o que as FFAA almejavam. Pelo seu comportamento no início do governo Bolsonaro, é possível pensar que elas desejavam exercer uma tutela direta sobre o presidente, tomando decisões concretas por meio do general Heleno, chefe do GSI, e do general Hamilton Mourão, vice-presidente da República. É difícil afirmar em que termos ocorreu esse acordo entre o partido militar e Bolsonaro, mas alguns questionamentos podem ser levantados: eles teriam o poder de veto em algum tema? Levariam adiante o que desejassem implementar nas suas pastas e quem deteria o poder de veto seria Bolsonaro? Há uma combinação entre os dois grupos, com ações coordenadas de “morde e assopra” a depender do tema? Apesar das dúvidas, o que é possível apontar é que esse acordo já sofreu reformulações ao longo do primeiro ano de governo.

Também é possível aventar que as FFAA tivessem o desejo de se afastarem das pautas negativas. Porém, considerando os grupos de apoio ao presidente eleito, e a personalidade de Bolsonaro, é algo praticamente impossível. Os militares tentaram se apresentar como os moderados no governo, em contraponto a uma “facção” radical com o núcleo Olavista, como Damares, Weinjtraub e Ernesto Araújo, responsáveis por executar um conjunto de manobras diversionistas enquanto o projeto de destruição nacional é levado adiante. De fato, no início do governo, aparentavam a voz da razão em alguns temas. Continuam buscando esse papel. Mas não foi possível sustentá-lo por muito tempo, e manifestações irritadas do general Heleno soaram com muito mais radicalidade para a população do que os conselhos sexuais da ministra Damares, com forte apoio popular. Nesse sentido, o “Foda-se” de Heleno para o Congresso Nacional, uma manifestação de golpismo aberto, ocorre apenas num segundo momento, depois da linha do poder tutelar já ter sido cruzada há muito tempo, e a atuação do partido militar ter se tornado mais nítida.

Entretanto, o desenrolar do governo deixou claro que as FFAA não conquistaram a hegemonia do governo durante o primeiro ano, embora o tenham ocupado massivamente. O que sustentou o governo são suas medidas econômicas e argumentos extremistas que mantêm viva uma base reacionária, incluindo militares, em especial das baixas patentes, mas certamente não expressa as posições da instituição, algo facilmente verificável na postura das Forças Armadas sobre a Venezuela. Por outro lado, os militares emprestam a credibilidade da instituição ao governo, pois existe a ideia, pelo menos para parte da elite política (até mesmo à esquerda) de que eles têm a possibilidade de colocar limites às “loucuras” do Bolsonaro, tornando-se uma alternativa, caso o presidente seja afastado.

Pontos de comunhão

Para além das contradições entre FFAA e governo Bolsonaro, há diversos pontos de comunhão entre ambos. Um deles é o revisionismo histórico. As FFAA sempre priorizaram a batalha das ideias, e viviam um sentimento de injustiça por terem ficado com a responsabilidade pelo regime autoritário (1964-1984). Em outros termos, consideram errada a forma como passaram para a História após terem ‘salvado a nação do comunismo e levado ordem e progresso ao país”. Essa luta pelas narrativas se expressa em cada vírgula e representa as FFAA em geral. Chega-se ao ponto de inventar tradições históricas, como a Batalha de Guararapes, apenas para se justificar como a instituição mais antiga do país.

Outra confluência entre as FFAA e Bolsonaro é a forte crítica ao identitarismo e outras pautas contemporâneas. Villas Bôas já expressou isso em algumas falas, mas como um todo, entendem que brancos e negros, homens e mulheres, homossexuais e heterossexuais, são divisões que atacam a identidade de povo brasileiro, formulação clássica da Doutrina de Segurança Nacional. Nesse sentido, há uma convergência com formulações dos neopentecostais no conservadorismo de costumes, base do governo Bolsonaro. Isso se expressa num sentimento difuso, de uma nostalgia de tempos passados e na ideia de “guardiões das tradições”. Para alguns, uma das maiores ameaças atuais às Forças Armadas é um hipotético crescimento do homossexualismo nas suas fileiras. Nessa mesma lógica, questões complexas como drogas e violência entre adolescentes recebem respostas maquiadas nas escolas cívico-militares, por exemplo, por meio da qual as FFAA pretendem regular a socialização civil.

Outro elemento comum é o discurso de defesa da pátria. A corporação acredita que tem como ‘destino manifesto’ salvar a nação. Esse ethos salvacionista é muito forte culturalmente, assim como a ideia de que eles representam o que há de mais puro na nação brasileira. Com isso, parte dos militares que vão para o governo não são necessariamente bolsonaristas, mas acreditam fazer uma “revolução” moralizante e modernizadora do país, corrigindo o rumo e ajustando coisas que julgam pertinentes pelos seus próprios parâmetros. Para outros, a intervenção militar de 1964 proporcionou a preservação e reorganização da democracia, na lógica do “golpe preventivo” ao comunismo.

Neste sentido, as FFAA também se encontram com outra base bolsonarista: o partido da Lava Jato e com a classe média alta. A aliança entre as FFAA e essa parcela do Judiciário parece ser mais firme do que com o próprio presidente. Se não existem guerras reais, inventamos as nossas para combater o que são consideras disfuncionalidades do sistema; nesse caso, como em outros momentos da história, o ‘combate à corrupção’ atua como entrave para o avanço de tentativas progressistas no processo político nacional.

Ainda sobre o patriotismo, é preciso pontuar que, no Brasil, essa ideia sempre esteve associada ao um tipo de nacionalismo, próprio do campo simbólico, e é esse que se apresenta no Bolsonaro e nas FFAA. Sob esse entendimento, a cessão do Centro Espacial de Alcântara não é uma medida antinacional. Assim, a noção de território assume contornos cartográficos, e não de espaço onde habita um povo.

Essa compreensão particular sobre patriotismo também é presente no pensamento sobre a região Amazônica. Há pelo menos 30 anos, a Amazônia passou a ser considerada o principal território para se defender no Brasil. Todavia, mais de 70% do efetivo militar segue no Comando Sul e Sudeste. Isso tem relação com uma cultura institucional muito forte, assim como o baixo interesse pela defesa [do país] e com a pouca noção de “missão”, quando se pensa o próprio bem estar (servir no Sul, Sudeste, ser adido militar, missão de paz ou fazer cursos no exterior é melhor do ir para a Amazônia). Esse fato leva a outro questionamento: teria a corporação capturado as FFAA? O deslocamento para a Amazônia não deveria ser mais intenso? Claro que não se trata de uma decisão pautada apenas na estratégia de defesa, mas deve-se levar em conta custos políticos e econômicos, e mesmo conflitos com as identidades das Armas (das FFAA), como a Cavalaria, bastante atrelada ao Sul. Em última instância, a discussão recai sobre a pergunta: para que servem as FFAA brasileiras?

A pauta econômica é outro ponto de confluência entre FFAA e Bolsonaro. Foi-se o tempo dos nacionais-desenvolvimentistas, herdeiros do projeto tenentista. Atualmente, os generais têm a visão econômica da Fundação Getúlio Vargas, que atua como verdadeiro intelectual orgânico [dos entreguistas] defendendo a privatização inclusive de setores estratégicos. Neste sentido, não surpreende que o ministro de Infraestrutura e engenheiro do Exército, Tarcísio Gomes de Freitas, que leva adiante a agenda de privatização, é considerado um dos melhores ministros pelo empresariado, como comprova o prêmio da LIDE. Eventualmente, há alguma dissidência, como as declarações do general Juarez Cunha, contrário à privatização dos Correios. Mas a venda da Embraer foi a medida mais significativa que corrobora essa tese.

As FFAA também sofreram cortes orçamentários, já que algumas unidades não tinham recursos nem para o rancho (refeição dos soldados) no final de 2019. Mas esse cenário foi modificado em 2020. Mesmo com a crise econômica, a pasta da Defesa teve aumento orçamentário, foram inaugurados um novo campus da Escola Superior de Guerra (ESG), em Brasília, e a nova base na Antártica. Na mesma toada, a Engeprom teve um considerável crescimento e foi fechado um importante acordo de fomento industrial com o BNDES. Importa lembrar que a indústria de defesa tem o Estado como maior comprador. No caso de Brumadinho, por exemplo, helicópteros foram reparados 24 horas pelas empresas para continuar voando nas buscas pelos desaparecidos. Uma aparente contradição nesse tema é a postura de Eduardo Bolsonaro, presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que critica o que chama de “monopólio da Taurus” e deseja maior abertura do mercado brasileiro para as empresas estadunidenses de armamentos.

Um ponto que deveria ter gerado contradições entre os dois atores é a política externa, o que não ocorreu. O Brasil vinha se construindo na lógica de uma inserção autônoma no mundo. Do ponto de vista objetivo, as relações atuais entre EUA e Brasil são absolutamente diferentes de 1964. Apesar da China ter se transformado no maior exportador de capitais para a América Latina, o Brasil seguiu dependente em termos de equipamentos e doutrina dos EUA na área militar, mesmo com a diversificação de parceiros. Há também grupos militares que acreditam que a cooperação com os EUA e a OTAN renderá ao país compras vantajosas de equipamentos, mesmo se estes forem obsoletos. Nesse sentido, é importante destacar o novo status do Brasil diante da OTAN e o recente acordo militar assinado entre Brasil e EUA.

Para além das questões objetivas, há vínculos simbólicos, como a reedição de alguns raciocínios da Guerra Fria, quando se aponta a necessidade de se aliar aos EUA diante da guerra comercial com a China. Ou mesmo pensamentos como “nossa bandeira jamais será vermelha”. A partir disso, Bolsonaro tem redefinido o papel do Brasil na guerra de quarta geração: controle interno da ordem por meio da segurança integral (todo o país) e preventiva (inteligência e espionagem). Já que não existe um projeto para desenvolver o Brasil enquanto uma “potência”, as FFAA serviriam para acomodar as forças sociais aos interesses internacionais (repressão interna). De fato, existe um grupo que acredita no marxismo cultural62, que estamos em guerra permanente e o inimigo interno deve ser combatido. Essa ideia do emprego interno das FFAA foi consolidada pelas operações GLO, citadas no início do texto. Cabe pontuar que esse é um inimigo interno de ocasião, podendo ser caracterizado como petista, comunista, crime organizado, corruptos ou terrorista, a depender dos interesses. Algumas medidas legislativas estão sendo tomadas nesse sentido, politicamente alinhado ao Bolsonaro e ao general Heleno, como o PL 1595, do Major Vitor Hugo, que pretende dar poderes excepcionais ao Estado brasileiro para reprimir manifestações populares.

Relações estremecidas

A demissão do general Santos Cruz da Secretaria de Governo é muito significativa. Existem muitas explicações para a demissão. A maioria aponta para uma resistência do Santos Cruz a cumprir ordens que contrariavam princípios éticos e morais que ele alimenta. Outros argumentam que o general não se subordinou ao capitão, ou que havia uma disputa por status político dentro do partido militar, derivada dos diferentes reconhecimentos recebidos pela ONU em virtude da participação na Minustah. Quem saiu em defesa do general demitido não foi nenhum dos militares do governo, mas o fiador do governo Temer, o general Etchegoyen. Outro episódio digno de menção foram as ofensas de Olavo de Carvalho a Villas Boas. Por fim, também existiram farpas que partiram dos filhos do presidente em diversos episódios, como a desconfiança em torno da segurança do GSI estimulada por Carlos Bolsonaro, mas ‘amortecida’ pelo próprio general Heleno. Nunca ocorreu na Nova República uma escalada de ofensas às FFAA e aos militares nessa proporção.

O fato é que a demissão de Santos Cruz fragilizou a ideia de bloco e do projeto militar, e ganhou peso os interesses individuais. Isso não significa que eles tenham começado a concorrer entre si, pois em primeiro lugar, vale a corporação militar. Mas fica clara a busca por status, pois mesmo figuras populares na caserna como o general Heleno e Mourão, eram pouco conhecidas da sociedade civil. O mesmo vale para generais com destaque no exterior, como Santos Cruz e Floriano. Para um militar profissional, a maior vaidade da carreira é conseguir a quarta estrela. Entretanto, generais com 4 estrelas, ainda que desempenhem impecavelmente sua tarefa, são esquecidos. A ocupação de cargos políticos e a projeção pública alimentam a vaidade e passaram a ser almejadas. Contrariando qualquer discussão coerente com a profissionalização, seria possível encontrar generais de 2 ou 3 estrelas fazendo cálculos sobre o que vale mais a pena: as estrelas que lhes faltam ou um Ministério. Outro exemplo possível de buscar se projetar publicamente é a utilização massiva das redes sociais, que permite que generais mantenham contato direto com a população. Com isso, pronunciamentos que deveriam ser orientados profissionalmente passam a ser feitos em busca de popularidade. Se isso tem relação com algum sentimento de falta de reconhecimento proveniente das missões no Haiti, é algo que merece aprofundamento, mas não é objeto desse texto.

No entanto, aparentemente ocorreu um afastamento da Instituição Exército em relação ao governo no final do ano de 2019, seja pelos baixos índices de avaliação ou pela dificuldade de conseguir resultados no campo econômico. Como ficaram com o ônus do golpe de 64 nos anais da história, o partido militar tem se precavido e tenta um duplo movimento, aparentando afastamento institucional do governo, coordenado pelo general Pujol, e a manutenção de uma postura tutelar, por exemplo, diante do Supremo Tribunal Federal.

São muitos os sinais para essa hipótese:
1. A ordem do dia do soldado citando o general Leônidas é um recado claro do alto comando: “Bolsonaro, te expulsamos uma vez, podemos expulsar de novo”;
2. Etchegoyen está com diversas movimentações para ‘conter’ o bolsonarismo nas fileiras, e vem fazendo palestras em todo país sobre liderança militar (hierarquia e disciplina) diretamente para baixa oficialidade, enquanto se articula com o setor industrial nacional, que vem tendo perdas com medidas do governo;
3. Desconfortos sobre a distribuição de medalhas militares a congressistas, numa nítida compra de votos para o projeto de reestruturação da carreira;
4. Os militares queriam Etchegoyen para a embaixada de Washington, mas o presidente desejava alguém de sua famiglia;
5. A negativa da quarta estrela para Rego Barros.
6. A indicação do general Amaro para o Comando Sudeste, mesmo ele tendo trabalhado tantos anos com Dilma;
7. Novas baixas entre militares que ocupavam cargos estratégicos no governo.

O projeto de reestruturação da carreira militar, PL1645, foi um momento bastante tenso. Há quem acredite que essa seria uma oportunidade de diálogo à esquerda com a base das FFAA. De fato, o projeto contém benesses aos altos escalões que não se estendem ao conjunto das FFAA, o que poderia gerar contradições hierárquicas. As Forças Armadas contam com um conjunto de direitos que as demais polícias não possuem, e o projeto reforça ganhos na carreira para as patentes mais altas, o que tem gerado insatisfação entre os praças, que deixaram claro que vão seguir o exemplo de insubordinação de Villas Bôas. Existem segmentos dessas baixas patentes que entendem a não manifestação de Bolsonaro a respeito como uma traição, forçando o presidente a adotar medidas paliativas.

Bolsonaro, entretanto, respeitou a hierarquia e aprovou o projeto, favorecendo os altos escalões e prejudicando sua base eleitoral mais antiga. Para mitigar a situação, outras fontes alternativas de renda vêm sendo construídas para esses setores, como o aumento em diárias e ocupações extras, como nas escolas cívico-militares e no INSS. Embora absurdas, seja do ponto de vista das regras da administração pública ou da defesa, essas medidas são coerentes com o objetivo de atender sua base.

A conivência das FFAA no governo com essas e outras medidas que prejudicam a defesa nacional deixa claro algo já argumentado anteriormente. Não adianta os acenos à direita ou à esquerda. Quando a instituição se compromete nesse nível, ela passa a fazer parte do problema, e não da solução. Enfatize-se: não existe um divórcio das baixas patentes militares com o governo, e as dissidências não são contrárias à política econômica adotada nem favoráveis às forças democráticas e progressistas.

Esse conjunto de medidas não ocorreu por divergências ideológicas do Alto Comando com Bolsonaro, mas porque querem mostrar independência e deixar claro aos que almejam entrar na institucionalidade que não falam em nome das FFAA. A finalidade disso é afirmar a autonomia do Estado-Maior no interior da aliança e reforçar quem comanda o partido militar.

A ida de militares para diversos postos no governo foi tão grande que o Ministério da Defesa tomou medidas institucionais, como rotatividade, passagem à disposição, impactos na carreira, etc. Isso reforça o desejo de se autopreservarem. Por exemplo, à exceção dos ministros, eles se reservam o direito de indicar qual militar ocupará determinado cargo quando for requisitado. Por outro lado, o mesmo decreto 10171/2019 escancara o desejo dos militares de participarem da política de Brasília, se distanciando de suas funções e dos trabalhos considerados penosos, como as fronteiras. Essas atitudes apenas reforçam o que analistas de defesa vinham afirmando desde o período eleitoral: quando a política entra nos quartéis por uma porta, a profissionalização sai pela janela. A portaria também reforça o corporativismo, já que define que mesmo em cargos civis, os crimes cometidos por militares serão julgados pela Justiça Militar.

Levando em consideração a história das outras intervenções militares no Brasil, existe mais um ponto digno de nota. Militar importante está em comando de tropa, no serviço de informações ou nas escolas de formação. Com Ramos promovido a secretário de governo, Bolsonaro tirou o único comandante alinhado com ele dos comandos de tropa, pois este agora passou a ser mais um palaciano.

Ao chegar ao governo, Ramos fez uma promessa, a de “colocar ordem na casa”. Tal promessa aparentemente expressa o ethos militar, que é ter os meios e o desejo de ordem. No entanto, sua função no governo é a de atuar como articulador, fazendo reuniões com os líderes de governo no legislativo, com bancadas de estados, além de desenhar agendas estratégicas com líderes empresariais e com a imprensa. Assim, Ramos desnuda a ação castrense no poder: é atuação partidária, representando o partido militar, e este é fiel ao presidente da República.

A geopolítica interferiu para fortalecer e para enfraquecer a consonância entre o partido militar e o presidente. A conjuntura na América Latina, que terminou o ano de 2019 com explosões sociais em vários países, entre os quais se destacam Chile e Colômbia, fortaleceu a parceria. Havia uma preocupação nas FFAA de que o mesmo se repetisse no Brasil, o que justificaria medidas de repressão às iniciativas de sublevação dos povos. Por outro lado, em virtude do conflito Irã e EUA, essa proximidade se fragilizou. Se não bastasse o alinhamento incondicional brasileiro aos EUA nas suas formulações sobre terrorismo, o governo ofereceu o Brasil para testar uma aliança contra o Irã. Medidas como essa mostram o Brasil como celeiro de Trump, esvaziam os organismos internacionais e expõem o país a ataques estrangeiros. As declarações atrapalhadas do presidente do ponto de vista de defesa nacional mereceram comentários do gen. Etchegoyen , que junto com Santos Cruz, vem formando um polo de crítica ao governo. Tais atitudes apontariam fraqueza do Ministro Fernando, da Defesa, junto ao presidente.

Mas é bom observar com cautela essas diferenças. A mídia hegemônica tenta aumentar a distância entre os dois grupos, seguindo o desejo das FFAA de se apresentarem apenas como moderadores do governo, embora estejam enfronhados nele até os cabelos. Porém, esquecem que o partido militar, enquanto partido político, tem suas tendências internas, importantes inclusive para representar os diversos interesses existentes nos quartéis na construção do consenso. Todavia, não se pode esquecer do elemento básico na construção do partido, que é a espinha dorsal da profissão, a obediência disciplinada à hierarquia. Por isso, ao fim e ao cabo, tomada a decisão, o partido militar agirá como corporação, valendo o princípio dos “3 Ds”: não duvidar, não divergir, não discutir.

2020 e a consolidação do Partido Militar

As FFAA entram no ano de 2020 com um projeto mais elaborado quanto à sua participação no governo, atuando como um verdadeiro partido. Estão bem posicionados para isso, com quase 2.500 pessoas em cargos de assessoria ou chefia, em ministérios ou repartições. Também reivindicaram para sua coordenação assuntos que consideram mais relevantes para defesa e segurança nacional, como a questão da Amazônia, que passou a ser coordenada pelo vice-presidente Mourão, depois das trapalhadas que envolveram as intensas queimadas no ano de 2019. Até recentemente, Bolsonaro era funcional para esse projeto.

O mais importante acontecimento que mostra a mudança de qualidade na atuação do partido militar foi a nomeação do general Braga Netto, ex-interventor federal no Rio de Janeiro, para a Casa Civil. A partir dessa movimentação, o Palácio do Planalto se torna exclusivamente militar. Essa nomeação revela a unidade de ação da reserva e da ativa, ou seja, a unidade do partido, mesmo não sendo homogêneo como qualquer outro partido.

Embora poucos defendessem uma divisão entre militares e Bolsonaro, muitos analistas percebiam um distanciamento ao final do primeiro ano de governo. A nomeação de Braga Netto vem no sentido contrário. Ele está na ativa (antecipou sua ida para a reserva), assim como Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo, e Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia. Até o fim do ano passado, Rego Barros (Comunicação) também estava na ativa. A nomeação também parece apontar uma ação mais ordenada do Alto Comando, contradizendo argumentos surgidos na nomeação do Ramos, que apontavam para a antiga amizade com o presidente ou na coincidência religiosa. Praticamente todos os generais de todas as estrelas da geração do capitão estão empregados no governo (1975-79), e foram formados sob a mesma estrutura de pensamento e atuam sob o princípio de ocupação em massa e em “ordem unida”. Estão organicamente vinculados ao restante, especialmente ao ministro Sergio Moro.

A questão não é apenas pragmática. Óbvio que muitos militares estão no governo motivados por ganhos pessoais ou para a corporação, ainda que travestidos de projetos políticos. Mas importa destacar que esses são bônus advindos da entrada no governo, não seu objetivo principal. Existe um projeto de poder e um objetivo, como passar a limpo acordos feitos na Constituinte, situações em que os militares se consideram prejudicados. As diferenças internas não são significativas no espectro político–ideológico, mas corporativas. São, como aconteceu durante a ditadura, pequenas disputas por vaidades, hegemonia nas armas, regionais, especializações, referências internacionais. Os principais generais são garantidores das privatizações e desnacionalizações (na linha do que é defendido pelos doutores em economia da Fundação Getúlio Vargas), alinhamento automático aos EUA na Política Externa (linha OTAN, embora aqui caibam contradições e não aceitem o chanceler de bom grado), esvaziamento das estruturas de Ciência, Tecnologia e Educação, em especial das Universidades Públicas, e controle de Artes e Cultura. Enfim, da soberania nacional. Fundamentalmente, veem-se a si mesmos como representantes da ‘verdadeira’ nacionalidade, aquela que afirma que o brasileiro é essencialmente cumpridor dos seus deveres, ciente de seu lugar e, portanto, ordeiro, cordial e pró-EUA.

Essa atualização conjuntural acontece em pleno estouro da crise do Coronavírus. Enquanto as forças progressistas pensam em salvar o povo brasileiro, sem dúvida há um conjunto de militares pensando nos efeitos colaterais que a crise traz, assim como na janela de oportunidades que se apresenta. Certamente cálculos sobre a utilidade de manter Bolsonaro na presidência estão sendo feitos pelas FFAA e pelos diversos grupos político-econômicos. Em meio a crise, o presidente convocou uma manifestação, usando imagens dos militares para passar credibilidade e foi criticado por isso. Também conclamou manifestações na porta dos quartéis pedindo intervenção militar no aniversário do golpe de 64, entrando em conflito direto com o STF e Congresso Nacional, além de conflitar com os governos estaduais e seu próprio Ministério da Saúde sobre as medidas sanitárias adequadas. Em um momento que todos os governos devem buscar a unidade nacional, Bolsonaro continua com seu discurso polarizador e de enfrentamento.

Embora este texto não tenha focado em questões de defesa, obviamente estas vêm sendo impactadas pelo governo Bolsonaro e pelo comportamento partidarizado dos seus principais servidores públicos: os militares. Num cenário de crise, é difícil explicar que apenas essa área seja beneficiada com aumento orçamentário. Há denúncias de benefícios individuais a militares, que tiveram o acesso ampliado para si e para a sua família a cursos e viagens internacionais. Essas denúncias são sérias e expressariam a cooptação individual de militares em ascensão, a fim de manter apoio político ao governo, mesmo que em detrimento da defesa nacional. Exemplo claro nesse sentido e que expôs o país a constrangimento internacional e mal estar com seus vizinhos foi o documento vazado com cenários prospectivos para 2040, elaborado pela Escola Superior de Guerra do RJ, que chega a mencionar a hipótese de conflito com a França. Segundo eles, foram feitas 11 reuniões regionais e ouvidas 500 pessoas. Em outros termos, o conteúdo não é um delírio localizado. É um plano de governo, reflexo da subordinação automática e auto-imposta aos EUA, estes preocupados com a geopolítica energética.

Hipóteses de cenários

Entre todas as questões que seriam pertinentes, selecionamos três elementos fundamentais a serem aprofundados. O primeiro diz respeito à perda do monopólio do exercício da força estatal por parte das FFAA. O segundo, relacionado ao primeiro, é sobre a quebra de hierarquia generalizada. O terceiro trata da destruição das instituições estatais e sua reorganização enquanto Estado autoritário.

A primeira hipótese ocorre em virtude da forte ligação entre Bolsonaro e as milícias armadas. É estranho que as FFAA não soubessem dessas ligações antes da eleição, devido ao seu acesso privilegiado às ferramentas de informações, ao seu envolvimento em várias GLOs no Rio de Janeiro, e mesmo na intervenção federal em que se destacou o chefe da Casa Civil, gen. Braga Netto. Ao que se sabe, as milícias se profissionalizaram, passando não somente a controlar territórios, populações e economias locais, mas também a ter arranjos com organizações criminosas internacionais. Se as FFAA sabiam dessas ligações, também é estranho terem endossado um presidente fortemente apoiado por essas forças também armadas, ainda que milicianas, mas que disputam com as próprias FFAA o monopólio de usar a força do Estado. Existiria um medo de que, caso as FFAA não ocupassem seu espaço formal no governo, esse vácuo de poder seria ocupado por forças armadas informais (paramilitares)?

Esse medo faz sentido não apenas diante de forças informais, mas também das formais, como as polícias militares. Por muito tempo, as polícias (ou guarda nacional) tiveram efetivos maiores e até equipamentos melhores que as FFAA. A missão militar francesa, por exemplo, veio antes profissionalizar a força pública de São Paulo, hoje polícia militar, e só depois o Exército brasileiro. Foi uma conquista das FFAA, portanto, a subordinação das polícias, com a criação da Inspetoria Geral de Polícias Militares dentro do Exército. Todos os projetos de mobilização das FFAA em território nacional em caso de grave ameaça contam com a utilização dessa força auxiliar extremamente pulverizada. Mas o que vemos hoje são disputas das FFAA até mesmo com a Polícia Federal, pelo controle do Palácio do Planalto, por exemplo. Nesse processo, a autoridade moral sobre as demais vai sendo contestada.

A maioria dos intelectuais escreve sobre o medo da policialização das FFAA devido ao seu emprego em GLO. Do ponto de vista de um cidadão comum isso é correto, mas do ponto de vista das FFAA, o verdadeiro medo é o aumento da militarização das polícias, de modo a se tornarem mais importantes do que elas. O mesmo vale para as milícias, sobre as quais, cabe lembrar, não houve nenhuma medida por parte do combatente ministro Sérgio Moro. Perder esse monopólio seria o fim das FFAA brasileiras, que diferente de outros países da América Latina, não conviviam com forças paramilitares, mas têm na memória institucional momentos em que essas disputas ocorreram.

Essa preocupação foi recentemente confirmada com o motim da polícia militar do Ceará. As FFAA foram empregadas, a pedido do governo estadual petista e por pressão das mesmas, conformando uma GLO. Bolsonaro resistiu até onde pode, pois se a situação naquele estado saísse do controle, teria como bônus a demonstração da sua força de mobilização nas polícias, criando caldo para a nacionalização das milícias cariocas, além de desestabilizar um governo opositor. O ministro da justiça Moro atuou muito fracamente. Outro militar que também passou panos quentes na indisciplina foi o coronel comandante da Força Nacional de Segurança, Aginaldo de Oliveira, que elogiou a atuação dos PM. Se já havia dúvidas no Alto Comando sobre as relações carnais entre a família do presidente e as forças de segurança, estatais ou não, o episódio ligou a luz vermelha.

Passemos ao segundo cenário: a hipótese de quebra de hierarquia, pilar fundamental das FFAA junto à disciplina. Quando entraram no governo, as FFAA tinham a firme crença de que tutelariam Bolsonaro. Na realidade, Bolsonaro foi mais habilidoso e fez o que sempre fez: sindicalismo militar e política para o baixo clero. Ele fala diretamente com a baixa oficialidade e com os praças. Não perde nenhuma formatura, assim como fazia quando era deputado. A baixa oficialidade pode argumentar que a desobediência à hierarquia é exemplo do próprio comando, e Villas Bôas já deu diversas demonstrações de proteger insubordinações militares contra o poder civil, cometidas pelo próprio Mourão.

Sabendo dessa fragilidade, Bolsonaro disputa os estratos inferiores e força os generais a posicionamentos públicos mais radicais, sob pena de perderam uma base mais ideologicamente bolsonarista nas próprias FFAA. As diferenças também surgirão entre os oficiais. Por exemplo, um coronel no Banco Central receberá um salário condizente ao de outros gestores do mesmo nível, maior que o de generais em final de carreira. Em outras palavras, a hierarquia vai sendo solapada pela distribuição de oficiais em empregos a partir de critérios distintos para a promoção, salário e benefícios. A profissionalização é desestabilizada pela nova divisão de trabalho e suas recompensas.

Num país que não vive em guerra, os oficiais se diferenciavam dos sargentos pela sua formação. Agora a maioria dos soldados tem curso superior, alguns até pós-graduação em Universidades civis. Os comandantes precisam encontrar outras formas para demonstrar sua autoridade, para além das simbólicas, como medalhas e demais identificações. Quando se trata do poder civil, esse fosso é ainda maior. Exemplo recente foi visto na formatura da Polícia Militar de São Paulo. Na ocasião, o chefe da Polícia, o governador João Doria, foi vaiado, enquanto o presidente Bolsonaro foi aclamado.

A fraqueza do comandante que cede à pressões, sejam elas internas ou externas, é uma das variáveis que compõe nossa terceira hipótese, de que o bolsonarismo estaria conseguindo desestabilizar todas as instituições do Brasil, incluindo as mais tradicionais, como as FFAA e o Judiciário. Nesse sentido, o governo vem distribuindo cargos para militares por toda a administração federal. A justificativa é que militares e policiais são técnicos e, por isso, bem preparados para gerir a burocracia sem se corromper.

Regimes nos quais o sistema de controles mútuos entre os poderem funcionam, temem a paralisia decisória que conflitos entre os poderes podem provocar. Tomando o mesmo desenho, a militarização da burocracia pode levar ao seu colapso. Por um lado, agrada sua base, inclusive com ganhos financeiros – quebrando a hierarquia militar. Por outro lado, ao colocar pessoas despreparadas e, ao mesmo tempo, que tem por missão uma determinada ação que contraria sua própria função – por exemplo, um produtor de agrotóxico cuidar do financiamento para agricultura orgânica – em cargos chave, desestrutura o processo de corrente de transmissão de decisões, levando ao colapso da burocracia.

Sem resultados na economia, o governo se sustenta a partir de uma forte retórica ideológica, elegendo pautas que alimentam uma base social militante em torno de 15% a 30% da população, segundo as pesquisas. Bolsonaro organizou e mantém mobilizado esse exército informal militante. Porém, um elemento altamente preocupante é que parte desse exército é armado, como é caso do apoio miliciano e das polícias militares. Essa foi uma das características básicas de sustentação de governos fascistas.

Independentemente da confirmação dos cenários anteriores, com a perda ou não do monopólio da força e a quebra de hierarquia, Bolsonaro tem hoje um forte exército pretoriano, jamais visto por algum outro governante da Nova República.

Nesse cenário, também não é descartável a hipótese de militarização da política, distinta de 1964, mas com uma questão comum. Antes de mais nada, para garantir sua própria existência, as FFAA precisam garantir a existência do Estado. Sem uma estrutura de mediação política (função da República) para os conflitos estruturais que inevitavelmente surgirão num cenário de crise social, triunfa a mediação da violência. O problema moral e político das FFAA é que seu cliente é algo abstrato, como instituições coletivas ou até imaginadas, como a Constituição, maiorias eleitorais, nação, líder, frequentemente em conflito entre si. Elas não são responsáveis por essas tensões, mas recorrentemente conduzem as FFAA a impasses.

Por outro lado, as FFAA não querem ficar mais uma vez com a pecha de golpistas, afinal, Bolsonaro foi eleito. Da mesma maneira, não desejam abrir espaço para um retorno da esquerda ao governo. Nesse sentido, tão importante quanto acompanhar a movimentação das camadas superiores do governo é perceber a militarização que ocorre no seio da sociedade, bem como as alterações que ocorrem na percepção do povo brasileiro sobre as FFAA. Para isso, é preciso levar em conta a cultura violenta e autoritária que estrutura o país e o tipo de transição do regime burocrático autoritário para o governo democrático que aqui se construiu. Mas isso é tema para outro artigo.

Terminamos este texto diante da explosão dos casos de Coronavírus no Brasil. Até agora, as respostas do presidente mantiveram a subordinação ao raciocínio dos EUA no combate a crise, até mesmo negando a gravidade da pandemia. Essa não é uma guerra, mas é sem dúvida o maior teste que as FFAA terão, como reconhecido em recente pronunciamento do comandante do Exército, gen. Edson Pujol. Suas capacidades de comando, mobilização, logística, articulação política, cooperação com outras instituições, apoio humanitário, pronta resposta e muitas outras serão colocadas à prova. Simultaneamente, é uma janela de oportunidade para a militarização da política. Sem dúvida, as FFAA sairão desse processo em outro patamar. Se melhor ou pior, veremos. Assim como em todo o mundo, os próximos meses determinarão o que esse século será para o Brasil. Todavia, uma certeza deve guiar a todos nós: O povo brasileiro não pode entregar seu destino aos generais.

*Ana Penido é pesquisadora em estágio de pós doutoral (bolsista Capes) do Instituto de Políticas Públicas em Relações Internacionais (IPPRI – UNESP), investigadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES).

** Jorge M. Rodrigues é mestre em Relações Internacionais pelo Programa ‘San Tiago Dantas’, investigador do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES).

***Suzeley Kalil Mathias é professora Associada em Relações Internacionais (FCHS-Unesp; Programa ‘San Tiago Dantas’), investigadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES) e do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq-PQ2).

Disponível em: https://www.thetricontinental.org/pt-pt/brasil/as-forcas-armadas-no-governo-bolsonaro/?fbclid=IwAR01Ke6q6qM4ssjvYJhjJ0GY27fq97G4UIjfmCu7BUYl3v0gwSLs0mdqRIE

Soldados da Democracia e da Paz? Considerações sobre os efeitos da participação de militares em operações de paz sobre as relações civis-militares

16 de março de 2020 Por GEDES

Leonardo Dias de Paula, Mestre em Relações Internacionais pelo PPGRI San Tiago Dantas e pesquisador do Gedes

A participação em operações de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) pode ser observada como uma função alternativa de emprego para as forças armadas. As possibilidades de profissionalização, redirecionamento do emprego das forças ao exterior, o contato com princípios democráticos e de proteção de direitos e liberdades fundamentais, contidas na interpretação convencional sobre as operações de paz, podem ser compreendidos como fatores potencialmente capazes de contribuir para a consolidação de relações entre civis e militares balizadas pelo controle das forças castrenses pelos representantes políticos eleitos.

Assim, é possível vislumbrar que o engajamento das forças armadas em missões de paz contribua para a transformação dos propósitos e valores partilhados pelas instituições militares em prol de relações civis-militares em que se verifica um consolidado controle civil sobre os militares (VELÁZQUEZ, 2010). Charles Moskos (1976) nutriu a expectativa de que a participação em operações de paz poderia modificar as interações entre militares, outros poderes políticos e a sociedade. Em síntese, a participação em operações de paz resultaria em forças militares distantes da disputa política e do desempenho de funções subsidiárias internas, e, portanto, concentradas em missões voltadas ao exterior.

No entanto, ao analisar o caso brasileiro, é possível identificar efeitos contrários a essa expectativa. A participação na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (Minustah), entre 2004 e 2017, teve implicações para o emprego das forças armadas em missões internas e para o prestígio dos militares diante da opinião pública, contribuindo para seu retorno ao centro do poder. Ambos os efeitos seguem na direção oposta à consolidação de mecanismos de supervisão das forças armadas pelo poder civil.

Uma opção para iniciar esse estudo concerne à identificação das atividades desempenhadas por contingentes militares em operações de paz da ONU. Com efeito, as tarefas desempenhadas em missões de paz diferem das funções de defesa nacional, próprias às forças castrenses, ainda que ambas voltem sua face ao exterior. Observam-se, entretanto, que as operações de paz aprovadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) passaram por transformações. Enquanto as missões desdobradas no período da Guerra Fria estiveram predominantemente circunscritas a tarefas como a supervisão de acordos de cessar fogo e do movimento das partes beligerantes, os mandatos contemporâneos compreendem funções localizadas em um espectro mais extenso. Ao longo das décadas de 1990 e 2000, as operações de paz incorporaram tarefas como o suporte à distribuição de auxílio humanitário, a realização de projetos de impacto rápido, a supervisão de eleições, entre outras funções.

As atividades contidas nos mandatos de operações de paz contemporâneas, portanto, se aproximam às funções subsidiárias realizadas pelas forças castrenses. Simultaneamente, as missões desdobradas nesse período podem ser caracterizadas por sua maior permissividade ao recurso à violência como instrumento para garantir a realização dos objetivos do projeto internacional de paz. Enquanto as operações de outrora eram regidas por uma estrita limitação no uso de meios coercitivos durante a execução de suas atividades, os mandatos contemporâneos são fundamentados em uma interpretação mais flexível quanto às restrições no uso da violência para alcançar os objetivos políticos aprovados pelo CSNU para cada missão desdobrada em terreno.

A volumosa participação de militares do Exército Brasileiro na Minustah não secundou os mecanismos de controle civil sobre as forças armadas. A atuação dos contingentes brasileiros no Haiti foi caracterizada por concatenar tarefas estritamente relacionadas à esfera da segurança – como o uso da violência contra gangues e criminosos – e projetos de desenvolvimento e de distribuição de auxílio humanitário. Cerca de 37,5 mil militares do país desembarcaram no país caribenho para integrar a missão das Nações Unidas. Durante todo o período, oficiais do Exército brasileiro foram selecionados como comandantes do componente militar da missão de estabilização.

A experiência em operações urbanas adquirida no país caribenho foi relevante para a condução de missões de segurança pública em território brasileiro na forma de operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). As similaridades entre as operações conduzidas em Porto Príncipe e na cidade do Rio de Janeiro foram frequentemente evocadas: as semelhanças entre as periferias de ambas as cidades – os teatros de operação para as forças armadas brasileiras; as características dos alvos das operações – grupos violentos envolvidos em atividades ilegais; as formas de engajamento, das quais se destaca a criação de bases garantidoras de domínio sobre os territórios urbanos – os “pontos fortes” do contingente militar da missão de paz e as Unidades de Polícia Pacificadora atribuídas à Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro.

A violência acentuada é também um elo que une as ações de militares brasileiros no Haiti e nas operações domésticas. Assim, é possível observar a repatriação da experiência adquirida pelas forças armadas nacionais durante a operação de paz em favor de processos de militarização da segurança pública (HARIG, 2019; MARQUES, 2018). O padrão de emprego das forças armadas que caracteriza ambos os tipos de operação desempenhadas por militares brasileiros pode ser arregimentado sob o signo da contrainsurgência, em especial por apensar o uso da violência à realização de atividades de governo dos territórios sob intervenção.

Amiúde, o prestígio auferido durante a operação de paz contribuiu para uma imagem das forças militares como garantidoras da ordem e bálsamo para a conjuntura política nacional. Mesmo se restringirmos nosso estudo à década de 2010, é possível identificar diferentes episódios em que a atuação das forças armadas, ou de membros delas, afetou a cena política brasileira. Manifestações favoráveis a uma intervenção militar na política nacional proliferaram, angariando gradativamente mais fiéis, desde o ano de 2013. Durante a greve de caminhoneiros em 2018, por exemplo, viu-se o estender de faixas clamando por um novo golpe militar; simultaneamente, as forças castrenses foram empregadas para garantir a distribuição de mercadorias essenciais e desobstruir vias em todo o território brasileiro, marchando de encontro aos interesses dos caminhoneiros em greve. Parte relevante desses pedidos esteve fundamentada em uma interpretação torpe do artigo 142º da Constituição Federal de 1988 e em uma futurologia imaginativa de ameaças à ordem.

A comunicação irascível de oficiais da reserva e da ativa das forças militares, muitas vezes realizada através de comentários curtíssimos na rede social Twitter, pressionou representantes democraticamente eleitos e membros do judiciário. Um exemplo dessa pressão pode ser observada durante o julgamento de um pedido de habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ameaçando uma intervenção em caso de uma imaginada violação da ordem e contrariedade aos anseios de parte da população. Com efeito, durante a década de 2010, sugestões de golpes militares como alternativas para imaginados casos de ameaça à lei e à ordem foram demasiadamente frequentes, indicando a fragilidade da democracia brasileira. As menções à prontidão para o serviço pulularam entre devotos do autoritarismo membros das forças armadas. Um episódio especialmente marcante foram as elegias do general Hamilton Mourão à possibilidade de golpes pelas forças armadas.

É preciso ainda destacar um evento anterior ao pleito. Candidatos de diferentes espectros político-ideológicos se submeteram a sabatinas do então comandante do Exército, general Eduardo Villas-Boas. O militar, que deveria obediência aos representantes eleitos à presidência da República, inspecionou os planos dos postulantes para a política brasileira durante um eventual mandato.

Conquanto seja possível observar a permanência dos militares em questões políticas após a transição ao regime democrático brasileiro, as eleições de 2018 representaram o retorno de militares ao centro do poder através na esfera federal. A vitória de Jair Bolsonaro resultou em uma seleção numerosa de ministros e de outros cargos relevantes oriundos da caserna. O plantel ministerial em janeiro de 2019 contava com seis membros das forças castrenses. Militares passaram a capitanear postos sensíveis às políticas de defesa, como o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e o Ministério da Defesa. Há militares em outros setores: infraestrutura, ciência, empresas estatais. As nomeações não se restringiram aos primeiros escalões do governo federal, irradiando-se por outros níveis e também através das autarquias estaduais.

Parte relevante do ministério empossado no início do ano de 2019, bem como de outros cargos relevantes da Federação, teve experiência na Minustah. Apesar das rotações no elenco, militares permanecem em postos sensíveis. Em fevereiro de 2020, com a indicação do general Walter Souza Braga Netto, os quatro ministérios que despacham da sede do poder Executivo passaram a ser ocupados por militares: três membros das forças armadas e um policial militar. O novo habitué do Palácio do Planalto fora nomeado pelo ex-presidente, Michel Temer, como interventor federal para o estado do Rio de Janeiro em 2018; depois, tornou-se comandante do Estado-maior do Exército.

Comandante do componente militar da Minustah durante o Massacre de 6 de Julho, o general Augusto Heleno tornou-se um dos homens-fortes do governo de Jair Bolsonaro. Ministro do GSI, Heleno protagonizou notícias com declarações que atentam contra a democracia. Em uma gravação transmitida através da internet, o general esbravejou que o governo não deveria aceitar negociações junto a parlamentares. A deselegância do ministro apenas coroa seu desapreço pelo regime democrático.

É preciso insistir: essa breve coletânea de eventos no Brasil contemporâneo contraria as expectativas de que a participação em operações de paz contribuiria para a consolidação de mecanismos de controle e supervisão das forças armadas de um país. Recorrer ao engajamento nesse tipo de missão como alternativa para reformar as forças castrenses e instituir formas de controle civil sobre as instituições militares é uma medida inócua na ausência de outros mecanismos de supervisão (SOTOMAYOR, 2007). Assim, a criação de instituições de controle efetivo depende de um entendimento preciso das características e prerrogativas militares, bem como do processo decisório em um Estado para que mudanças radicais nas relações civis-militares sejam planejadas e implantadas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

HARIG, Christoph. Re-Importing the ‘Robust Turn’ in UN Peacekeeping: Internal Public Security Missions of Brazil’s Military. International Peacekeeping, Vol. 26, n. 2, 2019.

MARQUES, Adriana A. Missões de paz e relações civis-militares: reflexões sobre o caso brasileiro. Revista Brasileira de Estratégia e Relações Internacionais. v. 7, n. 14. Jul/dez 2018. p. 242-262.

MOSKOS, Charles C. Peace Soldiers: the Sociology of United Nations Military Forces. Chicago: Chicago University Press, 1976.

SOTOMAYOR, Arturo. La participación en operaciones de paz de la ONU y el control civil de las fuerzas armadas: los casos de argentina y uruguay. Foro Internacional. 2007. v. XLVII, n. 187 (1). pp. 117-139.

VELÁZQUEZ, Arturo C. Sotomayor. Peacekeeping effects in South America: common experiences and divergent effects on civil-military relations. International Peacekeeping. v. 17, n. 5. 2010. p. 629-643.

Créditos da imagem: Força Aérea Brasileira, Sgt Rezende/ Pelotão de Infantaria da FAB embarca para missão da ONU no Haiti

Disponível em: https://www.flickr.com/photos/portalfab/6881523886